En el actual contexto de emergencia sanitaria, en el que la violencia intrafamiliar se ha incrementado por el aislamiento y las posibilidades de intervención y acompañamiento desde la escuela se ven reducidas por la no presencialidad, trabajar sobre la Educación Sexual Intergral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes resulta de vital importancia. Desde la UNGS, y en articulación con instituciones educativas de la región, se llevaron a cabo diversas actividades para promover una cantidad de intercambios y de acciones signadas por un espíritu de cuidado y de respeto.
La aplicación de la Ley 26.150, cuya sanción en 2006 implementa un Programa Nacional de Educación Sexual Integral, ha sido esquiva. En 2020 todavía muchas educadoras y educadores luchan por la correcta implementación de lo que se conoce como “la ESI” en establecimientos educativos públicos y privados, en todos los niveles y en todas las jurisdicciones a lo largo del país. La UNGS forma parte de ese colectivo, impulsando y acompañando acciones que apuntan a cerrar la brecha entre el texto de la ley y la realidad efectiva de su aplicación.
La ley, que establece que todos las y los “educandos” tienen derecho a recibir educación sexual integral, tiene como objetivos principales incorporar este tipo de formación a las propuestas educativas, promover actitudes responsables, prevenir problemas de salud sexual y reproductiva y procurar la igualdad de oportunidades para todas las personas.
Este tiempo plantea para algunas instituciones la posibilidad de reflexionar sobre este tema. Entre educadores y educadoras de distintos ámbitos surgen inquietudes sobre la necesidad de generar nuevas instancias de vinculación entre los agentes que deben llevar a cabo la implementación de la ESI. La Universidad, como institución inserta en el territorio que la circunda, acompañó y acompaña estas iniciativas.
En un encuentro de directivos de nivel inicial del partido de Malvinas Argentinas se plantearon dudas e inquietudes sobre el uso del lenguaje inclusivo. La Universidad ofreció a las supervisoras de la región organizar un conversatorio para abrir el debate y enriquecer la discusión. Con este objetivo, invitaron a la socióloga María Pia López, secretaria de Cultura y Medios de la Universidad, quien resaltó que estos encuentros permiten “conversar con docentes, que trabajan y transitan las aulas, sobre sus dudas y temores. Surgieron miedos con respecto a la reacción de las familias, y, en otros casos, se movilizaron preconceptos y formas reactivas frente a temas planteados desde la perspectiva de género. En general son encuentros muy productivos porque te dan la posibilidad de poder conversar con personas que están a cargo de la ejecución de políticas concretas.”
También en el distrito de Malvinas Argentinas, la Escuela Infantil y Sala de Juegos Multiedad de la Universidad continúa con las actividades a distancia y a través de la virtualidad, poniendo la ESI “bajo la lupa”. Verónica Kaufman, asesora pedagógica de la Escuela Infantil de la UNGS, detalla que organizaron una charla y conversatorio con Alan Otto Prieto, de la organización CAPICUA, sobre la ley de identidad de género en las instituciones educativas y sobre las infancias trans. “A partir de ese aporte y los intercambios del encuentro, nos reunimos y analizamos diversos modos en que la ESI se despliega en nuestra institución. Analizamos la importancia que reviste el modo en que nos dirigimos a las niñas y niños, el respeto y cuidado por sus cuerpos, sus gustos y preferencias”, comparte Kaufman.
Otra de las propuestas para debatir la ESI que se desplegaron en las últimas semanas fue organizada por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) de General Sarmiento junto a la Jefatura Distrital San Miguel de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, al Centro de Información e Investigación Educativa San Miguel (CIIE San Miguel) y a la UNGS. Se realizaron dos charlas: una dirigida a docentes del nivel inicial y primario y otra para docentes de nivel medio. Ambas contaron también con la participación de María Pia López y de María Eugenia Fortunato, profesora en ciencias naturales y especialista en Educación Sexual.
Con respecto al espíritu de estas charlas, López consideró de vital importancia que se haya dado a instancias de la Jefatura Distrital: “es muy importante que en San Miguel, con el cuestionamiento que se hace a la perspectiva de género desde la política, las autoridades educativas tengan un compromiso como el que manifestaron con estas jornadas”.
Durante los encuentros, la profesora Fortunato expuso los ejes fundamentales de la ESI. La educación sexual –dijo– “abarca no sólo los aspectos biológicos, de lo genital; la mirada actual es democrática y, como tal, este paradigma busca la emancipación de los cuerpos, de la psicología de las personas, de los sentires y la posibilidad de la libre expresión. Poder trabajar las diversidades, por ejemplo, desde los cuentos infantiles, problematizar estereotipos, mandatos sobre lo que debe ser un varón o una mujer: eso es trabajar la ESI.”
También desde el Museo de Ciencia, Tecnología y Sociedad “Imaginario”, de la UNGS, se trabajó sobre este tema. Lo hizo a través de una charla para docentes en torno al papel que el Museo puede tener en la aplicación de la ESI. Desde hace ya un par de años, el Imaginario cuenta con “valijas” con material sobre temas de género que llevan a la escuelas gracias a su programa “Imaginario va a la escuela”. La demanda creció el año pasado al calor de la urgencia por aplicar la ley, y los pedidos no cesaron este año tampoco, por lo que el equipo del Museo evaluó poner sus conocimientos, recursos y herramientas a disposición, esta vez con la virtualidad como mediadora. El evento contó con casi 400 inscripciones y el video de la charla tiene, al día de hoy, casi mil visualizaciones. Las organizadoras se mostraron sorprendidas por el interés manifestado tanto por la charla como por el material que el Museo puede ofrecer a docentes y escuelas.
Tamara Martínez Ortiz, a cargo de este primer encuentro en vivo, destacó las ventajas de la virtualidad: “como Museo universitario, siempre el objetivo es democratizar y socializar ese conocimiento que producimos, y en ese sentido la virtualidad nos ayudó a poder compartir experiencias con muchísimas personas a través de YouTube”. Con respecto al contexto de la pandemia y la ESI, Martínez Ortiz precisó que “hay muchas escuelas que nos siguen insistiendo en que los contenidos de la Educación Sexual Integral se sigan implementando en las clases, porque forma parte del proyecto institucional. Otras prefieren no mencionar el tema… Creemos en este sentido que hay que ser cuidadosxs como docentes: sabemos muy bien que en muchos casos las familias son quienes se oponen a la ESI, y que hoy nuestrxs estudiantes estén las 24 horas en sus casas puede ser un arma de doble filo: las familias están mucho más presentes sobre los contenidos, los abusos siguen ocurriendo, la violencia está presente, y nosotrxs, como docentes, no estamos allí para cuidarlxs. Sin embargo, como capacitadora de ESI noto una gran preocupación, en muchas escuelas y universidades, por capacitar a sus docentes en temáticas de género, y creo que eso es lo más reconfortante de todo.”
El Programa Nacional de Educación Sexual Integral es ley desde el año 2006. Hace catorce años que miles de educadoras y educadores a lo largo del país se esfuerzan por implementarla, tanto en sus lugares de trabajo como en aquellos establecimientos en los que todavía no se ha podido, ya sea por falta de capacitación, de información o por cuestiones ideológicas. Lo cierto es que en el año 2019, según el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, el 80% de las denuncias de menores por abuso intrafamiliar, se hicieron luego que asistieran a las clases de ESI. Se trata de que niños, niñas y adolescentes transiten infancias más libres y que sepan que son sujetos de derecho. Por eso cada día se hace más imprescindible su correcta aplicación y funcionamiento.
Micaela Zalazar Cuello
* La nota fue publicada el 6 de octubre en la edición especial Tiempo Ahora de Noticias UNGS
Jueves 8 de octubre de 2020
Contra la violencia de género
Con la participación de autoridades de los gobiernos nacional y provincial, y con la coordinación del Secretario de Desarrollo Tecnológico y Social de la UNGS, se presentó el resultado de un trabajo conjunto entre investigadores y docentes de dos institutos de la Universidad tendiente a prevenir y a intentar paliar situaciones de violencia doméstica –agravadas en el actual contexto de pandemia y aislamiento– en distintos partidos del conurbano bonaerense.
Soluciones tecnológicas
“Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía”
colectivoLastesis, 2019
“Y del morao de mis mejillas saldrá el valor para cobrarme las heridas”
Bebe, “Malo”, 2004
La violencia doméstica nos atraviesa con una brutalidad que solo podemos medir, y con bajísima representatividad de sus dimensiones reales, en función de cada mujer que muere víctima de su agresor, por lo común su pareja o expareja. Las mujeres de todo el mundo le hemos puesto palabras, música, coreografías y otras múltiples expresiones, reunidas en torno a este problema que nos agobia, y lo hacemos de manera colectiva desde hace años. Sin embargo, el sistema judicial argentino registró en 2019 un promedio de 600 denuncias diarias por lesiones, y el aislamiento recrudeció las estadísticas: en el país muere una mujer cada 28 horas como consecuencia de la violencia de género.
El 10 de septiembre, el Instituto de Industria (IdeI), el Instituto del Conurbano (ICO) y la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Social de la UNGS presentaron los resultados de Cuidar-Tech, un proyecto para el desarrollo de soluciones tecnológicas de intervención en los procesos de crisis ante situaciones de violencia contra las mujeres. A lo largo de un año se visitaron las instituciones estatales responsables de la intervención para conocer a fondo el circuito que recorre una mujer en el momento de mayor riesgo y determinar qué le hace falta y qué responsabilidades le corresponde asumir a otros: dependencias de género municipales, comisarías de la mujer, fiscalías, juzgados, organizaciones sociales, referentes políticxs, involucrados institucionalmente o desde la militancia.
El proyecto se llevó adelante con el apoyo del Fondo Estímulo a Proyectos de Vinculación con la Comunidad, que tiene origen en el presupuesto de la UNGS y financia el estudio de problemáticas sociales a través de sus equipos de investigación, estudiantes, no docentes y graduadxs y con la participación de organizaciones sociales, porque su ejecución está condicionada al abordaje conjunto con la comunidad. En esta iniciativa participaron investigadorxs y becarias graduadas de la UNGS: Florencia Fiorentín, Alexis Tcach, Javier Martínez Viademonte, Oscar Ramírez, Néstor Braidot, Florencia Maldonado, Sabina Sakovsky, Diana Suárez y Marisa Fournier¸ quienes conformaron un equipo interdisciplinario orientado desde la ingeniería, la informática, la economía, la administración y la sociología.
“Cuidar-Tech me ilusiona. Es, tal vez, una de las formas en que las universidades públicas contribuimos a generar recursos para que el Estado tenga políticas públicas más efectivas”, dijo Pablo Bonaldi, Vicerrector en ejercicio del Rectorado de la UNGS.
Seis municipios, un diagnóstico
Diana Suárez, Secretaria de Desarrollo Tecnológico y Social del IdeI y directora del proyecto, cuenta que la idea surgió en una conversación informal durante una reunión de fin de año: “¿Cómo es posible que existan Uber y Pedidos Ya, cómo es posible que Google Maps sepa más de nosotros que nosotros mismos, y que no exista un sistema de monitoreo de restricciones perimetrales?”. Así nace Cuidar-Tech, de la incomodidad de un grupo de investigadorxs ante la certeza de que la tecnología permitiría un sistema automatizado de protección.
El trabajo de campo incluyó los municipios de Ituzaingó, Malvinas Argentinas, Moreno, Morón, San Isidro y San Miguel, lo que permitió abarcar una gran heterogeneidad de situaciones. El diagnóstico preliminar determinó dos puntos claves: la situación de contexto en el proceso de atención del caso y el proceso mismo de acompañamiento a la víctima antes, durante y con posterioridad a la crisis. “Existen determinantes materiales y simbólicos que afectan la posibilidad de una intervención exitosa”, dice Diana Suárez, y se refiere al acompañamiento de la mujer que atraviesa una crisis de violencia y el proceso que se desencadena ante una emisión de alerta por violación de la restricción perimetral por parte del agresor. Los determinantes de contexto tienen que ver con la posibilidad de contar con un celular inteligente, un plan de datos y conectividad en el lugar habitual donde se desenvuelve la mujer, y los determinantes simbólicos tienen que ver con “la carga de responsabilidad sobre la víctima, ya que el botón antipánico implica que la alerta debe emitirla ella”.
Una vez apretado el botón electrónico, comienza otro proceso para la misma mujer (y en muchos casos, también para sus hijxs). La alerta es recibida por la central de monitoreo municipal y la respuesta depende de la disponibilidad de patrulleros. Aquí participan la administración pública, el sistema de justicia y el sistema de seguridad, en todos sus niveles. En términos tecnológicos, la carencia es una fuerte articulación institucional y de procesos que deben conectarse para informar en tiempo real e impactar así en la capacidad de respuesta.
“Estas políticas no solo tienen que estar articuladas al nivel del Estado, sino que requieren de articulaciones territoriales” dijo Marisa Fournier, coordinadora de la Diplomatura en Género, Políticas y Participación de la UNGS, “sobre todo, articulaciones con las organizaciones sociales de base territorial, que son los actores privilegiados a los que acuden las personas que padecen violencia y casi los únicos que mantuvieron el vínculo con la población en tiempos de pandemia”.
Soluciones tecnológicas para mitigar una crisis
1). Un sistema integrado de seguimiento de casos, que permita el análisis de los datos, las estadísticas y la configuración de alertas. “Alertas que se activen si la víctima falta a una visita al hospital, no se presenta en la fiscalía o no participa de los espacios propuestos por el municipio, ya que ese seguimiento se hace caso por caso, en oficinas desbordadas”, continúa la directora del proyecto. Tecnológicamente, se resuelve con una interfaz instalada en su celular, desde la cual también pueda monitorear el estado de su causa y los pasos a seguir.
2). Georreferenciación, con aplicaciones móviles que incluyan pruebas de vida (sacarse una foto, grabar algo y enviarlo por teléfono, guiñar un ojo) e identificación de rutinas (cuándo el celular registra movimiento distintos de los habituales). La ruptura de la rutina dispara una prueba de vida y entonces la alerta se vuelve automática para el sistema y para la víctima. “Además, recuerda Suárez, georreferenciar con fecha y hora la violación de la restricción permitiría rastrear en el sistema de cámaras de los municipios y encontrar la prueba para que la justicia active los procesos correspondientes”.
3). Tobilleras y botones: reemplazar el dispositivo que lleva la mujer por una app en el celular. Aquí la dificultad es de interoperabilidad, porque a diferencia de los botones, que son monitoreados por el sistema municipal, las tobilleras lo son por el sistema penitenciario. No obstante, se reducen costos y se gana en portabilidad y en facilidad de mantenimiento.
Nación, Provincia y Universidad en la misma construcción
La presentación de Cuidar-Tech tuvo un panel de relevancia institucional: Josefina Kelly, Secretaria de Políticas Contra la Violencia por Razones de Género, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Estela Díaz, Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, y Gabriela Diker, rectora de la UNGS en uso de licencia y Secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. La presencia de cada una de ellas representa el compromiso de un proyecto de país que se atreve a reconocer las brechas históricas de desigualdad de la Argentina que construyen contextos de violencia.
La apuesta de Josefina Kelly está en “romper la lógica de trabajar en la emergencia y hacerlo integralmente, con los diferentes poderes y con los estados subnacionales: pensar políticas claras de prevención y promoción de derechos, de asistencia y abordaje integral de las violencias y de fortalecimiento de acceso a la justicia y a la protección”. Kelly adelantó detalles del Programa Acompañar, una propuesta de asistencia integral a las víctimas que les permita un proyecto de vida autónomo y que consiste en una transferencia económica durante seis meses (igual a un salario mínimo, vital y móvil) y acompañamiento psicosocial.
En la ley provincial nº 26.485 se detallan una importante variedad de formas de la violencia que, para Estela Díaz, es fundamental tener en cuenta de manera conjunta. La Mesa intersectorial de violencia que organiza el Estado provincial para la creación de planes y programas en esta línea está trabajando activamente con cada Ministerio: Educación en la violencia mediática, Justicia en la violencia institucional y de la trata, Salud en la violencia obstétrica y contra la libertad reproductiva y Gobierno en torno a la violencia política. “Insisto con mirar el conjunto de las violencias y con trabajar en Educación Sexual Integral como una de las políticas de prevención por excelencia para el cambio cultural”.
Gabriela Diker, para cerrar el panel, hizo hincapié en las características de la cultura institucional de la UNGS que se observan en las decisiones tomadas para avanzar con el proyecto, y sumó un escalón en el análisis: “Es necesario inscribir en perspectiva esta producción y este modo de trabajo de la UNGS en el ámbito de un sistema universitario moldeado por el patriarcado, en sentidos muy profundos y difíciles de conmover que conciernen a definiciones epistemológicas, a jergas de investigación, a los problemas sobre los que trabaja, al modo en que forma los profesionales, pero que también se expresa en su faceta más visible: en el modo en que operan en el interior del sistema universitario las desigualdades de género”, enmarcando de manera crítica el largo camino que queda por delante y visibilizando los desafíos estructurales que enfrentamos.
Responsable de la coordinación del encuentro, el Secretario de Desarrollo Tecnológico y Social de la UNGS Oscar Galante recordó, por su parte, a aquella mujer indigente a la que prendieron fuego en el barrio de Constitución hace poco más de dos meses, y se refirió a las amenazas de muerte que recibió recientemente una defensora incansable de los derechos humanos en nuestro país. “Amenazar a las madres, a los pañuelos, a la memoria… ¿Qué nos pasa como sociedad para que todo esto nos ocurra?” –le preguntó al auditorio, virtualizado. Y eligió una línea de salida esperanzadora. En México –dijo–, “donde hay diez femicidios diarios, existe una región en el Estado de Chiapas donde no muere una sola mujer como consecuencia de la violencia de género desde hace más de veinticinco años: desde el 1 de enero de 1994. Creo que eso tiene que ver con el intento político de una sociedad más solidaria e inclusiva”.
Tamara Pachado
* La nota fue publicada el 6 de octubre en la edición especial Tiempo Ahora de Noticias UNGS
Miércoles 7 de octubre de 2020
El golpe de la pandemia sobre el mercado de trabajo
El proyecto de investigación “Efectos de la crisis del COVID-19 sobre el mercado de trabajo y las condiciones de vida de la población en la Provincia de Buenos Aires” fue una de las 137 iniciativas seleccionadas para ser financiada en el marco del “Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19”, del Ministerio de Ciencia de la Nación. En este artículo, las investigadoras del área de Economía del Instituto de Ciencias de la UNGS presentan los primeros resultados en base al informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC) con información acerca de los 31 principales aglomerados urbanos del país.
La pandemia del COVID-19 obligó al mundo a implementar medidas drásticas de aislamiento que implicaron un freno repentino a la actividad económica, y Argentina no fue la excepción. La cuarentena implementada para retrasar la transmisión del virus y preparar al sistema sanitario implicó detener la economía abruptamente en un país que estaba en recesión desde 2018, atravesando un contexto inflacionario al cual se sumó el proceso de negociación de una deuda impagable. Los resultados económicos fueron contundentes: en el segundo trimestre del año, correspondiente al período en el que las medidas de aislamiento fueron más fuertes, la actividad económica cayó 19,1% respecto al mismo período de 2019.
La intensidad del golpe se puede ver en el comportamiento de algunos indicadores del mercado de trabajo: la tasa de desocupación pasó de representar al 10,6% de la Población Económicamente Activa (PEA) en el segundo trimestre de 2019 al 13,1% en el mismo período de 2020. Frente a los datos de actividad económica, este resultado no parecería tan dramático, pero este indicador, que se refiere a las personas que sin estar empleadas buscan activamente, resulta insuficiente para medir el impacto dadas las características de la crisis actual. En cambio, es más informativo observar la evolución de los ocupados: cayeron un 20,8% en un año.
¿Cómo se explica esta caída en la tasa de empleo? Pensemos quiénes pueden ser los trabajadores que por distintos motivos no trabajaron en ese período. Por un lado, las y los que quedaron desocupados y buscaron trabajo: conforman el 13,1% de la PEA, reflejados en la tasa de desempleo. El segundo grupo, numéricamente el más importante, conformado por trabajadores que, si bien no trabajaron en el período, no buscaron una ocupación porque esperaban (con más o menos certeza) retomar sus actividades una vez relajadas las medidas de aislamiento, pasando a ser parte de la Población Económicamente Inactiva (PEI), aun cuando se hubieran retirado de la búsqueda en forma temporal. Entre las posibles explicaciones está la suspensión del tipo de actividades que realizaban previo a la cuarentena, ser parte de la población de riesgo, realizar tareas de cuidado, etc. Finalmente, están quienes se retiraron definitivamente o por un plazo largo de la fuerza de trabajo (por ejemplo, porque se jubilaron). No contamos con información precisa sobre estas situaciones, pero podemos mirar algunos datos que podrían alinearse a estas argumentaciones.
Veamos cómo se modificó la composición de la tasa de empleo respecto del año pasado. Si bien todos los grupos se redujeron, la caída en el empleo se explica en 51,6% por la pérdida de puestos asalariados no registrados (ANR) y en 29% por trabajadores por cuenta propia (TCP). Los ANR no cuentan con la protección de un puesto formal yal verse interrumpida la actividad no trabajaron y no buscaron otra ocupación ya sea porque esperaban volver (por ejemplo, empleadas domésticas) o por las limitaciones propias de las medidas de aislamiento. En el caso de los TCP, podría tratarse de personas que por las medidas de aislamiento no pudieron realizar sus actividades laborales: no pudieron abrir el local o brindar los servicios a cuya prestación se dedican y esperaban retomarlas una vez relajadas las medidas, por lo cual no salieron a buscar trabajo y no están reflejados en la tasa de desempleo. Estos trabajadores que no trabajaron, pero tampoco buscaron empleo son clasificados dentro de la Población Económicamente Inactiva y no engrosan el grupo de desempleados: la situación no se refleja plenamente en la tasa de desocupación. Finalmente, lo relevante en términos de condiciones de vida de la población es que estas personas (hayan pasado a la desocupación o la inactividad) fueron la primera variable de ajuste y perdieron sus ingresos laborales.
Adicionalmente, el 21,1% de los trabajadores que conservaron sus empleos no trabajaron en la semana de referencia de la encuesta. Esto es casi diez veces más que el año pasado. Estos trabajadores probablemente hayan perdido parte de sus salarios y estén enfrentando situaciones de incertidumbre debido a la suspensión de actividades en los establecimientos en los que se desempeñan. Tenemos que agregar también a los trabajadores que, sin haber sufrido suspensiones, han enfrentado reducciones en las jornadas laborales, pérdida de cobro de horas extra, bonos y otros adicionales.
La pandemia no afectó a todos por igual: las y los jóvenes menores de 30 años fueron más golpeados (la tasa de empleo cayó 9,4 y 15 puntos porcentuales respectivamente). También se advierten diferencias según el nivel educativo: los trabajadores con secundaria completa o menos explican un 70,7% de la reducción de la tasa de empleo, mientras que aquellos con nivel universitario completo explican sólo el 15,2% de la contracción. Estas diferencias se relacionan estrechamente con los datos que mostramos antes, dado que las y los jóvenes forman parte del grupo de menor nivel educativo y, a su vez, ambos grupos tienen mayor presencia en los empleos más afectados por la pandemia, tales como los ANR y TCP en actividades que no pudieron continuar en forma remota. En contrapartida aumentó el peso de personas con mayores niveles educativos entre los ocupados, quienes tienen preponderantemente empleos asalariados registrados, alcanzados por la legislación protectiva del trabajo y las políticas específicas que comentaremos más adelante, o pudieron realizar teletrabajo.
En términos geográficos también se observan grandes diferencias. Si bien en todas las regiones cayó el empleo, el impacto fue mayor en el Gran Buenos Aires, región que incluye la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde el empleo se contrajo un 24,4%, lo que significa 1,6 millones de ocupados menos. Las siguientes regiones más golpeadas fueron la Pampeana con un caída del 19,1%, el NOA con el 17,8% y la Patagonia con el 17,8%.
En las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires vemos quela caída en la ocupación fue más marcada que en el total del país, con un 25,4%. Comentamos antes la situación del GBA, que incluye los partidos del Conurbano, entre ellos, el de Malvinas Argentinas, donde se encuentra la UNGS. Si ponemos el foco en los partidos, encontramos que la ocupación disminuyó un 25,8%. Más allá de lo preocupante de estos datos, no es esta la ciudad que más sufrió. En Mar del Plata la situación fue aún peor, el empleo cayó 32%. Por su parte, en Bahía Blanca el empleo cayó 19%, en San Nicolás 23,3%, en La Plata 19% y en Carmen de Patagones 6,3%.
La respuesta del gobierno nacional
Previendo el golpe de la pandemia, el gobierno nacional implementó una serie de políticas en el ámbito sanitario, social y económico. Entre estas últimas las principales acciones tendientes a preservar los empleos fueron la prohibición de despidos en el marco de la emergencia sanitaria y la creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria. El programa establece una serie de beneficios y tiene por objetivo principal la conservación del empleo a través del sostenimiento de la unidad productiva.
Entre las medidas se destacan la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, el salario complementario abonado por el Estado Nacional, las líneas de crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos. No se puede dejar de mencionar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que representó un importante sostén de los ingresos de los hogares. Debido a que el IFE no es una política orientada al sostén del empleo no se comenta en detalle en este artículo, aunque no puede descartarse que esos ingresos hayan podido utilizarse para financiar la realización de actividades productivas informales por cuenta propia.
El resultado de esas políticas se ve reflejado en la estabilidad que ostenta el empleo asalariado registrado, tal como comentamos en párrafos anteriores. El resultado global que observamos es una fuerte caída de la proporción de asalariados no registrados, que pasaron de representar el 34,5% de los asalariados en 2019 a ser sólo el 23,8% en el segundo trimestre de este año. Sin embargo, este resultado no puede leerse como algo positivo debido a que el cambio en la composición no fue por un proceso de registración o creación de puestos registrados o formales, sino por una inusitada pérdida (temporaria o permanente) de empleos no registrados.
¿Qué sigue?
A pesar de que el escenario descripto sobre la situación del mercado de trabajo urbano en Argentina es negativo desde todo punto de vista, es importante señalar que el tercer trimestre vislumbra un panorama más alentador. Esta afirmación se basa en que abril fue el mes de mayor caída de la actividad económica porque corresponde al período de aislamiento estricto, pero en mayo y junio la actividad comenzó a recuperarse paulatinamente por la autorización de diferentes actividades con distinto ritmo en cada provincia y localidad. A esto se suma el acuerdo con los tenedores de bonos de deuda, que sienta las bases necesarias, aunque claramente no suficientes, para posibilitar la lenta recuperación. Sin embargo, es difícil esperar un aumento en el empleo asalariado registrado (la recuperación podrá incidir, en todo caso, en la cantidad de horas trabajadas por estos ocupados) y es probable que los TCP y los ANR vuelvan a la actividad como desocupados o insertándose en puestos informales.
Ana Laura Fernandez y Ana Paula Monsalvo*
* Las autoras agradecen los comentarios realizados por A. Beccaria, L. y S. Rottenschweiler.
Gráfico 1. Tasa de empleo total, según grupos de género y edad y según región como porcentaje de la población. 31 aglomerados urbanos. 2019 – 2020. Segundos trimestres.
*El dato correspondiente a la provincia de Buenos Aires se construyó en base a las tasas de los 6 aglomerados urbanos de la provincia ponderados por su población en el total provincial.
Fuente: EPH-INDEC
Gráfico 2. Tasa de empleo total, según aglomerado urbano como porcentaje de la población. Provincia de Buenos Aire. 2019 – 2020. Segundos trimestres.
Fuente: EPH-INDEC
* La nota fue publicada el 6 de octubre en la edición especial Tiempo Ahora de Noticias UNGS
Miércoles 7 de octubre de 2020
Maestría en género y derechos
La UNGS y la UADER dictarán conjuntamente una innovadora carrera de posgrado que articula la amplia trayectoria en investigación de ambas instituciones, incorpora saberes de la comunidad y se inscribe en un contexto sociohistórico en el que los movimientos feministas son un actor fundamental. La Maestría en Género y Derechos estará dirigida por Rita Segato.
En los últimos años, la emergencia de los feminismos callejeros y masivos y el aumento constante de la violencia hacia las mujeres y diversidades profundizaron la demanda social de estudios e investigaciones académicas en el campo de los estudios de género. Mucho se venía haciendo ya en nuestras universidades en este campo, pero no hay duda de que el aumento de estas militancias y de estas exigencias ha dado un renovado espíritu y una gran notoriedad a estos estudios, a los que además han renovado en sus objetos y en sus orientaciones: esta época es, en el ámbito público tanto como en el de la investigación experta, la de la historización crítica de la norma sexo-genérica, los debates en torno a la cuestión del patriarcado, la revisión de la violencia como clave explicativa del despliegue de una lógica de crueldad sobre los cuerpos feminizados, la problematización de la desigualdad entre los géneros (y de la desigualdad social en términos de desigualdad de géneros) y las discusiones en torno a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
En relación con todos estos temas, la conmoción social y la profundización del debate público tienen consecuencias sobre las instituciones estatales, pero también sobre las universidades, sus agendas de investigación y su producción de conocimientos. Sin embargo, esa fuerte tradición académica que se va enriqueciendo y consolidando en torno a estos problemas no se ha expresado todavía en una oferta nacional de posgrados sobre la temática, que todavía representa, en este sentido, un área de vacancia. Es en este marco que la UNGS ha dado creación y se prepara para poner a funcionar, junto con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Maestría en Género y Derechos. Esta propuesta interinstitucional será desplegada en conjunto por ambas universidades: por la UADER a través del Rectorado y por la UNGS a través del Instituto de Ciencias, con la participación de los Institutos de Industria, del Conurbano y del Desarrollo Humano, lo que se espera garantice el carácter necesariamente interdisciplinario que reclama el abordaje de los temas en cuestión.
Las dos instituciones tienen una vasta trayectoria en los estudios sobre género y sobre derechos humanos, y ese caudal de investigaciones y de trabajo acumulado está en la base del impulso que han decidido dar a esta oferta conjunta que proponen, que se desarrollará bajo la dirección de la reconocida antropóloga feminista Rita Segato. La ampliación de las ofertas de posgrado en este campo que procura la creación y puesta en marcha de esta Maestría tiene el doble propósito de expandir y profundizar la formación de investigadoras e investigadores universitarios en este rico y vasto campo de problemas y de formar, en general, a integrantes de las instituciones públicas, en consonancia, en relación con uno y otro asunto, con los lineamientos establecidos por las políticas públicas de orden nacional, que se expresan en la reciente creación del Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad y en la exigencia de la aplicación nacional de la llamada “Ley Micaela”, que procura la capacitación con perspectiva de género de las funcionarias y los funcionarios públicos.
Esta obligación de la Universidad de acompañar las evoluciones de los debates públicos y de las militancias colectivas en relación con los problemas de los que va a ocuparse esta Maestría es señalada, precisamente, en los fundamentos de su propuesta de creación, donde puede leerse que “La Universidad debe asumir el desafío de aportar al fortalecimiento de un proyecto inclusivo de educación superior y de vinculación con la comunidad y el territorio, y apostar a la integración de nuevas perspectivas, saberes resistidos, subestimados e históricamente invisibilizados, así como la visión de los sujetos sociales que lideran los movimientos de derechos que hoy traccionan grandes transformaciones y que a partir de ellas generan experiencias ricas en producción de conocimiento y modos de vida libres de violencia y discriminación”. El proyecto, junto al convenio de cooperación entre las dos instituciones que habrán de llevar adelante de modo conjunto la propuesta, fue aprobado con fuertes expresiones de reconocimiento por el Consejo Superior de la UNGS.
La Maestría busca propiciar de manera interdisciplinaria la formación de posgrado en género desde una perspectiva de los derechos humanos, sociales, culturales y económicos, en clave regional y decolonial, y como aporte a la despatriarcalización de los contenidos académicos y las prácticas en las que se producen. En palabras de la directora de la Maestría Rita Segato, esa perspectiva es, por un lado, una perspectiva histórica, porque debe reconocer el carácter estructural de las relaciones de dominación, comprenderlas teóricamente, y es al mismo tiempo, por otro lado, una perspectiva de intervención sobre el presente, capaz de convertirse en insumo y orientación de políticas públicas. Acompañarán a Segato, como coordinadoras académicas de la Maestría, Débora Gorban por la UNGS y Angelina Uzin Olleros por la UADER, y la comisión académica estará conformada por Dora Barrancos (CONICET), Sandra Torlucci (UNA-UBA), Gabriela Diker (UNGS), Camila Aurbet Osuna (UADER), Luisina Bourband (UADER) y María Pia López (UNGS).
En diálogo con Noticias UNGS, Débora Gorban, doctora en Ciencias Sociales, expresó: “La maestría viene a completar un recorrido de larga data de la UNGS en la formación en derechos humanos y género, al tiempo que apunta a constituir un semillero de nuevas investigaciones vinculadas a la temática y a construir puentes entre proyectos de investigación existentes que hasta ahora no han tenido articulación”. Desde 1999 existen en la UNGS equipos de investigación de distintas áreas e Institutos abocados a cuestiones de géneros, y durante estos años la Universidad ha desplegado diversas iniciativas de formación y reflexión en ese campo de estudios. Desde 2014, la UNGS dicta la Diplomatura en géneros, políticas y participación, dirigida a la formación de expertas/os y activistas en temas vinculados con la diversidad y de la desigualdad. La creación de la Maestría permitirá una articulación transversal de esas agendas de investigación, potenciando la vinculación entre equipos pluridisciplinares y el desarrollo de nuevos abordajes.
La UNGS y la UADER han desplegado grandes esfuerzos para crear, en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional, la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE). Para la UNGS esa participación consolida compromisos institucionales como los expresados en la aplicación interna del reconocimiento de la identidad de género y en la creación del Programa de Políticas de Género. En 2019 comenzaron a dictarse materias específicas dentro de las distintas carreras de grado y la Universidad incorporó la obligatoriedad de la Formación con Perspectiva de Géneros para las y los integrantes de los distintos claustros. “La UNGS tiene una participación muy activa en redes como la RUGE, así como también en múltiples instancias de articulación con organizaciones feministas del territorio y con sus militantes, que participan activamente en distintas actividades y propuestas de la Universidad”, afirma Gorban, y agrega: “Creo que a partir de la Maestría esos vínculos van a verse potenciados y enriquecidos”.
Gorban destaca el espíritu de compromiso con las luchas sociales del presente que justifica y que preside la creación y puesta en marcha de la Maestría. “Esperamos que esta iniciativa constituya un espacio de acompañamiento a la dinámica del movimiento feminista, desde la reflexión y la construcción colectiva, desde el conocimiento activo y la mirada participativa. Que no esté desligada de la acción”, dice, y agrega: “Dentro de la propuesta curricular de la carrera hay distintas instancias que van a permitir canalizar ese acompañamiento que buscamos promover”. Tanto en la conformación del plantel docente como en la definición del material bibliográfico que se propondrá a las y los estudiantes, la Maestría se propone revisar con perspectiva de género las desigualdades históricamente construidas entre varones y mujeres. También forma parte de las decisiones que acompañan la puesta en marcha de la nueva oferta formativa la de considerar al lenguaje inclusivo como un recurso válido y una forma expresiva legítima en las producciones académicas.
La colaboración entre ambas universidades permitirá una composición virtuosa del cuerpo docente y el aprovechamiento de las investigaciones desarrolladas en una y otra, pero también la cooperación entre ambas en la comunicación pública de sus resultados, en el fortalecimiento de sus líneas editoriales y en intercambios académicos de todo tipo. “Esperamos lograr un diálogo cada vez más fluido y constructivo, tanto entre las dos instituciones como entre las y los estudiantes que participen en cada una de las sedes”, señala Gorban, quien agrega que espera que la relación y el trabajo conjunto con la UADER, sus cuerpos docentes y sus estudiantes sea de mucho provecho para la UNGS: “Queremos que la Maestría sea una plataforma colectiva para las y los docentes que nos permita tener una proyección a un territorio que no es de influencia de la UNGS y además enriquecer nuestras miradas articulando con otras colegas, así como la posibilidad de intervenir en la formación de estudiantes que no están directamente vinculados con nuestra universidad”.
* La nota fue publicada el 6 de octubre en la edición especial Tiempo Ahora deNoticias UNGS
Miércoles 7 de octubre de 2020
"El financiamiento de estas obras es una enorme responsabilidad": convenio con Nación por obras en las UNGS
Con la participación de autoridades del ámbito nacional y de la Universidad, se llevó a cabo la firma de un acuerdo entre la UNGS, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), que posibilitará la concreción de obras de gran importancia, en el Campus universitario. El encuentro estuvo encabezado por Pablo Bonaldi, vicerrector en ejercicio del Rectorado de la UNGS, Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, Jaime Perczyk, titular de la SPU y Leo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, y fue transmitido en vivo por el canal de youtube de la UNGS.
La firma refrenda el convenio de adhesión al “Programa de Apoyo de la Infraestructura Universitaria (Etapa II)" que contempla el financiamiento para la construcción de un nuevo edificio multiuso. Se trata de la continuidad de ejecución del Módulo 10, edificio ubicado en la sede universitaria de Malvinas Argentinas. El emplazamiento permitirá accesos directos desde la vía pública para algunos usos que así lo requieran, y se enlazará con el sistema circulatorio y de infraestructuras del Campus de la UNGS.
En la apertura, Pablo Bonaldi destacó la alegría que genera la firma de este tipo de c onvenio: "este compromiso con el Estado nacional significa poder continuar con el plan de infraestructura y dar continuidad a obras que quedaron paralizadas, como la de la escuela secundaria. En este caso, vVamos a estar retomando la obra de un módulo de usos múltiples, de 3000m2, que nos va a permitir concentrar en un edificio diferentes laboratorios que hoy funcionan en distintos sitios de la Universidad. Es una obra central para que esta Universidad pueda desplegar sus funciones de la mejor manera posible y en las mejores condiciones."
Asimismo el vicerrector criticó duramente al gobierno de Cambiemos, que durante su gestión paralizó obras en todas las universidades: "Cuando una obra se paraliza no solo hay perjuicios económicos, sino que son sueños y expectativas que quedan suspendidos. Esos sueños se vieron decepcionados por un gobierno que decidió paralizar la infraestructura universitaria; por eso celebramos este convenio, enfatizó Bonaldi y agregó: "para la UNGS el financiamiento de estas obras es una enorme responsabilidad, nos compromete a mejorar día a día la vida de las personas de nuestro territorio".
En su intervención, Jaime Perczyk remarcó la importancia que el Programa tiene para las universidades del Conurbano, ya que el plan anterior había dejado "obras sin hacer y muchas por la mitad". El titular de la SPU destacó que "la decisión de este gobierno de financiar desde el Estado nacional el total de las obras pendientes en las universidades es una decisión política profunda, se trata de una inversión de 9.600 millones de pesos. Y nos alegra poder proyectar estas obras que son un deber político, porque el pueblo argentino ha puesto a las universidades en un lugar de relevancia. La reconstrucción productiva no es ajena a las universidades, es una parte constitutiva", afirmó.
El cierre del acto estuvo a cargo del ministro Gabriel Katopodis, quien en sus palabras resaltó el papel fundamental que tienen las universidades públicas en el crecimiento regional: "el paradigma del desarrollo local tiene que ver con la creación de capacidades en el territorio para definir un determinado rumbo. ¿Cómo podría hacer esto el Conurbano sin herramientas y sin poner en valor los recursos del territorio? Lo que estamos haciendo, mientras la gente se cuida, es trabajar y generar estos proyectos para que muy rápido estén en obra. Debemos entender que las crisis no se reparten de forma equitativa y siempre es la política la que tiene que liderar las decisiones."
En el acto estuvieron presentes también el secretario de Obras Públicas Martín Gil, el secretario general de la Provincia de Buenos Aires y rector en uso de licencia de la UNPAZ Federico Thea, titulares de los decanatos y secretarias de los cuatro Institutos de la UNGS y de las secretarias de la gestión central.
La obra que se continuará con el financiamiento d el Programa está ubicada en la esquina de las calles Sarratea y José León Suárez, del Campus de Los Polvorines y se enmarca en el Plan Director de Infraestructura de la UNGS. Se plantea como un edificio independiente, destinado mayoritariamente a laboratorios, talleres, oficinas y usos complementarios, y a equipamientos que la Universidad adquirió a partir de la implementación del Plan de Mejora del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación (MINCyT).
Documentos históricos de coyuntura del Área de Política
La UByD continúa difundiendo el acceso a la producción científico académica de la Universidad. En esta oportunidad presenta los Documentos de coyuntura del Área de política del IDH.
La serie “Documentos de coyuntura del Área de Política” se propone brindar herramientas de análisis de la realidad política, económica y social argentina. Realizados por los investigadores y docentes del Área de Política y de la Licenciatura en Estudios Políticos del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, los documentos se apoyan en sus trabajos de investigación en el campo de los estudios políticos, la economía política y las ciencias sociales en general, a la vez que reflejan discusiones y preocupaciones colectivas que exceden esas investigaciones.
En este sentido, ponen en juego las herramientas forjadas en la actividad de investigación para pensar problemas históricos que conmueven los debates públicos de la hora. Con estos documentos, el Área de Política quiere contribuir a la fundamental tarea de las Universidades Públicas de poner al servicio de la deliberación colectiva los conocimientos producidos en su labor cotidiana.
Eiff, Leonardo La sociedad es una red de afectos. Los Polvorines : Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto del Desarrollo Humano, [2017]. 5 p. Colección: Documentos de coyuntura del Área de Política (IDH-UNGS), 13 (Primer año de gobierno de Macri : tercera entrega, nro. 2)
Se recuerda a los/as Investigadores Docentes de la UNGS que pueden enviar su producción científico académica para ser incorporada en el Repositorio Digital Institucional.
Contenido aceptado para la inclusión:
Artículos
Libros y partes de libros
Documentos de conferencias
Tesis doctorales, de maestría y de grado
Patentes
Revisiones y reseñas
Documentos de trabajo
Informes técnicos
Conjunto de datos
Proyectos de investigación
El material puede puede enviarse a: procesos@campus.ungs.edu.ar
Lunes 5 de octubre de 2020
Enseñanzas de la pandemia: ¿nuevas formas de agrupar estudiantes? | Flavia Terigi en anSol
"¿Cómo tenemos que pensar la enseñanza y los agrupamientos de nuestros alumnos y nuestras alumnas cuando volvamos?”, se pregunto la pedagoga Flavia Terigi, decana del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS Flavia Terigi, en un encuentro del del ciclo de conversaciones promovido por la Asociación Civil Educación de Gestión Social.
La agencia anSOL realizó publicó en su portal una nota sobre esta charla, en la que Terigi propone agrupamientos flexibles de acuerdo a conocimientos previos de los y las estudiantes.
Teoría política de los colores | Rocco Carbone en El cohete a la Luna
En un artículo publicado en El cohete a la Luna, Rocco Carbone, investigador docente del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS, realiza una lectura "del proceso de desestabilización continental y su escala argentina".
"Lo central para este gobierno es marcar la agenda". Aroskind, Boudou y Vallejos en Periscopio
La última emisión de Periscopio, que todas las semanas se emite por UniTV, abordó la política económica en todas sus dimensiones. Con la conducción de Daniel Valls, se trataron temas como la decadencia de los modelos de desarrollo vigentes y las medidas y políticas públicas necesarias para salir de la crisis actual. Para el debate, el ciclo contó con la presencia de Amado Boudou, economista y ex vicepresidente de la Nación, Fernanda Vallejos, economista y diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires, y Ricardo Aronskind, economista e investigador docente del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS.
Ante la situación actual y si es posible comparar esta crisis con alguna otra, los invitados coincidieron en marcar el primer año del gobierno de Ricardo Alfonsín como definitorio en el rumbo económico de la trayectoria democrática en la Argentina. Aronskind resaltó que el problema principal en aquel entonces fue el reconocimiento de la deuda contraída por la última dictadura militar: "Se impuso un asedio de diversas fuerzas políticas internas y externas. Esta situación llevó al gobierno a no de declarar el default. Fue un camino de concesiones hacia el poder económico, que había protagonizado el proceso de reorganización nacional".
Por su parte, Boudou planteó que cada gobierno de la democracia, en menor o mayor medida, tuvo que enfrentarse a un dilema: "Argentina sufrió cambios estructurales que la hicieron caer muchos escalones con la dictadura y su programa económico armado por la parte civil que formó parte y empujó el golpe. Esos poderes buscaron condicionar a la democracia en cada una de las etapas y así condicionar el desarrollo económico del país. Hay un patrón que se repite, en cada gobierno hay un momento 'fondo', protagonizado por los mismos personajes de siempre. Esto sucedió en el gobierno de Menem, el de De la Rúa y en el de Macri. Tenemos que mirar el patrón de funcionamiento de la institucionalidad y la relación de poderes en la Argentina".
Vallejos hizo un breve recorrido histórico y político sobre los hitos del neoliberalismo en el país: "El gobierno de Alfonsín entra a jugar en un escenario ya en plena vigencia del neoliberalismo. Terminó ratificando la deuda de la dictadura y eso marcó su devenir: implicó ajustes y el desequilibrio de la balanza de pagos, entre otras cosas. Las reformas estructurales que impulsó Menem significaron un nuevo retroceso, con cambios sustantivos en la estructura económica del país. Con el gobierno de Macri seguimos retrocediendo. Si no estamos peor es porque el periodo 2003-2015 significó una ruptura con el proceso que veníamos viviendo desde 1976, con matices pero con un avance del neoliberalismo".
Consultados por las posibles salidas de la crisis actual, agravada por la pandemia, los invitados remarcaron la importancia de la sustentabilidad y el rol fundamental del mercado interno. Vallejos sostuvo la importancia del aparente agotamiento del modelo de desarrollo capitalista tardío: "Es algo que tenemos que mirar cuando pensamos hacía donde salimos desde este lugar en el que estamos. Se acumula la crisis económica más el impacto de la pandemia, que en definitiva es una zoonosis, un desequilibro ecosistémico que tiene que ver con la intervención del hombre en la naturaleza y cómo el funcionamiento de la economía es compatible con la sustentabilidad de la vida.".
Boudou y Aronskind insistieron en que la salida de la crisis debe ser mirando el mercado interno y procurando una distribución del ingreso más igualitaria. El ex vicepresidente de la Nación resaltó que "en esta etapa, lo central para este gobierno es marcar la agenda y ponerse en el centro del ring para dar la discusión. Argentina no tiene una salida que no sea con un shock distributivo y un mercado interno fuerte".
La gestión de la seguridad en el Conurbano Bonaerense, tensiones y conflictos
El estudio sobre el impacto de la pandemia y el aislamiento social de la UNGS, coordinado por el investigador Rodrigo Carmona, constata el agravamiento de las desigualdades sociales y económicas en el Conurbano Bonaerense que afecta principalmente a los sectores más vulnerables.
“Esto representa un gran desafío para todos los niveles de gobierno, que deben poner en marcha medidas de control de la población sin descuidar la garantía de los derechos humanos”, proponen las y los investigadores del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y de la UNGS, responsables de la línea de investigación orientada a indagar sobre la gestión de la seguridad dentro de la investigación mencionada.
Las y los investigadores, Agustina Baudino, Daniel Cassano, Andrés Gómez, Mariano Martignago, Julieta Rey, Marcela Rivarola Benítez y Leandro Nicolás Rodríguez, buscan comprender cómo intervienen el gobierno provincial y los gobiernos municipales en las principales problemáticas vinculadas a la seguridad durante la emergencia sanitaria. En sus conclusiones preliminares -la investigación continuará hasta julio de 2021 y profundizará las líneas de análisis presentadas-, adelantan que la pandemia “volvió a poner en discusión las tensiones intrínsecas a la gestión local de la seguridad, así como los desafíos pendientes en materia de atribuciones, competencias, limitaciones y recursos de los municipios”.
Las y los autores se introducen en estas discusiones problematizando el rol de las fuerzas de seguridad e identificando algunos de los principales problemas en juego. El diagnóstico caracteriza los diferentes momentos de implementación del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el Conurbano y las medidas llevadas adelante por los municipios.
Con el paso de los meses de aislamiento, la seguridad se posicionó con intensidad en la agenda pública y los gobiernos locales comenzaron a buscar formas de respuesta. El trabajo presentado indaga sobre los cambios llevados adelante a partir de la resolución del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires -del mes de mayo- que afectó el despliegue territorial de la Policía Bonaerense y definió un marco de trabajo conjunto con los municipios.
Observar cómo se materializan los cambios propuestos por la Provincia en materia de seguridad y el involucramiento municipal en un contexto de aumento de la conflictividad social, será objeto de la etapa siguiente en esta línea de investigación. El equipo conjunto del ILSED y la UNGS realizarán entrevistas a actores claves y referentes comunitarios para profundizar el estudio de un tema de política pública que parece haberse encendido con fuerza en septiembre.
