Lunes 25 de noviembre de 2024
Privatización de AySA: impactos en la universalización de los servicios de agua y en la sostenibilidad ambiental en el AMBA
La intención del gobierno de Javier Milei de privatizar empresas públicas de cara a 2025, comenzando con Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), genera preocupación por sus posibles impactos sociales y ambientales. AySA gestiona el suministro de agua potable y el tratamiento de desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, abasteciendo a un área concesionada cercana a los 14 millones habitantes en la región más densamente poblada e industrializada del país.
Reestatizada en 2006, AySA asumió el desafío de universalizar el acceso al agua potable al 100% y ampliar la cobertura de desagües cloacales al 75% del área metropolitana. En 2017, su concesión se extendió a nueve municipios adicionales del noroeste del conurbano bonaerense, reforzando su alcance metropolitano, incluyendo a las zonas de mayor vulnerabilidad social. Durante esta etapa, se concretaron importantes megaobras, como por ejemplo la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas y los colectores del Sistema Riachuelo, fundamentales para mejorar las condiciones de vida de millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Sin embargo, el escenario actual y la historia de la privatización de Obras Sanitarias en los años 90 repican con una advertencia: los intereses privatistas priorizaron áreas rentables, dejando desatendidos amplios sectores populares. La propuesta actual para la privatización, impulsada por el Artículo 7 de la Ley de Bases, plantea la venta del 90% de las acciones de AySA que posee el estado nacional, posiblemente por medio de una licitación abierta o a través del mercado de la Bolsa.
Este esquema podría implicar un repliegue hacia exclusivamente las áreas rentables, poniendo en riesgo la expansión de los servicios, especialmente en el segundo cordón metropolitano, donde se concentra la mayor proporción de barrios sin acceso a agua potable y saneamiento. Desde el inicio de la actual gestión, se ha implementado un ajuste tarifario que ha incrementado las facturas de agua en más de un 300% en lo que va de 2024.
Paralelamente, se informó un déficit operativo de 300 millones de pesos, una cifra que, relativamente baja en términos presupuestarios, ha sido utilizada para justificar la privatización de AySA, junto con el despido de más de 1000 empleados dentro de un plantel de un poco más de 8 mil trabajadores. Sin embargo, dado que el aumento tarifario permitió revertir ese déficit, este argumento pierde fuerza como razón para transferir al sector privado el control estratégico de una empresa que provee servicios esenciales a casi una tercera parte de la población del país.
El desplazamiento del control estatal hacia criterios estrictamente de rentabilidad amenaza con relegar la concepción del agua como un derecho humano. Esto no solo compromete los objetivos de universalización del servicio, sino que también afecta la sostenibilidad ambiental. AySA extrae grandes volúmenes de agua del Río de la Plata y del acuífero Puelche para abastecer a la población y la industria con una dotación de más de 550 litros/hab/día de agua potabilizada. Gran parte de este recurso regresa al entorno como efluentes tratados de más 175 litros/hab/día, impactando los cuerpos de agua fluviales y las napas subterráneas.
Un modelo privatizador que priorice obras de menor costo y mayor rentabilidad —como la ampliación de usuarios de agua potable sin la correspondiente expansión de desagües cloacales— podría generar un desbalance hídrico significativo. Este desequilibrio afecta el ciclo regional, alterando la integridad de los acuíferos y cuerpos de agua, así como la capacidad del sistema para sostener las demandas futuras de una región en constante crecimiento urbano.
En este contexto, los logros alcanzados durante la etapa de control estatal de AySA pueden quedar subordinados a los intereses económicos de corto plazo. Como señaló el propio presidente Milei durante su discurso en el Cabildo de Córdoba, su programa incluye “el ajuste más grande de la historia de la humanidad”. Sin embargo, estas medidas podrían desencadenar una crisis hidrosocial de largo alcance, poniendo en juego no solo el acceso universal al agua, sino también la sostenibilidad de los sistemas hídricos del AMBA.
Garantizar el acceso universal al agua como derecho humano fundamental no puede rendirse en criterios de rentabilidad, sino de una visión que coloque al conjunto de la demanda sanitaria poblacional en el centro de las políticas públicas y el desarrollo metropolitano. La participación del Estado es fundamental para garantizar que los servicios sanitarios no sean objeto de decisiones anarcocapitalistas que comprometan el bienestar social y la sostenibilidad ambiental.
Por Leonardo Fernández, ecólogo y urbanista,
investigador y docente del Instituto del Conurbano de la UNGS
