Viernes 17 de julio de 2020

Normas y vida cotidiana. Reflexiones desde la cuarentena

En Argentina, de tanto en tanto, se renueva la obsesión por sobreinterpretar la especificidad de la cultura nacional. ¿Los argentinos somos egoístas o solidarios? ¿Somos emocionales o racionales? ¿Somos contrarios a las normas o respetuosos de ellas? Desde la década de 1970, en sintonía con un nuevo auge del relato decadentista de la nación, priman las interpretaciones que se alejan del modelo civilizatorio de la solidaridad, la racionalidad y el apego a las normas. Los discursos públicos en torno a la epidemia del covid-19 son una buena oportunidad para reencontrar esas narrativas dominantes sobre la nación que -sería bueno aclarar- nunca se corresponden con la complejidad de la vida social que siempre es diversa, variada y contradictoria.

Durante estos meses de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) se promovió el distanciamiento físico y la reducción de la circulación con la suspensión de actividades públicas como eventos masivos, actividades educativas y limitación del transporte, acompañado de una fuerte campaña nacional bajo la consigna “quedate en casa”. Estas medidas, sin duda, suponen una norma pública elaborada por el Estado que tiene la intención de resguardar el bienestar general de la población y que se basa en una racionalidad específica amparada en evidencia científica aportada por expertos: epidemiólogos, virólogos y especialistas en salud pública.

Es cierto que existen declaraciones aisladas e incluso manifestaciones contra la cuarentena, pueden oírse voces disímiles como las de intelectuales liberales que llaman a la “resistencia civil” o las movilizaciones al obelisco que combinan opositores políticos, personas abatidas por las consecuencias socio-económicas del ASPO y negacionistas de diferente índole. Sin embargo, en su gran mayoría esas intervenciones o acciones han sido condenadas y criticadas. La norma ha tenido un apoyo simbólico contundente en el espacio público (en medios, en declaraciones de referentes sociales, entre otros). A su inicio, el aislamiento fue respetado de manera amplia, pero con el tiempo la movilidad comenzó a ser más activa. Esto, creemos, se debe a varios factores. En parte es consecuencia de la autorización paulatina de nuevas actividades y de las diferentes fases de la política de cuarentena. Pero sin dudas es también consecuencia del agotamiento de la eficacia social de la norma (https://www.google.com/covid19/mobility, acceso 27/5/20). De todos modos, en un sentido general, el apoyo a la cuarentena se mantuvo inicialmente dentro de los parámetros esperados, lo que llevó a variadas declaraciones que se vanagloriaban de cómo los argentinos demostramos ser “civilizados”, solidarios y respetuosos.

Por otro lado, en los primeros días del aislamiento nos encontramos con noticias sobre cómo se rompía con ese aislamiento: el allanamiento de un hotel alojamiento en la ciudad de Buenos Aires que continuaba abierto horas después de declarada la cuarentena, vecinos de Pinamar echando a turistas que huían de la ciudad para pasar los días de reclusión en la costa, un empresario gastronómico de Rosario que rompió 15 veces el aislamiento y fue multado por un millón de pesos. No faltaron personajes de la industria del entretenimiento como Susana Giménez y Marcelo Tinelli que violaron la cuarentena para viajar a sus casas de campo. En contraposición a los “argentinos civilizados”, estos actos amplificados por la prensa levantaron las voces que se autocastigan sobre cómo los argentinos somos “egoístas y no respetamos las normas”.

¿Somos o no somos apegados a las normas? Responder esa pregunta es entrar en un dilema que tiene más de metafísica que de análisis concreto. Nuestro argumento aquí es que las normas no son unas y para siempre, y que no se respetan o se rompen con argumentos ideológicos fuertes, sino con “usos blandos” de la regla, que se adaptan parcialmente a contextos de interacción de la vida cotidiana y que suponen criterios de legitimación específicos. Adelantamos una hipótesis: buena parte del posible éxito de la cuarentena se va a deber a esa flexibilidad práctica que permite hacer de una política pública un campo de significados múltiples.

Las normas en movimiento

Un primer factor para entender la diversidad de respuestas a la normativa tiene que ver con diferencias socio-estructurales. En los grupos sociales más vulnerables, con infraestructuras y formas de socialidad menos centradas en la intimidad, es posible que la norma se adapte a condiciones sociales y simbólicas específicas si se la compara con el mundo de las clases medias urbanas. Es habitual oír expresiones de este tipo: “Si no salgo a laburar nos morimos de hambre”, “el negocio se me funde si no lo abro”, “los chicos no pueden estar todo el dia en casa con mi marido, conmigo y los abuelos” o “vivimos cinco familias juntas, necesitamos salir”. No son relevantes allí únicamente los modos específicos de adaptación de la norma en función de criterios prácticos, sino sus ensamblajes con condiciones ecológicas, económicas y materiales de vida que presentan fuertes distancias con la consigna “quedate en casa”.

Cuando hay condiciones de hacinamiento, cuando la necesidad económica obliga a salir del aislamiento, cuando no hay a donde salir porque el hogar es la calle o cuando, como ocurrió en el Barrio San Atilio de José C. Paz, todo el ambiente está invadido por el humo del basural a cielo abierto y las vecinas y vecinos salieron a manifestarse, se hace insostenible “quedarse en casa”. Estas no son las únicas justificaciones para romper la cuarentena, también oímos expresiones como: “no puedo no encontrarme con mi novio”, “no puedo dejar de ver a mis hijxs”, “necesito salir para tomar aire”, “no soporto no poder ver a mi madre”, “voy a ver a mi papá porque me estoy volviendo loca”, “paso a saludar a la tarde por mi salud mental”, “nos vemos en el supermercado para caminar un rato por el barrio”.

Esas son explicaciones habituales de personas de un entorno social urbano de Buenos Aires, que tienen justificaciones diversas para “evadir” la norma. Nos interesan estas micro-evasiones en la medida en que todas ellas no renuncian a la norma oficial, pero, aceptándola, negocian el criterio general con alguna justificación situada. Es decir, la norma no supone un sistema abstracto de acatamiento en función de determinantes metafísicos como la “argentinidad” o la “clase”. Sin embargo, asumiendo que esas regularidades existen, nos interesan las moralidades prácticas específicas que son móviles y permanentemente negociadas.

En la década de 1960 el sociólogo Harold Garfinkel, inspirado en la filosofía pragmática, planteó en sus Studies in ethnomethology una serie de ideas muy sugerentes sobre cómo los individuos se vinculan con las normas. Contra la idea de que existen sistemas normativos abstractos, que los individuos incorporan más o menos unidireccionalmente, Garfinkel propuso dos ideas interesantes. En primer lugar, que las normas declaradas públicamente no son siempre las que las personas usan en su vida práctica; en segundo lugar, que las normas que las personas usan en su vida cotidiana están de algún modo entramadas en la práctica misma. Los sentidos que las personas despliegan sobre la norma de “quedarse en casa” y sus pequeñas evasiones muestran toda una trama clave para entender cómo vivimos la cuarentena.

Si bien muchos reivindicamos el valor de “quedarse en casa”, lo cierto es que los pequeños ilegalismos de visitas cotidianas, paseos por el barrio o encuentros furtivos muestran una trama que hace a la vida social en pequeñas redes de interacción diaria. Al mismo tiempo, en la vida social este tipo de práctica moviliza un código propio que permite justificar salidas a trabajar, descomprimir situaciones de hacinamiento y encuentros que hacen al bienestar integral (incluso a la salud mental) en determinadas situaciones.

Esos códigos cotidianos de justificación de la disidencia no son estáticos, son móviles, pueden alejarse en determinados contextos de la norma declarada oficialmente de “quedarse en casa” o, en otros momentos, pueden plegarse con la misma. Seguramente también puedan adaptarse o distanciarse en conversaciones o situaciones específicas. Con un jefe, con una autoridad o con amigos muy estrictos se mantiene la norma oficial, e incluso se vivirá esa norma como tal, mientras con los “cómplices” se alegan excusas como la economía, el amor, la amistad o la salud mental. Es muy posible que esas justificaciones también se vivan como reales y sin contradicción. El paso de una a otra está atada a períodos temporales de la cuarentena, niveles de agotamiento, necesidades emocionales, físicas y a entornos de los lugares de aislamiento.

Resulta significativo que, si en las primeras semanas de la cuarentena esos códigos oficiales y cotidianos estaban muy unidos, con el correr del tiempo, y con nuevas medidas y fases de “cuarentena administrada” que habilitaban nuevas actividades, la norma oficial fue incorporando algunas de esas moralidades cotidianas a lo aceptado. Algunas actividades productivas fueron habilitadas, las salidas recreativas para niñas y niños, la posibilidad de convivir alternadamente en familias ensambladas y las actividades deportivas al aire libre son ejemplo de ello.

Hay un fenómeno crucial que hace a estas relaciones entre normas explícitas y normas implícitas bajo la cuarentena del covid-19: el Estado. Por ello no deberíamos entender sólo abstractamente las políticas públicas, las que son centrales para el acatamiento y la eficacia del cuidado colectivo, sino cómo éstas funcionan en la vida cotidiana, cómo son apropiadas y resignificadas. La presencia de médicos, enfermeros y policías en la calle es sólo una parte de ello, la dimensión más visible de la salud pública o el monopolio de la violencia física. También resulta fundamental el Estado en los códigos oficiales que defendemos públicamente: “quedarse en casa”, “tomar distancia es cuidarse”. Si bien no siempre son co-extensivos de los códigos implícitos que orientan nuestras acciones prácticas, sin ellos no habría legitimidad común y todos haríamos de nuestros códigos implícitos el único modelo de acción: el del amor, el del afecto, el de la salud mental, el de las condiciones higiénicas mínimas, el de ganarse el pan, que nos llevan a romper la norma oficial. Incluso podríamos considerar los que se amparan en el miedo, que nos llevan a cerrarnos sobre nosotros mismos y desconfiar del otro, abriendo la puerta para movimientos fundamentalistas y diferentes formas del negacionismo científico y de los beneficios de la política pública basada en la evidencia.

Todos esos códigos implícitos necesitan del Estado para difundir una moral pública que ofrezca un apoyo moral común de cuidado, respeto, democracia y no discriminación. Y, al mismo tiempo, el Estado no podría desplegar una política efectiva sin asumir esa diversidad de códigos, justamente ese juego de la incorporación de la moral práctica a la pública es un juego que hace a la gobernabilidad.

Los argentinos y las normas

El análisis de las normas y su acatamiento en general suele ser analizado desde miradas abstractas que dicen más sobre quienes enuncian esas interpretaciones y sus ideales normativos que sobre los procesos mismos. Como dijimos, el contexto actual parece movilizar una serie de imágenes que afirman lo “solidarios” o “egoístas” que podemos ser los argentinos. La desobediencia parece ser una interpretación dominante en las últimas décadas, base de discursos moralizantes sobre la república y el carácter corrupto de la nación, sumándose a las narrativas del fracaso argentino.

Desde esta visión el problema radica en el desapego que los argentinos expresamos ante las normas. Se trata de una lectura normativa que parte más de supuestos teóricos-ideológico que de una constatación empírica. Un ejemplo de esta posición es la de Carlos Nino y su idea de “un país al margen de la ley”, usado hasta el hartazgo para la automortificación por la falta de apego a las normas. En ese libro encontramos afirmaciones rotundas sobre la falta de respeto que los argentinos tenemos hacia la ley, que apuntan a remarcar la profunda diferencia y la excepción de nuestro país con respecto a cualquier otro sitio del planeta. Esta idea persiste en lo que Ezequiel Adamovsky (http://revistaanfibia.com/ensayo/una-tribu-de-salvajes-sin-futuro) ha identificado como una “república decadente”.

Nino menciona en su libro las distintas formas en que se manifiestan la ilegalidad y la anomia en la vida social argentina. Aborda este problema en diferentes ámbitos de la vida social: la actividad económica, la contribución impositiva, la conducta en el tránsito, el funcionamiento de la administración pública, entre otras cosas. El autor concluye que son factores culturales y morales los que operan para impedir que la justicia actúe de manera efectiva en este contexto de ilegalidad y “anomia boba” que frustra los propósitos de todos los actores involucrados, genera ineficiencia y subdesarrollo.

Estas ideas, que muchas veces asumen como análisis sociológico una mirada sesgada, no consideran cómo estos ilegalismos, seguramente presentes en muchos otros contextos sociales no argentinos, son sólo una parte de la vida social. Y, sobre todo, estas lecturas están fuertemente atadas a una imagen idílica de las normas públicas como un sistema oficial que debería replicarse en la vida cotidiana. Su imperfección, en última instancia, debe buscarse en una población que es la última culpable de “no respetar las normas”. Entendemos que es posible que este desacople tenga que ver con la imposibilidad de concebir un Estado que defina valores comunes verdaderamente democráticos, es decir que negocie permanentemente con la diversidad interna, incluso muchas veces conflictiva, atendiendo a factores económicos o ambientales diversos, pero también a una gran diversidad de códigos morales implícitos.

Enfatizar en los comportamientos de los actores a partir de su predisposición a cumplir o no las normas quita complejidad a la reflexión porque deja de lado otros aspectos y dimensiones que configuran el problema. Esta lectura se articula perfectamente con el acento normativo sobre la conducta y el autogobierno, una manera de construir el problema coherente con la concepción de gobierno que presta más atención a las conductas como fenómenos aislados que a las tramas complejas que nos permiten entender las relaciones entre normas y acciones. Unido estas lecturas emerge la idea de un Estado débil, que no regula, que no controla, que no penaliza los comportamientos indebidos. El Estado aparece así como un ente sin capacidad para ordenar y garantizar el cumplimiento de la ley. En esas interpretaciones se disuelve cualquier explicación que pretenda especificidad y complejidad, habilitando argumentos ideologizados y denigratorios que representan más la indignación moral que el análisis detallado y racional, desarrollando todo un género nacional de crítica a la picaresca o la “viveza criolla”.

Es necesario dar cuenta de las relaciones complejas entre los comportamientos individuales y las reglas que los restringen. Por lo tanto, resulta necesario una mirada que tome distancia tanto de los juicios negativos sobre las formas de ser y actuar como de una supuesta autorregulación espontánea de los actores. El modo sesgado de interpretar el cumplimiento o no del ASPO tiene similitudes con algunas miradas sobre el orden del tránsito y la seguridad vial: su éxito, se nos dice, depende en gran medida de la responsabilidad individual. Se enfatiza en las conductas individuales dejando de lado aspectos como las complejas tramas morales de la acción social, la infraestructura o incluso las políticas públicas sistémicas. Un rasgo común con muchas iniciativas estatales en materia de tránsito es la centralidad que asumen las conductas individuales para el control de los riesgos. En este sentido, desde las distintas medidas de gobierno se busca crear un individuo conocedor de las reglas y responsable de las consecuencias de sus actos. Por su parte, al igual que muchas intervenciones normativas sobre la ASPO en el contexto de la pandemia de covid-19, las políticas públicas sobre seguridad vial se basan en dos recursos. Por un lado, se establece la concientización a través de campañas y manuales de educación vial y, por el otro lado, las políticas tienen un aspecto represivo a través de los controles y las sanciones. Así, la preocupación por gobernar el autogobierno prioriza las conductas individuales y la falta de cumplimiento de la ley. Estas miradas dominantes, tanto sobre la ASPO como sobre la cuestión vial, plantean semejanzas en base a criterios del incumplimiento de la norma desde la acción individual o desde la anomia. Por el contrario, entendemos que la gestión pública de los riesgos exige una mirada compleja que incluya diferentes niveles tanto de la política pública y la norma oficial como de las normas implícitas y de las condiciones materiales.

Ni solidarios ni egoístas

El respeto a la cuarentena y su incumplimiento no son acciones que se opongan. Si bien públicamente podemos dividir el mundo en dos, e incluso politizar esas dos opciones y asumir que quienes la respetan a rajatabla son parte del bien común democrático y los que la rompen la encarnación del mal neoliberal, creemos que es bastante más complejo. Eso no quiere decir que no haya grupos, minorías activas, que defiendan esos valores y los usen para manifestarse, confrontar por las redes o construir identidades políticas coyunturales. Sin embargo, sospechamos que las grandes mayorías no funcionan así.

El respeto o la ruptura de la cuarentena supone articulaciones contextuales de códigos morales de justificación muy específicos que remiten al discurso oficial de “quedate en casa”, los discursos cotidianos del amor, el afecto, la salud mental o la supervivencia, redes sociales personales e infraestructuras cotidianas. El pliegue entre esas normas explícitas, públicamente declaradas, y otras más implícitas, pero no menos regulares, organizan una trama compleja en donde “quedarse en casa” o salir son opciones posibles.

Entender cómo se produce y se reproduce la cuarentena podría enriquecerse mucho asumiendo esta complejidad entre normas oficiales y códigos normativos implícitos como los descriptos por Harold Garfinkel. La política pública que quiera una gestión eficaz de la pandemia y de la post-pandemia, necesita asumir que estas redes de disidencias existen, que se basan en criterios de legitimación cotidiana y que perfectamente pueden convivir con la regla general de “quedarse en casa”. Incluso, esa gestión eficaz podría beneficiarse mucho si se esfuerza por interpelar, con políticas de comunicación específicas, los modos más radicales y exagerados de esa disidencia que constituyen los nuevos fundamentalismos negacionistas frente al covid-19.

Contra las imágenes decadentistas de la “falta de normas de los argentinos” y contra el triunfalismo de nuestra supuesta “civilización” o “solidaridad”, entendemos que es justamente en la distancia entre norma oficial y norma cotidiana donde se encuentran claves de la gestión pública de la pandemia.

Sin los valores oficiales como el “quedate en casa”, viviríamos en una colección de micro mundos morales disgregados. Sin esos códigos implícitos que nos permiten visitar a un amigo en un contexto de desesperación o a salir a ganarse el pan como se pueda en medio de la crisis económica, y hacerlo sin culpa, estaríamos en un mundo agobiante. El Estado entonces no es el que imparte el orden moral a una sociedad descarriada, como quiere un republicanismo ingenuo, sino quien gestiona esa complejidad entre normas oficiales que deben ser públicamente legítimas y los códigos implícitos que nos damos para sobrevivir.

Carla del Cueto y Nicolás Viotti

* Artículo publicado en la edición especial de Noticias UNGS, el 15 de julio de 2020.

Jueves 16 de julio de 2020

Solidaridad frente a la crisis

La crisis sanitaria y el deterioro de las condiciones socioeconómicas exigen diversificar los modos en que la Universidad acompaña a las familias e instituciones del territorio. Con el fin de articular las voluntades solidarias, la UNGS creó, a través de su Consejo Superior, el Fondo de emergencia social y sanitaria. El mismo se conformará por los aportes voluntarios de integrantes de la comunidad universitaria y de personas, organizaciones y empresas de la sociedad en general. Se utilizará en la compra de alimentos y otros insumos de primera necesidad y estará destinado a organizaciones sociales que trabajan con familias en situación de vulnerabilidad, en articulación con el Consejo Social de la Universidad.

Discontinuidad de ingresos laborales de los hogares y dificultad de acceso a la alimentación básica constituyen hoy en el conurbano bonaerense los principales problemas, consecuencias de la crisis sanitaria y el aislamiento social. La profundización de la compleja situación social exige nuevos y mejores modos de intervenir en el territorio. Frente a esta necesidad, el Consejo Superior de la UNGS creó el Fondo de emergencia social y sanitaria COVID 19, difundido como “Fondo solidario”.

Se trata de un mecanismo institucional que permite reunir aportes voluntarios de las y los integrantes de la comunidad universitaria y donaciones de personas, organizaciones y empresas de la sociedad en general. El objetivo es ampliar el trabajo que la Universidad realiza en el territorio, asumiendo en este caso la responsabilidad de articular la solidaridad de los miembros de la comunidad y acompañar las distintas medidas que vienen implementando los gobiernos nacional, provincial y municipal.

“Desde que comenzó la cuarentena venimos siguiendo muy de cerca la situación en el territorio cercano a la Universidad. Lo hacemos con mucha preocupación porque sabemos de la gravedad de la crisis social que nos dejó el gobierno anterior, una situación que ya era muy crítica, y que la cuarentena complicó aún más”, asegura Pablo Bonaldi, vicerrector de la Universidad en ejercicio del Rectorado.

Con relación a este difícil contexto, Pablo Toledo, secretario de Administración de la UNGS, que es la unidad responsable de la gestión del Fondo, afirma que “asistimos a un empeoramiento de la situación social producido en parte por la prolongación de la emergencia sanitaria en nuestra región y especialmente debido a la grave situación económica, de empleo, pobreza y desigualdad que nos dejó la concentración económica que se registró en los años anteriores. Ante este escenario dramático, la Universidad decidió intervenir directamente y articular la solidaridad de los integrantes de la comunidad universitaria y de instituciones públicas y privadas, creando un ‘fondo solidario’ para poder concentrar los aportes y realizar la compra de alimentos e insumos de primera necesidad”.

En función de ese complejo escenario, el Fondo tiene como objeto contribuir con la provisión de alimentos y otros insumos de primera necesidad destinados a organizaciones sociales que trabajan con familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a través de las instituciones del territorio y en articulación con el Consejo Social de la Universidad, cuerpo creado en 2012 en el que participan organizaciones estatales y sociales de la región y que actualmente redoblan sus esfuerzos realizando una tarea esencial de asistencia en los barrios, especialmente con las ollas populares.

La consejera superior por el Consejo Social Graciela Rodríguez destaca el carácter solidario de esta iniciativa, destinada a personas que se encuentran en situación de vulneración de derechos, y ponderó que la provisión de alimentos y otros insumos de primera necesidad a las organizaciones sociales de la región se haga en articulación con el Consejo Social de la Universidad: “Como efecto de la pandemia y la necesidad de sostener el aislamiento social, la situación económica se agravó muchísimo y se deterioraron las condiciones de vida de quienes están más desprotegidos, especialmente en el conurbano bonaerense, por eso la creación de este Fondo es muy importante”, dice.

El proyecto de creación del Fondo obtuvo un amplio acompañamiento por parte de los consejeros superiores, que se manifestaron de distintos espacios y claustros en favor de una iniciativa que permita brindar ayuda en un contexto de tan profunda emergencia social. “No se trató de una iniciativa solo de la gestión o de quienes circunstancialmente somos autoridades de la Universidad. El pedido de creación de este Fondo, aprobado por el Consejo Superior, es una iniciativa de trabajadores docentes y nodocentes de la Universidad interesados en hacer aportes para asistir a nuestra comunidad, y también es respuesta a pedidos de colaboración de las organizaciones sindicales y sociales cercanas a la Universidad, expresó Bonaldi, quien preside el Consejo Superior.

En el marco de creación del Fondo, el Consejo Superior resolvió constituir una comisión que tiene como tarea, en articulación con el Consejo Social, relevar las necesidades de las organizaciones del territorio y recomendar la asignación de los recursos. Dicha comisión está integrada por dos representantes designados/as por el Consejo Social, dos representantes designados/as por el Consejo Superior, dos secretarios/as de la Universidad, un/a representante designado por APUNGS (gremio de los nodocentes) y un representante designado por ADIUNGS (gremio de los investigadores y docentes).

“La pandemia y la cuarentena han dejado al desnudo las desigualdades estructurales que persisten en nuestra sociedad, así como la fragilidad del trabajo y de los ingresos de millones de personas. No es que no las conociéramos, de hecho se profundizaron durante el gobierno macrista, y este nuevo gobierno comenzó sus primeros días en ese escenario social”, plantea Nuria Yabkowski, secretaria general de ADIUNGS, que enfatiza que “por todo ello, quienes luchamos para construir una sociedad donde todes puedan tener una vida digna, y hoy estamos en una posición mucho menos vulnerable, más segura y menos precaria, no debamos mirar para otro lado”.

En ese sentido, Yabkowski destaca que la iniciativa del Fondo Solidario de la UNGS es responder a un deber social, político y ético, que tiene la universidad como institución para con el territorio del que forma parte, y que esté constituido en su mayoría (aunque no exclusivamente) por el aporte de trabajadoras y trabajadores se trata de solidaridad al interior de la clase trabajadora. “Tal vez es una forma más de construir esa unidad que tanto hace falta para seguir luchando contra los intereses de los grupos económicos más concentrados, contra todos esos factores de poder que lejos estamos de haber derrotado, los que priorizan sus ganancias antes que la salud de todes”, asegura la dirigente gremial.

Para Rocío Espínola, consejera superior elegida por ese cuerpo para integrar la comisión se seguimiento, la creación del fondo solidario es una iniciativa profundamente necesaria en este contexto tan complejo y que permite seguir afianzando el trabajo en conjunto entre la comunidad universitaria y las organizaciones sociales de nuestro territorio. “La solidaridad y la colaboración de todes es esencial para que muchas familias puedan tener un plato todos los días pero también para consolidar la organización de nuestros barrios frente a las dificultades que atraviesan en esta pandemia”.

La joven graduada amplía su acompañamiento a la iniciativa expresando que hoy en día es fundamental el rol que cumplen las organizaciones (cabe destacar el lugar protagónico de las mujeres en estas) sosteniendo merenderos y comedores, entregando viandas, acercando artículos de higiene y cuidado para poder atravesar este momento tan difícil que se vive en las barriadas. “La UNGS viene desarrollando otras iniciativas como institución educativa y desde la producción del conocimiento, algo primordial para poder aportar al desarrollo de políticas públicas que contribuyan a solucionar efectivamente los problemas estructurales; también muches de les que formamos parte de la comunidad somos parte además de estas organizaciones del territorio, y el Fondo es otra forma más de seguir aportando al fortalecimiento de los lazos comunitarios”, sostiene Espínola.

Es un momento excepcional en nuestra historia. Desde que comenzó a golpear la pandemia en nuestras normalidades la Universidad fue adaptando su funcionamiento, continuó garantizando la formación de profesionales y en numerosos casos modificó o adaptó las agendas de investigación para dar una rápida respuesta a diversos asuntos que esta crisis desató.

“La creación y puesta en marcha del Fondo solidario de la Universidad nos permite entre otras cosas poner de relieve lo que desde la Universidad se entiende como una de sus misiones, que es poder dar respuesta a demandas y necesidades de la sociedad, en este caso del territorio cercano, en el que sabemos que ya hace tiempo se están viviendo muchas necesidades”, explica Sergio Vera, secretario General de la UNGS, quien agrega que “en este caso intentamos dar una mano respecto a la cuestión alimentaria y del cuidado de aquellas organizaciones que asumen riesgo en lo cotidiano para poder atender situaciones de hambre, a través de dos tipos de ayuda, los alimentos propiamente dichos, y también con kits sanitarios que permitirán a las y los referentes contar con mayor protección y cuidado de su salud”.

El Fondo se integrará por el aporte voluntario del 1% de los haberes de los/as trabajadores/as de la UNGS y por el aporte directo a través de donaciones de los miembros de la comunidad universitaria o de organizaciones y empresas del territorio. Estos aportes se realizarán a través de transferencias bancarias. Los fondos serán utilizados exclusivamente para la compra de alimentos y otros insumos de primera necesidad destinados a las familias que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad a través de las instituciones u organizaciones sociales del territorio.

Para facilitar el trámite de donación al fondo a los integrantes de la comunidad universitaria, se implementó, en la aplicación UNGS Activa (utilizada para hacer un conjunto de actividades y gestiones), un formulario muy simple a través del cual los trabajadores pueden hacer un aporte del 1% de su salario durante tres meses. Pueden elegir también hacerlo durante solo un mes, o hacer una transferencia por los mecanismos habituales. Durante los meses de julio, agosto y septiembre se irá conformando ese fondo y se irán haciendo las compras de alimentos e insumos.

“En esta primera etapa, en la que se esta realizando la recaudación, podríamos afirmar que cuando es la Universidad toda la que se ocupa de organizar, gestionar y comprometerse con la implementación de un proyecto como este, los resultados son muy alentadores, tienen un potencial mayor y eso se evidencia con todas las transferencias que ocurrieron en estos días, y todavía falta contabilizar lo que surja de los aportes voluntarios de los trabajadores”, precisa Vera.

Dado que los aportes al Fondo se realizarán de forma voluntaria, se resolvió mantener la confidencialidad de la información sobre los y las donantes. El Fondo será administrado por la Secretaría de Administración de la Universidad y las compras se llevarán a cabo de acuerdo a los procedimientos establecidos por la normativa vigente. Se informará su evolución y erogación de manera permanente a través de los canales institucionales de la Universidad.

Esperanzado con iniciativas de estas características, Toledo subraya: “En momentos en que las desigualdades se manifiestan con toda su crudeza e injusticia es cuando más tenemos que hacer esfuerzos de organización y solidaridad que tiene su correlato en la emergencia, pero a su vez, se vuelve indispensable redoblar los esfuerzos para asumir un rol activo en la realización de una sociedad más justa, más democrática y más igualitaria”.

Brenda Liener

* Artículo publicado en la edición especial de Noticias UNGS, el 15 de julio de 2020.

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Comunidad universitaria, organizaciones y empresas

Pasos para la realización de la donación

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Sucursal: San Miguel (3260) – Pte. Perón 1402

2) Enviar a la casilla de correo: aportesolidario@campus.ungs.edu.ar el comprobante de transferencia para emitir el recibo correspondiente. Así podrá declarar su donación en el SIRADIG-FORM 572.

3) Podrán visualizar su donación con N° transferencia, fecha y monto de la misma en este link.

4) Consultas a: aportesolidario@campus.ungs.edu.ar

Trabajadoras y trabajadores de la UNGS

Procedimiento para realizar la donación

1) El/la agente deberá ingresar a UNGS ACTIVA. Allí verá el apartado “servicios” donde encontrará la opción “Fondo solidario”. Una vez abierta la opción, deberá seleccionar “solicitud de aporte solidario UNGS” y completar un formulario que contendrá datos personales los que deberá validar. El sistema procede a autenticar el formulario y validará que no tenga una suscripción vigente.

2) El/la agente deberá aceptar los términos y condiciones de la suscripción.

3) El sistema le solicitará que acepte la suscripción

4) El/la agente recibirá un correo electrónico confirmando la suscripción.

5) El importe de las donaciones mensuales se verá reflejado en los recibos de sueldos y será transferido al fondo solidario.

Si el/la agente quisiera discontinuar el aporte deberá enviar un correo electrónico solicitando la baja de la suscripción a aportesolidario@campus.ungs.edu.ar. Si la solicitud de baja se hiciera antes del día 15 del mes que se envía el correo electrónico, la baja tendrá vigencia ese mismo mes, si la solicitud se realiza pasado el día 15, la baja tendrá vigencia el mes siguiente.

Información necesaria

Ante un requerimiento de la AFIP, el recibo de haberes constituye la constancia/recibo que la Ley obliga a entregar por el donatario (UNGS) al donante (Agente que solicitó la retención) como respaldo del monto deducido (RGAFIP 2681/2009 Art.33.)

La Universidad notificará de oficio la deducción de la donación al efectuar la retención de impuesto a las ganancias. Razón por la cual no corresponde informarla a través de SIRADIG.

Jueves 16 de julio de 2020

Los relatos sobre la ciencia

Los relatos sobre el nuevo coronavirus comenzaron a mediados de diciembre de 2019 cuando se inició el brote en la ciudad china de Wuhan, y se fueron contruyendo a medida que las personas contraían el virus, el personal de la salud se enfrentaba a una nueva enfermedad, los medios llenaban sus páginas y sus pantallas con los últimos acontecimientos, el virus traspasaba las fronteras, la comunidad científica internacional centraba sus esfuerzos en comprender este nuevo virus y los gobiernos nacionales ensayaban respuestas.

Desde que se conoció el brote del nuevo coronavirus, la ciencia ha ganado un lugar central en los medios de comunicación y en la conversaciones hogareñas. El covid-19 es noticia las 24 horas y los ojos de todo el mundo están puestos en la ciencia y en sus respuestas para luchar contra el SARS-CoV-2. Sobre este virus todavía no lo sabemos todo y de hecho día a día cambia lo que conocemos de él. Por otro lado, hay también un desconocimiento sobre el mundo de la ciencia, sobre sus tiempos y reglas, sobre cómo se construye el conocimiento.

En un panel virtual, la periodista científica Nora Bär, editora de ciencia y salud del diario La Nación, explicó que es necesario realizar una cobertura responsable en tiempos de pandemia: “Estamos hablando de vidas humanas y cada dato erróneo que brindamos tiene un impacto equivocado en la vida de las personas. Los problemas son a veces más complejos. Uno advierte, por las noticias que se ven en la televisión, que se desconoce cómo funciona la ciencia”.

La ciencia trabaja con un método que consiste en la observación de un problema, la descripción de una hipótesis, la realización de estudios y experimentos rigurosos para comprobar o refutar la hipótesis y en virtud de los resultados, el desarrollo de una teoría que permite explicar la hipótesis. El último paso es comunicar los resultados de la investigación a través de la publicación de artículos en revistas especializadas, que cuentan con un sistema de revisión de pares.

Hoy, debido a la alta demanda de información y a la cantidad de investigaciones en marcha sobre covid-19, la publicación de trabajos en revistas especializadas, que permite que otros científicos y científicas puedan evaluar la investigación, está demorada, y hay en circulación una gran cantidad de preprints en repositorios virtuales de fácil acceso. Esto es de gran utilidad para la actividad científica ya que colabora en acelerar el proceso de investigación. El problema surge cuando estos artículos científicos borradores son publicados por medios de comunicación como una verdad científica, cuando ni siquiera han superado los filtros de calidad de la propia ciencia.

Según datos de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana, desde mediados de enero y hasta el 8 de julio se han publicado cerca 30 mil artículos relacionados al covid-19 en la base de revistas científicas PubMed.

Epidemia informativa

Como ha declarado hace algunos meses la Organización Mundial de la Salud, la pandemia por covid-19 está acompañada por una epidemia de información que consiste en una cantidad excesiva de información, en algunos casos correcta, en otros no, que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan. La infodemia, o epidemia informativa, se propaga al igual que un virus y genera desinformación y confusión a la vez que alimenta la angustia y el pánico.

En los últimos meses, y en todo el mundo, se han construido noticias falsas, o al menos incorrectas, tomando como fuente de información los preprints. Las noticias falsas se difunden a una velocidad difícil de controlar, y más aún en un contexto en el que las redes sociales y la virtualización tienen un rol importante y todo está a solo un clic de distancia.

La agencia de noticias Télam y un grupo de investigadores e investigadoras del Conicet desarrollaron Confiar, una plataforma para enfrentar la infodemia en la que recopilan noticias falsas difundidas en medios de comunicación, en redes sociales y también por whatsapp. Una de estas fake news se refiere a las notas periodísticas publicadas por distintos medios digitales que aseguran que un determinado grupo sanguíneo es “más resistente” que otro a la infección por el virus del covid-19. “Esta noticia es falsa. Hoy es apresurado afirmar que un grupo sanguíneo es más resistente o más vulnerable a la infección por el nuevo coronavirus”, asegura el artículo de la plataforma Confiar, y explica: “La noticia se basa en un estudio realizado en tres hospitales en Wuhan y Shenzhen (China) donde el equipo analizó la distribución de los tipos de sangre en la población total en cada área y luego la comparó con su muestra de pacientes infectados por COVID-19. Los porcentajes entre la población sana y aquellos infectados tienen algunas diferencias; sin embargo, este tipo de estudios no significa que todas las personas con sangre tipo O sean inmunes; ni que todas las personas que contraen el virus serán del tipo A”.

Ciencia Anti Fake news, grupo de jóvenes científicos que contribuye de manera oficial en el contenido de la plataforma Confiar, publicó en su cuenta de twitter que consumir alimentos alcalinos, como palta, ajo o ananá, no es una medida para prevenir ni para tratar pacientes con covid-19, frente a una cadena de mensajes virales de whatsapp y facebook, que afirma, erróneamente, que consumir alimentos alcalinos colaboraría con el sistema inmune y permitiría enfrentar mejor los efectos de la infección.

¿Cómo pueden la comunicación pública de la ciencia y el periodismo científico combatir la infodemia? En lo más inmediato, es claro, realizando coberturas responsables, consultando fuentes oficiales como el Ministerio de Salud de la Nación y la OMS y también a organismos e instituciones dedicadas a la ciencia y la tecnología, como el Conicet y las universidades nacionales. Esto es lo que hacen, en la mayoría de los casos, las y los periodistas especializados en ciencia y tecnología.

Desde que comenzó la pandemia, y con el propósito de brindar herramientas para una mejor cobertura periodística, distintas redes y espacios vinculados al periodismo científico y a la comunicación pública de la ciencia han realizado recomendaciones para cubrir la pandemia. Entre estas publicaciones se encuentra el “Decálogo para comunicar contenidos científicos”, de la Red EsPeCie, conformada por comunicadores y periodistas científicos, elaborado por Nadia Luna, periodista científica de la Agencia TSS, y por Nicolás Camargo Lescano, periodista científico de la Agencia CTyS.

“Hoy la función más importante del periodimo científico y de la comunicación pública de la ciencia es identificar y mostrar publicamente quiénes son los expertos, es decir, en quién esta justificado hoy en día creer”, dijo Carina Cortassa, docente investigadora de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en un encuentro virtual organizado por la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), en el que además alertó sobre el uso del principio del balance en el periodismo científico, uno de los principales valores del periodismo generalista que implica brindar al público, para que luego tome sus propias conclusiones, todas las voces involucradas, las voces antagónicas, los pro y los contras: “Siempre he criticado el principio de balance en la comunicación de la ciencia. Por el contrario, en el periodismo científico un criterio de calidad es mostrar que no todas las voces son iguales. Se ha estudiado mucho este tema por ejemplo con la comunicación del cambio climatico y del movimiento antivacunas”.

Más a largo plazo, la comunicación pública de la ciencia y el periodismo científico tienen otros desafíos, entre ellos, su continua profesionalización. “Es necesario sumar nuevas exigencias a la formación de comunicadores y periodistas científicos, en estudios sociales de la ciencia y la tecnología y también en aspectos generales de las problemáticas de la comunicación”, expresó Ana María Vara, investigadora en estudios sociales de la ciencia y la tecnología de la Universidad Nacional de San Martín, también en el encuentro organizado por la UNSL.

Una imagen real

La comunicación pública de la ciencia y el periodismo científico tienen un rol fundamental en la construcción de la imagen que la sociedad tiene de la ciencia y del quehacer científico, y en combatir ciertas imágenes distorsionadas de la ciencia que todavía permanecen y que se reproducen, a veces, sin mala intención, solo por desconocimiento o por no pensar en la propia práctica.

Es necesario contar que la historia de la ciencia no está compuesta por grandes descubrimientos aislados y que, por el contrario, los nuevos conocimientos y teorías tienen detrás una historia de miles de años y el trabajo de cientos de científicos y científicas de todo el mundo. Además, explicar que la ciencia también comete errores y que esos errores son propios de la práctica científica. En este último tiempo revistas científicas de alto impacto, como The Lancet y New England Journal of Medicine, retiraron artículos sobre el covid-19 por fallas en las investigaciones.

También hay que mostrar que la ciencia tiene intereses, que las investigaciones son financiadas por diferentes actores públicos y privados, que la actividad científica está llena de controversias y que es realizada por mujeres y hombres que también “van al supermercado”, como recordó una química recientemente en una entrevista.

Y principalmente hay que hablar de las políticas sobre ciencia y tecnología y fomentar que la comunidad participe activamente en estos debates, cuyas resoluciones, en definitiva, impactan en su vida diaria, por poner solo dos ejemplos, el uso de agrotóxicos en los cultivos o las innovaciones en la industria farmacéutica.

En resumen, hay que construir un relato que tenga en cuenta una imagen más real de la ciencia.

Marcela Bello

* Artículo publicado en la edición especial de Noticias UNGS, el 15 de julio de 2020.