Llegan los cambios también para los planes sociales

Tras los anuncios de la Ministra de Desarrollo Carolina Stanley,, los planes sociales volvieron a ser el centro de la escena. En el marco del anuncio de un nuevo plan “Hacemos Futuro”, la funcionaria dio de baja las políticas sociales impulsadas por los programas “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”.

El argumento del cambio, devino entre otras cosas porque según la Ministra, el 60% de quienes reciben actualmente el plan no ha completado sus  estudios secundarios. En la nueva propuesta, quienes quieran acceder a este beneficio deberán terminar la primaria y secundaria o realizar talleres de capacitación como contraprestación. Sin embargo, la mayor modificación de la medida anuncia se verá en que ya no serán las organizaciones sociales las que gestionen el reparto de los fondos y que con un manejo propio el gobierno pretende ahorrar dinero de esos fondos. En Para Mañana es Tarde conversamos con Ana Arias, Directora de la Maestría en Políticas Sociales de la UBA.  

En el inicio, la especialista se refirió a la historia de los planes sociales y políticas de este tipo en nuestro país. “Los planes nacieron a partir de la conflictividad social que nacieron a partir de los años noventa”, explicó Arias y agregó “la forma de intervenir sobre los conflictos era generar estas políticas que tenían el fin de transferir ingresos de manera temporal generando otras políticas paralelas hasta que la situación mejorara. Es decir que las personas tengan empleo”. 

Sobre el anuncio que dio Stanley esta semana, Arias expresó que “lo que va a cambiar es la forma con la que el ministerio se  relaciona con la organizaciones sociales que son las que generaron en primer lugar la presión suficiente para que estas políticas existieran y su formas territoriales de organización”.  Algunas de estas organizaciones son CTEP, CCC y Barrios de Pie quienes a través de sus dirigentes ya han expresado el rechazo a estas modificaciones  apelando a la arbitrariedad que ya caracteriza al gobierno de Cambiemos. “Me parece que es una medida política que posiciona al gobierno para gestionar desde otro lugar con estos sectores que tienen una capacidad de incidencia política importante”, analizó la especialista.

Lo cierto es que existe un sector importante de la sociedad que rechaza este tipo de medidas sociales basadas en un plan. A nivel del sentido común, se relaciona los beneficiarios con la idea de que “no quieren trabajar”. Sobre esto, la especialista expresó que “no hay una relación directa entre el desempleo y estos planes. No es que la gente trabaja menos porque accede a un plan”. Actualmente más de 260 mil personas cobran planes de $ 4.430 mensuales, sobre esto Arias apuntó “ustedes díganme si hoy una familia puede sostenerse con $4.430, evidentemente tienen otras fuentes de ingresos en muchos casos informales” y agregó que “no hay estudios ni datos científicos de que esto suceda de esta manera”.

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