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La legalización del aborto. Desafíos para la salud pública.

Miércoles 11 de abril de 2018 | Microcine | Multiespacio

Existen muy diversas razones que pueden llevar a las mujeres y personas gestantes a considerar la interrupción de un embarazo como una opción, entre ellas, las circunstancias materiales de contexto que rodea a la persona. La evaluación de proyectos de vida que podrían truncarse o verse afectados por la maternidad, la compatibilidad con el empleo y /o estudio, en un escenario injusto de división sexual y social del trabajo. Las percepciones sobre los riesgos de salud asociados al embarazo y al parto, o la experiencia de la violencia de género son también factores que sopesan en la decisión.

En la Argentina, se estima que se practican entre 370.000 y 520.000 abortos por año. Las muertes por abortos inseguros representan la primera causa de muerte de personas gestantes en el país.

La Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se remonta al Código Penal del año 1921 (artículo 86). Sin embargo, recién a partir de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “F.A.L” (2012), las personas tienen derecho efectivo (sin mediar decisión judicial explícita) a la interrupción legal por las siguientes causales: si el embarazo representa un peligro para la vida de las mujeres; si representa un peligro para su salud (entendida como el bienestar físico, mental-emocional y social); o si el embarazo proviene de una violación. A pesar de la decisión del tribunal supremo, existen innumerables barreras que dificultan dicha interrupción legal del embarazo, situación que se agrava por las amplias desigualdades geográficas y sociales.

El aborto realizado en condiciones inseguras afecta y pone en serios riesgos la vida y la salud física, emocional y social de las mujeres, de las personas gestantes y de su entorno cercano. En el año 2013 en Argentina, 49.000 mujeres se internaron en hospitales públicos por problemas relacionados con el aborto, y las muertes por abortos inseguros representaron el 17% del total de las muertes de personas gestantes  en el trienio 2014-2016. La experiencia comparada muestra que aquellos países que decidieron legalizar el aborto, lograron reducir la mortalidad y la morbilidad de las mujeres.

En este contexto, el panel se propone avanzar en una caracterización acerca de la gravedad del problema y conocer el derrotero del trabajo desarrollado desde las consejerías pre y post aborto. A la vez, busca abrir un debate acerca de la necesidad de desplazar la regulación de esta práctica médica del campo del derecho penal  al campo del derecho a la salud, brindando a las mujeres y personas gestantes la oportunidad de decidir sobre su propio cuerpo. No se trata solo de nuestro cuerpo, sino de nuestra subjetividad, nuestros sentimientos.

Panelistas:

Mariana Romero, Médica, investigadora CONICET-CEDES / Integrante de REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro)

Florencia Maffeo, Licenciada en Sociología / Integrante de FUSA – Fundación para la Salud de Adolescentes con Perspectiva de Género

Nadia Furtado de León, Médica del Primer Nivel de Atención en Moreno / Integrante de la Red Nacional de Profesionales por el Derecho a Decidir

Coordina: Marisa Fournier (Área de Política Social, ICO-UNGS).

ORGANIZA E INVITA: Área y Licenciatura en Política Social. Instituto del Conurbano. Universidad Nacional de General Sarmiento.

-Se entregarán certificados de asistencia-

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