Lunes 6 de abril de 2026
Extractivismo vs. democracia: Restricciones en la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares
Las investigadoras Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez explican en esta nota de opinión las tensiones entre extractivismo y democracia que fueron puestas de relieve con las restricciones impuestas en la audiencia por la reforma de la Ley de Glaciares.
El modo que asume la reforma de la Ley de glaciares vuelve a poner en foco el debilitamiento de las instituciones de la democracia acorde a la profundización del modelo extractivista que propone concentrarse la extracción de recursos naturales flexibilizando la regulación ambiental, obturando los mecanismos de participación ciudadana y criminalizando al movimiento socioambiental.
La vulneración de los mecanismos de participación ciudadana
Más de cien mil personas se inscribieron para participar en la Audiencia Pública en el marco de la Reforma de La Ley de Glaciares. Sin embargo, solo 200 fueron autorizadas a exponer de manera presencial o virtual.
La imagen de un Congreso vallado que impedía la circulación por varias cuadras a la redonda; el excesivo despliegue de fuerzas de seguridad, el pedido reiterado de documentos de identidad a quienes iban a exponer y exclusión de quienes no estaban en la lista, más la limitación de acceso a la prensa; representan la antítesis de una instancia participativa y democrática.
Los criterios y mecanismos mediante los cuales se seleccionó a las y los expositores no fueron informados públicamente. La restricción a la participación en la audiencia evidencia que el objetivo del gobierno nacional fue cumplir formalmente con un requisito administrativo para avanzar en el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, a pesar de las restricciones, las voces que lograron expresarse en la audiencia lo hicieron, en su gran mayoría, de manera informada y en defensa de la Ley de Glaciares vigente. Expusieron referentes de pueblos indígenas, integrantes de asambleas socioambientales, representantes de organizaciones ambientalistas, referentes de derechos humanos, abogados especializados en derecho ambiental, ex diputados, funcionarios de secretarías de ambiente provinciales, el director del IANIGLA y un representante del sindicato de guardaparques nacionales. En minoría, las exposiciones favorables a la reforma estuvieron principalmente a cargo de funcionarios de gobierno y otros representantes de empresas mineras, destacándose especialmente la participación de la provincia de San Juan.
En su gran mayoría, quienes no están a favor de la Reforma, señalaron, en relación a la organización de la audiencia pública que la misma debía respetar la participación de los inscriptos y que al no hacerlo violaba el Acuerdo de Escazú. También se hizo referencia a la vulneración del artículo 41 de la Constitución y la Ley de Ambiente, sobre los presupuestos mínimos ambientales y el principio de “No regresión ambiental” reconocido, tanto por la Ley de Ambiente, como por el Acuerdo anteriormente mencionado. En algunos casos, los expositores hicieron referencia al no cumplimiento del acuerdo 169 de la OIT en relación a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.
Durante la audiencia, se destacó la ausencia de voces clave del sistema científico, investigadores e investigadoras de Universidades Nacionales, del CONICET, y la directora del Inventario Nacional de Glaciares. No obstante, el director del IANIGLA señaló que el Inventario Nacional de Glaciares fue publicado en 2018, que el mismo se encuentra en funcionamiento y fue actualizado en el año 2024 en la región de Andes desérticos. Esta herramienta resulta fundamental para el ordenamiento ambiental y la toma de decisiones con eje en las necesidades de las comunidades.
Los argumentos a favor de sostener la Ley de glaciares vigente
En relación a porque es importante sostener la Ley de glaciares vigente, los expositores rescataron su relevancia en tanto la misma protege a los glaciares y el ambiente periglaciar como “reservas estratégicas de agua” y “recarga de cuencas hídricas” frente al avance de proyectos de megaminería metalífera y de litio. Esta actividad es altamente demandante de agua; su desarrollo implica no solo un uso intensivo del recurso hídrico, sino también riesgos asociados al uso de explosivos y sustancias químicas potencialmente contaminantes.
Los expositores destacaron el carácter interprovincial de los ríos y advirtieron que la afectación de las cabeceras de cuenca puede tener impactos que se extienden a sistemas hídricos más amplios. Por este motivo, señalaron que la descentralización de las regulaciones y autorizaciones de proyectos extractivos en manos de las provincias podría generar conflictos interprovinciales y profundizar desigualdades y problemáticas socioambientales que trascienden los territorios cordilleranos.
El acceso a la información pública y la participación informada de la población sobre temas que involucran la posible afectación del ambiente, sus condiciones de vida y su entorno son herramientas presentes, tanto en nuestra Constitución Nacional como en los acuerdos firmados en los últimos años, con el objetivo de garantizar el derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano. La rápida ejecución de la Audiencia pública, la invisibilización y silenciamiento de las personas inscriptas que no pudieron expresarse, y el operativo de seguridad desplegado en el Congreso, dan cuenta de un gobierno cuyo interés no es escuchar a la población, ni a las comunidades sino acelerar un proceso a través del cual aprobar rápidamente la Reforma que le permitirá avanzar con proyectos extractivos sobre los glaciares y zona periglaciar.
El tratamiento de la Reforma de la Ley continúa durante la semana del 6 de abril en las comisiones de diputados. El gobierno nacional impulsa que la misma se discuta en la cámara de diputados durante esta semana. Al mismo tiempo, organizaciones socioambientales se movilizan en todo el país.
Por Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez,
investigadoras y docentes del área de Sociología del Instituto de Ciencias de la UNGS.
Sobre las autoras
Lorena Bottaro se doctoró en Ciencias Sociales por la UNGS-IDES, es magíster en Economía Social y licenciada en Política Social. Marian Sola Álvarez es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, magíster en Planificación urbana y regional y socióloga. Ambas integran el área de Sociología del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y desde hace años investigan sobre los conflictos socioambientales en torno a la megaminería a cielo abierto en Argentina.
Crédito de la foto Martín Federico Ortiz en Agencia Tierra Viva