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Lunes 18 de abril de 2022

Entrevista: “Es un hecho de violencia icónico”

A través de su tesis doctoral, la historiadora Belén Zapata, investigadora docente del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS, brindó elementos de prueba en el juicio por tortura, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado del que fue víctima en abril de 1975, en la ciudad de Bahía Blanca, David Hover Cilleruelo (“Watu”), estudiante de la Universidad Nacional del Sur, a manos de la Triple A. En reconocimiento a Cilleruelo, a fines de 2021 la UNS le otorgó el título de Doctor Honoris Casusa.

¿De qué diversas formas la producción de conocimiento puede intervenir en la agenda de un país? ¿Qué aporte puede hacer una investigación en políticas públicas de juicio y castigo al terrorismo de Estado? La sentencia del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, ciudad en la que se produjo el hecho investigado, toma como una de sus cuatro directrices “los trabajos de investigación de la doctora en Historia Ana Belén Zapata, quien además declaró durante el juicio oral”. Distintas publicaciones de Zapata fueron incorporadas como prueba documental, y, como se lee en la sentencia, en su declaración la investigadora “ilustró de manera clara y concisa la aparición de la organización criminal en el plano público y, además, el panorama de persecución sobre grupos de personas identificados como enemigos subversivos que se vivieron los años previos al golpe de estado de 1976 a nivel nacional y en la ciudad de Bahía Blanca” (La sentencia puede leerse AQUÍ). Noticias UNGS conversó con la investigadora sobre el contexto en el que se cometió el crimen, las particularidades de la ciudad de Bahía Blanca, el rol de los medios locales y el aporte que puede hacer la ciencia en procesos de juicio de terrorismo como este.

-¿En qué consistió el análisis que realizó en el juicio por el asesinato a David Cilleruelo (“Watu”), estudiante de la Universidad Nacional del Sur, a manos de la Triple A, en 1975?

-Mis aportes tienen que ver con una investigación realizada desde la historia reciente. Es un análisis que viene desde allí y es producto de mi tesis doctoral (hace ya algunos años que la defendí). En ese momento, me propuse trabajar en reconstruir la conflictividad obrera y la represión hacia los trabajadores entre los años 60 y 70. Gran parte de ese trabajo tiene que ver justamente con la cuestión represiva desde el sector paraestatal, que tuvo acción en la ciudad de Bahía Blanca, entre los años 74 y 75. En ese marco, la tesis, junto a otros artículos, fue presentada como insumos en el juicio por el asesinato de Cilleruelo. Una vez iniciado el proceso me llamaron como “testigo de concepto”. Frente a esa convocatoria y antes las preguntas del fiscal y la defensa de la querella, declaré poniendo en juego las distintas cuestiones que observé a partir de la investigación. El juicio se desarrolló a través de la modalidad digital, por la plataforma zoom, durante el año de la pandemia del 2020.

-¿Cuál era la situación en esos años? ¿Por qué la Triple A estaba dentro de la UNS? ¿Qué sucedía en particular en el sistema universitario?

-Responder la pregunta “por qué la triple A estaba dentro de la UNS” es muy complejo. Lo que presenté en mi declaración en el juicio tuvo que ver con mostrar algo del entramado político de esa época para pensar la violencia paraestatal. La Universidad fue escenario de episodios en ese marco de violencia. El más destacado fue el caso de David Cilleruelo, estudiante de Ingeniería, militante político de la Federación Juvenil Comunista, asesinado de un tiro en la nuca por un miembro de la Triple A, el 3 de abril de 1975, en uno de los pasillos de la Universidad. Es un hecho de violencia totalmente icónico, emblemático y tremendo porque sucedió dentro de una universidad, a plena luz del día, mientras había estudiantes inscribiéndose a materias y la universidad estaba llena de gente. Este es el hecho de violencia central que aparece en la causa, pero no es el único. Hay una veintena de casos de violencia que se sucedieron durante esos años en Bahía Blanca.

-¿Desde qué perspectivas y a partir de qué elementos planteaste el estudio?

-Orienté mi investigación con bibliografía que permitiera encontrar el factor de territorialidad: a través de distintas entrevistas, las situaciones que fui trabajando y reconstruyendo a nivel local me acercaron a otras formas de violencia que tienen puntos de contacto con esa violencia paraestatal, que se replicaba en otros puntos del país pero que a la vez presentaban particularidades propias. Identifiqué un importante número de cuestiones que no estaban reconstruidas aún y sobre las que era necesario hacer una mirada de escalas que problematizara la violencia paraestatal de esos años. En la investigación, presenté una serie de referencias muy significativas tendientes a prestar atención e identificar referentes zonales y locales de la represión. En esa línea, ubiqué a dos actores que en este sentido fueron claves: el diputado Rodolfo Ponce, secretario general de la CGT en ese momento, un referente del mundo sindical de la ciudad de Bahía Blanca y parte de esa expresión del sindicalismo y del peronismo de derecha ortodoxo que llevó adelante la tarea de lo que (hoy sabemos) fue una «depuración ideológica» dentro del movimiento peronista en el ámbito sindical, y el interventor Remus Tetu, rector de la UNS nombrado en el 75 por el entonces ministro de Educación de la Nación, Oscar Ivanissevich. Se conforma, dentro del marco universitario, un grupo contratado, en apariencia, como personal de seguridad, pero que presenta características particulares. Lo que intenté dejar en claro en la declaración del juicio fue que dentro de este grupo existían trayectorias en común y previas, que en gran parte provenían del ámbito sindical, vinculados al “ala” de Rodolfo Ponce. Fue en función de las tareas de «depuración» que venían haciendo dentro del sindicalismo y de lo que Remus Tetu evaluó como «acciones eficientes» de esos actores dentro de la UTN bahiense en clave «antisubversiva», que fueron contratados por la UNS. Con la contratación de esas personas por parte de la Universidad se alcanza una mayor organicidad del grupo, y eso se expresa en recursos que van a tener a partir de allí y en el crecimiento desorbitado de hechos de violencia en la ciudad. Uno compara lo que fue la violencia paraestatal en el 74 con lo que fue en el 75, cuando ya se dan estas condiciones de organicidad y, lo cierto es que, en el último año, Bahía Blanca se convierte en un regadero de sangre.

-En las justificaciones para intervenir la Universidad se argumentaba que eran “medidas tendientes a eliminar la llamada penetración ideológica marxista”. Había un real despliegue de políticas de izquierda o no era más que una excusa para alcanzar el disciplinamiento social necesario en el incipiente camino hacia un modelo neoliberal?

-La Universidad Nacional del Sur era un espacio de mucha movilización social, como tantos otros en esa época, por ejemplo, los sindicatos. Era un espacio de organización política y encuentro de distintos sectores: estudiantiles, políticos, docentes, nodocentes. El proceso de “depuración” debe leerse en clave de procesos más amplios de construcción de un enemigo interno, producto del viraje hacia la derecha del gobierno peronista. Ciertamente hay también una cuota de estigmatización de ciertos sectores: no solo se ejercía la violencia desde los sectores ligados al interventor Remus Tetu, sino que también, por ejemplo, el medio de comunicación más importante de la ciudad (La Nueva Provincia) tuvo un rol clave en esa construcción y delimitación del enemigo interno, señalando a la Universidad como un espacio identificado con la ideología marxista, y en consecuencia también a los actores que allí se encontraban. Lo significativo en el proceso de la universidad es que esas lógicas de señalamiento y de persecución a docentes y estudiantes comienzan en meses previos al 75, cuando hay varias amenazas hacia gran parte de la comunidad universitaria. Aquellas personas que eran sindicadas y señaladas como parte de esa penetración marxista fueron después perseguidas por la dictadura. Fue todo parte de un proceso de disciplinamiento desde la violencia paraestatal, independientemente de las acciones desplegadas por las organizaciones políticas y la fuerte movilización de la época.

-¿Qué sucede para que representantes de un partido político de masas lleguen a desplegar un proceso tan extendido y brutal del ejercicio de la violencia?

-Cuando nos hacemos esa pregunta tenemos que pensar qué estaba sucediendo en ese contexto con el peronismo, un peronismo polarizado como consecuencia de sus propias contradicciones y sus pujas internas. El proceso de derechización del peronismo podemos rastrearlo desde finales del 73; su rol es sumamente activo en los procesos represivos. Mencioné antes a una figura emblemática en este proceso en Bahía Blanca, Rodolfo Ponce, cabeza sindical muy fuerte, proveniente del peronismo más ortodoxo y de derecha y un actor clave en la externalización y en la construcción de ese enemigo interno. Era una persona que daba notas, que hablaba públicamente y que tenía un discurso político fuerte, además de formas y prácticas que no solo tenían que ver con lo discursivo, sino también con generar terror en la sociedad en su conjunto. Es importante señalar esto último, ya que empieza a haber mucho miedo frente a la circulación de ciertos autos, de grupos armados que figuran en distintos sectores de la sociedad; la aparición sin vida de personas en las afueras de la ciudad, etc. Estos signos claros del terror van disciplinando al conjunto de la sociedad.

-Usted es de Bahía Blanca: ¿qué particularidades caracterizan a esta ciudad en cuanto a la represión organizada, ejercida por la Triple A, la policía y, luego del Golpe del 76, las FFAA?

-Se pueden decir un montón de cosas sobre cómo en la época circula y opera este grupo paraestatal (la Triple A), generando estas lógicas del terror –más allá de que Bahía Blanca es un enclave militar (en la ciudad se encuentra el V Cuerpo de Ejército, una unidad de acuartelamiento y guarnición)– que provocaban una cotidianeidad con las fuerzas de seguridad. Lo más sustantivo para pensar es qué pasa cuando estos procesos represivos se dan en ciudades de dimensiones medianas y chicas. Lo que notaba como contraste con los hechos de la ciudad de Buenos Aires, en cuanto a las formas de operar de la Triple A, es que en Bahía Blanca era mucho más complejo sostener, por ejemplo, la situación de anonimato de ciertos actores. Esto se vio en el juicio; fue muy fácil la identificación de actores que propiciaron y ejercieron violencia. Es un contraste importante con ciudades más grandes, que permiten niveles de anonimato mucho más extensos. Esto incide en dos líneas: en la posibilidad de identificar a los perpetradores de estas facciones (quedan más visibles y en evidencia, ya que la ciudad a la que pertenecen es chica y allí se conocen entre todos) y, por otro lado, las situaciones de terror y violencia generan heridas muy profundas. Cosas que se viven más de cerca. Es mucho más complejo procesar estos hechos del terror cuando no existen grados más ampliados de anonimato. Aún hoy hay personas que no se animaron a testimoniar en el juicio. El impacto del terror en la sociedad o en los distintos sectores sociales, incrementado por la misma espacialidad, no es un dato menor, hay cosas que se instalan más fuertemente.

-Mencionaba antes el rol del multimedio La Nueva Provincia, de la familia Massot: ¿qué papel jugó en ese contexto de violencia y represión?

-Es complejo hacer un análisis del medio y su vínculo con los hechos de violencia paraestatal antes de la dictadura. Es complejo porque, por un lado, el diario señala en distintas notas y editoriales a enemigos políticos del propio medio, y, por otro, aparecen los que en efecto fueron víctimas. Durante el proceso de estudio observé que el medio, además de constituir una fuente histórica para el trabajo de investigación, se convierte abiertamente en un actor político. Trabajando en la reconstrucción de los hechos, me llamaron la atención los sucesos de violencia política que el diario aborda detalladamente: violencias desplegadas por fuerzas de izquierda y de agrupaciones armadas. Pero, cuando aparecían cuerpos arrojados en distintos puntos de la ciudad, las notas que publicaba el diario eran muy escuetas, más en estilo policial. Me llamó mucho la atención esa estética adoptada, de nota casi policial. Con el tiempo, fui pensando una hipótesis de lo que genera esa política editorial: esas notas que hablan de “muertos que aparecen”, sin ningún contexto, sin ninguna referencia al signo político, amplifican el terror. Tampoco había voluntad de indagar sobre qué era lo que pasaba, quiénes habían sido. Eran notas que no tenían continuidad, se contaban como hechos aislados. Ese abordaje, que amplificaba el terror, se suma al significativo rol que tuvo el diario en los años previos a la dictadura en la construcción de esa otredad negativa, que termina justificando salidas represivas. El diario fue clave en lo que hoy podemos llamar “delimitación simbólica represiva”, que es la construcción de un enemigo interno y que debe ser rastreada mucho años antes del 75.

-Participó como testigo en el juicio: ¿cómo fue esa experiencia?

-La participación fue por zoom, durante el aislamiento social obligatorio. De no haber sido en ese tiempo, me hubiese encantado viajar a Bahía Blanca y ponerle el cuerpo a la situación, porque me parece importante lo que uno, desde su investigación, puede llegar a decir dentro del marco judicial. Sentí una escucha atenta de los distintos agentes judiciales, no solo hacia mí sino hacia los distintos actores vinculados al mundo de las ciencias sociales. Fue una experiencia muy importante. Es muy movilizante saber que la producción de conocimiento que uno generó puede tener algún impacto o sentido en lo social. A mí me movilizó especialmente.

-¿Qué relevancia cree que tiene o que puede tener la investigación académica en procesos judiciales como este?

-Muchísima. Me parece que tanto las investigaciones de los historiadores como de otros cientistas aportan desde contextos que muchas veces se desconocen en el ámbito judicial. Contextos de época que aportan nociones, conceptos, que se formulan en ámbitos académicos y que claramente aportan para entender la cuestión juzgada. También aportan en cuanto a la actualización de ciertos estados propios de la producción de conocimientos. Cuando empecé a trabajar sobre la Triple A, encontré textos que tenían marcas producidas por periodistas vinculados a la espacialidad de Buenos Aires. El campo del conocimiento crece y se complejizan ciertas miradas, ciertos análisis, ciertos abordajes… los agentes judiciales que encaran este tipo de procesos no tienen por qué saber cuál es el estado de la cuestión. En ese sentido, la investigación científica tiene un rol clave.

-¿Cree que estas investigaciones ponen a la producción científica en consonancia con la decisión de juzgar los crímenes de lesa humanidad y hacer una reparación histórica a las víctimas?

-Empecé a hacer las preguntas para esta investigación en el año 2006. En ese tiempo no tenía en mi cabeza el más mínimo horizonte de que esto fuera a tener impacto judicial. Los primeros procesamientos por crímenes de estas características en Bahía Blanca se abren en 2011. Por eso puedo decirte que, al respecto, la investigación que hice contó con la autonomía, por decirlo de alguna forma, surgida de mis propios intereses y preguntas de aquel entonces. Pero desde ya que considero muy relevante el aporte que finalmente termina teniendo la producción científica en el marco de las políticas de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad y de reparación histórica a las víctimas.

-Se resolvió brindar un reconocimiento a Cilleruelo. ¿De qué se trata?

-En función de todo lo que pasó con el juicio y a partir, puntualmente, de un pedido realizado por la fiscalía y la querella, se planteó la necesidad de que no solo existiera la declaración que da la justicia (la sentencia) sino también que se definieran otras vías de reparación simbólicas para las víctimas. Surgió así, en el marco de los alegatos, la propuesta de que la UNS brindara un reconocimiento a su estudiante asesinado. Se le dio el máximo reconocimiento que una universidad puede otorgar. El 5 de noviembre de 2021, la UNS entregó el título de Doctor Honoris Causa (PM) a familiares de “Watu” Cilleruelo. En ese acto, se reconoció a la Universidad como víctima de la violencia paraestatal. Este título es sumamente importante para visibilizar y poner en escena lo sucedido durante esos años en la universidad. El acto puede verse AQUÍ.

Sobre Belén Zapata en la UNGS
Zapata dicta las materias “Historia de la Historiografía” e “Historia Argentina Contemporánea”, es docente en la Maestría en Historia Contemporánea e investigadora responsable del PICT “La violencia paraestatal en Argentina entre 1973-1976. Análisis de actores, prácticas y espacios transprovinciales en la ´lucha antisubversiva´”. Su tesis doctoral, “Andamios de experiencias: conflictividad obrera, vigilancia y represión en Argentina. Bahía Blanca, 1966-1976”, del año 2014, puede ser consultada en www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.916/te.916.pdf

Brenda Liener

* Artículo publicado en 13 de abril de 2022 en Noticias UNGS.

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