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Jueves 8 de octubre de 2020

Contra la violencia de género

Con la participación de autoridades de los gobiernos nacional y provincial, y con la coordinación del Secretario de Desarrollo Tecnológico y Social de la UNGS, se presentó el resultado de un trabajo conjunto entre investigadores y docentes de dos institutos de la Universidad tendiente a prevenir y a intentar paliar situaciones de violencia doméstica –agravadas en el actual contexto de pandemia y aislamiento– en distintos partidos del conurbano bonaerense.

Soluciones tecnológicas
“Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía”
colectivoLastesis, 2019

“Y del morao de mis mejillas saldrá el valor para cobrarme las heridas”
Bebe, “Malo”, 2004

La violencia doméstica nos atraviesa con una brutalidad que solo podemos medir, y con bajísima representatividad de sus dimensiones reales, en función de cada mujer que muere víctima de su agresor, por lo común su pareja o expareja. Las mujeres de todo el mundo le hemos puesto palabras, música, coreografías y otras múltiples expresiones, reunidas en torno a este problema que nos agobia, y lo hacemos de manera colectiva desde hace años. Sin embargo, el sistema judicial argentino registró en 2019 un promedio de 600 denuncias diarias por lesiones, y el aislamiento recrudeció las estadísticas: en el país muere una mujer cada 28 horas como consecuencia de la violencia de género.

El 10 de septiembre, el Instituto de Industria (IdeI), el Instituto del Conurbano (ICO) y la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Social de la UNGS presentaron los resultados de Cuidar-Tech, un proyecto para el desarrollo de soluciones tecnológicas de intervención en los procesos de crisis ante situaciones de violencia contra las mujeres. A lo largo de un año se visitaron las instituciones estatales responsables de la intervención para conocer a fondo el circuito que recorre una mujer en el momento de mayor riesgo y determinar qué le hace falta y qué responsabilidades le corresponde asumir a otros: dependencias de género municipales, comisarías de la mujer, fiscalías, juzgados, organizaciones sociales, referentes políticxs, involucrados institucionalmente o desde la militancia.

El proyecto se llevó adelante con el apoyo del Fondo Estímulo a Proyectos de Vinculación con la Comunidad, que tiene origen en el presupuesto de la UNGS y financia el estudio de problemáticas sociales a través de sus equipos de investigación, estudiantes, no docentes y graduadxs y con la participación de organizaciones sociales, porque su ejecución está condicionada al abordaje conjunto con la comunidad. En esta iniciativa participaron investigadorxs y becarias graduadas de la UNGS: Florencia Fiorentín, Alexis Tcach, Javier Martínez Viademonte, Oscar Ramírez, Néstor Braidot, Florencia Maldonado, Sabina Sakovsky, Diana Suárez y Marisa Fournier¸ quienes conformaron un equipo interdisciplinario orientado desde la ingeniería, la informática, la economía, la administración y la sociología.

“Cuidar-Tech me ilusiona. Es, tal vez, una de las formas en que las universidades públicas contribuimos a generar recursos para que el Estado tenga políticas públicas más efectivas”, dijo Pablo Bonaldi, Vicerrector en ejercicio del Rectorado de la UNGS.

Seis municipios, un diagnóstico
Diana Suárez, Secretaria de Desarrollo Tecnológico y Social del IdeI y directora del proyecto, cuenta que la idea surgió en una conversación informal durante una reunión de fin de año: “¿Cómo es posible que existan Uber y Pedidos Ya, cómo es posible que Google Maps sepa más de nosotros que nosotros mismos, y que no exista un sistema de monitoreo de restricciones perimetrales?”. Así nace Cuidar-Tech, de la incomodidad de un grupo de investigadorxs ante la certeza de que la tecnología permitiría un sistema automatizado de protección.

El trabajo de campo incluyó los municipios de Ituzaingó, Malvinas Argentinas, Moreno, Morón, San Isidro y San Miguel, lo que permitió abarcar una gran heterogeneidad de situaciones. El diagnóstico preliminar determinó dos puntos claves: la situación de contexto en el proceso de atención del caso y el proceso mismo de acompañamiento a la víctima antes, durante y con posterioridad a la crisis. “Existen determinantes materiales y simbólicos que afectan la posibilidad de una intervención exitosa”, dice Diana Suárez, y se refiere al acompañamiento de la mujer que atraviesa una crisis de violencia y el proceso que se desencadena ante una emisión de alerta por violación de la restricción perimetral por parte del agresor. Los determinantes de contexto tienen que ver con la posibilidad de contar con un celular inteligente, un plan de datos y conectividad en el lugar habitual donde se desenvuelve la mujer, y los determinantes simbólicos tienen que ver con “la carga de responsabilidad sobre la víctima, ya que el botón antipánico implica que la alerta debe emitirla ella”.

Una vez apretado el botón electrónico, comienza otro proceso para la misma mujer (y en muchos casos, también para sus hijxs). La alerta es recibida por la central de monitoreo municipal y la respuesta depende de la disponibilidad de patrulleros. Aquí participan la administración pública, el sistema de justicia y el sistema de seguridad, en todos sus niveles. En términos tecnológicos, la carencia es una fuerte articulación institucional y de procesos que deben conectarse para informar en tiempo real e impactar así en la capacidad de respuesta.

“Estas políticas no solo tienen que estar articuladas al nivel del Estado, sino que requieren de articulaciones territoriales” dijo Marisa Fournier, coordinadora de la Diplomatura en Género, Políticas y Participación de la UNGS, “sobre todo, articulaciones con las organizaciones sociales de base territorial, que son los actores privilegiados a los que acuden las personas que padecen violencia y casi los únicos que mantuvieron el vínculo con la población en tiempos de pandemia”.

Soluciones tecnológicas para mitigar una crisis
1). Un sistema integrado de seguimiento de casos, que permita el análisis de los datos, las estadísticas y la configuración de alertas. “Alertas que se activen si la víctima falta a una visita al hospital, no se presenta en la fiscalía o no participa de los espacios propuestos por el municipio, ya que ese seguimiento se hace caso por caso, en oficinas desbordadas”, continúa la directora del proyecto. Tecnológicamente, se resuelve con una interfaz instalada en su celular, desde la cual también pueda monitorear el estado de su causa y los pasos a seguir.

2). Georreferenciación, con aplicaciones móviles que incluyan pruebas de vida (sacarse una foto, grabar algo y enviarlo por teléfono, guiñar un ojo) e identificación de rutinas (cuándo el celular registra movimiento distintos de los habituales). La ruptura de la rutina dispara una prueba de vida y entonces la alerta se vuelve automática para el sistema y para la víctima. “Además, recuerda Suárez, georreferenciar con fecha y hora la violación de la restricción permitiría rastrear en el sistema de cámaras de los municipios y encontrar la prueba para que la justicia active los procesos correspondientes”.

3). Tobilleras y botones: reemplazar el dispositivo que lleva la mujer por una app en el celular. Aquí la dificultad es de interoperabilidad, porque a diferencia de los botones, que son monitoreados por el sistema municipal, las tobilleras lo son por el sistema penitenciario. No obstante, se reducen costos y se gana en portabilidad y en facilidad de mantenimiento.

Nación, Provincia y Universidad en la misma construcción
La presentación de Cuidar-Tech tuvo un panel de relevancia institucional: Josefina Kelly, Secretaria de Políticas Contra la Violencia por Razones de Género, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Estela Díaz, Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, y Gabriela Diker, rectora de la UNGS en uso de licencia y Secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. La presencia de cada una de ellas representa el compromiso de un proyecto de país que se atreve a reconocer las brechas históricas de desigualdad de la Argentina que construyen contextos de violencia.

La apuesta de Josefina Kelly está en “romper la lógica de trabajar en la emergencia y hacerlo integralmente, con los diferentes poderes y con los estados subnacionales: pensar políticas claras de prevención y promoción de derechos, de asistencia y abordaje integral de las violencias y de fortalecimiento de acceso a la justicia y a la protección”. Kelly adelantó detalles del Programa Acompañar, una propuesta de asistencia integral a las víctimas que les permita un proyecto de vida autónomo y que consiste en una transferencia económica durante seis meses (igual a un salario mínimo, vital y móvil) y acompañamiento psicosocial.

En la ley provincial nº 26.485 se detallan una importante variedad de formas de la violencia que, para Estela Díaz, es fundamental tener en cuenta de manera conjunta. La Mesa intersectorial de violencia que organiza el Estado provincial para la creación de planes y programas en esta línea está trabajando activamente con cada Ministerio: Educación en la violencia mediática, Justicia en la violencia institucional y de la trata, Salud en la violencia obstétrica y contra la libertad reproductiva y Gobierno en torno a la violencia política. “Insisto con mirar el conjunto de las violencias y con trabajar en Educación Sexual Integral como una de las políticas de prevención por excelencia para el cambio cultural”.

Gabriela Diker, para cerrar el panel, hizo hincapié en las características de la cultura institucional de la UNGS que se observan en las decisiones tomadas para avanzar con el proyecto, y sumó un escalón en el análisis: “Es necesario inscribir en perspectiva esta producción y este modo de trabajo de la UNGS en el ámbito de un sistema universitario moldeado por el patriarcado, en sentidos muy profundos y difíciles de conmover que conciernen a definiciones epistemológicas, a jergas de investigación, a los problemas sobre los que trabaja, al modo en que forma los profesionales, pero que también se expresa en su faceta más visible: en el modo en que operan en el interior del sistema universitario las desigualdades de género”, enmarcando de manera crítica el largo camino que queda por delante y visibilizando los desafíos estructurales que enfrentamos.

Responsable de la coordinación del encuentro, el Secretario de Desarrollo Tecnológico y Social de la UNGS Oscar Galante recordó, por su parte, a aquella mujer indigente a la que prendieron fuego en el barrio de Constitución hace poco más de dos meses, y se refirió a las amenazas de muerte que recibió recientemente una defensora incansable de los derechos humanos en nuestro país. “Amenazar a las madres, a los pañuelos, a la memoria… ¿Qué nos pasa como sociedad para que todo esto nos ocurra?” –le preguntó al auditorio, virtualizado. Y eligió una línea de salida esperanzadora. En México –dijo–, “donde hay diez femicidios diarios, existe una región en el Estado de Chiapas donde no muere una sola mujer como consecuencia de la violencia de género desde hace más de veinticinco años: desde el 1 de enero de 1994. Creo que eso tiene que ver con el intento político de una sociedad más solidaria e inclusiva”.

Tamara Pachado

* La nota fue publicada el 6 de octubre en la edición especial Tiempo Ahora de Noticias UNGS

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