Viernes 4 de octubre de 2024
Datos sobran, lo que faltan son políticas | Gabriela Diker en Página 12
"Datos sobran, lo que falta son políticas" se titula el artículo escrito por Gabriela Diker, investigadora docente del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS, publicado en Página 12.
La nota completa:
“Un chico que no come es un chico que no puede estudiar, y un chico que no estudia es un chico que no puede progresar”. Javier Milei, San Juan, 4 de julio
Según los datos recientemente publicados por el INDEC, hoy en la Argentina el 67% de los chicos y chicas de 6 a 11 años y el 69,4% de los de 12 a 17, viven en situación de pobreza. En total, estamos hablando de aproximadamente 6 millones de chicos en edad de la educación obligatoria. Digámoslo de otro modo (digámoslo de todos los modos posibles): aproximadamente 7 de cada 10 niños, niñas o adolescentes que asisten o deberían estar asistiendo a la escuela primaria o secundaria, viven en hogares que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas. Entre estos, unos 2,5 millones ni siquiera cubren la canasta alimentaria básica. Podríamos decirlo así: casi 3 estudiantes de cada 10, llegan a la escuela sin comer. Siguiendo el razonamiento del propio Presidente de la Nación, no pueden estudiar y no pueden progresar.
En la misma semana que conocimos estas cifras, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados comenzó el tratamiento de 9 proyectos de ley sobre evaluación de aprendizajes en el sistema educativo. Con variaciones, todos los proyectos parecen coincidir en la necesidad de intensificar la aplicación de operativos nacionales de evaluación estandarizada de aprendizajes a nivel nacional, como vía de mejoramiento de la calidad educativa en la Argentina. Algunos proponen, además, crear una institución independiente del poder ejecutivo (instituto de evaluación o similar), para llevar esos operativos adelante. Es decir, en un país que no puede garantizar al 70% de sus estudiantes condiciones mínimas de vida y menos, condiciones adecuadas para asistir a la escuela, y mucho menos todavía, para estudiar y aprender, los y las representantes del pueblo que presentan esos proyectos consideran que el principal problema educativo de la Argentina es la falta de datos.
Desde ya, que todo ocurriera la misma semana, no es más que una casualidad, una desafortunada coincidencia que escapa a la decisión de quienes están dando el debate legislativo. Sin embargo, la pobreza infantil no comenzó hoy. Aunque las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei aceleraron de manera escandalosa e indolente el agravamiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la población infantil y adolescente, para finales de 2023 la pobreza afectaba ya al 58% de los chicos y chicas de entre 6 y 17 años y, entre estos, casi el 20% se encontraba en situación de indigencia.
Escandalizarse por los resultados de las evaluaciones de aprendizaje, responsabilizar por esos resultados exclusivamente a los docentes, o lo que es peor, creer que la educación argentina no mejora porque nos faltan datos e indicadores, sin considerar las condiciones en las que se enseña y aprende en la Argentina, es, como mínimo, una banalidad. Tanto más si se tiene en cuenta que se aplican evaluaciones prácticamente todos los años, que se producen datos estadísticos anuales sobre el sistema educativo desde hace 30 años, que se dispone de indicadores y datos de calidad que, además, son de acceso público y que en su mayor parte no son utilizados como insumo para definir ninguna política educativa o, simplemente, se utilizan mal. Para dar sólo un ejemplo: contamos con datos producidos por evaluaciones nacionales de aprendizaje aplicadas en el nivel primario en 2016, 2018, 2021, 2022 y 2023, además de los resultados de las pruebas regionales aplicadas por UNESCO en 2019; todas ellas muestran que el principal problema de la primaria es el bajísimo rendimiento en el área de Matemática (sólo en 2023 el rendimiento en Matemática por debajo del nivel básico duplica al de Lengua). Sin embargo, es un dato que se decide ignorar: no se difunde, no escandaliza a las ONGs que arman la agenda educativa del gobierno y el gobierno no anuncia ningún “plan nacional” para abordarlo. Es decir, el problema no es que faltan datos y mucho menos leyes sobre cómo y cuándo se producen. Lo que faltan son políticas educativas.
Pero además, frente a los datos de pobreza infantil, ¿no deberían los y las representantes del pueblo estar ya elaborando con urgencia proyectos de ley que obliguen al poder ejecutivo a proveer los recursos necesarios a los comedores escolares, distribuir los alimentos que siguen en sus galpones, revertir el recorte salarial a la docencia que representó la suspensión del FONID, reactivar la distribución de computadoras y libros, financiar centros de desarrollo infantil y comedores populares, asegurar el acceso a la salud y a una vivienda digna? Entre todos los problemas que afectan a nuestros chicos y chicas, ¿qué les hace pensar que es una prioridad intensificar la aplicación de las pruebas Aprender que ya se aplican? ¿Para evaluar qué más? ¿Para mejorar qué?
La pobreza infantil es multidimensional, la vulneración de derechos de la infancia es múltiple y todos los indicadores van a empeorar con un gobierno que cree que el infanticidio es un daño colateral inevitable de sus políticas de ajuste: el acceso a la salud, la precarización de las viviendas, la situación de hacinamiento, la exposición a condiciones medioambientales contaminantes, el acceso al agua, el trabajo infantil, el embarazo adolescente y, por supuesto, los aprendizajes escolares. La Argentina tiene muchos problemas educativos pero enfrentamos aquí un problema de prioridades, dado que, como es evidente, no se puede garantizar el derecho a una educación de calidad, cuando otro conjunto de derechos de la infancia están vulnerados. Dicho de otro modo, el problema urgente hoy no es el termómetro con el que se mide la calidad educativa, sino el empeoramiento brutal de las condiciones sociales en las que se enseña y aprende, que son la base de una educación de calidad.
Sabemos de sobra que la calidad de los aprendizajes y los efectos de la educación en la reducción de las brechas de desigualdad no pueden abstraerse de las condiciones sociales en que viven y crecen los/as niños/as y jóvenes. También, sabemos que aún si éstas mejoraran, no sería suficiente, dado que el sistema educativo argentino presenta problemas históricos que es necesario abordar. Pero la producción de datos no es ninguno de ellos y ninguno de ellos se resuelve con más políticas de evaluación.
Ojalá que legisladores y legisladoras puedan reordenar sus prioridades. Porque datos sobran, lo que falta son políticas.
