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Jueves 18 de abril de 2024

Germán Pinazo: “El gasto educación superior está lejos de ser un gasto superfluo o ineficiente”

“Todo el sistema universitario público, con sus casi 60 universidades nacionales, que cubre un territorio que es 4 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le “cuesta” al Estado Nacional alrededor del 1% del PBI. Es un valor que no supera el 25% del conjunto de exenciones impositivas (según consta en el anexo del proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional ante el Congreso de La Nación en septiembre de 2023) que el Poder Ejecutivo Nacional ha decidido prorrogar en el año 2024”, expresa el economista Germán Pinazo, vicerrector de la UNGS, en una nota en la que ofrece datos sobre la universidad pública y su financiamiento.

“Los gastos de funcionamiento de todo ese sistema, con lo que las Universidades Nacionales financian cosas tan diversas como el mantenimiento de sus edificios, aulas, equipos y laboratorios, el pago de los servicios públicos, sus becas, sus programas culturales, o los alimentos en comedores y jardines maternales, no van a llegar en 2024 a representar la mitad de lo que recibirá una sola empresa (Mercado Libre) en concepto de esas exenciones impositivas”, explica Pinazo a modo de comparación para entender el peso del gasto en educación superior en relación a otros gastos que realiza el Estado Argentino o en relación a sus ingresos. “Podemos apreciar que el gasto educación superior está lejos de ser un gasto superfluo o ineficiente”, enfatiza.

Pinazo realiza además una comparación con otros países de la región. “Con la tasa de matriculación en educación superior más alta de América Latina, la Argentina gasta menos recursos públicos en dicho nivel educativo que países como Chile, Brasil, o Uruguay, con un gasto promedio similar al de la región en términos de Producto Bruto Interno. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto cuando miramos a la población en su conjunto, como cuando miramos a la población de entre 18 y 24 años, no hay país en América Latina que tenga un porcentaje de personas en la educación superior tan alto como Argentina”, afirma el economista.

Y agrega: “Quiere decir además que estos niveles de matriculación se financian, según el último dato disponible, con un 10% menos de recursos en términos de PBI que lo que destina Brasil, un 17% menos de lo que destina Chile o un 10% menos de lo que destina Uruguay”.

Por último, Pinazo sostiene: “Defender la universidad pública y gratuita, no es defender solamente el derecho de quienes trabajamos o estudiamos en ella, y mucho menos de quienes no pueden pagar sus estudios. La gratuidad universitaria, para todos y todas, para quienes no pueden y para quienes podrían pagar un arancel, es una decisión deliberada que hace al derecho colectivo de tener la mayor cantidad de profesionales posibles que contribuyan a una vida mejor para todos y todas. No se trata de derechos individuales sino colectivos, de quienes habitamos la universidad y de quienes no. Y se trata de un sistema que, aunque perfectible, como todo, funciona bien”.

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