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Martes 22 de septiembre de 2020

Capacidades institucionales de los municipios del Conurbano Bonaerense

La gestión de la vida en zonas urbanas se volvió un desafío para los intendentes del Conurbano Bonaerense a partir de la pandemia. Frente al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), los municipios -la administración más próxima a los problemas del barrio- tuvieron que reinventarse e innovar para desplegar tareas de prevención de la salud y contención social alimentaria.

¿Qué acciones realizaron los gobiernos locales para atender la emergencia sociosanitaria? ¿Cómo gestionan los problemas históricos agudizados por la pandemia en un contexto de restricción presupuestaria? ¿Cómo coordinaron con la Provincia y con la Nación en la atención sociosanitaria y cómo funcionaron las redes de contención con las organizaciones de base, políticas, sociales y vecinales?

Estas son las principales preguntas que aborda el eje “Capacidades institucionales de los municipios” de la investigación de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS) sobre el impacto de la pandemia en el Conurbano (Prevención y monitoreo del COVID-19 en municipios del Conurbano Bonaerense desde una perspectiva multidimensional, con el impulso de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación).

Administrar en tiempos de crisis

La gestión de la crisis puso a prueba las capacidades de las instituciones locales para afrontar un escenario complejo. Al mismo tiempo la actividad misma de las administraciones locales se vio afectada por el ASPO, dispuesto por el Decreto 297 el 19 de marzo de 2020. “Funcionarios, técnicos, agentes en el nivel local debieron enfrentar súbitamente nuevos problemas sanitarios y socioeconómicos, teniendo a la vez que producir una adaptación veloz en las maneras de gestionar, organizar la función pública y movilizar recursos humanos, técnicos y económicos”, señala Bárbara Couto, investigadora docente de la UNGS, y coordinadora de la línea de investigación que dio a conocer sus avances.

“Las condiciones del hábitat, el trabajo, los ingresos en el barrio limitan las posibilidades para aislarse, prevenir y cuidarse del COVID-19” aclara la investigadora del Instituto del Conurbano de la UNGS. “Por lo tanto, el abordaje de las intervenciones necesariamente debe ser territorial; es decir, articular acciones en el barrio, con referentes de las salita, las escuelas, los comedores, los clubes y las organizaciones sociales”, completa la investigadora.

Las conclusiones de este primer informe advierten sobre el peso desigual de los recursos que los diferentes municipios destinan a la función de asistencia social y de salud. Carlos Martínez y Nicole Toftum, especialistas en economía del sector público, analizan este aspecto: “La distribución del gasto en bienestar social muestra la paradoja de que, algunos de los municipios más ricos del Conurbano dedican, por habitante, a este concepto, más del quíntuple que lo que disponen varios de los distritos más pobres, lo que da cuenta de un componente regresivo”.

“Los municipios del Conurbano Bonaerense destinaron, en conjunto, un 17% de sus gastos a la atención de la salud de la población y un 5% a desarrollo social durante el ejercicio 2019, con una brecha significativa entre las erogaciones de los diferentes distritos”, profundizan.

Salud y alimentación

En el campo de la salud, el estudio muestra una importante diferencia entre el conjunto de gobiernos locales del Conurbano que no cuentan con establecimientos hospitalarios propios con internación respecto a los que sí brindan este tipo de servicio. La brecha también se corresponde, según el equipo de investigación, con las diferentes estrategias municipales para captar recursos de la coparticipación.

“Los municipios pobres que logran invertir en un hospital propio enfrentan serias dificultades para sostener financieramente las erogaciones corrientes vinculadas a los recursos humanos e insumos para el mantenimiento técnico operativo, como sucede, por ejemplo, en José C. Paz”, explica Bárbara Couto.

En relación a la situación en que el Conurbano recibe la pandemia, el informe señala que, en el campo de la asistencia social, para un conjunto de siete municipios en 2019, el 60% del gasto en desarrollo social correspondió a políticas alimentarias. A su vez, se aclara que -en los mismos territorios- los gastos asociados al Servicio Alimentario Escolar (SAE), implementado por el gobierno provincial, dan cuenta del 93% de los recursos que se dedican a políticas alimentarias. Esto último, habla del peso de las erogaciones de la Provincia en este campo.

Lo que la pandemia nos dejó

La investigación establece que la gestión de la crisis se materializó en la creación de dispositivos institucionales de coordinación como los Comités Operativos de Emergencia. Según el informe, los dispositivos municipales de descentralización (regiones, coordinaciones barriales, delegaciones vecinales, entre otros) y los de participación ciudadana (consejos asesores, mesas locales, comités de crisis) tanto preexistentes como nuevos, fueron las herramientas clave para hacer frente a la emergencia sanitaria y permitieron organizar la logística de distribución de alimentos e insumos críticos a la vez que las tareas de prevención y monitoreo del COVID-19.

Finalmente, el equipo de investigación plantea que la incorporación del “abordaje del cuidado” a la política local se manifiesta como el horizonte más innovador en materia de gestión de programas orientados a poner en valor los saberes y herramientas propias del ámbito local, sus organizaciones y sus referentes de espacios comunitarios.

Contacto: bcouto@campus.ungs.edu.ar

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