Viernes 20 de noviembre de 2020

La Universidad como bien público

En el marco del Eje “Sistema Universitario” del Foro Universitario del Futuro, co-organizado por el Programa “Argentina Futura” de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el Consejo Interuniversitario Nacional, la Secretaría de Investigación de la UNGS organizó una mesa redonda sobre “La Universidad como bien público: democracia, conocimiento y futuro”. Sus conclusiones formarán parte de los materiales con los que se elaborará el documento final de propuestas del Foro, destinado a servir a la elaboración de las políticas públicas en muy diversos campos.

A partir de la iniciativa nacional del Foro Universitario del Futuro de desplegar un conjunto de actividades destinadas profundizar la articulación entre el conocimiento académico y la planificación de políticas públicas, se desarrolló en la UNGS, desde luego que de manera virtual, una mesa redonda convocada bajo el título “La Universidad como bien público: democracia, conocimiento y futuro”. Participaron de la misma Rodrigo Arocena, ex rector de la Universidad de la República de Uruguay, Diana Suárez, egresada e investigadora-docente de la UNGS y actual Vicepresidenta de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires, Enrique Martínez, ex presidente del INTI y actual Coordinador del Instituto para la Producción Popular, y Gabriela Diker, rectora (en uso de licencia) de la Universidad y actual Secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. La mesa fue coordinada por Eduardo Rinesi y contó con los aportes, como comentaristas, del investigador docente del Instituto del Desarrollo Humano Oscar Graizer y la secretaria académica de la UNGS Paola Miceli.

Arocena indicó que la democratización del conocimiento aparece como una guía que nos permite enfrentar los grandes problemas de nuestro tiempo: la in-sustentabilidad de nuestra vida colectiva debida al predominio de una mirada sobre los procesos productivos economicista y desaprensiva respecto al medio ambiente, y la desigualdad social, a la que las divisiones socialmente establecidas de los aprendizajes sobreañaden otra desigualdad: la derivada de la adquisición desigual del conocimiento. La Universidad debe propender a la democratización del conocimiento para favorecer la sustentabilidad y la igualdad. Es en el marco de esta doble preocupación por la sustentabilidad ambiental y por la democratización social que debe promoverse el diálogo de la Universidad con los actores estatales, con los actores de la producción (hasta aquí, el tema del clásico “triángulo de Sábato”) y con los sectores populares. Para Arocena, estos últimos son actores principales, quienes deben de estar en pleno desarrollo de sus capacidades creativas para que se produzca una verdadera democratización del conocimiento.

Suárez se preguntó cómo pensar e futuro en un mundo incierto e imprevisible. La vicepresidenta de la CIC enfatizó que las universidades estuvieron a la altura de los desafíos que la planteó la pandemia que hoy azota el mundo en cuanto a la producción de respuestas a las preguntas de los gobiernos y de los pueblos. Pero subrayó que este contexto exige a las universidades estar dispuestas a reformarse, aprender de sus errores y transformarse. Las universidades –coincidieron todas las exposiciones– deben poder repensar críticamente sus propias prácticas, revisar (en una perspectiva que propenda a la cooperación y evite la cristalización de divisiones y de jerarquías) sus relaciones con el resto del sistema nacional de innovación y redoblar sus esfuerzos en pos de la equidad, de “nivelar la cancha” de la vida social en términos de las muchas desigualdades que la habitan. Una universidad democratizadora no es solo una que reciba a jóvenes de los más diversos sectores sociales en sus aulas, que fomente sus aprendizajes, sus avances y su promoción, sino también una que produzca profesionales en condiciones de forjar una sociedad más igualitaria.

En la misma dirección, Enrique Martínez indicó que la Universidad debe cuestionar su propio formato profesionalista y el espíritu meritocrático que la anima. Que debe preguntarse por el conocimiento que produce y que pone a circular y al mismo tiempo por los modos en los que no deja de reproducir las desigualdades y las exclusiones que denuncia. Una política pública democratizadora para la Universidad debería estimular que ésta pueda cuestionar los conocimientos hegemónicos cuestionando el modo en que la dominan, en primer lugar, a ella misma. La Universidad debe asumir, de la mano de una política que la ayude a hacerlo, la tarea de orientar a la sociedad en un sentido diferente al que hoy determina el sentido de sus investigaciones y del conjunto de su actividad, incluida dentro de ella su actividad formativa. En este punto el argumento del ex titular del INTI se acercó a la idea del ex rector de la UR de una autonomía universitaria “conectada”, no negativa, no sinónimo de independencia ni de separación del mundo, sino positiva: la autonomía como autogobierno para poder cumplir mejor la misión de la universidad en ese mismo mundo.

Finalmente, Diker señaló que afirmar que la Universidad es un bien público es decir que es un derecho colectivo del pueblo, y planteó cuatro tensiones sobre las que reflexionar. Una, la tensión entre ese derecho (o “interés”) del pueblo y el interés o derecho de cada ciudadano. ¿Cómo se definen los requerimientos colectivos para orientar en torno a ellos la acción de las Universidades? ¿Cómo orientar los resultados de la Universidad para construir la sociedad más igualitaria? Dos, la tensión entre la autonomía y el mercado, de la que parecería una forma de resolución la idea de “autonomía conectada” ya presentada. Tres, la tensión entre el presente en el que debemos planificar es posible planificar en función de las necesidades que suponemos que vamos a tener y el futuro (siempre incierto, como decía Suárez) en el que esas necesidades se presenten, y cuyos rasgos es siempre difícil de prever. Y cuatro, la tensión entre la idea de necesidad y un modo de entenderla estrechamente utilitaria. Es necesario producir los profesionales y los conocimientos que los pueblos necesitan, pero esa “necesidad” no puede pensarse en términos apenas económicos o empresariales.

Por supuesto (y en este punto, ya cerca del final de la conversación, Diker coincidió con los otros y las otras panelistas), el derecho individual de los ciudadanos, y sobre todo de los ciudadanos pobres, tradicionalmente excluidos de los beneficios de la educación superior, no tiene por qué ser incompatible con el derecho colectivo del pueblo a una universidad igualitaria y democratizadora. De hecho, que el Estado diseñe políticas públicas activas para permitir el ingreso, la permanencia, el avance y el egreso de nuestras universidades públicas de miles de estudiantes de esos sectores populares tiene, además del sentido de justicia de que estos individuos vean garantizado efectivamente ese derecho a la educación superior que los asiste, el de que el país vaya a tener en el futuro profesionales surgidos de otras filas que las de las élites. Como han señalado en más de una ocasión –como se recordó en la conversación sobre este punto– el ex presidente de Brasil “Lula” da Silva y el juez Raúl Zaffaroni, esa democratización de los conocimientos y de las titulaciones profesionales redundará en una evidente democratización del país en su conjunto.

En la ronda final de comentarios e intervenciones, el coordinador de la mesa recuperó, al servicio de pensar los actuales desafíos de una Universidad a la altura de los problemas de los pueblos y de la humanidad en su conjunto, la idea de Jürgen Habermas de que una sociedad democrática es la que consigue poner en diálogo los tres vértices del triángulo que forman los que gobiernan, “los que saben” (el sistema científico, tecnológico y universitario) y una opinión pública informada y crítica, y Oscar Graizer aprovechó las referencias a los dos “triángulos” que habían sido convocados: el de Sábato y el de Habermas, para indicar que en la discusión sobre el sentido que tiene o que tiene que tener la idea de la Universidad como bien público se ponen siempre en juego los modelos de sociedad posibles, las estructuras existentes y también (una de las tensiones de las que había hablado Diker) las estructuras futuras en función de las cuales se diseñan hoy las políticas públicas. Acaso gobernar –sugirió, ya para terminar– sea poder determinar cuánto del futuro está o puede estar hoy presente en el presente desde el que estamos obligados a pensarlo.

Daniela Morán

* La nota fue publicada en la edición del 19 de noviembre de Noticias UNGS

Viernes 20 de noviembre de 2020

Éramos desiguales y llegó la peste

Promediando el año, y luego de que nuestro país atravesara cuatro meses de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPCyT) abrió la convocatoria PISAC-COVID-19, en el marco del Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC) creado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en 2015.

Con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que destina un presupuesto de 66 millones de pesos, la ANPCyT, en articulación con el Consejo de Decanas y Decanas de las Facultades de Ciencias Sociales y Humanas del país (CODESOC), convocó a la conformación de redes de trabajo interuniversitarias constituidas por nodos de investigación asentados en diversas instituciones. “Esta iniciativa interinstitucional está dirigida a promover los esfuerzos de las investigadoras y los investigadores y de los equipos e instituciones de las Ciencias Sociales y Humanas que estén dispuestos a realizar estudios empíricos sobre la sociedad argentina en la postpandemia, sus transformaciones, dificultades y soluciones colectivas para vivir mejor”, expresaba la convocatoria. El objetivo es la generación de información útil para el diseño de políticas públicas en el término de un año. La UNGS participó activamente en la convocatoria, y sus grupos de investigación forman parte de cinco de los diecisiete proyectos que resultaron ganadores y obtuvieron el correspondiente financiamiento. Felicitas Acosta, Mariana Luzzi, Martín Armelino, Verónica Maceira y Magdalena Chiara son las investigadoras y los investigadores responsables de los equipos de la UNGS que integran estos proyectos.

Redes federales para investigar

El carácter asociativo de la convocatoria, requisito fundamental para la obtención del financiamiento, dio como resultado la construcción de redes de trabajo de grandes proporciones que otorgan a los proyectos de investigación que se van a llevar adelante a partir de ahora una densidad infrecuente en el diseño de esos instrumentos. Además de las pautas de conformación de las redes, que establecían la obligación de respetar determinados criterios de distribución de las universidades participantes en cada proyecto en las distintas regiones del país, lo novedoso de la convocatoria estuvo en la promoción de la equidad de género y de la inclusión de investigadores jóvenes en el diseño de los equipos, de los nodos y de las redes. Cada uno de los proyectos presentados se inscribió en uno de seis ejes temáticos propuestos: 1. Estado y políticas públicas, bienes públicos y bloques regionales (donde se asentaron los proyectos de los equipos dirigidos por Magdalena Chiara y Martín Armelino); 2. Seguridad, violencia y vulnerabilidades; 3. Tareas de cuidado y relaciones de género; 4. Salud y nuevas formas de protección social; 5. Transformaciones del mundo del trabajo y de la educación y perspectivas sobre la desigualdad (donde se asentaron los equipos a cargo de Verónica Maceira, Mariana Luzzi y Felicitas Acosta), y 6. Representaciones, discursos y creencias.

De Ushuaia a La Quiaca, lxs investigadorxs argentinxs

El proyecto “Programa de Investigación Regional Comparativa (PIRC): Cambios recientes en la estructura social argentina: trabajo, ingresos y desigualdad social en tiempos de pandemia y postpandemia”, con dirección científica de Pablo Dalle y radicación en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, se construyó sobre la base de 12 nodos. Articula grupos de investigación de las Universidades Nacionales de Jujuy, Nordeste, Córdoba, Cuyo, Río Negro, Tierra del Fuego, La Plata, Tres de Febrero, Mar del Plata, la Universidad Católica Argentina, el Centro de Innovación de los Trabajadores y la UNGS, en este último caso a través de un equipo del Instituto del Conurbano que, articulado con uno del Instituto de Ciencias, será coordinado por Verónica Maceira. Para la realización del trabajo de los 12 nodos, la financiación asignada al proyecto es de $ 5.497.500. El PIRC se propone estudiar los procesos de desigualación en la estructura social partiendo de la crisis económica previa a la pandemia y centrándose en las diferencias mensurables de acceso al trabajo y nivel de ingresos. Serán relevados hogares de todas las regiones representadas por las Universidades parte. El trabajo indagará esos procesos y el impacto de las políticas públicas de transferencia de ingresos sociales: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). La investigación tiene una bajada específica, en la que se profundiza el estudio en el sector de la construcción, el sistema científico educativo y la economía popular, con posibilidades para la intervención estatal en la pospandemia. Pero los equipos están pensando, incluso, más allá. La idea, dice Maceira, “es sentar las bases, a través de la red, para iniciar un programa que, con el esfuerzo coordinado de las distintas universidades, produzca una fuente de información propia para la investigación social. Esta convocatoria nos pone a las universidades en un lugar de interlocución relevante en relación al diseño de políticas públicas”.

El proyecto titulado “Dinámicas de Endeudamientos de Familias y Empresas durante la Pandemia y Pospandemia COVID-19. Impactos sobre las Desigualdades” tiene dirección científica de Ariel Wilkis y está radicado en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Comprende el trabajo conjunto con las Universidades Nacionales de San Martín, José C. Paz, Tierra del Fuego, Patagonia Austral, Río Negro, Litoral, Rafaela, Cuyo, Chilecito, Mar del Plata, la Escuela de Gobierno de Chaco y la UNGS, representada en este proyecto por un equipo de investigadores e investigadoras de los Institutos de Ciencia y de Industria, coordinados por la investigadora docente Mariana Luzzi. Para su ejecución la red recibió financiamiento por $ 5.500.000. Los equipos abordarán las dinámicas de endeudamiento de familias y pequeñas empresas en todo el país, y tratarán de averiguar cómo, a lo largo de la pandemia y debido a las condiciones del ASPO, tuvieron lugar nuevos procesos de endeudamiento o se profundizaron los anteriores: con quiénes se contrajeron las deudas (con el sistema financiero formal o informal, con familiares, con amigos, con la educación privada, con el sistema de salud…), cómo las familias están gestionando esas deudas y cómo se generan, como consecuencia, estados de vulnerabilidad. “Uno de los principales aportes que esperamos poder realizar es poner en diálogo información que producen distintas agencias del Estado y que no se analiza en conjunto” destaca Luzzi, haciendo referencia a los datos que manejan el Banco Central, el ANSES y el INDEC, entre otras agencias públicas, sobre el comportamiento de las familias y de las empresas.

El proyecto “La implementación de políticas públicas para dar respuesta a la crisis desatada por la pandemia COVID-19: Una mirada desde las relaciones intergubernamentales y las redes de políticas”, con dirección científica de María Mercedes Di Virgilio y radicación, también, en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, integra asimismo doce nodos de distintas regiones del país, en una red que conforman la UBA, las Universidades Nacionales de San Martín, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, Cuyo, Litoral y Salta, el INTA y la UNGS. En esta última, el equipo involucrado está integrado por un conjunto de investigadores e investigadoras coordinado por la investigadora docente Magdalena Chiara, que abordará las políticas de prevención de contagios masivos: estrategias de detección, rastreo y aislamiento, cordones sanitarios, medidas para la administración del distanciamiento social, campañas de uso del tapabocas, lavado de manos, etc. Para la ejecución de este trabajo la red recibió un financiamiento total de $ 5.489.340. Entre los puntos a destacar de esta investigación que se pone en marcha, Chiara subraya “la solidez metodológica que posee el proyecto, cuyos resultados ofrecerán información cuantitativa producto del trabajo de campo (a escala, sobre dicha información)” y el carácter marcadamente federal que tuvo el armado del equipo que lo llevará adelante. Pero sobre todo destaca la importancia de la preocupación teórica por el problema del territorio, que es un problema muy caro –dice– para la UNGS , que “viene trabajando en esa dirección desde hace muchos años”.

El proyecto “El sostén público a la supervivencia de hogares y unidades económicas en la urgencia. Iniciativas, mediaciones y alcances de la asistencia en perspectiva comparada”, con dirección científica de Mariana Heredia y radicado, él también, como otro de los que ya han sido indicados, en el IDAES de la UNSAM, se propone una exploración de la implementación de las políticas que llevó adelante el Estado nacional, como el IFE y las ATPs en todas sus variantes, para sostener la supervivencia de los hogares y unidades económicas más vulnerables. Lo hará a través del análisis de la legislación correspondiente a cada una de esas políticas y a sus aplicaciones provinciales y locales, así como de la dinámica que ha tenido su trayectoria en el espacio público. La red, que contará con un presupuesto de $ 4.200.000, está constituida por diez nodos, de las Universidades Nacionales de Tucumán, La Pampa, Litoral, Patagonia, Córdoba y San Martín, el INCIHUSA, el Centro de Investigaciones Sociales, la Escuela de Gobierno de Chaco y la UNGS, donde un equipo de investigadores e investigadoras se ocupará específicamente de la implementación de esas líneas de política pública en el municipio de Malvinas Argentinas. La apuesta del proyecto está, como explica Armelino, en explorar los puntos grises que quedan entre la letra de una disposición pública y los efectos y consecuencias en sus beneficiarios. “La apuesta no es normativa: si funcionaron o no. La apuesta es analizar cómo las medidas impactaron en dos órdenes de la vida cotidiana, las pymes y las personas, sobre las cuales se estructura la vida económica de muchas familias”. Armelino recupera la contribución de los cientistas sociales en la puesta en valor de políticas públicas, informando qué sucede en las vidas de las sociedades en situaciones de crisis y cómo llevan adelante en las distintas situaciones la recuperación de la actividad y su propia manutención.

El proyecto “La reconfiguración de las desigualdades vinculadas a la educación secundaria argentina en situación de pandemia/pospandemia”, con dirección científica de Renata Giovine y radicado en el Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales (NEES) de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, se apoya sobre la Reunión de Investigadores/as de Educación Secundaria (RIES), cuya Comisión Académica integran Flavia Terigi, decana del Instituto del Desarrollo Humano, y Felicitas Acosta, investigadora docente responsable del equipo de trabajo de la UNGS en este proyecto. Para el desarrollo de la investigación se conformó un equipo integrado por ocho nodos, que con un presupuesto asignado de $ 5.500.000 pretende dar cuenta de las condiciones desiguales y las dificultades que atraviesa este nivel educativo como consecuencia de la pandemia. Acosta destaca dos puntos relevantes de este proyecto. En primer lugar, en cuanto a la producción de conocimiento, celebra que el trabajo permita “continuar una línea de investigación sobre educación secundaria que lleva más de diez años en la UNGS, en un momento de alteración específica, de quiebre…”; en segundo lugar, dice, “nos permite tener una escala que no siempre es posible en los proyectos de investigación en las universidades, porque los recursos, tanto humanos como financieros, son más acotados”. En este caso, el armado de la red permitirá trabajar a una escala amplia y con la mayor densidad en la comprensión del problema de la educación secundaria, que podrá estudiarse en muy distintas regiones del país.

Conocer más para decidir mejor

El armado de redes federales y de equipos de trabajo interdisciplinarios, así como la premura que supone el límite de un año para construir información que colabore con la toma de decisiones a mediano plazo, fue un desafío para los equipos de investigación de la UNGS. Sin embargo, como el horizonte de los resultados está en mitigar y hasta modificar la estructura de daños que la pandemia produjo y continúa produciendo en nuestras localidades, los coordinadores y los grupos pusieron manos a la obra para ayudar a construir un futuro cercano que nos deje a todxs, aunque especialmente a los sectores más frágiles de nuestra sociedad, mejor posicionadxs para seguir adelante.

Tamara Pachado

* La nota fue publicada en la edición del 19 de noviembre de Noticias UNGS