A cincuenta años del golpe de 1976, el ecólogo y urbanista Leonardo Fernández muestra como el territorio y el paisaje del Gran Buenos Aires conservan la memoria del terrorismo de Estado.
A cincuenta años del golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976, y en un contexto en el que resurgen discursos negacionistas sobre el terrorismo de Estado desde las más altas esferas del poder político nacional, el ejercicio de la memoria sobre la última dictadura argentina adquiere hoy una relevancia particular. Esa memoria se conserva en los centros clandestinos de detención, en los testimonios de sobrevivientes y en las luchas por la verdad y la justicia. Pero también en las huellas profundas de otro registro persistente que forma parte de esa memoria: el territorio y la ciudad.
En el Gran Buenos Aires, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976–1983) intervino sobre la “cuestión metropolitana”. El crecimiento urbano, la congestión industrial y los desequilibrios demográficos fueron presentados como síntomas de una ciudad “enferma” que debía ser reorganizada drásticamente. Bajo discursos de modernización urbana, saneamiento ambiental y ordenamiento territorial, se impulsó un conjunto de normas, planes y proyectos, de gran escala, destinados a redefinir la relación entre la ciudad central y el conurbano bonaerense.
Durante esos años se impulsaron —aunque en algunos casos solo parcialmente— proyectos destinados a reorganizar la estructura metropolitana. Este proceso no estuvo exento de tensiones y disputas internas, en un esquema de poder tripartito que distribuía competencias entre Nación, Provincia y las municipalidades del área metropolitana —incluida la de la ciudad de Buenos Aires, desde donde se impulsaron varias de estas iniciativas—, atravesado por influencias diferenciadas de las fuerzas armadas. Entre los más emblemáticos se encuentran el plan de autopistas urbanas, la reorganización del sistema de disposición final de residuos y la creación de un anillo verde mediante el Cinturón Ecológico del Área Metropolitana de Buenos Aires, gestionado por el CEAMSE. Presentadas como respuestas técnicas a problemas urbanos ampliamente reconocidos —la congestión del tránsito, la contaminación ambiental o la expansión urbana—, estas iniciativas conformaron un ambicioso programa de intervención a escala regional.
Más allá de sus fundamentos técnicos, estas intervenciones produjeron efectos territoriales y sociales que perduran hasta hoy. La construcción de autopistas implicó expropiaciones y demoliciones masivas en distintos barrios. Las políticas de erradicación de villas desplazaron poblaciones hacia la periferia. El nuevo sistema de gestión de residuos trasladó grandes volúmenes de basura hacia rellenos sanitarios ubicados en diversos puntos del conurbano. Al mismo tiempo, estas intervenciones habilitaron nuevas formas de valorización y apropiación del espacio urbano. La apertura de infraestructuras viales, la gestión empresarial de residuos y los cambios normativos sobre el uso del suelo contribuyeron a consolidar procesos posteriores de suburbanización dispersa y enclaves residenciales cerrados, que redefinieron los modos de habitar la periferia.
Esas intervenciones reorganizaron el territorio y produjeron experiencias urbanas asociadas a la fluidez del tránsito, la contemplación de nuevos espacios verdes y la limpieza urbana. En esa dimensión sensible y cotidiana se inscribió una forma de regulación territorial que operaba produciendo orden, movilidad y paisaje. Esa dimensión también encontró una representación visual en el discurso oficial de la época.
El Cacciatore-obelisco que dibuja Hermenegildo Sábat parece dejar atrás la sórdida ciudad. Cacciatore controla la escena desde arriba, con su mirada cristalina y aires limpios. Debajo, un niño juega con palomas y pájaros, disfrutando de una ciudad que encuentra la paz. “Intendente municipal, brigadier Osvaldo Cacciatore”, Hermenegildo Sábat (1976). Clarín, 23 de abril de 1976. (La imagen a la que se hace referencia se encuentra arriba del párrafo).
Diversas investigaciones históricas han examinado estas transformaciones para comprender la relación entre ecología urbana y poder durante la última dictadura. Entre ellas, La muralla verde (2020) sostiene que el régimen desplegó en el Gran Buenos Aires una economía específica de poder que encontró en el urbanismo y la ecología instrumentos de gobernabilidad regional. A través de las autopistas, el cinturón verde y la ingeniería sanitaria del CEAMSE, ese dispositivo se inscribió en el territorio como una forma material de ordenamiento metropolitano.
Una forma sugerente de pensar estas transformaciones es observar el paisaje como una condensación entre tiempo histórico y espacio. En ese sentido, ciertos territorios funcionan como verdaderos cronotopos, es decir, lugares donde el tiempo histórico y el espacio se condensan y se inscriben las marcas de una época. En el caso del Gran Buenos Aires, dos escenarios resultan particularmente elocuentes: la llanura pampeana y la ribera del Río de la Plata.
Durante la última dictadura ambos fueron objeto de intervenciones decisivas. En la periferia, los rellenos sanitarios impulsados por el CEAMSE transformaron extensas áreas de la pampa en grandes infraestructuras ambientales destinadas a recibir los residuos de la ciudad. Aún hoy esas operaciones funcionan y son visibles: la montaña de basura que se asoma en Campo de Mayo o las colinas artificiales que emergen de la llanura en distintos rellenos sanitarios recuerdan la magnitud del proceso. Sobre la costa, las demoliciones vinculadas al plan de autopistas y los rellenos costeros modificaron el frente fluvial y produjeron nuevos territorios ganados al río, entre ellos el espacio que hoy ocupa la Reserva Ecológica Costanera Sur, desarrollada en buena parte sobre escombros de aquellas demoliciones. Mirados desde el presente, estos paisajes permiten leer la materialidad de un período en el que la modernización urbana y la ingeniería territorial formaron parte de una reorganización del espacio inseparable de la violencia estatal.
El mapa permite observar cómo distintas instituciones estatales definieron el alcance del espacio metropolitano durante esos años, anticipando la escala territorial en la que se organizaría la gestión de residuos y la infraestructura ambiental metropolitana. Por un lado, la delimitación de la Región Metropolitana (en color rosa) establecida por el CONADE (1969), que amplía el Gran Buenos Aires (1947); por otro, el límite operativo adoptado por el CEAMSE en 1978 (línea verde), que incorpora el eje La Plata–Berisso–Ensenada y define un recorte funcional —denominado AMBA— para la gestión regional de residuos. En ese marco se inscribe la propuesta del green belt o cinturón ecológico, concebido como red de landfills (rellenos sanitarios) y como anillo verde estructurante de la metrópolis. Fuente: CEAMSE (1979). (La imagen a la que se hace referencia se encuentra arriba del párrafo).
La observación de estos escenarios invita a pensar la dictadura desde una perspectiva menos evidente: percibir las formas del poder autoritario a través de espacios asociados al esparcimiento, la naturaleza y el saneamiento. Se trata de un ejercicio del poder que actúa sobre la vida colectiva mediante la organización del territorio, la regulación de los flujos urbanos y la gestión ambiental. Muchas de esas intervenciones pueden leerse como dispositivos espaciales orientados a organizar prácticas, movilidades y modos de habitar.
Al mismo tiempo, esos mismos paisajes remiten a otras geografías del poder dictatorial. El Río de la Plata, escenario de los llamados “vuelos de la muerte”, así como diversos basurales, descampados y cementerios en la periferia del conurbano, recuerdan que la reorganización territorial del período convivió con un plan sistemático de desaparición forzada en el marco del terrorismo de Estado.
Foto de la Reserva Ecológica Costanera Sur, Buenos Aires. Este humedal urbano se formó sobre rellenos costeros realizados durante la última dictadura con escombros provenientes de demoliciones vinculadas al plan de autopistas. La regeneración espontánea de la vegetación y la dinámica del Río de la Plata transformaron ese terreno artificial en un paisaje protegido que hoy forma parte de la memoria de la ciudad. Foto: Materia Geografía Urbana y Regional, ICO-UNGS, 2025. (La imagen a la que se hace referencia se encuentra arriba del párrafo)
A cincuenta años del golpe, mirar el paisaje desde esta perspectiva invita a reconocer que la memoria no se guarda únicamente en archivos o sitios señalizados, sino también en la propia materialidad urbana. En tiempos en que resurgen discursos que reivindican o niegan el terrorismo de Estado, atender a estas marcas territoriales permite comprender que la dictadura que ejerció represión directa, también reorganizó de manera profunda el territorio y las formas de habitarlo. Muchas de esas intervenciones funcionaron como dispositivos duraderos de poder: infraestructuras y paisajes que, al transformar la ciudad, modelaron prácticas sociales y consolidaron formas persistentes de control sobre el espacio.
La ciudad, en ese sentido, sigue guardando memoria.
Por Leonardo Fernández,
director de la Licenciatura en Ecología del Instituto del Conurbano de la UNGS
Viernes 6 de marzo de 2026
Un análisis para detectar la presencia de microplásticos en alimentos
Con un nuevo equipamiento, la UNGS comienza a analizar la presencia de microplásticos en alimentos, con el objetivo de desarrollar una certificación disponible para la industria alimenticia.
Los microplásticos son muy pequeños pero forman parte de una problemática mundial por el impacto que generan en la salud y en el ambiente. Están en el mar, en el agua de red, en los hielos de la Antártida y en las cimas de montañas. También se encontraron microplásticos dentro de nuestro cuerpo y en los suelos donde se cultivan las frutas y verduras que comemos.
Luego de años de estudio sobre la presencia de microplásticos en suelos y en agua, un equipo de la UNGS comenzará a analizar su presencia en alimentos. Este servicio, disponible para la industria alimenticia nacional, se realizará con un nuevo equipo adquirido en el marco de la convocatoria Equipar Ciencia II, que cuenta con una configuración casi única a nivel nacional.
"Los microplásticos son uno de los contaminantes más estudiados hoy, provienen de la fragmentación de los plásticos que conocemos. El problema es que han disminuido muchísimo su tamaño y no sólo se han incorporado a nuestros suelos y a nuestros vegetales sino que también están presentes en los alimentos. Entonces aparece la necesidad de estudiarlos en distintas matrices", sostiene el director del proyecto Javier Montserrat, investigador y docente del Instituto de Ciencias de la UNGS e investigador independiente del Conicet.
El primer análisis se realizó en saquitos de mate cocido, a partir de un requerimiento particular de una empresa. “Trabajaremos en el desarrollo de una certificación de microplásticos controlados en alimentos, que esperamos poder ofrecer al resto de la industria alimenticia nacional", explica Montserrat, doctor en química.
Hasta el momento no existe una reglamentación sobre la presencia de microplásticos en alimentos. Sin embargo, la Unión Europea está avanzando en la reducción de plásticos en los envases de alimentos, en particular prohibiendo los envases con plásticos de un solo uso, que contengan polietileno, polipropileno o cualquier otro plástico derivado del petróleo, como podrían ser los saquitos de té, mate cocido o café.
Este servicio amplía las capacidades de la UNGS de vinculación y transferencia de conocimiento con el sector socio productivo. "Buscamos dar respuesta a demandas relacionadas con temas sensibles para la sociedad, como es la presencia de microplásticos en los alimentos, por las posibles consecuencias en la salud de las personas", asegura Gabriela Pereira Diz, directora de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Social de la UNGS, que también enfatiza el impacto que tendrán los resultados de este servicio científico y tecnológico en los procesos productivos y de comercialización.
Pisando fuerte en la III Conferencia Internacional sobre Desarrollo Regional (Red KIRDSA)
Con una importante participación de investigadoras e investigadores del Instituto de Industria (IDEI) de la UNGS, se realizó en febrero de 2026 en Buenos Aires la III Conferencia Internacional sobre Desarrollo Regional en América del Sur, impulsada por la Red KIRDSA (Research Network on Knowledge, Innovation and Regional Development in South America), integrante de la Regional Studies Association.
Tras Montevideo-Uruguay (2024) y Campinas-Brasil (2025), la tercera edición se desarrolló en el Campus Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín, y estuvo organizada de manera local por esta Universidad y también por el IDEI-UNGS. Se reunieron especialistas en política pública y representantes de organismos multilaterales, para discutir los desafíos del desarrollo territorial e innovación en América del Sur.
Investigadoras e investigadores de la UNGS, en su mayoría graduadas y graduados de la Universidad, vienen participando en forma activa en las actividades organizadas por la Red KIRDSA y, en esta oportunidad, presentaron distintos trabajos.
Florencia Fiorentin, graduada del IDEI (Economía Política) e investigadora docente, integró el equipo organizador y es coautora de dos trabajos que se presentaron. Uno realizado con Luciana Llorca, graduada del Instituto del Conurbano UNGS (Política Social) y becaria doctoral CIC-IDEI.
El otro, con Facundo Del Mazo, graduado del IDEI (Economía Política) y becario UNGS, y con Florencia Barletta, investigadora y docente del IDEI, graduada en la Universidad de Buenos Aires (Economía), quien además disertó en el panel Innovation and Regional Development: How to Overcome Territorial Asymmetries in Argentina junto con Soledad Villafañe (CEPAL-ARG) y Lilia Stubril (CONICET-CENIT/UNSAM).
Fernando Molina, graduado del IDEI (Economía Política) e investigador docente, presentó un trabajo, realizado junto a Darío Milesi, también investigador y docente del IDEI, y Vladimiro Verre, docente del mismo Instituto.
"El Congreso se centra en los estudios del desarrollo latinoamericano desde una mirada geográfica y, en ese sentido, se destaca la participación de investigadoras e investigadores de la UNGS, una universidad del conurbano y con áreas de investigación que contribuyen con estudios sobre brechas territoriales de desarrollo productivo, de conocimiento e innovación", sostiene Fiorentin.
Para la investigadora, que la tercera edición se haya realizado en Buenos Aires, con la UNGS y UNSAM como organizadoras, justamente es una importante contribución por parte de equipos argentinos a esos estudios y a la Red en general, y además permite ampliar las posibilidades de participación de investigadores del país. "Hacer un evento así es todo un esfuerzo y es importante para sostener la investigación soberana", remarcó la economista, graduada de la Maestría en Gestión de la CTI (IDEI).
Los trabajos de la UNGS presentados son:
Gender Biases in Scientific and Technological Production and the Development of Artificial Intelligence in the Province of Buenos Aires. Autoras: Luciana Llorca y Florencia Fiorentin.
Not only more, but also better. The relationship between specialization in high-tech industries and economic performance at the regional level. Autores: Facundo Del Mazo, Florencia Barletta y Florencia Fiorentin.
From Application to Port: How Multinational Patents Anticipate Imports in Argentina. Autores: Fernando Molina, Darío Milesi y Vladimiro Verre.
Viernes 6 de marzo de 2026
La reforma de la Ley de glaciares, entre el falso federalismo y el desprestigio a la ciencia
El proyecto impulsado por el gobierno nacional busca allanar el camino a las megacorporaciones mineras al habilitar la actividad en zonas donde actualmente está prohibida.
La reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno nacional busca habilitar el desarrollo de proyectos de megaminería en territorios donde esta actividad actualmente está prohibida por la Ley N.º 26.639, sancionada en 2010 tras un amplio proceso de debate público que involucró a científicos, organizaciones socioambientales, asambleas ciudadanas, especialistas en derecho ambiental y diversos actores sociales. Esta normativa reconoce a los glaciares como reservas estratégicas de agua para el consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas hidrográficas, además de su importancia para la biodiversidad, la investigación científica y el turismo. En consecuencia, prohíbe actividades que puedan alterar su condición natural o afectar sus funciones, incluyendo la exploración y explotación minera e hidrocarburífera.
La ley protege no sólo a los glaciares sino también al ambiente periglacial, un sistema ecológico que cumple un papel fundamental en la regulación hídrica y en el sostenimiento de los cuerpos de hielo. En 2018, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) publicó el primer Inventario Nacional de Glaciares, resultado de relevamientos realizados a lo largo de la Cordillera de los Andes. El informe identificó 16.968 cuerpos de hielo que ocupan una superficie de 8.484 km², con mayor concentración en Santa Cruz, seguida por Mendoza y San Juan.
En el marco de una política orientada a profundizar la reprimarización de la economía, y con el objetivo de atraer inversiones mineras, el gobierno de Javier Milei -con el apoyo de gobiernos provinciales cordilleranos-propuso al Congreso de la Nación modificar esta ley. La iniciativa combina argumentos que apelan al federalismo con un creciente desprestigio hacia el conocimiento científico y hacia las organizaciones sociales que defienden los territorios. En el Senado, el debate se centró en dos objetivos principales: quitarle al IANIGLA la autoridad sobre el inventario nacional de glaciares y transferir esa atribución a las provincias. Amparándose en el artículo 124 de la Constitución Nacional —que reconoce el dominio provincial sobre los recursos naturales— se busca debilitar la autoridad nacional y flexibilizar los criterios técnicos que definen qué áreas deben ser protegidas.
Este cambio se vincula con un segundo punto clave de la reforma: excluir al ambiente periglacial del inventario de glaciares y restringir la protección únicamente a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica” directa. De concretarse, esta modificación reduciría significativamente el alcance de la protección ambiental, permitiendo el avance de actividades económicas —especialmente la minería— en zonas actualmente vedadas.
El discurso que presenta a la minería como única vía posible para el desarrollo de las provincias cordilleranas no es nuevo: se remonta a las reformas neoliberales de la década de 1990. Sin embargo, el contexto actual agrega un elemento novedoso: una narrativa abiertamente anticientífica que desacredita el trabajo de instituciones públicas de investigación y minimiza la gravedad de la crisis climática y socioambiental.
Es preciso señalar que la reforma de la Ley de Glaciares no constituye una medida aislada. Forma parte de una estrategia más amplia orientada a promover la explotación de minerales considerados “críticos” para la transición energética global. A comienzos de 2026, Argentina firmó con Estados Unidos un “Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos”, que busca garantizar cadenas de suministro seguras y competitivas para estos recursos. Argentina, al igual que otros países del Sur global, se posicionan principalmente como proveedores de materias primas estratégicas.
Esta orientación se complementa con los beneficios otorgados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en el marco de la Ley Bases de 2024. El régimen concede a las explotaciones estabilidad fiscal por 30 años, reducción de controles ambientales y prioridad en el acceso al agua y energía, incluso por encima de las necesidades de las poblaciones locales, entre otros beneficios.
El 26 de febrero, el Senado aprobó la reforma con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Además de los senadores de La Libertad Avanza, que respaldaron la iniciativa en bloque, también votaron a favor Lucía Corpacci, exgobernadora de Catamarca, y Sergio Uñac, exgobernador de San Juan. Por su parte, organizaciones socioambientales, asambleas ciudadanas y colectivos territoriales han denunciado que la modificación de la ley votada en el Senado implica un retroceso en la protección de bienes comunes estratégicos como el agua.
La discusión continúa en la Cámara de Diputados, donde el tratamiento en comisiones resolvió –a pesar del plan inicial del gobierno- convocar a una audiencia pública en la que se garantice la participación de la ciudadanía con criterios federales. La Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú fueron el marco desde el cual se fundamentó la necesidad de esta instancia participativa que tendrá lugar el 25 y 26 de marzo.
En este escenario, el debate sobre la Ley de Glaciares pone en cuestión el modelo de desarrollo basado en la expansión del extractivismo y abre interrogantes sobre la llamada transición energética. Mientras ciertos países avanzan hacia la descarbonización, la presión por extraer minerales críticos en territorios del Sur global amenaza con generar mayores desigualdades, profundizar conflictos socioambientales y con consolidar nuevas formas de dependencia económica.
Ante la reforma de la Ley de Glaciares, la audiencia pública es una oportunidad para cuestionar el avance extractivo y para poner a prueba la vitalidad de nuestro sistema democrático.
Por Marian Sola Álvarez y Lorena Bottaro,
investigadoras y docentes del área de Sociología del Instituto de Ciencias de la UNGS.
Sobre las autoras
Lorena Bottaro se doctoró en Ciencias Sociales por la UNGS-IDES, es magíster en Economía Social y licenciada en Política Social. Marian Sola Álvarez es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, magíster en Planificación urbana y regional y socióloga. Ambas integran el área de Sociología del Instituto de Ciencias de la Uiversidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y desde hace años investigan sobre los conflictos socioambientales en torno a la megaminería a cielo abierto en Argentina.
Lunes 2 de marzo de 2026
Calculadora del cuidado: cuánto valen económicamente las tareas domésticas | Nuria Yabkowski en C5N y Agencia UNQ
En una entrevista en el programa Desde el conocimiento, que se emite por C5N, la socióloga Nuria Yabkowski, investigadora y docente del área de Política del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS, habló sobre las característica de la Calculadora del cuidado, la aplicación que permite medir el tiempo que una persona dedica a las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas.
La aplicación fue creada en 2021 por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, diseñada con la asistencia técnica de la OIT y desarrollada por WINGU, una ONG que trabaja con tecnología con impacto. La nueva versión ya se puede consultar en el siguiente enlace Calculadora del cuidado y está basada en esa aplicación que en 2024, con el cambio de gobierno, dejó de funcionar en la página web del Ministerio de Economía.
Yabkowski, directora del proyecto, también fue entrevistada por la Agencia de Noticias de Científicas de la UNQ. “Es una forma de visibilizar la enorme cantidad de tiempo que destinamos a este tipo de tareas y su valor económico. Somos las mujeres las que nos encargamos mayoritariamente de este trabajo y lo hacemos de forma no remunerada. Si esto no se empieza a visibilizar con mayor impacto, no tenemos la posibilidad de bregar por políticas públicas que contribuyan a redistribuir esas tareas”, dijo Yabkowski. La nota completa se puede leer a continuación: Vuelve la “Calculadora del cuidado”, una herramienta para medir el valor de las tareas domésticas y afines.
El proyecto es financiado con fondos propios de UNGS a través de la convocatoria PIO CyTUNGS, que busca generar impacto en la comunidad. Cuenta con la participación de un equipo interdisciplinario conformado por investigadoras de los Institutos del Desarrollo Humano (IDH), del Conurbano (ICO) y de Ciencias (ICI) de la UNGS y también del área de Sistemas de la UNGS. Para hacer posible este proyecto participan también la empresa Wingu y la OIT, que tuvieron un rol central en el desarrollo de la aplicación en 2021.
"Cerraron 21.938 empresas y se destruyeron 180.632 puestos de trabajo formales" | F. Fiorentin y F. Molina en Perfil
"La economía de Milei está estancada", aseguran Florencia Fiorentin y Fernando Molina, investigadora e investigador docente del Instituto de Industria de la UNGS, en un artículo de opinión publicado en Perfil.
En la nota, Fiorentin y Molina describen en detalle y con números la situación económica en Argentina: "Durante el gobierno de Milei cerraron 21.938 empresas y se destruyeron 180.632 puestos de trabajo formales".
Al hacer referencia a los postulados del economista John Maynard Keynes, dicen: "a la gestión económica actual le falta conocimiento sobre teoría e historia económica".
Niños a la escuela, menores a la cárcel | Carolina Zapiola y Florencia Gentile en Anfibia
Las investigadoras y docente del Instituto de Ciencias de la UNGS Carolina Zapiola y Florencia Gentile son las autoras de un artículo publicado por Anfibia respecto a la baja de la edad de punibilidad.
"La distinción entre 'niños' y 'menores peligrosos' es la gramática que organiza las discusiones sobre la edad de responsabilidad penal en nuestro país desde hace 150 años", expresaron.
Y afirmaron: "¿Estamos frente a una ola de menores delincuentes que amenazan la seguridad nacional? Los datos son categóricos en desmentir este supuesto".
"¿La industria nacional para el gobierno? ¡Afuera!" | Arnaldo Ludueña en Diagonales
El investigador y docente del Instituto de Industria de la UNGS Arnaldo Ludueña analizó la actualidad económica en un artículo de opinión publicado en Diagonales.
"Una economía sin industria puede mostrar cuentas prolijas durante un tiempo, pero difícilmente sostenga crecimiento, empleo y cohesión social", afirmó Ludueña.
La UNGS rechazó el proyecto del Gobierno Nacional que reemplaza la Ley de Financiamiento Universitario
A través de una declaración, el Rectorado de la UNGS, con el apoyo unánime del Consejo Superior, rechazó el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional que propone reemplazar la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795, sancionada en 2025.
En el documento, exhortaron al "estricto cumplimiento de la normativa vigente y de las decisiones judiciales que la resguardan, en defensa de la legalidad, la estabilidad institucional y el sostenimiento del sistema universitario público argentino".
Advirtieron, además, que el proyecto presentado por el Gobierno Nacional no recompone la pérdida salarial acumulada y, por el contrario, "consolida una reducción significativa del salario real respecto de la situación previa y hace prever nuevas pérdidas salariales en 2026".
Y sostienen que la decisión de no ejecutar la Ley 27.795 "no obedece a la inexistencia de recursos, sino a una definición política acerca de la asignación de prioridades presupuestarias y supone una clara violación del Estado de Derecho".
A continuación, la declaración completa:
El Rectorado de la Universidad Nacional de General Sarmiento, con el apoyo unánime de la sesión plenaria del Consejo Superior reunida el día 18 de febrero de 2026, expresa su completo rechazo al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional que propone reemplazar la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, sancionada en 2025.
Lo que se encuentra en discusión no es meramente una alternativa normativa en materia presupuestaria. La aprobación de un nuevo régimen en las actuales condiciones implicaría la convalidación legislativa del incumplimiento deliberado de una ley vigente y de una medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, que ordenó al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de dicha norma.
La cautelar estableció expresamente que la obligación de cumplimiento rige hasta tanto se dicte sentencia definitiva. En consecuencia, aun mediando apelación, el Poder Ejecutivo debe ejecutar las previsiones salariales y presupuestarias contenidas en la ley vigente. El incumplimiento de esa orden judicial configura un grave precedente institucional.
En términos sustantivos, la Ley 27.795 establece mecanismos de recomposición salarial y actualización presupuestaria orientados a recuperar el poder adquisitivo deteriorado del personal docente y nodocente, así como a fortalecer el sistema de becas y el financiamiento universitario general. Aún tomando las cuestionadas estimaciones inflacionarias que produce el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, podemos ver que para recuperar el poder adquisitivo de los salarios de noviembre de 2023, los ingresos universitarios deberían incrementarse en más de un 50% a valores de hoy.
El nuevo proyecto propone una recomposición solamente del 12,4% que, para peor, supone pagos en cuotas a abonarse entre marzo y septiembre, en un contexto de inflación mensual cercana al 3%. En términos reales, ello no sólo no recompone la pérdida acumulada, sino que consolida una reducción significativa del salario real respecto de la situación previa y hace prever nuevas pérdidas salariales en 2026.
A ello se suma un argumento central que torna particularmente inaceptable la iniciativa en debate. En la apelación presentada el 12 de febrero por la Procuración del Tesoro de la Nación, el Poder Ejecutivo sostuvo que la aplicación de la ley vigente afectaría el equilibrio fiscal por carecer de previsión de ingresos suficientes.
Sin embargo, en la misma semana en que formuló tal planteo, el Congreso aprobó una Ley de Modernización Laboral cuyo costo fiscal, medido como porcentaje del Producto Bruto Interno, equivale aproximadamente al doble del costo que implicaba la Ley de Financiamiento Universitario durante 2025.
Desde un punto de vista estrictamente material, ello demuestra que no existe una imposibilidad objetiva de cumplimiento derivada de restricciones fiscales insuperables. Por lo tanto, la decisión de no ejecutar la Ley 27.795 no obedece a la inexistencia de recursos, sino a una definición política acerca de la asignación de prioridades presupuestarias y supone una clara violación del Estado de Derecho.
Por otra parte, aun en caso de ejecutarse plenamente la Ley 27.795, el gasto público en educación superior continuaría ubicándose por debajo del promedio regional latinoamericano, según los últimos datos disponibles de la Red Iberoamericana de Indicadores de Educación Superior. No se trata, por lo tanto, de un esquema extraordinario o desproporcionado, sino de un intento de sostener niveles de financiamiento que dificulten, o hagan imposible, el sostenimiento del derecho a la educación superior.
Por todo lo expuesto, el Rectorado de la Universidad Nacional de General Sarmiento, con el apoyo unánime de la sesión plenaria del Consejo Superior reunida el día 18 de febrero de 2026, reafirma su rechazo al proyecto de reemplazo de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795 y exhorta al estricto cumplimiento de la normativa vigente y de las decisiones judiciales que la resguardan, en defensa de la legalidad, la estabilidad institucional y el sostenimiento del sistema universitario público argentino.
Miércoles 25 de febrero de 2026
El área de Economía del Conocimiento entre los ganadores de la convocatoria Marie Skłodowska-Curie Actions
Un equipo del área de Economía del Conocimiento del Instituto de Industria de la UNGS obtuvo financiación en el marco de la convocatoria Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), que otorga la Unión Europea para la formación doctoral y posdoctoral.
Con este financiamiento, el equipo del IDEI se integra formalmente a una red global para investigar sobre cadenas globales de valor de cara a los desafíos de la sustentabilidad medioambiental y social.
Para la convocatoria 2026 se presentaron 363 proyectos y fueron adjudicados 81, entre ellos el proyecto presentado por la UNGS junto a otras universidades europeas. El financiamiento prevé estancias en el exterior de investigadores docentes, investigadoras docentes, becarias y becarios del área de Economía del Conocimiento de la UNGS, organización de eventos científicos y recepción de investigadores, investigadoras, becarias y becarios de España, Francia e Italia.
“GLOBal chain Ecosystems for Resilience, Innovation, Sustainability and Equity” (GLOBERISE), es el título del proyecto presentado, que aborda desafíos clave en la intersección entre sostenibilidad, cambio tecnológico y resiliencia en las Cadenas Globales de Valor (GVCs). Su objetivo es fortalecer las GVCs potenciando sus ventajas competitivas y preparándolas para enfrentar diversas amenazas, agrupadas bajo el acrónimo STRIKE (Security, natural caTastrophes, geoRisks, Infections, risKs and Emergencies).
“Vamos a estar investigando sobre política industrial para la colaboración entre UE-MERCOSUR, para el desarrollo de cadenas globales de valor en sectores de alta y media tecnología. Y, al mismo tiempo, como sectores de media y alta tecnología pueden potenciar el desarrollo de CGV más “tradicionales”, explicaron las y los integrantes del área.
Por la UNGS, las y los investigadores que forman parte de este proyecto son Darío Milesi, Sonia Roitter, Diana Suárez, Marcelo Defini, Vladimiro Verre y Analía Erbes, y las becarias, becarios y estudiantes de doctorado en Economía de la UNGS son Florencia Barletta, Florencia Fiorentin, Mariana Ortiz, Betiana Montengro, Fernando Molina y Johanna Herrera.
