En un comunicado emitido por el rectorado, la Universidad Nacional de General Sarmiento repudia la irrupción ilegal de fuerzas policiales en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), que culminó con la detención de dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias.

Este accionar constituye un preocupante avasallamiento del principio de autonomía de las universidades consagrado en nuestra Constitución Nacional y la violación del artículo 31 de la Ley de Educación Superior que establece que “la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada, de un juez competente, o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.
Sin dudas, este no es un hecho aislado ni a la provincia de Jujuy ni a la UNJU. Constituye un avasallamiento del sistema universitario en su conjunto y se inscribe en el avance de las acciones represivas y violentas que hemos visto intensificarse en el último año sobre movimientos sindicales, sociales y políticos, condición de sostenimiento de un modelo que profundiza la desigualdad y la exclusión.

Como ya ha advertido el juez Eugenio Raúl Zaffaroni, un proyecto social excluyente, con un 70 % de descartables, ¿Necesita de un control de tipo represivo? A la represión de trabajadores, comunidades originarias, mujeres, jubilados, militantes sociales, militantes políticos y maestros, se suma ahora a los universitarios. Están en juego derechos que los universitarios argentinos consiguieron defender en luchas históricas y no retroceder es una consigna que todos debemos sostener. Sin embargo, nuestras acciones y nuestros reclamos no pueden ser sectoriales.

Lo que está en juego es la democracia misma, el respeto de las leyes, la independencia de la justicia, el respeto irrestricto de los derechos humanos, la libertad de expresión y de asociación. Ya se escuchan voces que intentan despejar las responsabilidades políticas por el hecho acontecido en Jujuy y presentarlo como un hecho aislado, producto de la ignorancia o la torpeza de esos efectivos policiales.

Aunque sabemos que la batalla mediática es desigual, es justamente la versión que intenta instalar que todos son hechos aislados, lo que tenemos que salir a confrontar, por encima de las diferencias políticas y de las pertenencias partidarias. O mejor: para defender la expresión legítima y democrática de esas diferencias y de esas pertenencias.