Miércoles 12 de junio de 2024
Participación del ICO en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados de la Nación
El Instituto del Conurbano de la UNGS, a través de la exposición del urbanista e investigador docente del Instituto del Conurbano (ICO) Eduardo Reese, participó en la sesión ordinaria de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el diputado nacional Leandro Santoro (UP – CABA), realizada el 12 de junio de 2024. (Ver video al final de esta nota).
Para esa fecha, desde la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados de la Nación se convocó a una reunión de trabajo con organizaciones de la sociedad civil con el fin de discutir una agenda democrática y participativa para orientar el trabajo legislativo en materia de ordenamiento urbano, suelo y barrios populares.
Este es un año clave de discusión sobre el derecho al suelo, a la vivienda, no sólo en el plano nacional sino también en el ámbito provincial. El jueves 27 de junio comienza en la Universidad Nacional de Quilmes el debate sobre el ordenamiento territorial en la provincia de Buenos Aires. Un proceso abierto y participativo que transcurrirá durante todo el año, en el que se recogerán ideas y aportes de la comunidad y que tendrá su tercera reunión el 1 y 2 de agosto en la UNGS.
El encuentro del 12 de junio fue el primero de tres previstos por la Comisión de Vivienda del Congreso nacional y en ella participaron referentes de la sociedad civil y organizaciones sociales. En el segundo y tercero participarán referentes estatales, especialistas técnicos, urbanistas y referentes del sector privado. Como resultado de estos encuentros se publicará un informe público que tendrá la finalidad de enriquecer el debate legislativo.
Eduardo Reese intervino en este debate público como investigador docente del área de urbanismo de la UNGS y también como integrante del Colectivo Hábitat de la Provincia de Buenos Aires y como parte del amplio grupo que formuló la Ley del Acceso Justo al Hábitat de la PBA.
Reese enfatizó una serie de cuestiones que a su juicio eran relevantes para el debate. La primera cuestión se centró en la ley de alquileres cuyo debate para promover su derogación estuvo plagada de falacias como es común en el mercado inmobiliario. En su momento se sostuvo que la desregulación ampliaría la oferta y con ello bajarían los precios. Sin embargo, eso no sucedió ni sucederá por que los precios de los productos inmobiliarios no se comportan igual que en el resto de los productos del mercado. Por lo tanto es absolutamente necesaria la intervención estatal ya que, todo inmueble, se asocia a un producto monopólico, el precio del suelo.
La segunda cuestión es la necesidad de garantizar el financiamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Sin embargo, para reducir el déficit de vivienda es necesario desmercantilizar la vivienda y allí, de nuevo, es fundamental la intervención del Estado. Para ello propuso rediscutir la ley FONAVI y construir una nueva política de financiamiento hipotecario creando un sistema de financiamiento simplificado no bancario de proyectos de hábitat y recuperando el privatizado Banco Hipotecario Nacional que está en manos del mayor especulador de tierra del país.
Asimismo, Reese propuso dos medidas adicionales: a) la reforma de la ley de prescripción administrativa 24.320 reduciendo los plazos para prescribir a 10 años; y, b) la actualización del anclaje y simplificación de trámites de la 24.374 de regularización abreviada. Por último, planteó lo que considera como cuestión central del problema: la discusión de la norma nacional de ordenamiento territorial, con el objetivo que el Estado se apropie y redistribuya la renta inmobiliaria.
También participaron oradores de múltiples organizaciones de la sociedad civil. Por mencionar dos de ellas, el CELS, señaló que la mayor deuda social de nuestra democracia, es tener un lugar digno donde vivir, no solo una vivienda sino también un barrio donde poder acceder a los servicios mínimos: salud, trabajo, educación y transporte. Según se expresó, “a pesar de los ciclos de crecimiento que hemos tenido, el déficit habitacional sigue siendo un problema estructural”. Una de las principales cuestiones que debieran abordarse, y que dominó la agenda pública, es la problemática de los alquileres ya que el último censo encontró que 8 millones de personas viven en vivienda alquiladas. “Hoy no tenemos ley de alquileres. Hoy vivimos un experimento social de mercado completamente desregulado”. El CELS está realizando una encuesta sobre alquileres con el CONICET, la UBA y otras organizaciones, para dimensionar la situación de inquilinos y, en el AMBA, más del 25% de los inquilinos declaró estar desocupado o subocupado. El 56% declaró tener ingresos familiares menores a 600.000 pesos y más de la mitad está endeudado por vías informales. Dentro del conjunto de las mujeres, todos los indicadores empeoran. Al mismo tiempo, el 67% se endeudó para pagar el alquiler. Por último, cuestionó el proyecto del RIGI por su impacto potencial en la tenencia de la tierra.
ACIJ, por su parte, señaló que luego de la ley de Integración Sociourbana, se creó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que se engrosó con un 9% del Impuesto País en 2020. Con ese fondo se llevaron a cabo 1200 obras hasta 2023 en 300 municipios de todo el país, 20.000 nuevos lotes en servicios, con impacto en las mujeres para el caso del Programa Mi Pieza y con impacto también en la creación de trabajo a través de las cooperativas. Lamentablemente el actual gobierno sancionó el Decreto que baja el FISU al 0,3% para desfinanciar sus acciones.
El financiamiento del FISU representaba la posibilidad de ampliar derechos a través de las obras que hoy quedaron inconclusas. Es necesario pensar nuevas normas para recuperar derechos de las personas en términos sociourbanos y ambientales.
