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Miércoles 7 de abril de 2021
Al borde de los bordes
A partir de una noticia de fuerte repercusión mediática en las últimas semanas, el autor de esta nota, especialista en el problema de las condiciones de vida de las infancias más desfavorecidas en la Argentina actual, reflexiona sobre los déficits y los desafíos de las políticas públicas para el sector.
La noticia de la desaparición de una nena de siete años generó una gran conmoción social y si bien su recuperación a los pocos días trajo alivio, dejó al descubierto las condiciones de marginalidad urbana en la que sobreviven muchas personas y familias enteras en situación de calle. La escena del toldo bajo un árbol frente a la Villa Cildañez donde dormía la pequeña con su mamá en el postergado sur de la Ciudad de Buenos Aires –la jurisdicción subnacional con los mayores presupuesto público y PBI per cápita del país– condensa y resulta emergente de desigualdades estructurales y persistentes de larga data.
A veces las situaciones que cobran mucha visibilidad pública –como en este caso a través de los vecinos que se movilizaron y de los medios de comunicación– impulsan temas/problemas en la agenda política. Pero eso no alcanza para que se consolide como prioridad y se traduzca en acciones transformadoras, para eso hace falta decisión política (que implica recursos y continuidad en el tiempo) y diseños pertinentes con modos de implementación acordes a la complejidad de la problemática. Al respecto, como cuestión de fondo fundamental, la situación de esta niña y su mamá da cuenta de las dificultades en el acceso a la vivienda para amplios sectores sociales y de una crisis habitacional agravada en los últimos años y poco atendida por la gestión del gobierno de la CABA. Esto se potencia en un contexto donde también empeoró la situación laboral y de ingresos para el sector informal y asalariado durante los cuatro años de gestión macrista y luego empeorada por el contexto de la pandemia. Este déficit de acceso a la vivienda opera como un condicionante inexorable para muchos programas de atención a la emergencia de las personas en calle (el subsidio que otorga el gobierno de CABA resulta insuficiente y se termina a los seis meses o a los nueve si se prorroga, pero no se articula con planes de vivienda ni de inserción laboral).
En cuanto a la caracterización del problema vale establecer una precisión técnica ya que bajo el genérico “personas en calle” se engloban situaciones diferentes en términos causales y en relación a la población de referencia, que por ende requieren diferentes abordajes. En términos un tanto esquemáticos y sin intención de exhaustividad podemos diferenciar tres situaciones distintas (que insisto requieren intervenciones diferentes): las personas adultas en calle; les niñas/os y adolescentes en calle; y –en lo que puede plantear algún solapamiento o intersección entre ambos grupos– la situación de familias en calle (desde ya podríamos continuar la diferenciación por ejemplo considerando: géneros, procedencia o condición migrante, problemas de salud mental, adicciones, entre otras). La situación de la pequeña y su mamá responde a un grupo familiar en situación de calle, es decir no es una nena que en determinadas circunstancias se ausenta del hogar y/o que fuera expulsada del mismo y en ese contexto deambula por la calle. El vínculo con la mamá ha sido valorado positivamente por la familia ampliada (la tía y la abuela a la cabeza) y por una vecindad que además las reconoce como parte del barrio. Ciertamente a la cuestión de la falta de vivienda se suma el problema de una adicción por parte de la mamá y cuestiones básicas de cuidado referidas a una niña de siete años que la situación de calle quebranta y expone a mayores vulneraciones (como quedó de manifiesto en el secuestro de la pequeña).
En este punto a la cuestión de fondo del déficit de vivienda se agrega la pregunta por los programas de atención a la emergencia de familias en calle del gobierno de la CABA. La situación nos interroga sobre el alcance territorial de programas sociales para la niñez en los barrios más pobres y nos plantea preguntas básicas: ¿por qué no iba a la escuela y no fue a un jardín? ¿recibe la AUH? ¿concurría al centro de salud para seguimiento integral pediátrico? ¿tuvo contacto la mamá con los organismos del sistema de protección? Que una niña de siete años esté afuera de la escolarización y de la AUH es alarmante y pone en evidencia la falta de trabajo territorial por parte de los programas sociales o bien la falta de enlace entre los servicios de atención a la emergencia y los equipos y proyectos que trabajan en dispositivos territoriales. También se nos imponen interrogantes en torno a la precariedad que las políticas públicas presentan en los territorios más devastados de la CABA, donde es imprescindible contar con una presencia estatal de envergadura para el abordaje de las problemáticas sociales. En este marco se deja a las familias en una situación de mucha indefensión para luego culpabilizarlas porque no accedieron por sus propios medios a los derechos consagrados en las normativas vigentes. En este ítem me permito una breve referencia autobiográfica que da cuenta de los déficit de las políticas sociales en territorio y en particular para la primera infancia en la ciudad: En los inicios de la democracia fui parte de un jardín maternal municipal al que concurrían las nenas y nenes de esa Villa, la del Arroyo Cildañez, con un proyecto pedagógico novedoso (que se destacaba por la inclusión de maestras jardineras, de estudiantes de carreras universitarias y por primera vez por la incorporación de tres varones a cargo de salas). En aquel momento del retorno a la democracia, el jardín se inauguró para atender 180 niñas/os de 45 días a 3 años, hoy atiende a la mitad y el proyecto pedagógico innovador ya a los pocos años de su inicio comenzó a decaer. A contramano de esa menor presencia estatal (en cantidad y en calidad) hoy el barrio cuenta con dos centros de primera infancia a cargo de organizaciones sociales. Y la villa, donde las condiciones de vida siguen siendo precarias, muestra también la solidaridad y un nivel de contacto y conocimiento de la pequeña que dan cuenta de una dimensión de sociabilidad intensa no tan presente en otros barrios de la ciudad. Claro que con esto no alcanza (y evidentemente no alcanzó) porque el Estado no se puede desentender del cuidado de la primera infancia.
Un comentario aparte merece el operativo de búsqueda, donde el Alerta Sofía funcionó con mucha repercusión en los medios de comunicación y de un modo razonable en cuanto a la coordinación interjurisdiccional de las fuerzas de seguridad (a pesar de la poco feliz puesta en escena del ministro de seguridad de la Provincia en la conferencia de prensa final). En este ítem hay que señalar que la ciudad cuenta un equipo de profesionales con mucha experiencia y altamente capacitado para las intervenciones que se generan a partir del registro de chicos perdidos (en todo caso cabe preguntarse sobre la continuidad y el seguimiento de estas situaciones cuando se genera el pasaje a los equipos o dispositivos territoriales). Lo que parece continuar siendo un punto débil en estos procedimientos es la recepción de las denuncias por parte de la policía local (paso imprescindible para que luego se involucre la fiscalía de turno que debe comandar el operativo). El caso muestra que se demoraron en tomarle la denuncia a la mamá y allí suelen operar prejuicios sociales que actúan como filtros selectivos (clasistas y/o de género). El otro componente muy visible fue el nivel de involucramiento de los medios de comunicación, algo muy importante en el momento de la búsqueda que resultó clave en el amplio conocimiento y participación ciudadana (fue la llamada de una vecina al 911 la que permitió encontrarla) pero que luego muestra también algunos usos deplorables que exponen la intimidad de la pequeña y continúan potenciando su situación de vulnerabilidad (tal el repudiable e ilegal uso del caso en el programa de A24 de la periodista Viviana Canosa).
El escenario de pandemia vuelve aún más compleja la situación social y económica, sin embargo nuestras infancias no pueden esperar. Sin duda, el momento de alta atención que concitó la búsqueda de la pequeña ya pasó y la pregunta es que queda de toda esta movilización. Por un lado, obviamente, está la intervención que están realizando los equipos de los organismos de protección de derechos de la ciudad para asegurar un entorno adecuado para la continuidad de una vida digna para esta niña y su mamá (en este ítem hay múltiples aristas en cuanto a los desacoples entre los organismos administrativos y judiciales a revisar que exceden los alcances de este artículo). Pero además está la pregunta en torno a cómo las políticas públicas comienzan a saldar las asignaturas pendientes en materia de vivienda y cómo de manera impostergable se asegura el acompañamiento a las familias para el cuidado de la primera infancia, no puede haber niñas/os viviendo en la calle, indocumentados y que no reciban la AUH ni pueden estar por fuera de la escolaridad a partir de los cuatro años. La primera infancia marca nuestras trayectorias biográficas y las asimetrías en torno a su cuidado dan cuenta y reproducen las desigualdades de clase y de género, esta situación interpela las vacancias y déficits por parte del Estado (en sus diferentes niveles jurisdiccionales) respecto a una asignatura pendiente desde el retorno a la democracia que no ha consolidado una política efectivamente integral de cuidado para la primera infancia, indispensable para construir una sociedad más justa e igualitaria.
Por Javier Moro
*Nota publicada en la edición especial Tiempo Ahora de la revista Noticias UNGS el 29 de marzo de 2021.
Miércoles 7 de abril de 2021
Desafíos del sistema previsional en la actualidad
Junto a la cuestión tributaria, la cuestión previsional ha ocupado una parte importante de los debates en torno a la política económica y social del actual gobierno nacional. Aquí se presenta un análisis sobre las consecuencias de la aplicación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria vigente desde hace poco tiempo en el país.
Movilidad de los haberes
A fines de 2020 se aprobó una nueva fórmula de movilidad jubilatoria a través de la Ley 27.609, que comenzó a aplicarse a partir de marzo de 2021 otorgando aumentos trimestrales en los haberes previsionales y en otras prestaciones de la seguridad social. Esta fórmula es similar a la que estuvo vigente durante el período 2009-2017, con un mecanismo de actualización que combina los recursos tributarios de la ANSES con los salarios, y se aparta de la fórmula implementada por el gobierno de Cambiemos en 2018-2019 que utilizaba como mecanismos de indexación la inflación y los salarios. Recordemos que, en diciembre de 2019, ya en el gobierno de Alberto Fernández, se suspendió dicha ley y se la reemplazó con aumentos discrecionales que se otorgaron por el Poder Ejecutivo durante todo el año 2020.
La discusión del proyecto de ley de movilidad jubilatoria generó diferentes opiniones al respecto, tanto a favor como en contra. Las políticas públicas siempre generan tensiones entre distintos objetivos, con presiones de los grupos de interés involucrados y las restricciones fiscales que puedan estar presentes, por lo que la forma final que adopte la política suele reflejar este ida y vuelta. En lo que respecta específicamente a la fórmula de movilidad, existe una fuerte dicotomía entre los dos objetivos declarados de la reforma: la necesidad de que el nivel de los haberes en términos reales se sostenga (y aumente) a lo largo del tiempo, pero en un esquema de sustentabilidad fiscal. La cuestión fiscal es clave en el sistema previsional, ya que su origen proviene de un contrato intergeneracional donde los beneficiarios previsionales de hoy son sostenidos por la población activa, bajo la promesa de que en el futuro también sean financiados por la siguiente generación. A esta cuestión conceptual se le añade un problema extra en la Argentina, que es su continua inestabilidad macroeconómica y la incapacidad, en la última década, de lograr un crecimiento del producto per cápita.
Entonces, nos podemos preguntar si la fórmula de movilidad recientemente aprobada es una opción adecuada para lograr ambos objetivos, y su respuesta implica comenzar con un gran “depende”. Para arrancar, vale mencionar que su “debut” en marzo de 2021 arrancó con un aumento del 8,07%, que es superior al que hubiera dado la fórmula implementada durante el gobierno de Macri (7,18%), pero al mismo tiempo inferior a la inflación proyectada para el primer trimestre, que rondaría el 11%. Esto es una muestra de que ninguna fórmula puede garantizar que los haberes superen a la inflación si, primero, no se puede controlar este fenómeno, en un contexto donde los jubilados (y también los trabajadores) han visto reducidos su poder de compra en términos reales en los últimos años. Al respecto, tampoco podemos esperar que los haberes previsionales se incrementen en términos reales si los salarios pierden contra la inflación, cuando son los trabajadores activos los que sostienen al sistema previsional mediante el sistema tributario.
La contracara de la pérdida contra la inflación de los haberes previsionales es la reducción del gasto del Sistema Integrado Previsional Argentino en términos reales, lo cual favorece las cuentas fiscales del gobierno. Acá aparece, por un lado, la tensión entre los dos objetivos que marcamos que tienen los sistemas previsionales, mientras que por el otro se nota la cuestión macroeconómica: no hay forma de conciliar (aunque sea parcialmente) los dos objetivos si no logramos una mínima estabilidad económica donde la inflación se reduzca y la actividad económica mejore.
Volvamos al detalle de la fórmula aprobada: utiliza la variación trimestral de los recursos tributarios de la ANSES por beneficio y de los salarios, para lo cual se usará el índice que arroje la mayor variación entre el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables)1, que elabora el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Índice de Salarios que estima el INDEC, con un límite para la movilidad acumulada establecida por la variación de los recursos totales de la ANSES. En primer lugar, podemos marcar que los recursos tributarios están muy correlacionados con la inflación (por lo que, en este punto, no habría diferencias con la fórmula utilizada en 2018-2019) aunque también tiene un sesgo procíclico asociado a la evolución de la actividad económica, lo cual podría permitir que los haberes recuperen algo de lo perdido en los últimos años durante el resto de 2021, si se cumplen las proyecciones que estiman una recuperación del PBI durante este año. Un aspecto que se mejora en la fórmula actual con respecto a la vigente en 2009-2017, que también tomaba los recursos tributarios, es que adopta el criterio de “legislación constante” para evitar el problema asociado a que cambios en la estructura tributaria afectasen el cálculo de la movilidad, como sí pasó en el período mencionado. Un aspecto negativo que se le ha marcado al concepto de “legislación constante” es que puede generar falta de transparencia si no se explicitan las estimaciones realizadas para mantener dicho criterio.
Con respecto a la parte de la fórmula que considera los salarios, se destaca que en el proyecto original se consideraba solamente al índice RIPTE (al igual que hacía la fórmula implementada durante el gobierno de Macri), pero durante su consideración en el Congreso se decidió que se tomase la mayor variación entre dicho indicador y el índice de salarios del INDEC, de forma idéntica al mecanismo vigente en 2009-2017. De hecho, la inclusión de esta reforma fue clave para que la movilidad de marzo diese 8,07%, ya que, si sólo se hubiese utilizado el RIPTE, el aumento habría sido inferior, de alrededor del 7,4%. Este cambio beneficia claramente a la recuperación de los haberes, pero en desmedro de la cuestión fiscal. Hubiera sido deseable, como una forma de reconciliar ambos objetivos, tomar el promedio entre ambos índices en lugar de aquel que otorgue la mayor variación.
Finalmente, un aspecto poco destacado en los medios es que, de acuerdo con la Ley aprobada en el Congreso, la movilidad acumulada durante el año no puede ser mayor a la variación de los recursos totales de la ANSES por beneficio, multiplicado por 1,03, como una forma de brindar mayor sustentabilidad al sistema previsional. Este componente ya había estado presente durante 2009-2017, pero descartado en la reforma implementada durante el gobierno de Mauricio Macri. Este tema no es menor, ya que si, por ejemplo, ese mecanismo hubiese estado vigente durante 2019, la movilidad acumulada para ese año habría dado alrededor del 35% en lugar del 51,1% que otorgó la fórmula de Macri. Sin embargo, el impacto en términos de sustentabilidad será menor ya que, a diferencia de la fórmula de 2009-2017, el tope en la movilidad se aplicaría sólo en el mes de diciembre, cuando anteriormente el mismo operaba desde septiembre.
Desafíos hacia futuro: acceso y sostenibilidad
Considerando lo planteado hasta este punto y con una mirada prospectiva, ¿cuáles son los desafíos que actualmente enfrenta el sistema previsional argentino? Sumado a la tensión planteada más arriba respecto de la sustentabilidad fiscal y la capacidad protectoria de los mecanismos de movilidad, el acceso al sistema es otro de los puntos centrales a tener en cuenta.
En la actualidad, el sistema previsional argentino presenta una elevada cobertura. En este sentido, si se considera a la población que se encuentra en edad de jubilarse, es decir a las mujeres de 60 años y más y a los varones de 65 años y más, en 2020 se registra una tasa de cobertura del 87,3%. Más aún, si nos concentramos en los adultos mayores de 65 años y más, esta proporción de población cubierta se eleva al 92,4%2.
Sin embargo, estos elevados niveles de cobertura del sistema previsional solamente pudieron ser logrados mediante la implementación de políticas orientadas a suavizar las condiciones de acceso. Recordemos que, junto con los requerimientos etarios ya mencionados, el sistema previsional tiene requisitos contributivos, es decir, exige la cumplimentación efectiva de 30 años de aportes en la seguridad social. De este modo, con el explícito objetivo de ampliar los niveles de protección de ingresos de los adultos mayores, en 2004/2005 y en 2014, fueron implementadas dos moratorias previsionales que otorgaron la posibilidad de acceder al sistema previsional a quienes cumplieran con la edad de acceso, pero no pudieran cumplimentar con los requisitos contributivos. Con algunas diferencias, ambas moratorias otorgaron “facilidades de pagos” que dieron la posibilidad de regularizar las deudas previsionales en cuotas que eran debitadas automáticamente de los haberes previsionales. En ambas moratorias, se establecieron fechas desde las cuales podían regularizarse estas deudas previsionales.
En términos de resultados, estas moratorias previsionales permitieron el acceso al sistema a más de dos millones y medio de beneficiarios. Cabe destacar que estas políticas presentaron una marcada feminización de sus beneficiarios, ya que el crecimiento de la cobertura se sostuvo, básicamente, en el hecho de que aproximadamente el 88% de estos beneficiarios fueron mujeres3.
Cabe destacar que en 2016 se creó una pensión no contributiva, la “Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), orientada a toda la población de 65 años y más que no cumpliera con los requisitos de acceso al sistema previsional. La ley de creación de este beneficio estableció que su monto sería el equivalente al 80% de un haber previsional mínimo y que su actualización estaría garantizada por la ley de movilidad vigente. Asimismo, se definió la incompatibilidad de la PUAM con cualquier otro beneficio de la seguridad social, entre ellos las pensiones por fallecimiento del titular y, a diferencia de la jubilación ordinaria, no otorga derecho a la pensión al no poder ser transferida al cónyuge una vez que el titular muere.
Claramente, esta pensión excluye a las mujeres de 60 a 64 años, justamente la fracción poblacional que presenta los menores niveles de cobertura. Para ellas, se estableció la extensión de la moratoria previsional que continúa vigente hasta la actualidad, aunque sin haber actualizado la fecha que permite la regularización de las deudas.
¿Cuál es la situación actual respecto a las posibilidades de acceso al sistema previsional?
Si analizamos la situación contributiva de la población de entre 18 y 59 años, observamos un panorama complejo para las perspectivas de acceso al sistema previsional, tal como se encuentran definidas actualmente. De hecho, en 2020, se registra que poco más de la mitad de la población (52,3%), no presenta aportes en la seguridad social4, situación que se eleva al 60,5% entre las mujeres de esa misma franja etaria. Este escenario, al ser considerado en el mediano plazo, evidencia una tendencia levemente creciente y sostenida en el tiempo5.
¿Cómo impacta esto en el sistema previsional? De mantenerse en el tiempo esta tendencia, más de la mitad de la población no estaría en condiciones de acceder al sistema ya que no cotiza en la seguridad social. En el panorama institucional actual, quienes tengan 65 años y más –esto implica excluir a las mujeres de 60 a 64 años–, podrán acceder a la PUAM, con las desventajas que eso implica (haberes más bajos e incompatibilidades con otros beneficios).
Como conclusión, podemos entonces afirmar que la sanción de la ley de movilidad jubilatoria probablemente no sea la única reforma que se implemente relacionada con el sistema previsional, ya que hay cuestiones pendientes relacionadas con el acceso a los beneficios y la cobertura. Además, si no se logra resolver la inestabilidad macroeconómica de los últimos años, se podrían generar nuevas tensiones fiscales que requieran otros ajustes al mecanismo de indexación de los haberes.
Por Alejandra Beccaria y Sergio Rottenschweiler
* Nota publicada en la edición especial Tiempo Ahora de la revista Noticias UNGS el 29 de marzo de 2021.
-1 El índice RIPTE se define como se define como la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses.
-2 Los datos de cobertura previsional refieren al tercer trimestre de 2020 y fueron estimados a partir de la Encuesta Permanente de Hogares – EPH.
-3 Para un análisis sobre las características de las dos moratorias previsionales, ver Beccaria y Danani (2015): “El camino argentino para la expansión de la cobertura previsional: fundamentos, condiciones y efectos en la protección de las moratorias previsionales argentinas de los años 2005 y 2014”. Trabajo presentado en el 12° Congreso de ASET, Buenos Aires
-4 La ausencia de aportes en la seguridad social puede estar explicada por la población desocupada, la población inactiva o bien por los trabajadores asalariados no registrados en la seguridad social.
-5 Estos datos fueron estimados a partir de la Encuesta Permanente de Hogares – EPH.
Martes 6 de abril de 2021
Impuesto a las Ganancias: Del conflicto político al “alivio fiscal”
Investigadores docentes del Instituto de Ciencias de la UNGS, quienes suscriben esta nota publicaron recientemente, a través del sello editorial de la Universidad, un libro sobre los debates en torno al impuesto a las ganancias que ya recibió comentario en esta revista en los meses finales del año pasado, y que desde entonces ha venido siendo objeto de gran atención en los ámbitos periodísticos especializados.
A propósito de la reciente publicación de nuestro libro El impuesto maldito versus la aristocracia obrera. El conflicto por ganancias, del kirchnerismo a Cambiemos, editado por la UNGS, el periodista Alejandro Bercovich nos hizo una pregunta de indiscutible relevancia cuando concurrimos a su programa de televisión: “¿El impuesta a las ganancias, es para ustedes un tributo justo o injusto?”. Los tiempos mediáticos son generalmente vertiginosos para completar y profundizar en los argumentos, pero vale la pena iniciar esta nota avanzando en aquella inquietud: los impuestos progresivos gravan ingresos de tal manera que, a mayor poder adquisitivo o capacidad económica, no solo se deberá tributar, sino que además se incrementa el porcentaje destinado a cumplir con la obligación impositiva.
El Impuesto a las Ganancias reúne este atributo, traduciendo la justeza que caracteriza al instrumento: gran parte de su recaudación se divide entre nación y provincias, y está destinado en buena medida a solventar erogaciones dirigidas al gasto, o a la inversión social. Sin embargo, la respuesta no podría resultar tan simple ni concisa, y nuestro libro, fruto de una investigación llevada adelante desde el Área de Sociología de la Universidad durante cuatro años, tiene como finalidad mostrar la complejidad que encarna dicha aseveración. Con ello, el texto aporta a la problematización de un proceso sociopolítico con escasos antecedentes en la historia de la Argentina, al igual que en el mundo occidental, cuando Cristina Fernández en su segundo gobierno y Mauricio Macri en el primer año del suyo tuvieron que afrontar el conflicto en torno a este tributo, con paros generales y medidas de fuerza la primera y con presiones sectoriales el segundo, que condujeron a la reforma, aunque parcial, del impuesto al finalizar el 2016. Aquella disputa no quedó sin embargo saldada ni obturada, sino que reingresó en la agenda pública cuando Sergio Massa anunció, consensuado con Alberto Fernández, el tratamiento de un proyecto de ley para modificar algunos aspectos claves de la regulación del Impuesto a las Ganancias: el piso del tan mentado Mínimo No Imponible (MNI) y deducciones como horas extras, entre otros elementos a señalar.
Sin pasar revista por las principales dimensiones que se combinaron para darle fisonomía a esta disputa resultaría acotada la comprensión de la importancia que la nueva reforma del impuesto cobra para los sectores políticos, sindicales y del trabajo que alientan el tratamiento del proyecto, y que se verán beneficiados con los cambios que propone principalmente el oficialismo, con apoyo de actores de la oposición. Dicha tarea parlamentaria demuestra, una vez más, que este impuesto, de relevancia indiscutible en las estructuras tributarias de los países de la región (aunque con un alto nivel de evasión) y de los llamados desarrollados, se encuentra atravesado por intereses y definiciones políticas que afectan el modo en que se instrumenta y la capacidad de recaudación que ostenta.
Efectivamente, el Impuesto a las Ganancias (IG), también llamado a la Renta, se incorporó como tributo desde el siglo XX en los países occidentales para sostener los estados de bienestar y como herramienta que apuntaba a morigerar los procesos de desigualdad, transfiriendo ingresos desde los sectores con mayores recursos hacia el resto de la sociedad. Como historiza Sánchez Román2, este impuesto surgió con un gobierno dictatorial, quedando asociado a un déficit de legitimidad que en las décadas siguientes, por diversas circunstancias, resultaría difícil de subsanar. Durante los gobiernos de Perón, entre 1946 y 1955, los impuestos progresivos no lograron ocupar un lugar central en el imaginario político de la clase obrera y, por tanto, los trabajadores avanzaron en sus derechos ciudadanos pero no en responsabilidades contributivas. Los problemas económicos y el régimen de elevada inflación que caracterizó a la Argentina, especialmente entre 1955 y 1976, no ayudaron a generar confianza en los contribuyentes con respecto a este instrumento tributario. La inflación, por ejemplo, alteraba la percepción sobre la justeza y la equidad del gravamen, utilizado en aquel tiempo por los tributantes como un argumento para evadir y discutir moralmente la idoneidad del impuesto. En consecuencia, un incremento del ingreso relacionado con la inflación conducía a tributar en una escala más alta cuando no se apreciaba al mismo tiempo un aumento del salario real. Estos aspectos no gestaron como contrapartida conflictos colectivos, pero, a partir de 2012 y hasta 2015 centralmente, los reclamos por el IG, en particular por el valor del Mínimo no Imponible, estuvieron presentes en los cinco paros generales y en medidas sectoriales que una parte del sindicalismo de peso confrontativo propició contra el gobierno.
Es por esa razón que nuestro trabajo indaga y profundiza en los componentes técnicos del impuesto que fueron advertidos como problemáticos por los trabajadores, en la importancia que tuvo en este proceso la fractura de la alianza política entre Hugo Moyano, líder de la Confederación General del Trabajo (CGT) entre 2005 y 2012, y el gobierno kirchnerista, en cómo la disputa impositiva favoreció la unificación de sectores gremiales con demandas y modalidades de reclamo que encontraron en la consigna por la derogación del IG una motivación para gestar acciones conjuntas de oposición a las medidas de gobierno. Asimismo, advertimos sobre la capitalización política de las demandas de parte de candidatos partidarios y cómo ello, al estar presente en las campañas presidenciales de 2015, pudo haber influido favorablemente en el triunfo de Mauricio Macri, quien había asegurado, en su ya célebre frase, “en mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso”3. El conflicto también concitó una importante labor legislativa, visto ello en la elaboración de alrededor de 60 proyectos tanto del oficialismo como de la oposición para modificar el impuesto, y movilizó a los principales medios de comunicación hegemónicos –en particular los periódicos Clarín y La Nación– ante cada medida de fuerza, aprovechando la contienda para horadar, durante el mandato de Cristina F. de Kirchner, la adhesión de los sectores medios a su gestión. La reforma parcial del gravamen que finalmente se reguló a fines del 2016 durante el primer año de gobierno de la Alianza Cambiemos, cerró entonces un ciclo de protestas en torno del IG que sin embargo no logró conformar a los sectores alcanzados para la tributación.
Un dato clave para entender por qué el conflicto por ganancias se cristalizó con fuerza desde 2012 y tomó la calle como escenario de reclamo se liga, en consecuencia, con el vertiginoso ascenso del porcentaje de trabajadorxs alcanzadxs progresivamente por el tributo: según consta en el reciente proyecto presentado por Sergio Massa tomando datos de la AFIP, del 9,1% de lxs trabajadorxs en relación de dependencia a los que se les retenía el impuesto en el año 2003, se pasó a un 29,5% en 2013, para descender al 10,4% en 2014, y volver a crecer al 21% en 2017 y al 25,6% en 2020. Un aspecto a destacar es que el incremento en los guarismos no es propiedad de un solo gobierno, sino que atraviesa tres mandatos. Sin embargo, el momento en que el impuesto se populariza y adquiere prestancia en la agenda sindical, de gobierno y dirigentes de la oposición, se sitúa inicialmente en el segundo mandato de Cristina F. de Kirchner. Ello obedeció a demandas y advertencias sindicales muy precisas: el modo en que se actualizaba el MNI (monto a partir del cual un trabajador comienza a tributar ganancias), el congelamiento de alícuotas y escalas, como también el aumento de los precios domésticos junto al acrecentamiento de los salarios nominales que no siempre se traducía en aumentos de capacidad de gasto de los salarios reales. Esto generó que cada vez más trabajadores pasaran a tributar el impuesto, en un contexto de acuerdos paritarios ininterrumpidos desde 2005 en adelante y de incremento del trabajo formal.
Ante la presión de los gremios (especialmente la CGT dirigida por Hugo Moyano, la Celeste y Blanca conducida por Luis Barrionuevo, la CTA Autónoma liderada por Pablo Micheli, la CATT que agrupa a los sindicatos del transporte y sectores de La Bancaria, entre otros) y de la performance desfavorable del Frente Para la Victoria en las elecciones legislativas de 2013 con el protagonismo que en aquel entonces adquirió Sergio Massa, el gobierno reglamento el decreto 1242. Este elemento contribuyó al descenso de lxs contribuyentes del IG a prácticamente el 10% de la cuarta categoría, pero resultó una herramienta que generó desigualdades al interior de los trabajadores que percibían determinados ingresos agregando un condimento altamente complejo en el tributo. Esa reglamentación, derogada en el 2016 con los decretos de Necesidad y Urgencia que Macri lanzó en sus primeros cien días de gobierno, intervino en el modo en que se aplicaba el impuesto en una doble dirección: por un lado, trabajadorxs que percibían similares salarios brutos, pero que con aquel decreto de 2013 habían quedado beneficiadxs para no pagar (quienes durante 2013 habían ganado en promedio mensual hasta $15.000), y quienes habían quedado al otro lado de la orilla con salarios a partir de ese monto pagando ganancias, volverían a compartir la obligación tributaria. Ello condujo rápidamente a un aumento de la masa gravada por el impuesto. Al mismo tiempo, la modificación del MNI en aquellos días generó un alivio, aunque pasajero, del monto a pagar al fisco. Aquel promedio del 10% de la población que a 2015 pagaba ganancias y el gobierno kirchnerista sostenía como deseable, o tolerable, inició una nueva escalada. Por entonces, incrementos paritarios y un aumento anual del MNI por debajo del índice inflacionario, a través de la fórmula del RIPTE reglamentada con la reforma del IG en 2016, condujeron a elevar paulatinamente la población de trabajadorxs y jubiladxs de sectores medios afectados por el IG, así como el monto de sus ingresos destinados a cumplir con esta obligación.
La reforma del 2016 había quedado, por esta razón y por otras no resueltas conforme a las demandas de algunos gremios, con un sabor amargo.
Las nuevas modificaciones del impuesto
A comienzos de febrero de este año, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa presentó un proyecto de ley para eximir del pago del tributo a aquellxs trabajadorxs bajo relación de dependencia con salarios de hasta 150.000 pesos brutos mensuales, mediante el incremento de la deducción especial prevista en el artículo 30 de la ley actual. El proyecto faculta al Poder Ejecutivo, además, a establecer deducciones para lxs trabajadorxs con ingresos de entre $ 150000 y $ 173000, con el propósito de que el beneficio de la reforma también los alcance. En estos casos, no se computará el sueldo anual complementario (aguinaldo) en el cálculo del impuesto. En tanto para quienes perciban por encima de $ 173000 se mantendría las condiciones previas de aplicación del impuesto. Asimismo, la iniciativa incrementa el porcentaje de jubiladxs que dejarían de pagar al elevar de 6 a 8 haberes mínimos el piso de su tributación, es decir $ 164.571. Se propone que el “nuevo piso” se actualice anualmente mediante el RIPTE. Con esta reforma, se beneficiarían 1.267.000 personas que hoy pagan el tributo y quedarían alcanzados solamente el 7% de trabajadorxs registradxs. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal para el Estado sería de $34.143 millones, que, de aplicarse la fórmula presentada por la AFIP en reuniones informativas para los más de 225 mil contribuyentes con salarios de entre $ 150.000 y 173.000, se elevaría a los $ 47.569 millones, sin contar las últimas deducciones incorporadas.
En un año electoral, la medida apunta a mejorar el salario de bolsillo de sectores medios asalariados en un contexto económico de alta inflación y a satisfacer un persistente reclamo de una parte del sindicalismo que integra la coalición gobernante. Observado en el espejo del tratamiento legislativo del Aporte Solidario a las Grandes Fortunas, el perdurable silencio y la neutralidad valorativa de Sergio Massa y los principales referentes de la CGT mutaron a un visible protagonismo reflejado en sucesivas reuniones de trabajo, en algunas de las cuales también participaron dirigentes y legisladores referenciados en la CTA. Entre las demandas sindicales figuraban la eximición del aguinaldo y volver el proyecto retroactivo al 1 de enero, para que contemple todo el año fiscal. También incorporar las exenciones para las horas extras de guardias obligatorias, activas y pasivas para el personal técnico del sistema de salud pública y privada, la provisión de ropa de trabajo, el equipamiento y pagos de cursos de capacitación y especialización. En el marco de estos encuentros y otros con legisladores del oficialismo, se agregó la deducción por gastos de guardería que utilicen lxs contribuyentes con hijxs de hasta 3 años de edad, se modificó la deducción de cónyuge a conviviente y se mantuvieron los beneficios para la zona patagónica, además de duplicar el límite de gastos por hijos con discapacidad sin tope de edad.
Mediante la inclusión de todos estos cambios al proyecto original, el oficialismo obtuvo un dictamen favorable en el plenario conjunto de la comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación el Trabajo, contando con un apoyo importante de un sector de la oposición. Además de lxs legisladores del Frente de Todos, respaldaron el dictamen los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo. En tanto, Juntos por el Cambio mantuvo una posición menos confrontativa que en el tratamiento del Aporte Solidario a las Grandes Fortunas y decidió acompañar con disidencia parcial. El diputado radical Luis Pastori catalogó como un “parche” y cuestionó el carácter distorsivo del impuesto, la discriminación a trabajadorxs autónomxs y a quienes tengan ingresos superiores a los $ 173.000 –que pagarían la alícuota del 35%–, así como el achatamiento de las escalas. Propuso entonces incrementar la deducción a los créditos hipotecarios, actualizar semestralmente escalas y alícuotas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en lugar del RIPTE e incluir dentro de las deducciones los gastos de escolaridad. Varixs legisladorex del Frente de Todos, fundamentalmente aquellxs de extracción sindical, subrayaron la satisfacción por atender un sostenido reclamo como parte de un proceso de recuperación salarial y de mejora de las condiciones de lxs trabajadores en un contexto económico extremadamente difícil. Como denominador común con el debate en torno el Aporte Solidario, se puede remarcar la necesidad planteada por legisladores kirchneristas de una reforma de carácter más integral en el corto plazo para dotar de mayor progresividad a la estructura tributaria. También, acompañando el proyecto presentado por el diputado oficialista Marcelo Cassaretto, el pedido para que los jueces no alcanzados por la reforma del 2016 paguen el tributo.
Con incorporaciones de último momento –como el alcance del impuesto sobres las asignaciones vitalicias de expresidentxs y vicepresidentxs, la posibilidad de deducir la provisión de herramientas educativas para hijxs de trabajadorxs, las eximiciones de bonos por productividad que cobran trabajadores, de los suplementos que cobra el personal militar por título, zona desfavorable y desarraigo y de las horas extras de lxs trabajadorxs de recolección– el oficialismo logró el sábado pasado un contundente respaldo para dar media sanción de la ley en Diputados con 241 votos afirmativos y solo 3 abstenciones. También se espera un apoyo importante en el Senado. El momento económico y los sectores beneficiarios son dos aspectos que no estuvieron exentos de discusiones y matices al interior del Frente de Todos. En el marco de un contexto socioeconómico muy complejo, con niveles de pobreza en el orden del 40,9% (INDEC-primer semestre 2020) y de desempleo del 11% (INDEC, cuarto trimestre 2020) y frente a la suspensión del Ingreso Federal de Emergencia (IFE) destinado a aquellas personas más afectadas económicamente por la pandemia, la reforma de Ganancias si bien representa una mejora salarial atendible, adquiere un sesgo regresivo en la medida en que beneficia a sectores mejor posicionados en términos de condiciones laborales y salariales, en relación a la mayoría de la masa trabajadora. Por otra parte, la ampliación de escalas y alícuotas para los estratos de mayores ingresos hubiera sido una medida más efectiva y progresiva para compensar el significativo costo fiscal para el Estado que la expectativa de que ese monto de dinero, de entre 10 mil y 12 mil millones de pesos, se vuelque en su totalidad a la actividad económica y se recupere en la recaudación a través del impuesto que grava al consumo. En cualquier caso, el tratamiento legislativo de este tema puede operar como un estímulo para debatir y proponer una reforma tributaria en donde los esfuerzos recaigan preferentemente en los sectores de mayor capacidad contributiva, y para que el “alivio fiscal” a través de la reducción de gravámenes indirectos –como el IVA– beneficie a quienes disponen de menores recursos en nuestra sociedad.
Por Gabriela Wyczykier y Damián Corral
*Nota publicada el 29 de marzo de 2021 en la revista Noticias UNGS.
1 “Alivio fiscal” fue un término que utilizó Sergio Massa en varias declaraciones periodísticas.
2 Sánchez Román, José Antonio, Los argentinos y los impuestos, Siglo XXI, Buenos Aires, 2013.
3 Ver en www.youtube.com/watch?v=q7htwkzI9k0
Martes 6 de abril de 2021
Trabajadores "pobres" | Luis Beccaria en IProfesional
El investigador docente del Instituto de Ciencias de la UNGS fue consultado para una nota publicada por el portal IProfesional respecto a la caída del valor de los salarios y cómo medir cuándo un hogar es pobre.
"Si la remuneración del asalariado formal fuera el único ingreso en el hogar y no cubre la canasta, condenaría a ese hogar a la pobreza monetaria", aseguró el economista.
Nota completa
Martes 6 de abril de 2021
Malvinas Argentinas | Ex Combatientes inauguran un museo en Los Polvorines
El pasado 2 de abril se inauguró, en Los Polvorines, el Museo "Ex Combatientes de Malvinas", cuyo objetivo para mantener viva la memoria de lo que sucedió en el conflicto bélico de las Islas Malvinas.
El edificio, ubicado en Presidente Perón al 3600, comenzó a ser construido con fondos propios de los ex combatientes malvinenses, hasta que el municipio se hizo cargo de continuar con la obra.
FM La Uni entrevistó a Jorge Gurzale, veterano de Malvinas, miembro de la Asociación de ex Combatientes "La Carpa Verde", quien brindó detalles del Museo emplazado en el centro de Los Polvorines.
"El museo lo empezamos con fondos nuestros, no era lo que es hoy el edificio, nosotros habíamos hecho todas las bases de encadenado, cemento, todo con fondos propios, ahorros nuestros, esfuerzo. Hemos hechos locros, comidas, para vender y recaudar hasta que en un momento determinado tuvimos una reunión y surgió que la intendencia iba a donar lo que es la edificación del museo y lo hicieron ellos. Nosotros hicimos todo lo que es la reja exterior, gastamos mucho dinero, todo lo que es las fotografías, las gigantografías que están rodeando el museo y los elementos que están adentro muchos los hemos comprado en casas de rezagos militares porque no tuvimos quien nos done cosas de las fuerzas armadas. Justo nos tocó el año de pandemia no, todavía no pudimos conseguir piezas de artillería".
Los ex combatientes, a cargo del Museo, esperan que se convierta en un lugar de referencia para las escuelas e instituciones educativas de la región. 
"En el museo te vas a encontrar lo que es netamente el conflicto, la guerra en Malvinas, desde maquetas donde figuran los combates, algo muy explicativo para los alumnos. Específicamente el museo está para que la gente comprenda, aprenda y vea como fue el conflicto. Fundamentalmente está inspirado para la juventud, para la memoria y que todos los hechos acontecidos en Malvinas queden en la memoria"
El edificio contará con fotografías, maquetas, vestimenta, elementos de combate. Al respecto Gurzale detalló: "Están las maquetas, mas fotos. Van a poder ver como estábamos vestidos, cómo dormíamos, hay colchonetas, bolsas de dormir, frazadas, todos los elementos que uno tenia en forma personal. Hay réplicas de armas, todos los sables, bayonetas. Está determinado por sectores, tenes lo que es Ejército Argentino, Fuerza Aérea, todo lo que es aviación militar, Armada Argentina. Van a encontrar una balsa que usaron en el hundimiento del Gral. Belgrano, hay una maqueta de 1/100 del Crucero, hay turbinas de avión de mirage y hasta hay una trinchera para que vean como es que pasábamos nuestros días en Malvinas. Es netamente sobre Malvinas, sobre el conflicto, tenemos de todo".
Este proyecto surge de la iniciativa de ex combatientes del municipio y de otros ex combatientes que crearon un museo itinerante.
"El museo surge de una idea que tenemos hace varios años de hacer algo así para mostrar elementos y recuerdos que teníamos de la Guerra de Malvinas. Nos juntamos con otro grupo de amigos, de veteranos. Ellos ya tenían, en principio, un museo itinerante, después alquilaron una casa donde hicieron funcionar el museo. Son los muchachos de "Memoria de una guerra", así se llama su agrupación. Ahora estamos unidos en lo que es el Museo de ex combatientes de Los Polvorines".
Para visitar el museo hay que comunicarse al 11-5812-6210, ya que debido a la pandemia se encuentran funcionando con turnos previos para evitar la aglomeración de personas.
A continuación la nota completa:
Podés sintonizar la radio en FM 91.7 o escucharla a través de www.fmlauni.com.ar y encontrar todas las notas emitidas en Radiocut.
Lunes 5 de abril de 2021
Cómo se aplica (y no) la ley de IVE en la región
La ley 27.610, sancionada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto. Después de más de 3 meses de su sanción son disimiles las experiencias en el territorio.
En José C. Paz y Malvinas Argentinas hay espacios de atención específicos pero el panorama es diferente en San Miguel, ya que actualmente la gestión de Jaime Méndez se encuentra incumpliendo la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
FM La Uni dialogó con Sandra Hoyos, referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito de la Regional Noroeste, sobre la situación en los 3 municipios vecinos: "A grandes rasgos podemos decir que tenemos dos municipios que garantizan la interrupción voluntaria del embarazo. De San Miguel no tenemos noticias de que lo estén garantizando y no tenemos expectativas que en este tiempo se garantice".
"Hoy están funcionando en nuestra región, por un lado, el Hospital Materno Infantil, que están en Malvinas Argentinas, en la Localidad de Nogues donde existe un consultorio de interrupción voluntaria del embarazo que atiende 1 vez a la semana, a la mañana. Estos espacios deben ampliarse porque el consultorio de IVE/ILE de Malvinas, está funcionando previo a la ley."
El Hospital Materno Infantil “María Eva Duarte de Perón” está ubicado en Av. del Sesquicentenario 2047 (Ruta 197), en la localidad de Ing. Pablo Nogués. El consultorio de IVE sólo se brinda atención a quienes residen en el municipio.
"En José C. Paz está el CAP Las Heras, antes lo que estaba funcionando era el consultorio ILE que tuvo diferentes lugares de atención. Hay un equipo que trabaja en el acompañamiento. Y no solo está orientado a habitantes de José C. Paz, a diferencia de lo que sucede en Malvinas", señaló Hoyos.
Celestino Saavedra, Secretario de Salud de José C. Paz había comentado con anterioridad, en comunicación con la emisora universitaria, acerca de la aplicación de la ley en el territorio paceño: "Hay un programa para la interrupción legal del embarazo que se está empezando a aplicar en José C. Paz, que se aprobó hace poco en el Congreso y que el municipio tiene su primer centro de tratamiento para personas que quieran acceder a este programa. Está funcionando en el Centro de Salud "Las Heras". De lunes a viernes hay una persona encargada donde te van a empezar a orientar y ver como podes acceder gratuitamente a este programa, al diagnostico y al tratamiento".
El Centro de Salud "Las Heras" se encuentra ubicado en Av. Sarmiento 5363, entre Arias y Bufano, José C. Paz.
A continuación, la nota completa:
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Lunes 5 de abril de 2021
Con medidas de protocolo, estudiantes de Ingeniería Electromecánica realizaron prácticas en el Laboratorio
En tres grupos y siguiendo el protocolo sanitario y las medidas de cuidado ante el covid-19, 19 estudiantes de la carrera de Ingeniería Electromecánica realizaron en el Laboratorio de Ingeniería de la UNGS las prácticas de la asignatura Electrónica I.
Los y las estudiantes, divididos e pequeños grupos y con acompañamiento docente, utilizaron componentes e instrumental electrónico específico para las mediciones y visualización de resultados. “La toma de contacto con instrumental electrónico es fundamental para el aprendizaje de esta disciplina”, asegura Eduardo Rodríguez, investigador docente del IDEI y coordinador académico del Laboratorio de Ingeniería, y agrega que era importante que los y las estudiantes pudieran realizar las prácticas en el laboratorio para “cumplir con los requisitos del plan de la asignatura en cuanto a la formación práctica”.
Para asegurar el distanciamiento durante las prácticas se armaron estaciones de trabajo. Además con el asesoramiento del servicio de Higiene y Seguridad de la UNGS se acordó el aforo en cada una de las salas del laboratorio, el tiempo máximo de permanencia y los sentidos de circulación.
Lunes 5 de abril de 2021
Imágenes del porvenir
El mes de la memoria es también el mes en el que el movimiento de mujeres rememora viejas luchas y reclama nuevos pasos en el camino de construcción de sociedades más igualitarias y más emancipadas. A días de que el Consejo Superior de la UNGS aprobara un documento que nos llena de orgullo y que es uno más de esos incontables pasos que debemos seguir dando, María Pia López reflexiona aquí sobre estas fechas y estos compromisos.
Cada año, los 24 de marzo se actualizan los compromisos con la memoria de las personas asesinadas por el terrorismo de Estado, pero también con una idea de justicia que no remite solo al castigo respecto de esos crímenes, sino al compromiso con una justicia social siempre pendiente. Es decir, no solo justicia en tanto realización de actos judiciales que intentan reparar el daño producido castigando a los culpables, sino también en un sentido que vincula esas acciones presentes con el tipo de militancias por la transformación social que habían encarado sus víctimas. Esa duplicidad es fundamental, y si permanece es por la fuerza que han tenido los activismos por los derechos humanos en actualizar, permanentemente, el horizonte de sus luchas, produciendo fortísimos compromisos con cada situación del presente.
Puede parecer una obviedad, de tan naturalizado que está en el aire de nuestros debates públicos, pero es la gran invención que los organismos han producido: lejos de convertirse en adalides de una memoria pasada, pusieron la historia entera en estado de apertura. Al hacerlo, pudieron no considerar a lxs detenidxs-desaparecidxs solo como víctimas, para pensarlos como militantes. Laura Klein sostiene que en los años ochenta podíamos nombrarlxs como víctimas antes que como vencidxs. Pero si la angelización de las militancias (o sea, el olvido de esa condición) fue gesto inicial para poder mostrar la crueldad de lo hecho por la dictadura cívico-militar, ya en los años 90 el consenso sería otro, y el haber sido militante no era un desmedro para el pedido de justicia, sino la marca en una genealogía en la cual otrxs nos reconoceríamos como militantes.
En 2021, los cuidados ante la pandemia de coronavirus llevaron a los organismos a suspender la marcha tradicional del 24 (esa marcha en la que somos felices de reencontrarnos en las calles, como parte de una comunidad que sostiene allí uno de sus impulsos éticos y políticos fundamentales), y a proponer una campaña llamada “Plantamos memoria”: la convocatoria a sembrar treinta mil árboles. Dicen, en la invitación, que “la Memoria, al igual que la semilla, viene cargada de futuro. Contiene toda la información genética para poder llegar a ser el árbol que late en su destino. En tiempos de incendios, deforestación y cambio climático, invitamos a plantar vida como un acto de memoria y futuro. Porque el recuerdo de cada compañerx detenidx desaparecidx trae consigo el legado de lucha por un país más justo y solidario”.
Cada árbol no reemplaza a cada cuerpo desaparecido, pero sí repone una posibilidad vital, la idea de que la vida renace y para hacerlo también requiere de la memoria. Porque esta es imprescindible para conjurar, incluso, las formas devastadoras que tiene la acumulación del capital sobre las tierras habitadas, y el modo cruento en que se destruyen poblaciones y existencias singulares, no solo humanas. Un árbol es apuesta al futuro y quizás quienes se sienten a su sombra a matear en algunos años no sepan que ese árbol fue plantado para recordar a lxs asesinadxs, pero sí sabrá que la sombra es reparo y que en ese rincón el mundo se vuelve más amable.
La UNGS decidió sumarse a la campaña, y en su amistoso campus tiene ya también un árbol de este 24 de marzo. Como hay otros, ya plantados, que recuerdan a los pueblos originarios y a cuyo alrededor se despliegan ritos. El campus, ese verde que añoramos poblado, ágora pública y sitio de reunión, tiene ya otro árbol, para que no deje de recordarnos, con su silente presencia, que la justicia es algo siempe pendiente, que la justicia social es el horizonte de todas nuestras acciones.
En ese sentido, este marzo es también el de la apuesta, en la Universidad, por desplegar nuevas acciones en términos de derechos y justicia: el 17 de marzo el Consejo Superior aprobó un documento de “Lineamientos para la inclusión travesti, transexual y transgénero” en la institución. Se articulan con los “Lineamientos generales para las políticas de género en la Universidad Nacional de General Sarmiento” aprobados en 2017 y funcionarán como marco de distintas estrategias de inclusión laboral y educativa de la población travesti-trans, a ser coordinadas desde el Programa de Políticas de Género.
Son muchos los esfuerzos institucionales en el sentido de reconocer y respetar las distintas identidades de género y orientaciones sexuales: la adecuación registral interna conforme a la identidad de género autopercibida; la formación obligatoria con perspectiva de género; el reconocimiento del lenguaje inclusivo en las producciones académicas; la sistemática incorporación de estudiantes trans-travestis en la Diplomatura de Géneros, Políticas y Participación; la participación en las producciones culturales y de los medios de la universidad de personas travestis-trans. En este momento, se reúnen esos esfuerzos y se plantea un horizonte de ampliación, que tiene entre sus puntos más relevantes, medidas de acción positiva imprescindibles para incluir a personas cuya situación de vulnerabilidad y posición de desigualdad son conocidas.
A la vez, no se trata de pensarlas solo desde la vulnerabilidad, sino desde la potencia de un tipo de experiencia, creatividad, pensamiento, que aparecen vinculadas a esas posiciones de género, como puede percibirse en las intervenciones de Marlene Wayar, de Susy Shock o de la inolvidable Lohana Berkins, para nombrar solo a algunas de las personas que son parte imprescindible del pensamiento y el arte contemporáneos. Del mismo modo en que cada 8 de marzo se trata de recuperar tanto la denuncia sobre las violencias ejercidas contra mujeres, lesbianas, travestis y trans, como la fuerza creadora de los feminismos, la capacidad de mostrar el trabajo que produce y reproduce el mundo, y la imaginación de otras políticas.
Del 8M al 24M se traza una secuencia que no es solo la de la coincidencia en un tipo de movilización, festiva y memoriosa, intergeneracional y vital, sino también la de producir ese desplazamiento entre la denuncia a una situación de injusticia a la apertura de nuevos sentidos de la justicia. Y al hacerlo, conjuga otras imágenes para el porvenir: ¿por qué no imaginar que bajo esos nuevos árboles, conversarán trabajadorxs y estudiantes que hoy pertenecen a capas segregadas, nuevxs integrantes de una comunidad que cada día hace un esfuerzo para pensar desde los derechos? Que plantar memoria sea plantar semillas de igualdad y nuevos derechos.
María Pia López
* La nota fue publicada en la revista Noticias UNGS el 29 de marzo de 2021.
Lunes 5 de abril de 2021
Un trabajo colaborativo
La UNGS participa, junto a otras universidades de la región, en un proyecto de AySA para la provisión y la garantía del acceso a servicios públicos fundamentales en barrios populares del conurbano bonaerense.
En 24 municipios del conurbano, el 74% de los hogares contaba en 2020 con acceso al agua por red pública y sólo el 54% con desagüe cloacal, según la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC). “Estos datos muestran las limitaciones que un gran número de familias enfrentan para sostener un cuidado seguro y más que necesario durante la pandemia”, asegura Andrea Catenazzi, decana del Instituto del Conurbano de la UNGS, que participa de un proyecto para mejorar esta situación, impulsado por la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S. A. (AySA) y para el que fueron convocadas, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, las universidades nacionales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La propuesta de AySA fue trabajar sobre la extensión de las redes de agua y saneamiento (cloacas) en los barrios populares de su ámbito de concesión: la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. Desde el inicio, participan 16 universidades, organizadas en cuatro regiones. La UNGS integra, junto a las universidades nacionales de San Martín, José C. Paz y Tres de Febrero, la denominada región D, que abarca 11 municipios: Pilar, Escobar, San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Tigre, San Martín, Tres de Febrero, San Fernando, San Isidro y Vicente López.
La extensión de las redes de agua y saneamiento en los barrios populares es una estrategia de intervención de la Dirección de Desarrollo de la Comunidad de AySA que desarrolla, desde su creación en 2006, junto con los municipios. Se inscribe en los Planes Agua y Cloaca + Trabajo, que fueron creados por el Estado nacional en 2003. Hoy, ante la emergencia sanitaria, la gestión de Malena Galmarini puso en primer lugar la necesidad de ampliar la capacidad de intervención y la decisión política de hacerlo junto con las universidades nacionales. Estas fueron convocadas para desarrollar la asistencia técnica y operativa de todo el proceso: planificación y coordinación, relevamiento y diseño de los proyectos (en estrecha colaboración con los municipios), y ejecución (por contratistas, cooperativas o la misma comunidad, previa licitación), seguimiento social y ambiental e inspección técnica de las obras.
Para Catenazzi, la convocatoria interpela a la UNGS con un desafío particular: trabajar de manera colaborativa entre las universidades sobre un mismo territorio, el conurbano bonaerense. “Nuestra universidad, con distintas iniciativas, como Unidesarrollo (se trata de una red de universidades nacionales del noroeste del Conurbano que se puso a funcionar en 2001 y que en su momento llevó adelante importantes aportes en relación con los problemas de la cuenca del Luján-Reconquista y otros problemas urbanos y ambientales, N. de la R.), intentó promover y –tal vez lo más difícil– sostener como política universitaria formas asociativas de trabajo entre las universidades del conurbano, y ahora se plantea este desafío”, reflexiona la investigadora docente, arquitecta y especialista en planificación y gestión de políticas sociales.
Además del trabajo colaborativo entre universidades, los equipos tienen una composición interdisciplinaria, porque la tarea combina aspectos técnicos, ambientales y sociales, tal como fue planteado como requisito por la empresa. En el caso de la UNGS, el ICO cuenta con una vasta experiencia en relevamientos sociales y urbanos realizados junto con referentes territoriales, así como en el diseño colaborativo de proyectos de intervención. “Valoramos las prácticas de formación y de acción en el territorio de los equipos integrados por investigadores e investigadoras (docentes, nodocentes, estudiantes, graduados y graduadas)”, subraya Catenazzi.
El proyecto, que aún no comenzó a ejecutarse, abarca los barrios populares incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (2018) que se encuentran dentro del área de concesión de AySA. Se trata de alrededor de 1151 barrios, en los que se emplazan unos 460.000 hogares. La empresa ya cuenta con un relevamiento técnico y social, y una de las primeras tareas que encargó a las universidades es actualizarlo para disponer de una base de datos georreferenciada. “Los servicios públicos, en particular agua y saneamiento, son un componente clave de integración social y territorial”, remarca Catenazzi, doctora en Geografía y Desarrollo Urbano, para quien, dado el contexto de la pandemia, se volvió “urgente” la ampliación del acceso al agua segura y al saneamiento por su impacto en el cuidado de la salud.
La decana considera que la convocatoria es también “una oportunidad para ampliar el análisis y las propuestas de intervención”, pero que para eso “es necesario reconocer que los barrios populares son parte del conjunto del AMBA”. “Si bien el acceso al agua y al saneamiento en los barrios populares tiene sin lugar a dudas un carácter prioritario, resulta inviable poner en marcha estrategias de inclusión social y urbana si no entendemos a los barrios populares como parte del funcionamiento del conjunto de la ciudad”, explica, y concluye: “La UNGS tiene una extensa trayectoria en investigaciones que examinan la diversidad de procesos que explican el acceso desigual a estos servicios públicos, cuestiones que se dirimen en agendas de políticas públicas muy heterogéneas y que consideramos necesario integrar de alguna manera. Parte de esta concepción consiste en construir una agenda pública que dispute el sentido tradicionalmente asignado a las infraestructuras urbanas desligadas de su impacto urbano y territorial”.
Analía Fasoletti
* La nota fue publicada en la revista Noticias UNGS el 29 de marzo de 2021.
Lunes 5 de abril de 2021
La UNGS, centro de vacunación
En el marco del enorme operativo de vacunación contra el covid-19 desplegado en todo el país, la Universidad Nacional de General Sarmiento funciona desde comienzos del mes de marzo como centro de vacunación. Para ello, puso a disposición las instalaciones del Campus universitario, ubicado en el partido de Malvinas Argentinas, y de la sede Roca, ubicada en el distrito de San Miguel. Noticias UNGS conversó con Sergio Vera, secretario general de la Universidad, para conocer detalles de esta iniciativa.
A partir de la convocatoria realizada por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, y en coordinación con la Jefatura Regional Sanitaria V, la UNGS se sumó desde hace varias semanas al conjunto de universidades públicas que participan activamente en la campaña de vacunación. Frente al inicio de las clases presenciales en las escuelas, y ante la imposibilidad de continuar usando esos establecimientos como vacunatorios, el operativo se trasladó a las universidades públicas, que recibirán a vecinas y vecinos de sus respectivas comunidades.
Por cierto, no es esta la primera muestra del compromiso de la Universidad en medio de la emergencia sanitaria que atraviesa el país desde el año pasado. Entre otras cosas, desde mediados de 2020 funciona en la UNGS un Centro de Telemedicina COVID-Universidad (CeTeC-U), una iniciativa que se lleva a cabo en convenio con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y en coordinación con el Municipio de Malvinas Argentinas. Por medio del trabajo de voluntarias y voluntarios de la Universidad, se realiza la detección precoz y el seguimiento de contactos estrechos de pacientes con coronavirus, y también se identifican situaciones de violencia. Actualmente, el CETEC se encuentra haciendo seguimiento de las personas que fueron vacunadas y brinda dicha información a la autoridad sanitaria provincial para su sistematización.
La adecuación de los sectores de las instalaciones de la Universidad asignados ahora a la tarea de vacunación requirió incorporar los equipamientos y el mobiliario necesarios y trabajar en coordinación con autoridades municipales de los dos distritos para resolver las cuestiones de logística y de seguridad que fue necesario atender. Por el momento funciona en cada una de las dos sedes cinco vacunatorios, aunque existe la posibilidad de incrementar ese número. Sobre esos asuntos conversó Noticias UNGS con el secretario general de la Universidad, profesor Sergio Vera.
–¿Cómo surgió la posibilidad de que la UNGS colaborara en la campaña nacional de inmunización contra el covid-19?
–La participación de nuestra universidad en la campaña surgió como parte de un acuerdo entre la Secretaria de Políticas Universitarias de la Nación y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. En un encuentro del que participaron las autoridades de las universidades del AMBA, el secretario de políticas universitarias Jaime Perczyk y el viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires Nicolás Kreplak, se acordó que las universidades reemplazarían como centros de vacunación a las escuelas, que en principio se habían destinado a esa tareas pero que pronto deberían quedar disponibles para el retorno a las clases presenciales. Se trabajó de manera conjunta con la jefatura de salud de la región IX, con quienes definimos qué parte de nuestras instalaciones debían quedar afectadas, atendiendo a dos objetivos: lograr el mejor esquema de circulación posible para quienes se deben vacunar y afectar en el menor grado posible las actividades de la propia universidad.
Para avanzar con la adecuación de nuestros edificios, se trabajó contra reloj con el equipo de servicios generales de la Universidad, quienes se encargaron de trasladar mobiliarios, delimitar las zonas de circulación y poner a punto las instalaciones eléctricas. Además, se aseguró, con el acompañamiento de la Dirección General de Sistemas y Tecnología Informática (DGSyTI), el perfecto funcionamiento de las redes de wifi. A esos equipos se sumaron distintos grupos de la Secretaria General de la Universidad, con el fin de asegurar el acompañamiento necesario a la coordinación de ambos vacunatorios. Todo esto pone de manifiesto una vez más el compromiso que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la UNGS con nuestra sociedad. Es importante mencionar que gran parte de esas acciones fueron dirigidas en la sede Roca por el coordinador Fernando Armani.
–¿Hay otros centros de vacunación, además de la UNGS, en San Miguel y en Malvinas Argentinas?
–Sí. Actualmente, en Malvinas Argentinas se han instalado dos postas más para la vacunación, en las localidades de Villa de Mayo y Grand Bourg. Respecto de San Miguel, además de la sede Roca de la UNGS se cuenta con un centro de vacunación en el centro de salud “Susana Pertierra” del SuteBA.
–¿Cuántas vacunas se han aplicado ya? ¿El proceso avanza a buen ritmo?
–Se han aplicado ya en ambas sedes de la UNGS unas 6 mil dosis, en todos los casos a vecinos y vecinas de San Miguel y Malvinas Argentinas de todos los grupos prioritarios establecidos por el Estado Nacional y por la provincia de Buenos Aires, que es la que se encarga íntegramente de la administración del sistema de turnos. La vacunación avanza en los distintos sectores de acuerdo a la disponibilidad de vacunas y el origen de las mismas, lo que define por cuestiones estrictamente protocolares qué grupo se puede vacunar en cada caso. Por ejemplo, el ingreso en las últimas semanas de vacunas de Sinopharm permitió avanzar con docentes, auxiliares y grupos de riesgo menores de 60 años de edad, porque esa vacuna no está aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para ser aplicada a mayores de dicha edad. Las autoridades sanitarias indicaron que la campaña avanza de manera dinámica en todo el territorio. Esta semana, la Provincia alcanzó las 3.798.568 personas preinscriptas y más de 582 mil dosis aplicadas, de las cuales más de 460 mil corresponden a la aplicación del primer componente y más de 120 mil al segundo; es decir al esquema de vacunación completo.
–¿Hasta cuándo va a estar activa la UNGS como sede de vacunación y cuánta gente se espera vacunar en ese período? Debe ser muy interesante recibir a una cantidad de vecinos y vecinas para quienes tal vez este sea el primer contacto con la Universidad de su región, de su barrio…
–Los centros de vacunación instalados en nuestra Universidad (5 postas en cada sede) permanecerán activos, en principio, hasta el mes de agosto (incluso existe en la sede campus la posibilidad de ampliar el número de postas al doble de las que tenemos hoy), lo que permitirá inocular a unas 50 mil personas. Y sí: más allá que el objetivo principal del operativo es vacunar a los distintos grupos, esto constituye una buena oportunidad para que gran parte de la comunidad, que de otro modo no lo haría, pueda conocer nuestra universidad. Lo mismo ocurre con muchos vecinas y muchas vecinas que se acercan a nuestras sedes para averiguar cómo es el proceso. Allí se cuenta también con la asistencia del municipio de Malvinas Argentinas, que brinda información e incluso colabora con la población para hacer el registro necesario para la vacunación. Se trata de un esfuerzo en el que convergen la administración de los estados nacional, provincial y municipal. Por supuesto, el rol de los municipios en este proceso es fundamental ya que intervienen de diversas formas, desde la organización del tránsito hasta el aseguramiento de las medidas de seguridad necesarias, colaborando también en la administración de los turnos de vacunación.
–Esta participación de la UNGS en la campaña de vacunación complementa una cantidad de actividades que la Universidad venía realizando en el marco de la pandemia…
–Sí, claro. Que la Universidad se haya transformado en centro de vacunación fue para nosotros una obligación, por supuesto, pero es también un orgullo. Desde que la pandemia comenzó a afectar a nuestro país hace ya más de un año, la situación social y económica se deterioró de forma excepcional, más aún en los sectores más postergados. Pero desde el comienzo nuestra comunidad universitaria estuvo a la altura de las circunstancias. Se realizaron múltiples acciones para poder intervenir positivamente en nuestro territorio, desplegándose incluso tareas a las que no estábamos habituados. Los equipos de investigación adecuaron sus trabajos para dar respuesta a las preguntas que surgieron como consecuencia inmediata de la pandemia, o incluso de desplegaron acciones de intervención directa, como pueden ser los proyectos para la prevención y el monitoreo de la enfermedad en distintos municipios del conurbano o el proyecto “Barrios por la salud”, donde se propone una intervención directa; varios equipos nodocentes desplegaron todo su compromiso para llevar a cabo, coordinados por distintas secretarias de la Universidad, las acciones del “Fondo Solidario”, que permitió acercar insumos alimentarios y de limpieza, e incluso expresiones culturales, a más de cincuenta ollas populares de la zona; se desplegó un centro de telemedicina coordinado por la secretaría general y el ministerio de salud bonaerense para el seguimiento de casos estrechos y actualmente, también, de personas que han sido inoculadas. Gran parte de la comunidad tuvo que adecuar sus tareas y empezar a hacer una cantidad de cosas a las que no estábamos acostumbrados. Sin embargo, intentaremos seguir dando respuestas. Los centros de vacunación en nuestra universidad, se suman a ello.
*Nota publicada en Noticias UNGS, el 29 de marzo de 2021
