Viernes 9 de octubre de 2026

AySA: el precio del agua metropolitana

El ecólogo y urbanista Leonardo Fernández, investigador y docente del Instituto del Conurbano de la UNGS, analiza qué se vendió, a quién, a qué ritmo promete llegar el agua a la periferia y por qué la disputa judicial, territorial y política está lejos de cerrarse.

Con una oferta por debajo de lo esperado, cerró la licitación para privatizar AySA, la empresa que abastece a 11 millones de personas en el AMBA.

“La oferta ganadora quedó un 24% por debajo de los aproximadamente 450 millones de dólares que calculaba el Ministerio de Economía”, afirma el ecólogo y urbanista Leonardo Fernández, investigador y docente del Instituto del Conurbano de la UNGS. El especialista enfatiza que “el precio bajo tiene una explicación que conviene hacer explícita: “Lo que se vendió no es la infraestructura. Lo que se transfiere es el derecho a operar y facturar, durante treinta años, un sistema que abastece a más de 11 millones de personas y que fue construido a lo largo de más de un siglo, en su mayor parte con inversión pública. El Estado conserva la propiedad de los caños; el operador privado, el flujo de ingresos que circula por ellos”.

El consorcio encabezado por Rowing S.A., empresa de ingeniería de Walter Román, e integrado por Transclor S.A., de Mauricio Filiberti, la brasilera Arcos Saneamento e Participações del Grupo Equipav y el vehículo de inversión PHX AQUA AR B.V., ofreció 340,2 millones de dólares por el 90% de las acciones de AySA.

Fernández señala que la composición del consorcio ganador tiene una particularidad que excede el interés por los nombres propios: “Transclor, la empresa de Filiberti, es el mayor fabricante de cloro del país y, desde 2009, proveedor exclusivo del policloruro de aluminio que AySA utiliza para potabilizar el agua. Varios medios ya señalaron el posible conflicto de intereses: el proveedor de un insumo crítico pasa a integrar el grupo que controla a la empresa a la que abastece”.

“La pregunta que deja la licitación no es solo quién será el dueño de AySA, sino quién va a planificar el agua del AMBA durante las próximas tres décadas”, sostiene Fernández y dice: “En esa pregunta las universidades públicas no son observadoras externas”.

“Con un operador privado al frente del sistema, la información pública sobre cobertura, pérdidas, calidad del agua e inversiones se vuelve más necesaria y, a la vez, más difícil de garantizar –afirma Fernández-. Sostener la capacidad de analizarla de manera independiente, ponerla a disposición de municipios, organismos de control y organizaciones del territorio, y medir si lo prometido se cumple no es una tarea académica más: es una de las pocas garantías de que el acceso al agua y al saneamiento siga siendo tratado como un derecho, y no como un costo más del desmantelamiento de la capacidad estatal de garantizarlo”.

La artículo completo se puede leer en el siguiente enlace: AySA, el precio del agua metropolitana.