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Desde la periferia

Gabriela Diker

Rectora de una de las universidades del Conurbano bonaerense, sostiene una mirada crítica hacia las políticas del área que lleva adelante el gobierno nacional. Complejidades de la escuela media y articulación con la formación de grado. La educación superior como derecho.

Pablo Tassart

Foto: Juan Quiles/3 Estudio

Rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) desde 2014 y doctora en Educación, Gabriela Diker se maneja desde un lugar poco habitual para el mundo académico: la periferia urbana. Dictó posgrados en las universidades públicas de Entre Ríos y Córdoba, mientras que la propia UNGS está ubicada en el noroeste del Gran Buenos Aires. Estas experiencias han producido también particulares miradas de la realidad. Comprometida con los derechos humanos, como muestra de lo diferente que es la militancia fuera de la ciudad de Buenos Aires comenta lo impactante que es cada 24 de marzo marchar en una zona rodeada de cuarteles militares, como es el partido de San Miguel.

Según Diker, las posiciones del gobierno nacional sobre educación están caracterizadas por la falta de rigor. Como ejemplos aparecen la reciente decisión de reemplazar los institutos de formación docente por una universidad o la baja del plan de capacitación virtual Nuestra Escuela: «Lo poco que sabemos sobre la universidad es que intentan subir la calidad de la formación y la cantidad de titulados. Pero es una incógnita qué análisis hacen para decir que esto se va solucionar así. Lo que sí sabemos es que reemplazar más de veinte instituciones por una sola, apunta al achicamiento. Y sobre las estrategias a distancia, sé que han sido muy útiles para una buena cantidad de docentes. El tema es que pareciera que el gobierno toma decisiones de política educativa que no reposan en una evaluación de los efectos que estos programas han tenido. Y ahí aparece la hipótesis de que se trata de un simple ajuste».

Además, asegura que Cambiemos ataca a los gremios de educadores en el marco de una estrategia general para debilitar a los sindicatos. Y señala que en la misma línea va la derogación de la paritaria nacional docente: «De la decisión del piso salarial ya no participan los trabajadores, ya que se discute en el Consejo del Salario. Esto impide la reagrupación de todos los sindicatos docentes en una única discusión nacional. Y es parte de la estrategia de debilitamiento sindical: la fragmentación».

–¿Se podría decir que el gobierno eligió a los docentes como su blanco preferido?
–Esto hay que inscribirlo en una estrategia más general para hacer retroceder los niveles de sindicalización en la Argentina. Y en el caso de la docencia, pensemos que sus sindicatos están entre los más grandes en cantidad de afiliados. Por eso se lo ataca previamente, para encarar la negociación frente a un antagonista debilitado. Igual también se está dando en otros sectores. Lo que sucede es que las acciones del gremio docente movilizan la vida de todas las familias argentinas a través de los hijos que se escolarizan. Por eso sus problemáticas penetran mucho más fuertemente en la vida cotidiana.

–La educación secundaria, particularmente, está hoy muy cuestionada. ¿Cómo se percibe esto desde la universidad?
–Desde dos lugares distintos. Por un lado, desde las áreas de investigación que la mayoría de las universidades tiene. La otra mirada es sobre qué hacer con la formación de los graduados de la escuela secundaria, ya que son los que recibimos. Hay una voluntad de articulación de larga data entre los últimos años de la secundaria y los primeros de la universidad, que es bastante difícil de convertir en una política para el conjunto del sistema. De todas maneras, hablar de la crisis de la escuela secundaria siempre fue un atajo para justificar lo que la propia universidad no logra enseñar. Porque cuando un joven llega con su título secundario y con todas sus falencias, es un problema que debe ser abordado y resuelto por la universidad.

–¿Cómo se hace?
–Dejando de considerar que el problema es solo el déficit que traen los estudiantes. También hay que entender que les exigimos que comprendan textos muy específicos que no tienen por qué saber leer. Un viejo profesor decía: «Lo primero que les pedimos a los estudiantes es que lean Hegel». Y ahí no hay un problema de comprensión lectora, sino que son textos difíciles de entender. Garantizar el acceso a los estudios superiores es un trabajo largo, que no se resuelve en un curso de ingreso y que hay que acompañar durante toda la carrera de los estudiantes.

Foto: Juan Quiles/3 Estudio

–¿La oferta de carreras universitarias debería ajustarse a las necesidades del país?
–En Argentina es difícil saberlo porque nunca ha habido una tradición de planificación universitaria. Sin embargo, si la educación universitaria se planifica exclusivamente de acuerdo con las demandas del mercado de trabajo, hay cosas que dejaría de hacer, como asegurar la formación, el desarrollo y la investigación en otras áreas como las ciencias sociales y las humanidades. Las carreras de grado no pueden responder a necesidades coyunturales, sino a intereses más amplios. De todas maneras, es cierto que hay una serie de carreras masivas que claramente forman profesionales que han saturado ya ciertas necesidades, como las de derecho o administración de empresas; y sectores de vacancia para las que no hay profesionales.

–Esto debería ser estudiado en profundidad, porque no es lo mismo decir que sobran abogados en Buenos Aires o que faltan en algún pueblo del Interior.
–Sí, pero también hay que ver qué decisiones se toman. Porque muchos creemos que el ingreso a las universidades debe ser irrestricto. El problema acá es que, en ausencia de toda planificación estatal, ese derecho se traduce en que estudio lo que quiero, cuando quiero y donde quiero. Pasa que a las universidades en Argentina nos falta mucho para formar un sistema, somos más bien un conglomerado de instituciones que toman decisiones autónomamente.

–¿Podría ser considerado el actual modelo educativo como «neoliberal»?
–Las políticas actuales no pueden fijarse en un modelo coherente llamado «neoliberal». Eso dejaría en la oscuridad muchas decisiones. Pero sí el modo de hacer políticas educativas ha cambiado radicalmente. El llamado «Plan Maestro», que el gobierno iba a presentar como proyecto de ley y nunca lo hizo, condensa todos los elementos que lo caracterizan. Primero: el lugar donde se hace la gestión es en los medios de comunicación y no en el sistema educativo. Esto explica que esa iniciativa, que se presentó como un plan a diez años de metas educativas que distintos gobiernos se iban a tener que comprometer a cumplir, quedó en la nada. Cuando cayó el interés mediático, cayó la medida. Otra característica de las políticas educativas es que son de muy mala factura técnica. No recuperan ninguna investigación validada y conocida sobre el tema. Por ejemplo, este plan prometía metas para cumplir que estaban por debajo de lo actual. Esos errores ocultan otra cuestión: no importa el contenido de las medidas, su efecto tiene que producirse en otro lugar: en la opinión pública.

–Se conoció la intención oficial de reformar la escuela secundaria apuntando a preparar a los alumnos para el mundo del trabajo (vía pasantías) y no para la universidad. ¿Qué opina?
–Creo que hay un problema con ese enfoque. La educación secundaria, que desde 2006 fue sancionada como obligatoria, forma parte de la educación básica. Por supuesto tiene que brindar herramientas para moverse en el mundo, tanto laboral como en la continuidad de estudios, pero no debemos esperar formación para el mundo del trabajo. Igual no sabemos de qué se trata la reforma. Y no es casual, ya que el secretismo es otra característica de la gestión actual. Casi ninguna de las medidas educativas que han anunciado son accesibles. Ni sus desarrollos ni sus fundamentos. La propia ministra de Educación de la ciudad admitió que solo había un par de «power points». El sistema educativo muestra que es muy persistente en sus formatos. Hay 9 millones de alumnos y casi 1,5 millones de docentes. No creo que una medida aislada y presentada ligeramente vaya a producir cambios en concreto. Y esto va acompañado de otro tema, que es la convocatoria a diálogos completamente espurios, que no producen aportes. En el mejor de los casos opinan individuos aislados, como en una red social. No hay consultas a instituciones ni a organizaciones. Pero, además, el Pro gobernó por diez años la ciudad de Buenos Aires y en ese tiempo no movieron una décima los índices de retención o egreso de la escuela, entonces no hay ninguna razón para creer que ahora sí saben cómo hacerlo.

–¿Cuál es el problema de fondo de la educación media?
–Hay varias investigaciones que indican que el problema de la escuela secundaria acá y en el mundo radica en su régimen académico. O sea, en la intención de que todos los alumnos aprendan los mismos saberes al mismo tiempo, y si de once materias no aprobaste tres, debés hacer todo otra vez. Sabemos que la repitencia es la antesala del abandono y también que la fragmentación de conocimientos vuelve muy inasibles los aprendizajes, pero al mismo tiempo seguimos formando profesores por disciplina y tenemos una estructura de puesto de trabajo que pone a cada profesor una hora, un día aislado por semana. Entonces reformar estructuralmente la escuela secundaria es bastante más que hacer un par de documentos vagos y con buenas intenciones, porque toca la estructura de trabajo, todo el sistema de formación, más el currículum de la escuela secundaria, más su régimen académico. Pero si existieran todas estas reformas, igualmente dentro de diez años se estaría reclamando otra. Porque tiene que ver con cómo se mira socialmente la educación. Históricamente está instalado que la educación empeora. Sin embargo, está demostrado que es inviable decir eso porque si no, hoy estaríamos en la edad de piedra. Hay algo de «gerontocrático» en esa afirmación que tiene como objetivo mantener las relaciones de poder. O sea, las nuevas generaciones tienen que ser siempre peores que las actuales.

–Volvieron a surgir cuestionamientos a que estudiantes extranjeros asistan la universidad pública. ¿Es un planteo coherente?
–Las especulaciones sobre el destino de los recursos educativos son absurdas porque la proporción de estudiantes extranjeros es muy menor en relación con el conjunto del estudiantado. Nadie puede sostener que por no arancelar a los estudiantes de afuera están dejando de estudiar otros. El problema es en realidad de dónde provienen los inmigrantes que estudian en nuestras universidades, eso es lo que irrita. Porque si fueran de Europa y Estados Unidos no habría habido ningún escándalo. Siempre la diversidad suma, especialmente en una universidad como esta, a la que vienen estudiantes con baja tradición universitaria en sus familias y que muchas veces es la única universidad que conocen. Esto es un aporte más, poder conocer estudiantes de otras culturas, con otras experiencias educativas.

Un punto de partida

A un siglo de la Reforma Universitaria, 2018 será un año de conmemoraciones, pero también de nuevos planteos y desafíos para la universidad. Por lo menos así lo estima Diker, quien participará a mediados de año de la Conferencia Regional de Educación Superior, donde se reunirán ministros de Educación y representantes del sistema universitario de toda América Latina. El encuentro será en la ciudad de Córdoba, provincia protagonista de aquella gesta. La rectora de la UNGS destaca la importancia de la reforma, que instauró la libertad de cátedra y el cogobierno de las universidades, lo cual impactó en otros países de América Latina y el mundo. Sin embargo, plantea una preocupación: «Cuál sería hoy un proceso análogo en el sentido de que conmueva estructuralmente a la universidad. La conferencia anterior fue en 2008 y su declaración afirmó un principio bastante revolucionario: que la educación superior es un principio universal y un bien social. Viendo los cambios en la región, esperemos que ese sea el punto de partida y no vayamos para atrás». Por otra parte, Diker acepta que, en el ámbito local, este aniversario podría ser una buena oportunidad para relanzar la discusión de la reforma de la Ley de Educación Superior, sancionada bajo el menemismo. Sin embargo, advierte que las condiciones legislativas no son las mejores.

–El exministro Daniel Filmus aseguró que una cuenta pendiente que dejó el gobierno anterior fue la reforma de esa ley. ¿Por qué cree que no se hizo?
–Personalmente, lo he planteado. El argumento en su momento fue que la ley vigente no impedía llevar adelante políticas de expansión y desarrollo en el sistema universitario. Yo, sin embargo, creo que era y es imperioso modificarla. Porque esta ley no reconoce a la educación superior como un derecho y como un bien público, económico y social. Esta ley también habilitaría el arancelamiento. Y establece unas regulaciones en el gobierno universitario que imponen un piso de participación de los profesores, por ejemplo.

–¿Esto hace que todavía queden resabios menemistas en la universidad?
–Sí, ha pasado con la generación de servicios a terceros y de transferencia tecnológica. Yo creo que no está mal pensar en métodos de generación de recursos propios, pero el problema es cuando solo se hace eso porque el Estado va retirando su financiamiento. Y es una cuestión que está instalándose cada vez más. Por ejemplo, hay carreras de grado que se dan a distancia por medios virtuales que hoy están aranceladas en algunas universidades.

–¿Se podría dar hoy esa discusión?
–Es un pésimo momento. Porque en el Congreso actual las posiciones son más proclives a pensar la universidad no orientada sobre la base del derecho, sino sobre principios de eficiencia o rentabilidad. Esta es otra característica de la política educativa actual: no aparece más la palabra «derecho». Y los universitarios tenemos que seguir defendiendo el derecho a los estudios superiores.