Miércoles 20 de noviembre de 2019

Desafíos para un gobierno popular

La actual administración de la Alianza Cambiemos ha tomado una gran cantidad de decisiones que afectarán la capacidad del gobierno de Alberto Fernández para poder desplegar sus propias políticas económicas y sociales.

El instrumento central con que contará el nuevo gobierno, el Estado, ha sido afectado en su capacidad para actuar con eficacia por diversas vías:

A) Han contraído una gran deuda pública, lo que implica que cerca de un 20% de los recursos fiscales ya están comprometidos para pagar intereses de esa deuda, interna o externa.

B) La fuerte recesión que arrancó en 2018 provocó una caída de los ingresos fiscales, debido a la contracción económica muy pronunciada, que pone en riesgo la viabilidad de miles de empresas y de puestos de trabajo en todo el país.

C) Millones de jubilados y perceptores de la Asignación Universal por Hijo que están endeudados con el ANSES no podrán pagar esas deudas. Eso generará un nuevo quebranto a esa institución pública, debilitando aún más su sustentabilidad.

D) La banca pública, especialmente el Banco Nación y el Banco Provincia, ha sido utilizada para tapar el déficit de Tesorería e intervenir en el mercado cambiario auto-perjudicándose. Estas entidades, y también el Banco Central, quedarán al final de la gestión macrista en una delicada situación patrimonial.

E) El gobierno actual se endeudó con los mercados financieros privados, y cuando estos se negaron a seguir prestándole (en febrero de 2018) acudió a un préstamo enorme del FMI. Las fuentes convencionales de crédito externo ya fueron agotadas por esta administración.

F) Dada la ideología que lo caracteriza y los sectores económicos que lo apoyan, el gobierno cobra reducidos impuestos al agro y a los bienes personales, ha eliminado el impuesto a la minería y no ejerce un control efectivo sobre la evasión fiscal, que es grande en nuestro país.
Todos estos elementos configuran una pesadilla para cualquier administración, pero especialmente para una que busque mejorar la penosa situación económica y personal que atraviesa la mayoría de lxs argentinxs.

Además, las dificultades por las que atraviesan numerosos sectores productivos, a los que se deberá asistir para que vuelvan a expandir la producción, suman una fuente de demandas adicionales a un Estado cuyos problemas financieros quedan claros de acuerdo a lo expuesto más arriba.

Doble desafío

Los problemas que deberá afrontar la futura administración no serán meramente económicos, sino también políticos. Nuestro país ha arribado a esta pésima situación económica no por “mala praxis”. La Argentina llegó a este grado de dependencia externa, de vulnerabilidad financiera y productiva y de disparidad social porque un poderoso bloque de poder respaldó la gestión Mauricio Macri, quien dedicó su gobierno a satisfacer precisamente a esos sectores locales e internacionales.

Ya en el gobierno de Cristina Kirchner se había manifestado la hostilidad de ese bloque de poder a un proyecto de crecimiento con inclusión social, conducido por un gobierno políticamente autónomo.
Por lo tanto el próximo gobierno deberá encarar las tareas de atención urgente a las necesidades básicas de la población en un contexto económico marcado por las estrecheces presupuestarias, pero también por la mala disposición de importantes sectores ganadores en el modelo macrista.

En una instancia inicial, se deberá atender a los sectores más golpeados –actividad en la que se supone que hay amplio consenso–; luego el nuevo gobierno deberá pasar a promover la expansión productiva, lo que buscará reflotar a miles de empresas hoy al borde de la quiebra, y generar la recuperación de numerosos puestos de trabajo.

Al avanzar en ese proceso económico expansivo, mejorará paulatinamente la recaudación fiscal, y con ella la posibilidad del Estado de ampliar su actividad de promoción del desarrollo.
La situación externa obligará inevitablemente a renegociar el conjunto de los compromisos financieros externos, tanto con el FMI como con los acreedores privados, ya que no hay forma de poder cumplir con las deudas contraídos por el macrismo.

Cada uno de estos pasos requerirá una clara conciencia popular sobre la importancia de apoyar activamente las medidas a tomar, que no siempre serán del agrado del poder económico.
Así, la recomposición de los ingresos de los asalariados se encontrará con la respuesta de los especuladores y monopolios habituados a remarcar en forma descontrolada los precios. Esta tarea no será sencilla, dado que implica poder controlar a actores acostumbrados a obtener altísimas rentabilidades a costa de los consumidores. Lo mismo pasará con los medicamentos y con las tarifas de los servicios públicos, que deberán ser pesificadas y reducidas.

En el plano regional e internacional, Argentina deberá sacar las mayores ventajas posibles de la actual multipolaridad económica, financiera y tecnológica, teniendo claridad sobre sus objetivos nacionales y sus prioridades sociales.

Ricardo Aronskind