Jueves 11 de junio de 2026
Sobre los acuerdos alcanzados y la situación de la Ley de financiamiento universitario
El Rectorado de la UNGS se expresó sobre los acuerdos alcanzados el 10 de junio entre las federaciones sindicales, las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Gobierno Nacional, y sobre la situación de la Ley de financiamiento universitario.
Queremos compartir con ustedes información sobre los acuerdos alcanzados ayer entre las federaciones sindicales, las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Gobierno Nacional, y aportar una interpretación sobre el asunto, en un contexto en el que circulan comunicaciones diversas y, en ocasiones, contradictorias.
En primer lugar, nos parece importante señalar que los acuerdos firmados ayer, 10 de junio —que adjuntamos—, no constituyen la implementación, ni parcial ni total, de la Ley de Financiamiento Universitario. Una ley se cumple o no y la ley establece obligaciones concretas cuyo cumplimiento no se verifica en los acuerdos suscriptos. Esto es así, al menos, por dos motivos. En primer lugar, porque la recomposición salarial acordada no alcanza a actualizar los salarios al nivel de poder adquisitivo de diciembre de 2023, tal como establece expresamente el artículo 5 de la ley. En segundo lugar, y tan importante como lo anterior, porque ninguna de las partes afirma en los acuerdos firmados que exista principio alguno de ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario.
Lo que se firmó ayer es una serie de acuerdos de recomposición salarial y de transferencias correspondientes a distintos renglones presupuestarios del Programa de Desarrollo de la Educación Superior. Las federaciones sindicales acordaron en paritarias la recomposición salarial y las autoridades del CIN gastos de funcionamiento, entre otros.
En lo que respecta al acta firmada por las autoridades del CIN, resulta importante destacar que en ningún momento se menciona que lo acordado constituya una forma de ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. Tampoco se le reconoce al Poder Ejecutivo Nacional el cumplimiento de ninguno de los aspectos por los cuales fue demandado judicialmente. Más importante aun: ninguna de las autoridades que promovimos una demanda judicial contra el Estado Nacional hemos desistido de esa acción ni retirado dicha demanda.
Por supuesto, es imposible disociar políticamente estos acuerdos de la discusión por la Ley de Financiamiento Universitario. Es difícil imaginar que un gobierno que ha elegido explícitamente a las universidades nacionales como uno de sus principales enemigos políticos hubiera accedido a otorgar un aumento salarial del 21% en una sola cuota sin el conflicto desarrollado durante estos dos años. Ese conflicto incluyó movilizaciones masivas, acciones institucionales de todo el sistema universitario y una demanda judicial impulsada por varios rectores, que ya cuenta con dos fallos favorables y aguarda una resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia. No deberíamos no valorar lo anterior, porque es el producto del esfuerzo que hicimos.
Sin embargo, en términos formales, estamos frente a un acuerdo paritario y a un acuerdo de transferencias presupuestarias. No se trata de un acuerdo que modifique la situación jurídica vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. Si algo cambia, es que, para cumplir con la ley, el Poder Ejecutivo deberá en adelante realizar actualizaciones salariales de menor magnitud que las que hubiera debido efectuar de no mediar este acuerdo.
Entre diciembre y mayo los salarios universitarios aumentaron cerca de un 15% acumulado, y nadie sostuvo por ello que la ley se estuviera cumpliendo. Este mes aumentarán un 21%, y ello tampoco implica su cumplimiento. Lo que han entendido las federaciones sindicales que firmaron el acuerdo -así como muchas asociaciones de base- es que se trata de una recomposición suficientemente significativa como para justificar su aceptación en el marco de una negociación paritaria. Y que esto es una buena noticia.
Nadie gana un conflicto que va a durar 4 años o más —ni lo sobrevive— si no tiene alguna victoria en alguna de las peleas que da. Esto fue eso.
El Gobierno va a intentar instalar que el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario quedó atrás. Por todo lo dicho, nosotros y nosotras no sólo entendemos que la ley no se está empezando a cumplir: esa es una forma de contar lo que pasó que nos debilita de cara a lo que seguramente vendrá. Tratemos de no contribuir a esa lectura de la situación, y menos a buscar culpables entre quienes piensan distinto y estamos del mismo lado del conflicto. Nadie en esta universidad tiene ningún incentivo para dejar ninguna pelea de lado.
