A toda la comunidad universitaria,

Por medio del presente se informa que ante las declaraciones de la Directora del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Silvana Giudici, vertidas en un medio televisivo la semana pasada y la nota editorial publicada por el diario La Nación el día 09 de octubre, se ha enviado el siguiente comunicado a todos los medios de prensa, a las autoridades del Ministerio de Educación y Deportes, del Ministerio de Comunicaciones y del ENACOM, a los rectores de todas las Universidades Nacionales, al Consejo Interuniversitario Nacional, al Consejo de Rectores de Universidades Privadas y al Consejo de Universidades.

Solicitamos a la comunidad universitaria que nos ayude a difundir esta información para despejar las sospechas vertidas por versiones equívocas o malintencionadas.

Atentamente,

Rectorado UNGS

 

COMUNICADO RECTORADO UNGS

Frente a las versiones equívocas o directamente falsas que funcionarios y periodistas han vertido en distintos medios, nos vemos en la obligación de aclarar –una vez más– la situación del Convenio suscripto con la AFSCA por la UNGS para la implementación de una Diplomatura en Comunicación Popular en el año 2015.

  • En el mes de octubre de 2015 la Universidad firmó un Convenio con la Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual para la implementación de una Diplomatura en Comunicación Popular destinada a miembros de organizaciones sociales y comunitarias dedicadas al campo de la comunicación, que actuarían a su vez, como multiplicadores de dicha formación en sus respectivas instituciones.
  • Dicho Convenio fue aprobado por unanimidad por el Directorio de la AFSCA (incluidos, obviamente, los Directores representantes de la oposición) y por el Consejo Superior de la Universidad.
  • En cumplimiento de lo que establecía ese convenio, la AFSCA transfirió a la Universidad los fondos previstos (5.187.000 pesos) y los equipos de investigación y docencia del área de Comunicación y el Centro de Servicios y Acciones con la Comunidad de la UNGS, avanzaron en el diseño y aprobación de la diplomatura, la conformación de los equipos de capacitadores, la producción de materiales y la identificación de los destinatarios.
  • Previo acuerdo de redefinición del cronograma (retrasado como consecuencia del procesamiento interno del proyecto en nuestros órganos de gobierno), estaba previsto iniciar actividades en marzo de 2016.
  • Frente al Decreto 236/15 y el DNU 267/15 que modificaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y disolvieron la AFSCA, desde el rectorado resolvimos (previo informar al Consejo Superior) no iniciar las actividades e informar al flamante Ministro de Comunicaciones de la Nación acerca de la situación. Lo hicimos en una nota recibida por ese Ministerio el 23 de febrero; en la misma solicitamos que se nos indicaran cuáles eran los pasos a seguir, ya sea para continuar con las acciones o para suspenderlas; comunicamos además, como es de uso en estos casos, que si decidieran suspender la implementación del proyecto, quedaban los fondos a su disposición. Tomamos esta decisión, entre otras razones, porque el propio convenio preveía distintas formas de interacción con equipos de la AFSCA durante el desarrollo de la actividad (como por ejemplo, la conformación de una comisión mixta de seguimiento); al disolverse el organismo quedaba claro que carecíamos de garantías de cumplimiento de las cláusulas que habíamos suscripto.
  • Con fecha 26 de febrero, recibimos en el rectorado una carta documento del ENACOM, suscripta por la Dra. María Rosa Mezzotero exigiéndonos la rendición de los fondos y el informe de actividades correspondientes a este convenio.
  • Ésta fue respondida a través de otra carta documento con fecha 3 de marzo indicando que obraba en su poder la nota antes referida e insistiendo en que nos informen acerca de los pasos a seguir. Interesa aclarar que de no mediar un acto administrativo que lo avale, la Universidad no puede realizar una transferencia de fondos ingresados en sus cuentas a un tercero.
  • Recién dos meses después funcionarios del ENACOM se pusieron en contacto con la Secretaría Legal y Técnica de la Universidad para consultar sobre el procedimiento a seguir para efectivizar la devolución de los fondos. Se acordó que debía suscribirse un convenio de rescisión.
  • En el mes de junio nos enviaron un modelo de convenio de rescisión en el que se indicaba que el convenio “se rescindía de común acuerdo”. Observamos esa cláusula y propusimos que se dejara constancia de que el convenio se rescindía por decisión unilateral del ENACOM.
  • A pesar de la insistencia de la Universidad para avanzar en la resolución de este asunto, no hemos recibido a la fecha ninguna respuesta del ENACOM, por lo tanto LOS FONDOS AUN SE ENCUENTRAN EN LAS CUENTAS DE LA UNIVERSIDAD.

 

Esta Universidad ha desarrollado, desde su creación en el año 1993, numerosas acciones de cooperación con distintos organismos estatales, tanto nacionales, como provinciales y municipales y entiende que es una responsabilidad de las Universidades Nacionales, colaborar con el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en sectores o áreas que son de su especialidad.

Nunca esta Universidad ha recibido fondos de ningún organismo que no estuvieran destinados al financiamiento de acciones vinculadas con sus funciones específicas y con la especialización de sus equipos de investigación y docencia. Cuenta de hecho, con reglamentación interna que exige expresamente, como condición para su aprobación, que los servicios a entidades públicas, privadas, organismos internacionales o instituciones comunitarias estén directamente vinculados a las actividades de investigación y/o docencia que desarrollan las áreas respectivas.

Finalmente, interesa destacar que este Convenio se firmó en el marco del compromiso que esta Universidad ha sostenido desde su creación, con la defensa y ampliación del derecho a la comunicación. Por todo ello, lamentamos que las acciones proyectadas por este convenio no hayan podido llevarse adelante, que la Universidad sea objeto de sospechas infundadas e impertinentes y que hasta el día de la fecha, y a pesar de todas nuestras gestiones, el organismo estatal creado por decreto presidencial no haya arbitrado los medios para dar cierre administrativo a esta cuestión.