Un pedido del Defensor del Pueblo de la Nación desencadenó un trabajo de sistematización sin precedentes sobre el uso de agroquímicos en Buenos Aires. El material, plasmado en el libro Gobernabilidad, Percepción, Control y Efectos del Uso de Agroquímicos en la Región Metropolitana de Buenos Aires (UNLaM, 2016), es el resultado de una tarea colectiva entre investigadores de universidades nacionales, incluida la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Un repaso por el marco normativo y el desarrollo de la agricultura y del uso de agroquímicos en el país en los últimos años, un mapa de la sensibilidad social y las percepciones de riesgo, un relevamiento de los repositorios científicos y el mapa institucional, son algunos de los valiosos aportes de esta publicación presentada en las jornadas “Salud y ambiente en tiempos de agroindustria”, que tuvieron lugar en la UNGS en noviembre de 2017.

“El libro es básicamente una descripción, con opinión, pero una pintura de lo que hay, falta una segunda vuelta de tuerca, que es que el Defensor del Pueblo, a quien le entregamos el documento, tome cartas en el asunto”, aseguró, en diálogo con Prensa UNGS, Mariano Jäger, director del Instituto de Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Desde este Instituto fue desde donde se convocó en 2014 a miembros de la UNGS, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y del INTA para dialogar sobre el modo de responder al pedido de la Defensoría, que solicitó una investigación sobre la presunta contaminación por el uso inadecuado de agroquímicos. Se decidió trabajar a través de la Red de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense (RUNCoB) y para organizar el trabajo, se dividieron en grupos, cada uno concentrado en una temática en particular.

Hacia el final del camino (o el comienzo) siguieron trabajando los investigadores de la UNLaM, la UNGS, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y del INTA. Para que la información recabada circule, decidieron ir más allá del pedido del Defensor y publicar el libro, que en la actualidad es un banco de documentación, una herramienta de consulta imprescindible para investigadores, estudiantes e interesados en el tema. La investigadora del CONICET María Carolina Feito remarcó que, si bien no es una investigación de primera mano, de estudio de casos, al realizarse sin financiamiento, la novedad que introduce la publicación y que la destaca sobre otros trabajos es la “capacidad de sistematizar mucha información existente, sobre todo del Conurbano, que estaba totalmente dispersa”.

Los investigadores docentes de la UNGS Andrés Barsky, Pamela Flores, Marcela Rivarola y Benitez y Daniel Cassano son los autores del capítulo referido al mapa institucional. Barsky explicó que al realizar el relevamiento de cómo ingresa la temática de los agroquímicos en el registro del Estado se encontraron con la “gran fragmentación que caracteriza al aparato estatal”. Y aclaró: “Tenés técnicos, funcionarios, investigadores preocupados por el tema y en la medida que el tema fue avanzando en la agenda social, encontrás más documentos, más respuestas, lo que pasa que son dispersas, no hay una organicidad, tenés ministerios, direcciones provinciales, institutos de investigación o investigadores en particular que se han ocupado, que en algún momento se han ocupado. El Estado da una respuesta, lo que pasa es que son respuestas espasmódicas, aisladas, desarticuladas”.

Al respecto del rol del Estado, para Jäger, dado que “estamos hablando de la producción de alimentos para alrededor de 13 millones de habitantes del Conurbano bonaerense”, el tema deja de ser una “cuestión de opinión” de un grupo de investigadores que respondieron a un pedido del Defensor del Pueblo y pasa a ser una “cuestión de Estado”, que desde el Estado se trabaje para solucionar el problema.

Sobre la falta de investigación o de posiciones firmes en la academia en torno a la temática, la investigadora e integrante del Instituto de Medio Ambiente de la UNLaM Cecilia Pellizari opinó que las causas pueden encontrarse en la ausencia de información detallada o de financiación para estas investigaciones. “Uno no puede decir ‘me parece que el agroquímico hace mal’”, dijo, al detallar que es necesario conocer las magnitudes, los modos, tener un apoyo científico, metodológico, una financiación adecuada. Feito agregó que muchos investigadores que demostraron una conexión directa entre problemas en la salud y las aplicaciones de agroquímicos o los peligros de seguir cultivando con este modelo productivo, fueron perseguidos o se desfinanciaron sus investigaciones.

Jäger es rotundo al afirmar que está instalado “un modelo perverso” y “una gestión que no lo desarticula”. “Quizás no lo ve como prioritario”, deslizó, al advertir sobre la presencia de lobbies. Barsky se refirió a una serie de tensiones y complejidades: “El Estado tiene que, por un lado, controlar que ambientalmente las cosas se hagan bien, garantizar una oferta alimentaria, evitar una situación de monocultivo, pero, por otro lado, también es el principal interesado en recaudar divisas de exportación”.

En un punto acuerdan los investigadores: la salida es la transición hacia un modelo de producción agroecológica. O al menos hacia un modelo más sano, como concluye Jäger: “Dentro de unos años, así como fue el movimiento orgánico, también la agroecología va a haber quedado en el pasado y todo evoluciona hacia otra cosa. Hoy el modelo hacia el que apuntamos es el agroecológico pero estamos abiertos a una instancia superadora”.

Pdf del libro