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Lunes 25 de marzo de 2019

Contra la banalización de los problemas universitarios | Gabriela Diker en Página/12

Por Gabriela Diker, rectora de la UNGS.

Bajo el título “Universidad: el 45,5 por ciento de los alumnos aprueba una materia por año”, el diario La Nación reseña el último informe publicado por el Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano dirigido por Alieto Guadagni. Se trata de un informe de apenas cuatro páginas que reproduce los cuadros consolidados en los Anuarios Estadísticos del Ministerio de Educación en los que se cruzan la cantidad de estudiantes que se reinscribieron en cada universidad para continuar sus carreras, con la cantidad de materias aprobadas el año anterior.

Únicamente sobre la base de estos datos, el informe arriba a dos conclusiones que son retomadas en el artículo firmado por Soledad Vallejos en el diario La Nación: 1) que aumentó el número de estudiantes que aprobaron una o ninguna materia en un año lo que expresaría “una desmejora general del rendimiento académico de los alumnos de universidades nacionales en la última década”; 2) que el rendimiento académico es más alto en las universidades privadas, aunque estas también registran una desmejora en ese indicador en el período.

Como Rectora de una de las universidades incluidas entre “los peores casos” en un cuadro a todo color que encabeza esa nota, me veo obligada a hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, que ese ranking de “los peores”, que no consta en el informe del CEA y que ha sido diseñado especialmente para ser publicado en La Nación, no muestra las universidades con mayor proporción de estudiantes que aprueban menos de una materia ni en 2005 ni en 2015, sino las que mostrarían mayor crecimiento de ese indicador comparando 2005 con 2015. En general, considero que la publicación de ránkings de instituciones educativas es completamente inútil a los fines de pensar seriamente sus problemas o el diseño de políticas públicas y, en tal sentido, me resulta irrelevante sobre qué indicadores se contruyen. Sin embargo, no puedo dejar de señalar que el criterio elegido por La Nación en este caso en particular, le permite incluir entre las peores, a cinco universidades del Conurbano (sobre ocho en total), mientras que si lo hubieran construido siguiendo el criterio de las que acumulan hoy los peores indicadores de aprobación de materias, no hubiera entrado ninguna (de hecho, si se avanza un poco en la lectura del artículo de La Nación, puede encontrarse un párrafo en el que se mencionan universidades que en 2015 superan los datos correspondientes a las incluidas en ese cuadro por más de 20 puntos. Ninguna es del Conurbano).

También debería aclarar que en el caso particular de la UNGS, el dato 2005 que se toma como referencia para mostrar que es uno de los “peores casos” de “desmejora general del rendimiento académico” es un dato evidentemente inconsistente que arrastra un error de la propia fuente del Ministerio de Educación. En efecto, el Anuario de Estadísticas Universitarias de 2005 que reproduce el informe del CEA, consigna para la UNGS que sólo el 2,5 por ciento de sus estudiantes habrían aprobado una materia o ninguna el año anterior y que el 79 por ciento habría aprobado más de 6. Este dato en sí mismo podría no llamar la atención. Sin embargo, lo que resulta difícil explicar es por qué, según la misma fuente, la cantidad de estudiantes de la UNGS que lograron aprobar más de 6 materias en un año cae al 6 por ciento al año siguiente y los que aprueban una materia o ninguna suben a aproximadamente el 50 por ciento, proporciones que, con algunas variaciones, se mantienen a lo largo de la década considerada. Esta fuerte variación debería bastar para reconocer que hay un evidente error en el dato de partida.

Por supuesto no nos sorprende que el diario La Nación, que encabeza una campaña sistemática de desprestigio de las universidades públicas argentinas, publique datos tan evidentemente erróneos y que con ellos construya especialmente un ránking que le permite colocar a la Universidad Nacional de General Sarmiento y a varias del Conurbano entre “los peores casos” de rendimiento académico. Lo que sí resulta sorprendente es que los especialistas en estadística educativa del CEA no hayan advertido un error que salta a la vista con una mirada rápida a su propia fuente de datos, que hayan arrastrado ese error al calcular los datos promedio para la totalidad de las universidades nacionales y que, sobre esa acumulación de errores, afirmen que se registra “una desmejora general en el rendimiento académico de los alumnos de universidades nacionales de gestión estatal en la última década”. Más sorprendente todavía es que especialistas en estadística educativa consideren que un indicador simple como cantidad de materias aprobadas por año es suficiente para medir “en general” el rendimiento académico de las universidades públicas y privadas, o que omitan justificar la validez de su comparabilidad entre instituciones con regímenes académicos y exigencias evaluativas muy heterogéneas.

Desde ya, podría seguir añadiendo consideraciones técnicas sobre la construcción y el uso de datos estadísticos, pero está claro que la cuestión de fondo es otra. Lo que el artículo de La Nación representa es un ejemplo más de una operación discursiva a la que los tiempos macristas nos tienen acostumbrados y que ya hemos descripto en este diario: se simplifica un fenómeno complejo (el rendimiento académico de las universidades); se introducen algunos datos numéricos (cantidad de materias aprobadas por año); se sigue con alguna clase de comparación con “el mundo” (en la misma nota Guadagni menciona a Francia, Japón, los países nórdicos, México, Colombia, Brasil y Chile) y se presenta una solución como si derivara directamente de los datos iniciales y fuera, además, la única posible. En este caso, seleccionar a quienes ingresan como estudiantes a las universidades.

Como es evidente, la rigurosidad o la validez de los datos que se utilizan en este tipo de montaje, es completamente secundaria. Lo que importa es que entre el dato, cualquiera sea, y la solución, se establezca una relación de necesariedad, como si la restricción del ingreso a la universidad no fuera una posición política sino la única solución posible para mejorar los índices de aprobación de materias por año.

Lo más preocupante para quienes tenemos la responsabilidad de conducir una universidad pública, es que este tipo de argumentaciones sólo simplifican y banalizan los verdaderos problemas que por supuesto atraviesan la formación universitaria. Porque está claro que tenemos un problema con el ritmo de avance en los estudios y las tasas de graduación. Pero no es un problema que se pueda adjudicar a la “poca perseverancia” de quienes estudian en nuestras universidades, como sugiere el funcionario de la Universidad Austral citado por La Nación en esa nota cuando afirma que “brindar a los chicos un mensaje social más exigente sobre el valor del ingreso a los estudios superiores les podría ayudar a aumentar su compromiso y perseverancia”. Si algo les sobra a lxs estudiantes de nuestra Universidad, que no son “chicos”, que trabajan extensas jornadas, que no pueden delegar ni pagar el cuidado de sus hijos, que vienen remontando muchas veces trayectorias educativas y vitales muy complejas, es perseverancia. Si algo no necesitan, es más barreras en el acceso a sus derechos para valorar lo que les ofrece la universidad ni para aumentar su compromiso.

Lo hemos dicho más de una vez: los problemas de rendimiento académico de lxs estudiantes universitarios, no se resuelven seleccionando en el ingreso. Eliminar un problema no es solucionarlo. Si creemos que la calidad de la educación recibida en la escuela secundaria incide en las posibilidades de avanzar y graduarse en la universidad, entonces habrá que generar políticas de mejora de la calidad de la educación secundaria, no un examen de finalización del nivel que seleccione a los “mejores” para ingresar a las universidades, tal como propone Guadagni. Las políticas selectivas no mejoran, sólo seleccionan.

El acceso a la universidad, el ritmo de avance en los estudios y las bajas tasas de graduación del sistema universitario son problemas serios que no admiten ni banalizaciones ni operaciones mediáticas. Y no son serios porque expresen, como le gusta decir al Presidente de la Nación, la “ineficiencia” del gasto en las universidades. Son serios porque muestran que no hemos generado aún las condiciones que aseguren, a todos y todas nuestras jóvenes, su derecho a la educación superior. Garantizar este derecho es un problema complejo y es, a mi entender, el problema que debería orientar tanto las políticas institucionales de cada universidad como las políticas universitarias a nivel nacional. Para quienes asumimos el compromiso con el principio de la educación como derecho para todos y todas, los atajos selectivos no son una opción.

Todavía no podemos decir con certeza cuáles son las formas más eficaces de garantizar el derecho de todos y todas las jóvenes que expresen su voluntad de seguir estudios universitarios, pero sí podemos afirmar que desfinanciar las universidades públicas, paralizar el desarrollo de su infraestructura, deteriorar los salarios de sus docentes, disminuir el presupuesto destinado a becas estudiantiles, entre otras medidas que este gobierno viene sosteniendo, seguro van en el sentido contrario.

 

* La nota fue publicada en lunes 25 de marzo en el diario Página/12

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