Martes 11 de diciembre de 2018
Histórica sentencia en la causa Ford
El Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín condenó a Pedro Müller, ex jefe de Manufactura de la Ford, a 10 años de prisión y a Héctor Sibilla, Jefe de Seguridad de la planta, a 12 años. Además, el ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros sumará 15 años a su ya extensa cantidad de condenas en su contra.
Sobrevivientes, familiares y militantes de derechos humanos impulsaron que se realice este juicio que finalmente arrancó en diciembre de 2017. En el camino, otros responsables quedaron impunes. El gerente de Relaciones Laborales de Ford, Guillermo Galarraga, falleció en 2016 y el presidente de la multinacional, Nicolás Courart, murió en 1989.
FM La Uni realizó una cobertura de la lectura de la sentencia y recogió las voces de quienes estaban allí presente.
Carlos Propato, ex delegado en Ford y uno de los querellantes expresó: “No esperábamos otra cosa. Nos llevó muchísimos años, quince años de juicio, pero 42 de lucha”.
La abogada de la querella Elizabeth Gómez Alcorta analizó la importancia de este fallo en un contexto “tan hostil, donde las políticas neoliberales y donde la persecución al sindicalismo es moneda corriente”.
Gómez Alcorta explicó que aunque no son los primeros civiles llevados a juicio, si son los primeros gerentes de una empresa que puso “todos sus recursos y todas sus cadenas de mando que tienen a disposición para cometer o hacer aportes en los crímenes de lesa humanidad”.
La abogada expresó que los familiares ya no esperan nada de la empresa Ford: “Hace 42 años que ocurrieron estos hechos y nunca hubo ningún tipo de intervención”. Además, se comprobaron conexiones entre algunos accionistas actuales de la empresa y los abogados defensores de Müller y Sibilla.
Adolfo Omar Sánchez, también ex trabajador de la Ford secuestrado durante la dictadura, expresó su alegría porque “después de 42 años realmente se haga justicia” y recordó que “esta empresa fue la que colaboró y ayudó a que se haga el golpe cívico militar”.
Entre otros dirigentes políticos estaba el diputado Leonardo Grosso quien recordó: “Yo crecí militando en zona norte escuchando historias de compañeros y compañeras que contaban como se había montado una carpa de tortura en la fábrica al otro día de anunciado el golpe”. El diputado agregó: “Esto no puede quedar acá, que tiene que haber una condena ahora pero también tiene que haber una revisión de todas las participaciones civiles en la última dictadura”.
Para Silvia Burgos, subdirectora de Derechos Humanos de Malvinas Argentinas, este fallo “crea un antecedente histórico para todo lo que son las empresas. Debería venir Mercedes Benz, Lozadur y otras empresas más donde también secuestraron trabajadores de esta misma forma. Sabemos que sus gerentes o sus dueños estaban implicados en el secuestro de estos compañeros trabajadores que lo único que hacían era luchar por sus mejoras laborales”.
