Jueves 24 de julio de 2025
AySA a la venta: privatización del mayor sistema metropolitano de agua y saneamiento de América Latina
El ecólogo y urbanista Leonardo Fernández, investigador y docente del Instituto del Conurbano de la UNGS, habla en esta nota sobre la importancia estratégica de AySA y analiza las características del decreto del Gobierno que avanza con la privatización de esta empresa que abastece de agua a 11 millones de personas y brinda servicio de cloacas a casi 9 millones del AMBA.
Uno. Importancia estratégica del sistema metropolitano AySA
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) es una empresa pública creada en 2006, que actualmente abastece de agua potable a más de 11 millones de personas y presta servicios de cloacas a casi 9 millones dentro de una misma unidad territorial: el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), integrada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 26 municipios del conurbano bonaerense. Es una escala impresionante que la posiciona como el mayor operador urbano de agua y saneamiento de América Latina, comparable con Thames Water (Londres) o el Bureau of Waterworks (Tokio), que atienden entre 12 y 16 millones de usuarios cada uno.
La diferencia con sistemas aún más grandes—como Sabesp de São Paulo, que presta servicio a unos 28 millones de personas— radica, justamente, en su carácter de unidad operativa metropolitana: mientras que este se reparte entre distintos municipios o están fragmentados entre varios concesionarios, AySA opera de forma territorialmente unificada. Se trata de un operador público que integra técnica, institucional y territorialmente el ciclo del agua para toda la región metropolitana, un rasgo único en América Latina. Produce, distribuye y trata los efluentes para todo el AMBA, con una estructura tarifaria y de subsidios homogénea, lo que le ha permitido planificar inversiones de infraestructuras estratégicas y coordinar respuestas hídricas de alcance regional de manera sostenida en el tiempo.
Dos. Cobertura, calidad del servicio y sustentabilidad ambiental
Más allá de su escala operativa, es fundamental observar qué tipo de cobertura garantiza hoy AySA y cuáles son sus desafíos estructurales.
Pese a que abastece al 79 % de los hogares del AMBA con agua de red, la conexión cloacal alcanza al 67 %, con déficits concentrados en los bordes del conurbano de menor nivel socioeconómico.
En los últimos años, la empresa amplió su cobertura territorial a 9 nuevos municipios del AMBA, incorporando áreas densamente pobladas con fuertes carencias estructurales. Esto incrementó tanto los desafíos de inversión pública como el acceso efectivo en sectores de bajos ingresos. Cerca de dos millones de familias dependen hoy del recurso hídrico vital a través de perforaciones y pozos absorbentes a las napas.
Esta situación no sólo evidencia un déficit estructural, sino que implica un riesgo sanitario latente, especialmente en zonas donde las perforaciones de agua se ubican a escasa distancia de cámaras sépticas o pozos negros en suelos con baja capacidad de infiltración. La combinación de napas contaminadas, efluentes sin tratamiento y alta densidad urbana conforma un escenario de precarización del hábitat, propicio para la proliferación de enfermedades hídricas evitables, como gastroenteritis, parasitosis intestinales y metahemoglobinemia, entre otras.
La experiencia de los años '90 mostró que, bajo gestión privada, la cobertura del servicio tendió a concentrarse en las zonas de mayor rentabilidad relativa, ampliando la brecha socioeconómica en el acceso. La nueva concesión corre el mismo riesgo, reforzado por el propio DNU que transfiere el control estatal a manos privadas. Aun cuando el pliego licitatorio establezca metas obligatorias de cobertura y mecanismos de subsidio cruzado, el resultado más probable sigue siendo una profundización de las desigualdades en el acceso a estos dos servicios esenciales.
La sustentabilidad hídrica del sistema está seriamente comprometida. Hoy el ciclo urbano del agua entrega unos 6,2 millones de m³ diarios potabilizados —casi en su totalidad extraídos del Río de la Plata—, pero sólo trata el 46 % de los efluentes generados.
Aunque el Sistema Riachuelo ha permitido que una porción creciente de esos vertidos reciba tratamiento adecuado —evitando el vuelco directo al Matanza-Riachuelo—, aún persisten descargas crudas o insuficientemente tratadas hacia otras cuencas. En paralelo, se infiltran en los acuíferos Puelche y Pampeano, ya afectados por niveles de nitratos y contaminación biológica asociada.
Esta degradación ambiental tiene también consecuencias sanitarias directas: el consumo domiciliario de agua contaminada o el contacto con vertidos sin tratamiento incrementa los riesgos de enfermedades infecciosas, particularmente entre las poblaciones más vulnerables. La privatización del sistema, si no garantiza mecanismos efectivos de control y expansión equitativa del servicio, puede agravar estos problemas con impactos diferenciales en salud pública de la población urbana.
Al mismo tiempo, el contexto de variabilidad climática —como se experimentó la bajante histórica del Paraná (2020–21) y episodios cada vez más frecuentes de lluvias extremas— expone la vulnerabilidad de un sistema que depende fundamentalmente de una única gran fuente superficial. Sin un plan que reduzca las pérdidas en red (hoy en torno al 30 %), diversifique la captación entre río y acuíferos, y promueva el reúso o tratamiento de aguas grises, la privatización podría profundizar un desbalance hídrico: sobreexplotación del recurso superficial, contaminación de las napas y vertidos sin tratamiento en zonas de cobertura deficiente.
En suma, universalizar el servicio —alcanzar el 100 % de cobertura de agua y cloacas— y cerrar el circuito ambiental exige continuidad institucional, planificación territorial y una fuerte conducción pública del sistema. Se trata de una tarea de largo plazo que requiere capacidad técnica, legitimidad social y coordinación metropolitana.
Sin embargo, en lugar de consolidar esa dirección estratégica, el Gobierno nacional ha optado por habilitar su traspaso al capital privado, dolarización tarifaria y fragmentación de la gobernanza del agua en función de urgencias fiscales y criterios de rentabilidad.
Tres. Nuevo marco regulatorio decretado (DNU 493/2025)
A pesar de estos desafíos aún pendientes, el Gobierno ha optado por avanzar en un proceso de privatización habilitado por el nuevo DNU 493/2025 del 22 de julio de 2025, que se apoya en la Ley Bases (27.742), cuya constitucionalidad aún está pendiente de revisión por la Corte Suprema. Mientras tanto, la pasividad judicial le otorga validez de facto a un esquema legal que habilita la transferencia de activos públicos. El decreto sustituye parcialmente el Marco Regulatorio establecido por la Ley 26.221/07, con el objetivo de viabilizar la privatización prevista en la mencionada Ley Bases. Entre los cambios más relevantes se destacan:
- Redefine el rol del Ente Regulador (ERAS) y de la Agencia de Planificación (APLA), crea un mecanismo de arbitraje entre el Estado y la futura concesionaria, y exige la presentación anual de un "Plan de Acción" que incluya catastro digital y medición universal de consumo;
- Establece un “Plan Director de Mejora Estratégica”, revisable cada cinco años, para orientar la expansión de redes y obras básicas;
- Autoriza el uso de servidumbres, expropiaciones y la utilización de ingresos tarifarios como garantía financiera para la concesionaria;
- Mantiene un 10 % de participación accionaria para los trabajadores, pero permite al Estado vender total o parcialmente el 90 % restante;
- Establece una cláusula transitoria de hasta cinco años para implementar gradualmente las nuevas reglas tras la concesión.
Cuatro. Postura gremial
En este escenario, uno de los primeros actores en reaccionar fue el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), que en su comunicado titulado “Proceso de reorganización societaria de AySA” sostiene que la operación “no se trata de una privatización tradicional” y celebra la retención del 10 % del paquete accionario para los trabajadores. Sin embargo, convalida lo esencial: el DNU 493/2025 habilita la venta del 90 % restante, actualmente en manos del Estado nacional.
Al reducir el debate a la garantía de la participación de los trabajadores, el sindicato deja fuera del foco aspectos socialmente decisivos para ceder activos de estado a actores privados, como la evolución tarifaria, las metas de expansión del servicio o el resguardo del convenio colectivo. Así, llega a la mesa de discusión con un posicionamiento meramente defensivo, sin disputar los términos de fondo de la transformación de la empresa pública propuesta.
Esta postura reactiva queda más expuesta si se la contrasta con los hechos: desde enero de 2024, la dotación de personal se redujo en más de 3.500 puestos de trabajo, entre 1.200 retiros voluntarios, al menos 200 despidos directos y la no renovación de más de 2.000 cooperativistas. Sin exigencias claras ni herramientas institucionales para condicionar la futura gestión privada, el sindicato corre el riesgo de ceder en los hechos el control sobre el destino del servicio y de sus propios representados.
Cinco. ¿Cómo sigue?
Parece que todo dependerá del pliego licitatorio: se definirán las metas de cobertura, el calendario de inversiones, el esquema tarifario y la composición del directorio; es decir, las cuestiones centrales del futuro control político, económico y territorial sobre el ciclo hidrosocial metropolitano que hoy gestiona AySA.
En ese marco, también se jugará el lugar real que ocuparán los trabajadores, en un momento en que está en juego no sólo el destino del empleo, sino la misión pública de un servicio vital para más de 14 millones de habitantes del AMBA.
Mientras tanto, el Gobierno deja trascender que venderá AySA por unos USD 500 millones, aunque no queda claro si el destino será un operador israelí o un pool de empresarios locales. La cifra impresiona… hasta que se contrasta: equivale apenas a una fracción de lo que el Tesoro nacional moviliza en una semana con emisiones de letras y bonos de corto plazo, que pueden multiplicar varias veces ese monto en un verdadero festival de deuda para sostener una transitoria estabilidad cambiaria.
Privatizar al mayor operador de agua de América Latina —responsable de garantizar un servicio esencial en la principal región metropolitana del país— por el costo de unas pocas jornadas en la mesa de dinero, orquestada entre el Ministerio de Economía y el BCRA. Ironías líquidas —y trágicas— de una política económica dispuesta a desprenderse de un activo estratégico por un puñado de dólares, al precio de remate de una urgencia fiscal circunstancial.
En definitiva, lo que está en juego no es solo una empresa pública: es la forma en que la sociedad decide organizar un derecho humano esencial en la región más densamente habitada del país.
Por Leonardo Fernández
