Jueves 19 de abril de 2018

Especialistas debatieron en la UNGS sobre aborto y salud pública

En momentos en que se debate en el Congreso el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y hay un debate público sobre la temática, el 18 de abril se realizó en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) el panel “La legalización del aborto. Desafíos para la salud pública”, organizado por el Área y Licenciatura en Política Social del Instituto del Conurbano. Contó con la exposición de especialistas que abordaron la problemática desde distintos campos disciplinares y experiencias, y con la participación de la rectora Gabriela Diker.

Tecnología adecuada, mejor información y equipos de salud interdisciplinarios

Mariana Romero es médica, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e integrante de la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS). En su presentación, se refirió al “continuo” de instancias de “inseguridad” que atraviesa una mujer que quiere interrumpir su embarazo, que van más allá del momento del “procedimiento”. Mencionó entre ellas el marco normativo restrictivo; la falta de información confiable; la resistencia desde los equipos de salud a brindar una práctica oportuna porque el miedo a sufrir una sanción; el estigma que opera en el entorno de la mujer y en el equipo de salud; los procedimientos incorrectos; y la falta de una atención posaborto de calidad. También la “inseguridad” vinculada a con las condiciones socioeconómicas de la mujer.

En cuanto a las estadísticas (2005-2014, en hospitales públicos), dijo que si tuviéramos acceso a abortos legales y seguros en el sistema de salud podríamos reducir el 44% de las muertes de mujeres de gestación (aseguró que instan a nombrarlas así en lugar de llamarlas “muertes maternas”). Es decir, los datos indican que “la legalización baja la mortalidad por aborto”. En ese porcentaje se incluyen muertes por aborto (18%) y las muertes indirectas (26%), que son mujeres con un problema de salud que se agravó a raíz de un embarazo.

Para Romero, hubo un “cambio de paradigma” pero aún falta y consideró que la ley de interrupción voluntaria del embarazo es una “oportunidad y un desafío” para “tener la tecnología adecuada”, es decir, los medicamentos y todo un “circuito virtuoso” que implica un mejoramiento de la calidad de los servicios que se ofrecen, mejor y más información y la generación de nuevos roles y equipos interdisciplinarios de salud.

Una experiencia local: implementación de un modelo de trabajo y un protocolo

Nadia Furtado de León, médica del primer nivel de atención en Moreno e integrante de la Red Nacional de Profesionales por el Derecho a Decidir, contó su experiencia en el municipio en el que trabaja, donde la mortalidad materna está por encima de la media provincial y nacional. Relató que hubo un pico en 2010 y el análisis posterior estableció que la causa principal fueron los abortos. Esto generó una intervención por parte del Ministerio de Salud de la Nación en el hospital de Moreno y en la atención primaria y la implementación de un modelo de trabajo para la reducción de riesgos y daños.

La especialista explicó que si bien este modelo buscaba incluir a la mujer en situación de aborto en el sistema de salud, no expulsarla, que se la escuche, contenga y se le brinde información, faltaba un segundo paso. “En 2015 sale el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo que genera un marco de acción para los efectores de salud, nos cambia el paradigma de atención, porque ya no estamos haciendo una consejería para que la mujer no se exponga a una situación de riesgo sino que pasamos a garantizar un derecho”, expresó y agregó que el marco para los trabajadorxs que brindó el Estado y el programa nacional de salud sexual generó también legitimidad para hablar del tema al interior de los equipos.

Sin embargo, Furtado de León aclaró que los cambios generaron “conflictos” y “contradicciones” en el sistema y dentro de las instituciones, que tienen que ver con la falta de insumos o la imposibilidad de derivar a un segundo nivel cuando los embarazos requieren una atención de mayor complejidad. También se refirió a la falta de cifras y de registros y al desfinanciamiento del sistema de salud.

La despenalización social del aborto y la ley como piso

Florencia Maffeo, licenciada en Sociología e Integrante de la Fundación para la Salud de Adolescentes con Perspectiva de Género (FUSA), aseguró, por un lado, que en el último tiempo se logró un vuelco hacia la “despenalización social del aborto”, es decir, para que el aborto sea un tema del que se pueda hablar. Se trata –sostuvo- de “un cambio cultural y social de otras magnitudes que no se puede medir en términos legislativos”. Remarcó también que, si se aprueba, la ley es “un piso para seguir trabajando” y se pasaría a una etapa de acceso a los derechos pero luego hay que pensar en la implementación.

Maffeo relató la experiencia territorial que realizaron en tres provincias: Córdoba, Buenos Aires (Morón y Bahía Blanca) y Tucumán. Entre otros aspectos, destacó que las mujeres les contaron sobre el maltrato con el que se encontraban al acercarse a los profesionales de la salud para pedirles una indicación o una consulta y que para ellas lo más importante es que las escuchen.

También subrayó que hay una construcción de la salud muy “medicalizada”, “un sistema medicocentrista” y que si bien está cambiando, “la última palabra la tiene el médico”, no se termina de reconocer “la autonomía de la mujer y la capacidad de decisión”, en contradicción muchas veces con otras normativas ya existentes. Al mismo tiempo, dijo que el conocimiento de la normativa y protocolos es diferenciado dependiendo del territorio en el que los profesionales trabajan.

La socióloga reflexionó sobre la importancia del “nivel simbólico de la ley”, ya que “un aborto legal no es lo mismo que un aborto despenalizado por causales” y del “acceso concreto a los servicios”. Y precisó que “la legalización con despenalización implica que el Estado se hace cargo del acceso y que no se pene a la persona que decide interrumpir su embarazo”.

Resolución del Consejo Superior

El encuentro coincidió con la aprobación por parte del Consejo Superior de la Universidad de una resolución respecto al tema. La Universidad resolvió manifestar su interés por el tratamiento legislativo de los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo; expresarse en favor de la despenalización y legalización del aborto en el marco de un abordaje integral que promueva la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir; y promover la realización de actividades y debates en relación con el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. “Con esta actividad ya estamos cumpliendo en tiempo récord con una resolución del Consejo Superior”, afirmó Diker, presente en el panel.