Viernes 6 de marzo de 2026
La reforma de la Ley de glaciares, entre el falso federalismo y el desprestigio a la ciencia
El proyecto impulsado por el gobierno nacional busca allanar el camino a las megacorporaciones mineras al habilitar la actividad en zonas donde actualmente está prohibida.
La reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno nacional busca habilitar el desarrollo de proyectos de megaminería en territorios donde esta actividad actualmente está prohibida por la Ley N.º 26.639, sancionada en 2010 tras un amplio proceso de debate público que involucró a científicos, organizaciones socioambientales, asambleas ciudadanas, especialistas en derecho ambiental y diversos actores sociales. Esta normativa reconoce a los glaciares como reservas estratégicas de agua para el consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas hidrográficas, además de su importancia para la biodiversidad, la investigación científica y el turismo. En consecuencia, prohíbe actividades que puedan alterar su condición natural o afectar sus funciones, incluyendo la exploración y explotación minera e hidrocarburífera.
La ley protege no sólo a los glaciares sino también al ambiente periglacial, un sistema ecológico que cumple un papel fundamental en la regulación hídrica y en el sostenimiento de los cuerpos de hielo. En 2018, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) publicó el primer Inventario Nacional de Glaciares, resultado de relevamientos realizados a lo largo de la Cordillera de los Andes. El informe identificó 16.968 cuerpos de hielo que ocupan una superficie de 8.484 km², con mayor concentración en Santa Cruz, seguida por Mendoza y San Juan.
En el marco de una política orientada a profundizar la reprimarización de la economía, y con el objetivo de atraer inversiones mineras, el gobierno de Javier Milei -con el apoyo de gobiernos provinciales cordilleranos-propuso al Congreso de la Nación modificar esta ley. La iniciativa combina argumentos que apelan al federalismo con un creciente desprestigio hacia el conocimiento científico y hacia las organizaciones sociales que defienden los territorios. En el Senado, el debate se centró en dos objetivos principales: quitarle al IANIGLA la autoridad sobre el inventario nacional de glaciares y transferir esa atribución a las provincias. Amparándose en el artículo 124 de la Constitución Nacional —que reconoce el dominio provincial sobre los recursos naturales— se busca debilitar la autoridad nacional y flexibilizar los criterios técnicos que definen qué áreas deben ser protegidas.
Este cambio se vincula con un segundo punto clave de la reforma: excluir al ambiente periglacial del inventario de glaciares y restringir la protección únicamente a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica” directa. De concretarse, esta modificación reduciría significativamente el alcance de la protección ambiental, permitiendo el avance de actividades económicas —especialmente la minería— en zonas actualmente vedadas.
El discurso que presenta a la minería como única vía posible para el desarrollo de las provincias cordilleranas no es nuevo: se remonta a las reformas neoliberales de la década de 1990. Sin embargo, el contexto actual agrega un elemento novedoso: una narrativa abiertamente anticientífica que desacredita el trabajo de instituciones públicas de investigación y minimiza la gravedad de la crisis climática y socioambiental.
Es preciso señalar que la reforma de la Ley de Glaciares no constituye una medida aislada. Forma parte de una estrategia más amplia orientada a promover la explotación de minerales considerados “críticos” para la transición energética global. A comienzos de 2026, Argentina firmó con Estados Unidos un “Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos”, que busca garantizar cadenas de suministro seguras y competitivas para estos recursos. Argentina, al igual que otros países del Sur global, se posicionan principalmente como proveedores de materias primas estratégicas.
Esta orientación se complementa con los beneficios otorgados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en el marco de la Ley Bases de 2024. El régimen concede a las explotaciones estabilidad fiscal por 30 años, reducción de controles ambientales y prioridad en el acceso al agua y energía, incluso por encima de las necesidades de las poblaciones locales, entre otros beneficios.
El 26 de febrero, el Senado aprobó la reforma con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Además de los senadores de La Libertad Avanza, que respaldaron la iniciativa en bloque, también votaron a favor Lucía Corpacci, exgobernadora de Catamarca, y Sergio Uñac, exgobernador de San Juan. Por su parte, organizaciones socioambientales, asambleas ciudadanas y colectivos territoriales han denunciado que la modificación de la ley votada en el Senado implica un retroceso en la protección de bienes comunes estratégicos como el agua.
La discusión continúa en la Cámara de Diputados, donde el tratamiento en comisiones resolvió –a pesar del plan inicial del gobierno- convocar a una audiencia pública en la que se garantice la participación de la ciudadanía con criterios federales. La Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú fueron el marco desde el cual se fundamentó la necesidad de esta instancia participativa que tendrá lugar el 25 y 26 de marzo.
En este escenario, el debate sobre la Ley de Glaciares pone en cuestión el modelo de desarrollo basado en la expansión del extractivismo y abre interrogantes sobre la llamada transición energética. Mientras ciertos países avanzan hacia la descarbonización, la presión por extraer minerales críticos en territorios del Sur global amenaza con generar mayores desigualdades, profundizar conflictos socioambientales y con consolidar nuevas formas de dependencia económica.
Ante la reforma de la Ley de Glaciares, la audiencia pública es una oportunidad para cuestionar el avance extractivo y para poner a prueba la vitalidad de nuestro sistema democrático.
Por Marian Sola Álvarez y Lorena Bottaro,
investigadoras y docentes del área de Sociología del Instituto de Ciencias de la UNGS.
Sobre las autoras
Lorena Bottaro se doctoró en Ciencias Sociales por la UNGS-IDES, es magíster en Economía Social y licenciada en Política Social. Marian Sola Álvarez es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, magíster en Planificación urbana y regional y socióloga. Ambas integran el área de Sociología del Instituto de Ciencias de la Uiversidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y desde hace años investigan sobre los conflictos socioambientales en torno a la megaminería a cielo abierto en Argentina.
