Miércoles 7 de abril de 2021

Al borde de los bordes

A partir de una noticia de fuerte repercusión mediática en las últimas semanas, el autor de esta nota, especialista en el problema de las condiciones de vida de las infancias más desfavorecidas en la Argentina actual, reflexiona sobre los déficits y los desafíos de las políticas públicas para el sector.

La noticia de la desaparición de una nena de siete años generó una gran conmoción social y si bien su recuperación a los pocos días trajo alivio, dejó al descubierto las condiciones de marginalidad urbana en la que sobreviven muchas personas y familias enteras en situación de calle. La escena del toldo bajo un árbol frente a la Villa Cildañez donde dormía la pequeña con su mamá en el postergado sur de la Ciudad de Buenos Aires –la jurisdicción subnacional con los mayores presupuesto público y PBI per cápita del país– condensa y resulta emergente de desigualdades estructurales y persistentes de larga data.

A veces las situaciones que cobran mucha visibilidad pública –como en este caso a través de los vecinos que se movilizaron y de los medios de comunicación– impulsan temas/problemas en la agenda política. Pero eso no alcanza para que se consolide como prioridad y se traduzca en acciones transformadoras, para eso hace falta decisión política (que implica recursos y continuidad en el tiempo) y diseños pertinentes con modos de implementación acordes a la complejidad de la problemática. Al respecto, como cuestión de fondo fundamental, la situación de esta niña y su mamá da cuenta de las dificultades en el acceso a la vivienda para amplios sectores sociales y de una crisis habitacional agravada en los últimos años y poco atendida por la gestión del gobierno de la CABA. Esto se potencia en un contexto donde también empeoró la situación laboral y de ingresos para el sector informal y asalariado durante los cuatro años de gestión macrista y luego empeorada por el contexto de la pandemia. Este déficit de acceso a la vivienda opera como un condicionante inexorable para muchos programas de atención a la emergencia de las personas en calle (el subsidio que otorga el gobierno de CABA resulta insuficiente y se termina a los seis meses o a los nueve si se prorroga, pero no se articula con planes de vivienda ni de inserción laboral).

En cuanto a la caracterización del problema vale establecer una precisión técnica ya que bajo el genérico “personas en calle” se engloban situaciones diferentes en términos causales y en relación a la población de referencia, que por ende requieren diferentes abordajes. En términos un tanto esquemáticos y sin intención de exhaustividad podemos diferenciar tres situaciones distintas (que insisto requieren intervenciones diferentes): las personas adultas en calle; les niñas/os y adolescentes en calle; y –en lo que puede plantear algún solapamiento o intersección entre ambos grupos– la situación de familias en calle (desde ya podríamos continuar la diferenciación por ejemplo considerando: géneros, procedencia o condición migrante, problemas de salud mental, adicciones, entre otras). La situación de la pequeña y su mamá responde a un grupo familiar en situación de calle, es decir no es una nena que en determinadas circunstancias se ausenta del hogar y/o que fuera expulsada del mismo y en ese contexto deambula por la calle. El vínculo con la mamá ha sido valorado positivamente por la familia ampliada (la tía y la abuela a la cabeza) y por una vecindad que además las reconoce como parte del barrio. Ciertamente a la cuestión de la falta de vivienda se suma el problema de una adicción por parte de la mamá y cuestiones básicas de cuidado referidas a una niña de siete años que la situación de calle quebranta y expone a mayores vulneraciones (como quedó de manifiesto en el secuestro de la pequeña).

En este punto a la cuestión de fondo del déficit de vivienda se agrega la pregunta por los programas de atención a la emergencia de familias en calle del gobierno de la CABA. La situación nos interroga sobre el alcance territorial de programas sociales para la niñez en los barrios más pobres y nos plantea preguntas básicas: ¿por qué no iba a la escuela y no fue a un jardín? ¿recibe la AUH? ¿concurría al centro de salud para seguimiento integral pediátrico? ¿tuvo contacto la mamá con los organismos del sistema de protección? Que una niña de siete años esté afuera de la escolarización y de la AUH es alarmante y pone en evidencia la falta de trabajo territorial por parte de los programas sociales o bien la falta de enlace entre los servicios de atención a la emergencia y los equipos y proyectos que trabajan en dispositivos territoriales. También se nos imponen interrogantes en torno a la precariedad que las políticas públicas presentan en los territorios más devastados de la CABA, donde es imprescindible contar con una presencia estatal de envergadura para el abordaje de las problemáticas sociales. En este marco se deja a las familias en una situación de mucha indefensión para luego culpabilizarlas porque no accedieron por sus propios medios a los derechos consagrados en las normativas vigentes. En este ítem me permito una breve referencia autobiográfica que da cuenta de los déficit de las políticas sociales en territorio y en particular para la primera infancia en la ciudad: En los inicios de la democracia fui parte de un jardín maternal municipal al que concurrían las nenas y nenes de esa Villa, la del Arroyo Cildañez, con un proyecto pedagógico novedoso (que se destacaba por la inclusión de maestras jardineras, de estudiantes de carreras universitarias y por primera vez por la incorporación de tres varones a cargo de salas). En aquel momento del retorno a la democracia, el jardín se inauguró para atender 180 niñas/os de 45 días a 3 años, hoy atiende a la mitad y el proyecto pedagógico innovador ya a los pocos años de su inicio comenzó a decaer. A contramano de esa menor presencia estatal (en cantidad y en calidad) hoy el barrio cuenta con dos centros de primera infancia a cargo de organizaciones sociales. Y la villa, donde las condiciones de vida siguen siendo precarias, muestra también la solidaridad y un nivel de contacto y conocimiento de la pequeña que dan cuenta de una dimensión de sociabilidad intensa no tan presente en otros barrios de la ciudad. Claro que con esto no alcanza (y evidentemente no alcanzó) porque el Estado no se puede desentender del cuidado de la primera infancia.

Un comentario aparte merece el operativo de búsqueda, donde el Alerta Sofía funcionó con mucha repercusión en los medios de comunicación y de un modo razonable en cuanto a la coordinación interjurisdiccional de las fuerzas de seguridad (a pesar de la poco feliz puesta en escena del ministro de seguridad de la Provincia en la conferencia de prensa final). En este ítem hay que señalar que la ciudad cuenta un equipo de profesionales con mucha experiencia y altamente capacitado para las intervenciones que se generan a partir del registro de chicos perdidos (en todo caso cabe preguntarse sobre la continuidad y el seguimiento de estas situaciones cuando se genera el pasaje a los equipos o dispositivos territoriales). Lo que parece continuar siendo un punto débil en estos procedimientos es la recepción de las denuncias por parte de la policía local (paso imprescindible para que luego se involucre la fiscalía de turno que debe comandar el operativo). El caso muestra que se demoraron en tomarle la denuncia a la mamá y allí suelen operar prejuicios sociales que actúan como filtros selectivos (clasistas y/o de género). El otro componente muy visible fue el nivel de involucramiento de los medios de comunicación, algo muy importante en el momento de la búsqueda que resultó clave en el amplio conocimiento y participación ciudadana (fue la llamada de una vecina al 911 la que permitió encontrarla) pero que luego muestra también algunos usos deplorables que exponen la intimidad de la pequeña y continúan potenciando su situación de vulnerabilidad (tal el repudiable e ilegal uso del caso en el programa de A24 de la periodista Viviana Canosa).

El escenario de pandemia vuelve aún más compleja la situación social y económica, sin embargo nuestras infancias no pueden esperar. Sin duda, el momento de alta atención que concitó la búsqueda de la pequeña ya pasó y la pregunta es que queda de toda esta movilización. Por un lado, obviamente, está la intervención que están realizando los equipos de los organismos de protección de derechos de la ciudad para asegurar un entorno adecuado para la continuidad de una vida digna para esta niña y su mamá (en este ítem hay múltiples aristas en cuanto a los desacoples entre los organismos administrativos y judiciales a revisar que exceden los alcances de este artículo). Pero además está la pregunta en torno a cómo las políticas públicas comienzan a saldar las asignaturas pendientes en materia de vivienda y cómo de manera impostergable se asegura el acompañamiento a las familias para el cuidado de la primera infancia, no puede haber niñas/os viviendo en la calle, indocumentados y que no reciban la AUH ni pueden estar por fuera de la escolaridad a partir de los cuatro años. La primera infancia marca nuestras trayectorias biográficas y las asimetrías en torno a su cuidado dan cuenta y reproducen las desigualdades de clase y de género, esta situación interpela las vacancias y déficits por parte del Estado (en sus diferentes niveles jurisdiccionales) respecto a una asignatura pendiente desde el retorno a la democracia que no ha consolidado una política efectivamente integral de cuidado para la primera infancia, indispensable para construir una sociedad más justa e igualitaria.

Por Javier Moro

*Nota publicada en la edición especial Tiempo Ahora de la revista Noticias UNGS el 29 de marzo de 2021.