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Jueves 24 de julio de 2025

AySA a la venta: privatización del mayor sistema metropolitano de agua y saneamiento de América Latina

El ecólogo y urbanista Leonardo Fernández, investigador y docente del Instituto del Conurbano de la UNGS, habla en esta nota sobre la importancia estratégica de AySA y analiza las características del decreto del Gobierno que avanza con la privatización de esta empresa que abastece de agua a 11 millones de personas y brinda servicio de cloacas a casi 9 millones del AMBA.

Uno. Importancia estratégica del sistema metropolitano AySA
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) es una empresa pública creada en 2006, que actualmente abastece de agua potable a más de 11 millones de personas y presta servicios de cloacas a casi 9 millones dentro de una misma unidad territorial: el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), integrada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 26 municipios del conurbano bonaerense. Es una escala impresionante que la posiciona como el mayor operador urbano de agua y saneamiento de América Latina, comparable con Thames Water (Londres) o el Bureau of Waterworks (Tokio), que atienden entre 12 y 16 millones de usuarios cada uno.

La diferencia con sistemas aún más grandes—como Sabesp de São Paulo, que presta servicio a unos 28 millones de personas— radica, justamente, en su carácter de unidad operativa metropolitana: mientras que este se reparte entre distintos municipios o están fragmentados entre varios concesionarios, AySA opera de forma territorialmente unificada. Se trata de un operador público que integra técnica, institucional y territorialmente el ciclo del agua para toda la región metropolitana, un rasgo único en América Latina. Produce, distribuye y trata los efluentes para todo el AMBA, con una estructura tarifaria y de subsidios homogénea, lo que le ha permitido planificar inversiones de infraestructuras estratégicas y coordinar respuestas hídricas de alcance regional de manera sostenida en el tiempo.

Dos. Cobertura, calidad del servicio y sustentabilidad ambiental
Más allá de su escala operativa, es fundamental observar qué tipo de cobertura garantiza hoy AySA y cuáles son sus desafíos estructurales.

Pese a que abastece al 79 % de los hogares del AMBA con agua de red, la conexión cloacal alcanza al 67 %, con déficits concentrados en los bordes del conurbano de menor nivel socioeconómico.

En los últimos años, la empresa amplió su cobertura territorial a 9 nuevos municipios del AMBA, incorporando áreas densamente pobladas con fuertes carencias estructurales. Esto incrementó tanto los desafíos de inversión pública como el acceso efectivo en sectores de bajos ingresos. Cerca de dos millones de familias dependen hoy del recurso hídrico vital a través de perforaciones y pozos absorbentes a las napas.

Esta situación no sólo evidencia un déficit estructural, sino que implica un riesgo sanitario latente, especialmente en zonas donde las perforaciones de agua se ubican a escasa distancia de cámaras sépticas o pozos negros en suelos con baja capacidad de infiltración. La combinación de napas contaminadas, efluentes sin tratamiento y alta densidad urbana conforma un escenario de precarización del hábitat, propicio para la proliferación de enfermedades hídricas evitables, como gastroenteritis, parasitosis intestinales y metahemoglobinemia, entre otras.

La experiencia de los años '90 mostró que, bajo gestión privada, la cobertura del servicio tendió a concentrarse en las zonas de mayor rentabilidad relativa, ampliando la brecha socioeconómica en el acceso. La nueva concesión corre el mismo riesgo, reforzado por el propio DNU que transfiere el control estatal a manos privadas. Aun cuando el pliego licitatorio establezca metas obligatorias de cobertura y mecanismos de subsidio cruzado, el resultado más probable sigue siendo una profundización de las desigualdades en el acceso a estos dos servicios esenciales.
La sustentabilidad hídrica del sistema está seriamente comprometida. Hoy el ciclo urbano del agua entrega unos 6,2 millones de m³ diarios potabilizados —casi en su totalidad extraídos del Río de la Plata—, pero sólo trata el 46 % de los efluentes generados.

Aunque el Sistema Riachuelo ha permitido que una porción creciente de esos vertidos reciba tratamiento adecuado —evitando el vuelco directo al Matanza-Riachuelo—, aún persisten descargas crudas o insuficientemente tratadas hacia otras cuencas. En paralelo, se infiltran en los acuíferos Puelche y Pampeano, ya afectados por niveles de nitratos y contaminación biológica asociada.

Esta degradación ambiental tiene también consecuencias sanitarias directas: el consumo domiciliario de agua contaminada o el contacto con vertidos sin tratamiento incrementa los riesgos de enfermedades infecciosas, particularmente entre las poblaciones más vulnerables. La privatización del sistema, si no garantiza mecanismos efectivos de control y expansión equitativa del servicio, puede agravar estos problemas con impactos diferenciales en salud pública de la población urbana.

Al mismo tiempo, el contexto de variabilidad climática —como se experimentó la bajante histórica del Paraná (2020–21) y episodios cada vez más frecuentes de lluvias extremas— expone la vulnerabilidad de un sistema que depende fundamentalmente de una única gran fuente superficial. Sin un plan que reduzca las pérdidas en red (hoy en torno al 30 %), diversifique la captación entre río y acuíferos, y promueva el reúso o tratamiento de aguas grises, la privatización podría profundizar un desbalance hídrico: sobreexplotación del recurso superficial, contaminación de las napas y vertidos sin tratamiento en zonas de cobertura deficiente.

En suma, universalizar el servicio —alcanzar el 100 % de cobertura de agua y cloacas— y cerrar el circuito ambiental exige continuidad institucional, planificación territorial y una fuerte conducción pública del sistema. Se trata de una tarea de largo plazo que requiere capacidad técnica, legitimidad social y coordinación metropolitana.

Sin embargo, en lugar de consolidar esa dirección estratégica, el Gobierno nacional ha optado por habilitar su traspaso al capital privado, dolarización tarifaria y fragmentación de la gobernanza del agua en función de urgencias fiscales y criterios de rentabilidad.

Tres. Nuevo marco regulatorio decretado (DNU 493/2025)
A pesar de estos desafíos aún pendientes, el Gobierno ha optado por avanzar en un proceso de privatización habilitado por el nuevo DNU 493/2025 del 22 de julio de 2025, que se apoya en la Ley Bases (27.742), cuya constitucionalidad aún está pendiente de revisión por la Corte Suprema. Mientras tanto, la pasividad judicial le otorga validez de facto a un esquema legal que habilita la transferencia de activos públicos. El decreto sustituye parcialmente el Marco Regulatorio establecido por la Ley 26.221/07, con el objetivo de viabilizar la privatización prevista en la mencionada Ley Bases. Entre los cambios más relevantes se destacan:

Cuatro. Postura gremial
En este escenario, uno de los primeros actores en reaccionar fue el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), que en su comunicado titulado “Proceso de reorganización societaria de AySA” sostiene que la operación “no se trata de una privatización tradicional” y celebra la retención del 10 % del paquete accionario para los trabajadores. Sin embargo, convalida lo esencial: el DNU 493/2025 habilita la venta del 90 % restante, actualmente en manos del Estado nacional.

Al reducir el debate a la garantía de la participación de los trabajadores, el sindicato deja fuera del foco aspectos socialmente decisivos para ceder activos de estado a actores privados, como la evolución tarifaria, las metas de expansión del servicio o el resguardo del convenio colectivo. Así, llega a la mesa de discusión con un posicionamiento meramente defensivo, sin disputar los términos de fondo de la transformación de la empresa pública propuesta.

Esta postura reactiva queda más expuesta si se la contrasta con los hechos: desde enero de 2024, la dotación de personal se redujo en más de 3.500 puestos de trabajo, entre 1.200 retiros voluntarios, al menos 200 despidos directos y la no renovación de más de 2.000 cooperativistas. Sin exigencias claras ni herramientas institucionales para condicionar la futura gestión privada, el sindicato corre el riesgo de ceder en los hechos el control sobre el destino del servicio y de sus propios representados.

Cinco. ¿Cómo sigue?
Parece que todo dependerá del pliego licitatorio: se definirán las metas de cobertura, el calendario de inversiones, el esquema tarifario y la composición del directorio; es decir, las cuestiones centrales del futuro control político, económico y territorial sobre el ciclo hidrosocial metropolitano que hoy gestiona AySA.

En ese marco, también se jugará el lugar real que ocuparán los trabajadores, en un momento en que está en juego no sólo el destino del empleo, sino la misión pública de un servicio vital para más de 14 millones de habitantes del AMBA.

Mientras tanto, el Gobierno deja trascender que venderá AySA por unos USD 500 millones, aunque no queda claro si el destino será un operador israelí o un pool de empresarios locales. La cifra impresiona… hasta que se contrasta: equivale apenas a una fracción de lo que el Tesoro nacional moviliza en una semana con emisiones de letras y bonos de corto plazo, que pueden multiplicar varias veces ese monto en un verdadero festival de deuda para sostener una transitoria estabilidad cambiaria.

Privatizar al mayor operador de agua de América Latina —responsable de garantizar un servicio esencial en la principal región metropolitana del país— por el costo de unas pocas jornadas en la mesa de dinero, orquestada entre el Ministerio de Economía y el BCRA. Ironías líquidas —y trágicas— de una política económica dispuesta a desprenderse de un activo estratégico por un puñado de dólares, al precio de remate de una urgencia fiscal circunstancial.

En definitiva, lo que está en juego no es solo una empresa pública: es la forma en que la sociedad decide organizar un derecho humano esencial en la región más densamente habitada del país.

Por Leonardo Fernández

Miércoles 23 de julio de 2025

Por qué cambiar la medición del IPC | Arnaldo Ludueña en Página/12

Arnaldo Ludueña, investigador y docente del área de Economía Política del Instituto de Industria de la UNGS, explica en esta nota de opinión publicada en Página/12 cómo se construye el índice de precios y por qué al cambiar los ponderadores del IPC cambia también el diagnóstico económico.

Desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) la inflación ha sido utilizada como el caballito de batalla para incidir en el debate público. Esto se debe a que el gobierno nacional afirma estar combatiendo el fenómeno con herramientas drásticas de ajuste, mientras utiliza los datos oficiales del INDEC como prueba de sus logros en el plan de estabilización. Sin embargo, lo que se mide depende de cómo se mide. Y en este caso, una discusión técnica que parece menor (los ponderadores del índice de precios) puede cambiar, en parte, la interpretación del rumbo económico actual. Es por esto por lo que en el presente artículo se proponen ver los mismos datos pero utilizando ponderadores más actualizados para construir el índice de precios, y prestar especial atención a lo que pasa en la Provincia de Buenos Aires.

¿Qué son los ponderadores y por qué importan?
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC cada mes mide cómo varían los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares. Para calcularlo, no solo se necesita saber cuánto subió cada precio, sino también cuánto pesa cada uno dentro del presupuesto familiar promedio. Es decir, no pesa lo mismo el aumento del pan que el de un electrodoméstico si el primero representa un gasto cotidiano y generalizado, mientras que el segundo es esporádico y menos extendido.

Ese “peso” de cada bien o servicio es lo que se llama ponderador, y se construye a partir de encuestas de gastos de los hogares. El problema es que el IPC oficial del INDEC sigue utilizando ponderadores derivados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/2005, realizada hace ya dos décadas. Desde entonces, la estructura de consumo de la sociedad argentina cambió significativamente ya que han cambiado los hábitos alimentarios, la utilización de servicios tecnológicos, del transporte, el consumo energético y muchos otros aspectos cotidianos. Es por esto por lo que utilizar ponderadores viejos implica representar una realidad de consumo que ya no existe, lo cual distorsiona la forma en que interpretamos la inflación actual.

Una alternativa: actualizar los ponderadores
Desde nuestro trabajo como investigadores-docentes de la universidad pública del conurbano bonaerense, presentamos entonces un índice de precios alternativo, utilizando los mismos datos de precios difundidos por el INDEC, pero con nuevos ponderadores basados en la ENGHo 2017/2018 y poniendo el foco en exclusivamente en lo que sucede en la región del Gran Buenos Aires. Esta encuesta, mucho más reciente, permite capturar mejor la estructura de gastos de los hogares actuales y circunscribirlo geográficamente a lo que ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los 31 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires donde el INDEC recaba información (de ahora en más, GBA).

Hay una limitación metodológica importante: el INDEC publica la evolución de precios a un nivel de desagregación máxima de “divisiones” (por ejemplo: alimentos y bebidas, transporte, salud, etc.), pero no ofrece datos desagregados públicamente dentro de esas divisiones. Por eso, los nuevos ponderadores se aplican solo a nivel de división, y dentro de cada una se mantiene la estructura interna del INDEC basada en 2004/2005.

Si se tienen en cuenta todas las consideraciones, el impacto del cambio metodológico es significativo. En este sentido, este índice de precios pensado para GBA muestra que hay incrementos de precios que no son contemplados por el IPC que publica el INDEC actualmente. Efectivamente, al utilizar los nuevos ponderadores para calcular el IPC desde la asunción del actual gobierno (diciembre de 2023) hasta junio de 2025, encontramos que la inflación acumulada para GBA con los nuevos ponderadores fue de 341,4%, mientras que el INDEC publica un 320,4%. La diferencia es de 21 puntos porcentuales. Estos valores implican un 7% acumulado más de inflación de lo que publica el INDEC para el período, si se toma en cuenta cómo efectivamente consumen hoy los hogares argentinos y no subestimando los gastos como lo hace la actual medición.

¿Cómo afecta esto al poder adquisitivo?
La medición de la inflación no es solo una cuestión técnica: tiene impacto directo sobre la evaluación del poder adquisitivo de la población. En este sentido, si se toma el último dato disponible de salarios privados registrados para el Gran Buenos Aires (marzo de 2025), la variación salarial acumulada desde la asunción de Milei fue de 319%. Ahora, si se lo compara con la inflación oficial acumulada hasta ese mes (301%, según INDEC), parece haber una leve mejora en el ingreso real. Pero si usamos el IPC con ponderadores actualizados, la inflación acumulada fue del 320%, lo que sugiere una variación real levemente negativa. Debemos tener en cuenta, además, de marzo a esta parte los salarios han venido creciendo con un ritmo cada vez menor.

Este ejercicio señala las inconsistencias de una metodología anclada en una realidad social ya superada. En contextos de alta inflación y ajuste, la actualización de los ponderadores no es un detalle metodológico, sino un acto de responsabilidad estadística.

Por Arnaldo Ludueña

El artículo fue publicado el miércoles 23 de julio de 2025 en el diario Página/12. Se puede consultar en el siguiente enlace: Por qué cambiar la medición del IPC.

Notas marginales | Ciencia abierta: el Portal de Revistas UNGS

1. El conocimiento que circula

No hay democratización del conocimiento sin acceso. Pero tampoco hay acceso real si lo que circula no interpela ni transforma. Las revistas académicas universitarias no solo conservan saberes: los producen, los disputan y los lanzan al mundo.

En América Latina, esta convicción dio lugar a un modelo editorial propio: cooperativo, sin fines de lucro, gestionado por universidades y centros públicos de investigación, y sostenido por plataformas como SciELO, RedALyC, CLACSO, Latindex o AmeliCA. Lejos de replicar los estándares del mercado editorial internacional, este ecosistema defiende una idea potente: que el conocimiento es un bien común.

“La democracia debe operar también en el terreno del conocimiento”, señalan desde SciELO México, al destacar el papel del acceso abierto en la construcción de una ciudadanía informada y crítica. En ese sentido, el acceso abierto no es solo una política de publicación: es una estrategia de soberanía, de reducción de desigualdades y de reapropiación de saberes por parte de quienes históricamente han sido excluidos de su producción y circulación (Banzato, 2019).

La UNESCO y CLACSO coinciden en que el modelo más equitativo para garantizar ese horizonte es el acceso abierto diamante: revistas que no cobran por leer ni por publicar, gestionadas por la comunidad académica, con procesos editoriales transparentes, revisados por pares y culturalmente diversos. Hoy, el 70 % de las revistas en acceso abierto del mundo ya no exigen pagos a sus autores ni a sus lectores. Y América Latina es pionera en esa transformación.

Desde allí se inscribe la experiencia de las revistas académicas de la UNGS: como una práctica concreta de ciencia abierta, como política universitaria y como herramienta de intervención en los debates que atraviesan la sociedad.

2. Ciencia abierta y revistas académicas universitarias

La ciencia abierta es una política que interpela de forma transversal a la producción, circulación y reapropiación del conocimiento. En su núcleo, la idea de que el saber financiado con fondos públicos debe estar al alcance de todas las personas, sin barreras de pago ni permisos restrictivos. Pero también que ese saber debe ser comprensible, útil, reapropiable, discutible.

En ese horizonte, las revistas académicas universitarias de acceso abierto cumplen un rol clave: permiten que los resultados de investigación —muchas veces encerrados en circuitos corporativos o inaccesibles para la mayoría— lleguen a estudiantes, docentes, activistas, gestores públicos y comunidades.

El acceso abierto, sin embargo, no se reduce a liberar archivos PDF. Se trata de construir un ecosistema editorial basado en el compromiso institucional, la evaluación rigurosa por pares, la preservación digital, la autoría responsable y la apertura epistemológica. Un ecosistema que permita disputar sentidos, visibilizar problemáticas situadas y aportar a la transformación social desde la universidad pública.

En ese marco, el Repositorio Digital Institucional de la UNGS —gestionado por la Biblioteca— constituye una herramienta central. Reúne, preserva y distribuye en acceso abierto la producción académica, científica y técnica de la universidad, incluyendo libros, artículos, tesis y materiales docentes. Pero su función no es solo preservar: es también articular. Por eso, el desarrollo del Portal de Revistas UNGS y la consolidación de una política editorial universitaria en torno a las publicaciones científicas refuerzan una estrategia común. Se trata de multiplicar canales, diversificar soportes, garantizar estándares de calidad y ampliar el alcance social del conocimiento que se produce en la UNGS.

3. El Portal de Revistas UNGS: una política editorial en acción

El Portal de Revistas Académicas de la UNGS es la expresión concreta de una política editorial universitaria orientada por los principios de la ciencia abierta. Gestionado institucionalmente, en acceso abierto, sin cargos para autoras/es ni lectoras/es, el portal reúne publicaciones que sostienen procesos de evaluación rigurosos, edición cuidada y compromiso con temáticas relevantes para la sociedad.

Durante julio de 2025, cuatro de sus revistas publicaron nuevos números:

La revista Márgenes, espacio de discusión de economía política, se encuentra en proceso de actualización con un nuevo número. Por su parte, Pathein, especializada en estudios fenomenológicos y con inspiración en la filosofía de Michel Henry, prepara su primer número, que será publicado en los próximos meses.

Además, se encuentran en desarrollo dos nuevos proyectos editoriales: una revista sobre economía de la innovación, promovida por el Instituto de Industria, y otra dedicada a filosofía política y estudios latinoamericanos, impulsada por el Instituto del Desarrollo Humano. Ambas se incorporarán próximamente al portal, ampliando su alcance temático y fortaleciendo la política editorial de la universidad.

4. Lo abierto no es solo gratuito, es común

La ciencia abierta es, ante todo, una forma de entender el conocimiento como un bien común: producido colectivamente, disponible para el debate, apropiable por actores diversos y situado en los contextos donde puede hacer una diferencia.

Cuando la universidad se propone construir su propio sistema de revistas científicas, como lo hace la UNGS con su portal, no solo está garantizando visibilidad o formalizando canales de evaluación académica. Está ejerciendo una política. Una política que busca que la investigación no se agote en papers, que los debates académicos circulen más allá de las aulas, y que los saberes no queden cautivos de lógicas editoriales mercantiles.

El crecimiento del Portal de Revistas, en articulación con el Repositorio Digital Institucional y con las políticas de Ediciones UNGS, es parte de una estrategia integral: producir conocimiento situado, abrirlo, preservarlo y hacerlo circular como herramienta de transformación. Este proyecto requiere un plan estratégico y recursos., que deben ser sostenidos y desarrollados conformando un equipo profesional de trabajo y articulando con las unidades académicas.

Leer estas revistas, escribir en ellas, difundirlas o recomendarlas no es solo un acto académico. Es, también, una forma de defender lo común.

 

Las siguientes lecturas acompañaron e inspiraron esta columna:

Notas marginales | El acuerdo de Guadalajara: redes, lenguas y ciencia iberoamericana

¿Cuál es la lengua de la ciencia? La respuesta suele aparecer en inglés. Pero desde América Latina y el Caribe, desde nuestras universidades y nuestras editoriales, se teje otra red: una que reconoce la riqueza científica y cultural del español y del portugués, y que se compromete a sostenerlas como lenguas del conocimiento.

En el marco del XI Foro Internacional de Edición Universitaria y Académica, celebrado durante la FIL Guadalajara 2024, se firmó el Acuerdo de Guadalajara. Este acuerdo fue suscripto por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe (EULAC), que integra más de quinientas editoriales universitarias de la región. Entre ellas, la Red de Editoriales de las Universidades Nacionales de Argentina (REUN), de la que Ediciones UNGS forma parte.

El compromiso es claro: trabajar conjuntamente para reconocer e impulsar el español y el portugués como lenguas científicas. Fomentar la circulación efectiva de las publicaciones en estos idiomas. Coordinar estrategias de edición en abierto. Innovar con tecnologías respetuosas del trabajo editorial. Y colaborar en la construcción de un corpus académico que permita también disputar sentido en el lenguaje de la ciencia.

Este acuerdo no es una declaración aislada. Dialoga con los compromisos asumidos por los Estados iberoamericanos en Valencia, en octubre de 2024, para avanzar hacia una ciencia abierta, democrática y multilingüe. Y en ese camino, las editoriales universitarias somos un engranaje clave.

Trabajar en red, impulsar la bibliodiversidad, promover el acceso al conocimiento desde el sur: eso también es hacer ciencia.

https://reun.cin.edu.ar/
https://eulac.org/2024/12/las-editoriales-universitarias-iberoamericanas-firman-el-acuerdo-de-guadalajara

Notas marginales | El calefón alquímico. Ciencia, fracasos y esoterismo

por Andrés Espinosa*

Hay una zona fronteriza de la ciencia donde la fascinación se mezcla con el delirio, la invención con la ilusión, y el experimento con el espectáculo. Allí florecen las historias de móviles perpetuos, lluvia invocada desde una caja metálica o monos enviados al espacio desde el desierto riojano. En esos bordes —tan alejados del laboratorio como del zodíaco— el fracaso no siempre es un final: a veces es el comienzo de una leyenda.

En Manual de tecnoutopías argentinas (Ediciones UNGS), Guillermo Jorge explora ese cambalache científico nacional donde se cruzan la utopía, el disparate, la política y la pasión. El libro no ofrece una historia “oficial” de la ciencia argentina, sino un mapa de sus desvíos, sus personajes marginales, sus momentos de delirio colectivo. Una especie de alquimia criolla, con científicos autodidactas, inventores románticos y visionarios incomprendidos que persiguen la idea —tan insensata como seductora— de una ciencia propia, independiente, latinoamericana.

Desde el mago de la lluvia Juan Baigorri Velar hasta el doctor Richter y su energía atómica de entrecasa; desde el ratón Belisario astronauta hasta los móviles perpetuos patentados por inventores de barrio, lo que aparece es una galería donde el escepticismo convive con el deseo. No se trata solo de fracasos científicos, sino de tentativas cargadas de imaginación técnica, imaginación política, y también de un esoterismo nacional, donde —como en el tango— la “Biblia llora junto al calefón”.

Es fácil reírse de estos episodios. Lo difícil es ver en ellos un síntoma. No de ignorancia, sino de aspiración: de una ciencia que quiso ser propia, aunque no tuviera ni presupuesto, ni legitimidad, ni rigor. Ese impulso, dice Jorge, también forma parte de nuestra cultura tecnocientífica.

“La ciencia no avanza a pesar de los errores, sino con ellos”, recuerda Diego Golombek en Ciencia, ¿lírica o épica?, y acaso ahí reside el corazón de esta otra historia de la ciencia argentina: en los tropiezos, las exageraciones, incluso los fraudes, que dejan entrever un deseo de soberanía, de invención, de pertenencia.

Por eso vale la pena pensar, como señalan Silvia Alderoqui y Pablo Pineau, que “las formas de contar la ciencia son también formas de pensarla”. Estas historias marginales, que rozan lo esotérico o lo tragicómico, también nos cuentan algo sobre cómo imaginamos el futuro, qué le pedimos a la ciencia y de qué modo la ciencia —o su caricatura— se convierte en un espejo de nuestras esperanzas.

Quizás ahí radica el valor de este libro: en recordarnos que la historia de la ciencia no se escribe solo con papers y premios Nobel, sino también con obsesiones, fracasos, derivas populares y una dosis ineludible de magia.

* Licenciado en Comunicación. Director de Ediciones UNGS.

Las siguientes lecturas inspiraron esta columna:

Guillermo Jorge, Manual de tecnoutopías argentinas, Los Polvorines: Ediciones UNGS, 2025.
Diego Golombek, Ciencia, ¿lírica o épica?, Buenos Aires: Siglo XXI, 2014.
Silvia Alderoqui y Pablo Pineau, Museos, escuelas y medios, Buenos Aires: Paidós, 2003.

Reseña | María Lugones. Descolinización y alegría

Entre mundos, con alegría: Gabriela González Ortuño lee a María Lugones desde el sur

En María Lugones. Descolonización y alegría, Gabriela González Ortuño nos ofrece algo más que una lectura crítica de una pensadora fundamental del feminismo descolonial latinoamericano. Nos propone un gesto ético-político y afectivo: un acercamiento atento, riguroso y a la vez cálido a la obra de Lugones, que se convierte aquí no solo en objeto de reflexión, sino en interlocutora, en fuerza viva que convoca a pensar con ella y desde ella, más allá de las fronteras disciplinares, geográficas o identitarias.

La obra se inscribe en la colección Pensadores y Pensadoras de América Latina, de Ediciones UNGS, que se ha consolidado como un espacio editorial atento a las figuras que desde la región han contribuido a descentrar las epistemologías hegemónicas. En este marco, la inclusión de María Lugones —filósofa, feminista y militante, nacida en la Argentina pero con un recorrido transnacional y transfronterizo— resulta doblemente significativa: por su aporte teórico al pensamiento crítico y por su potencia para seguir generando lecturas e intervenciones desde los márgenes.

El libro se estructura como una exploración ensayística en tres momentos: una introducción breve pero cargada de sentido, donde Ortuño delimita su apuesta interpretativa; un cuerpo central donde se abordan los ejes más relevantes del pensamiento lugoniano; y una sección final donde resuena la dimensión afectiva y política de su legado. En ese recorrido, la autora articula de manera notable una lectura crítica de los límites de la teoría decolonial clásica —especialmente la formulación de Aníbal Quijano sobre la colonialidad del poder— con una recuperación propositiva de las nociones desarrolladas por Lugones, en especial las de “colonialidad del género”, “viajes entre mundos” y “alegría de ser”.

Uno de los grandes méritos del texto radica en su capacidad para mostrar que el pensamiento de Lugones no se reduce a una crítica ni a una doctrina. Es, más bien, una práctica filosófica encarnada, una ética de la diferencia, un modo de habitar y pensar el mundo que escapa a los moldes de la teoría convencional. Ortuño capta esa vitalidad y la transmite con una escritura que conjuga precisión conceptual y afecto intelectual. Así, el libro no se limita a explicar ideas, sino que permite experimentar el movimiento, las tensiones y las apuestas que animan la obra de Lugones.

En diálogo implícito con otras figuras del pensamiento feminista y decolonial —como Gloria Anzaldúa, Rita Segato o Silvia Rivera Cusicanqui—, el texto destaca la especificidad de Lugones: su rechazo a todo esencialismo identitario, su crítica al purismo político, su defensa radical de la “emulsión” como forma de convivencia y resistencia, su énfasis en la amistad como práctica descolonial. Pero sobre todo, su apuesta por la alegría: no como evasión o consuelo, sino como fuerza política, como ejercicio de imaginación y de poder desde los márgenes.

González Ortuño muestra cómo esa alegría se entreteje con la crítica, con la incomodidad, con la rebelión. Y cómo, desde allí, el feminismo descolonial que propone Lugones se distancia tanto del feminismo blanco liberal como de los marcos teóricos que han ignorado sistemáticamente la dimensión género-sexual en la constitución de la modernidad colonial. La autora subraya que la obra de Lugones no puede ser asimilada sin más a las genealogías del feminismo argentino o latinoamericano: su condición de filósofa “entre mundos”, desplazada, migrante, en los márgenes de múltiples tradiciones, es parte constitutiva de su pensamiento y su potencia.

A diferencia de otros textos que sistematizan o comentan obras, María Lugones. Descolonización y alegría asume una posición: leer a Lugones es también leer desde ella, dejarse afectar por sus conceptos, por sus formas de decir y por sus silencios. En este sentido, el libro se inscribe en una tradición de pensamiento situado, que no teme a la cercanía ni al compromiso, y que entiende que el pensamiento más potente no es el que domina su objeto, sino el que se deja transformar por él.

Este volumen, breve en extensión pero profundo en sus resonancias, representa un aporte significativo no solo al conocimiento de la obra de Lugones, sino a los debates actuales sobre feminismo, colonialidad, epistemología y política. Es también un testimonio de lectura generosa y situada, de diálogo intergeneracional, y de esa alegría resistente que Lugones supo encarnar —y que Ortuño recupera con claridad y belleza.

Eda

Martes 22 de Julio de 2025

San Miguel: De la Torre rompe con “Somos Buenos Aires”, fracturas en el peronismo y La Libertad Avanza con acuerdos de último momento

Primero San Miguel

A pocas horas del cierre del plazo para presentar listas, la fuerza oficialista de San Miguel confirmó que competirá solo a nivel local bajo el nombre “Primero San Miguel”, marcando así su ruptura con la alianza “Somos Buenos Aires”.

El espacio liderado por el exintendente y actual senador provincial Joaquín De la Torre había participado inicialmente en conversaciones con sectores del peronismo no alineado al gobernador Axel Kicillof ni al cristinismo, cuando el armado electoral de “Somos Buenos Aires” aún era una posibilidad en construcción. Sin embargo, la posterior incorporación al frente de figuras como Facundo Manes, Margarita Stolbizer y Emilio Monzó llevó al dirigente sanmiguelino a cambiar de estrategia.

“Joaquín no estaba en esa línea”, explicó a este medio una fuente cercana al exintendente, que confirmó que la decisión de tomar un camino propio se definió en las últimas horas de la prórroga.

Algunos medios locales especularon con una posible cercanía entre Primero San Miguel y La Libertad Avanza, aunque desde el entorno de De la Torre lo desmienten tajantemente. La decisión, aseguran, responde a la construcción de una identidad política local consolidada.

Una lista con sello del gobierno local

La lista de “Primero San Miguel” estará encabezada por Héctor “Bebe” Calvente, actual secretario de Seguridad del municipio y una figura central en la política de “mano dura” que impulsa De la Torre desde hace años. En el segundo lugar aparece Catalina Buitrago, directora de la Fundación Concordia, exdiputada provincial por la Primera Sección (2021–2023) y exjefa de Gabinete bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Completa la terna Andrés Salvaggio, presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Miguel, quien en declaraciones al medio regional Diario Efecto (8 de julio) destacó que la gestión local logró consolidar una “marca propia” bien valorada por la comunidad. Además, sostuvo que los candidatos deben ser “los mejores”, y deslizó que una alianza con el mileismo no sería negativa si eso significara beneficios concretos para la población. No obstante, desde el Ejecutivo municipal aseguran que no está en agenda una alianza con La Libertad Avanza.

Con esta jugada, De la Torre refuerza su estrategia de autonomía y busca consolidar su hegemonía política en San Miguel, priorizando el control territorial frente a acuerdos provinciales amplios.

La Libertad Avanza 

La alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO en San Miguel se selló en la madrugada del domingo, tras una negociación compleja y con tensiones previas entre ambos espacios. La boleta corta quedó finalmente conformada con un reparto que favorece al armado libertario, aunque con una presencia relevante del macrismo local.

El sector del PRO encabezado por el concejal Miguel Nieto, quien semanas atrás había denunciado públicamente la falta de diálogo con los libertarios, logró conservar su lugar en la nómina. No obstante, desde LLA persiste cierta desconfianza hacia Nieto, a quien critican por sus declaraciones hacia el presidente Javier Milei y por su decisión de romper con el oficialismo local al formar un monobloque en el HCD en marzo de este año.

La figura que permitió acercar posiciones fue Belén Arrúa, militante del PRO desde hace 16 años, con experiencia en la gestión del barrio 31 durante la jefatura de Horacio Rodríguez Larreta y actual directora en la empresa Edenor. Arrúa, que actualmente responde al espacio de Cristian Ritondo, ocupará el segundo lugar en la boleta corta. También fue candidata en la lista de Juntos por el Cambio en 2021, aunque no logró ingresar al Concejo.

Desde el entorno de Nieto confirmaron que, además de este lugar en la lista local, el PRO tendrá un espacio en la lista seccional: el propio concejal será senador suplente por la Primera Sección Electoral.

Una lista con mayoría libertaria y nuevos aliados

La nómina definitiva será encabezada por Agustín Puiggari, ex candidato a intendente por LLA en 2023 y mano derecha del coordinador libertario en San Miguel, Agustín Romo. Según fuentes partidarias, Puiggari suele representar a Romo en reuniones seccionales cuando éste no puede asistir.

En tercer lugar se ubica Patricio Pantuliano, ex primer consejero escolar en la elección pasada y actual funcionario de Trenes Argentinos, designado tras la llegada de Santiago Caputto a esa cartera bajo la presidencia de Milei. Tanto Puiggari como Pantuliano forman parte del núcleo libertario con inserción territorial y orgánica.

También se incorporó a la lista la organización La Púrpura, espacio mileísta con fuerte presencia en colegios profesionales. Su referente en San Miguel, el abogado Alejandro Díaz Lacoste, ocupará el séptimo lugar en la boleta.

De este modo, La Libertad Avanza cierra una lista de unidad con predominio libertario, integración del PRO y apertura a nuevos espacios afines al ideario mileísta. A pesar de las tensiones iniciales, el espacio se prepara para disputar con fuerza en un distrito donde las estructuras tradicionales están en plena reconfiguración.

Fuerza Patria 

En medio de un cierre de listas marcado por la tensión y la falta de consensos, Fuerza Patria, el frente peronista provincial, logró presentar su boleta en San Miguel dentro del plazo establecido. Hasta el cierre de esta nota no hay información oficial.

Sin embargo, el armado dejó expuestas profundas divisiones internas que reflejan la disputa de poder que atraviesa al espacio.

Aunque no hay confirmación oficial de la lista registrada en La Plata, fuentes del PJ local aseguraron que el documento fue entregado "en tiempo y forma". Las distintas agrupaciones consultadas por este medio coincidieron en una misma percepción: “Nunca se vivió un cierre de listas como este”. A la complejidad local se sumó la intervención directa de figuras de peso de la Primera Sección Electoral, que además de intentar mediar, dejaron entrever sus propias diferencias.

Un cierre con exclusiones y acusaciones cruzadas

El armado definitivo incluyó al axelismo, al Frente Renovador y a sectores aliados al oficialismo provincial, pero excluyó por completo al cristinismo sanmiguelino. Desde el Ateneo Cristina Conducción, espacio que responde a la expresidenta, lanzaron fuertes críticas: “Una lista sin una sola representación de Cristina, proscrita, ahora también en San Miguel”, expresó off the record uno de sus referentes.

Según esta agrupación, el axelismo local nunca tuvo intención de integrarlos y les ofreció un segundo lugar simbólico —y exclusivo para una de las organizaciones del espacio— como estrategia para fragmentar, más que para integrar. Por su parte, voceros del axelismo justificaron la exclusión alegando que el método de reparto propuesto por el Ateneo “no generaba consenso”.

A pesar de las tensiones, la lista presentada lleva como cabeza a Juanjo Castro, presidente del PJ local, quien por tercera vez consecutiva encabezará la boleta peronista en San Miguel. El armado incluye también a:

En cuanto a los Consejeros Escolares Titulares, el primer lugar fue otorgado a Mauricio Tuozzo, dirigente del Movimiento Evita.

Desde las agrupaciones involucradas reconocen que la lista podría haber sufrido modificaciones en La Plata, y algunos referentes afirman no estar seguros de cuál fue la versión finalmente validada.

El lugar de Más San Miguel y el peso del “Cuervo” Larroque

Uno de los datos más llamativos del cierre fue la ausencia de Renacer Peronista, la principal organización de la agrupación Más San Miguel en la boleta corta, a pesar del trabajo territorial realizado durante los últimos nueve meses y la intensa campaña de instalación de Bernarda Meglia, actual subsecretaria de Políticas Sociales de la provincia de Buenos Aires.

Meglia fue relegada al puesto de segunda senadora suplente por la Primera Sección Electoral. Desde su espacio, consideran que este lugar responde a una estrategia de largo plazo: “Es mejor guardarla para el 2027”, señalaron desde la agrupación, con la intención de posicionarla como futura candidata a la intendencia.

Sin embargo, una fuente con conocimiento de las negociaciones evaluó que las aspiraciones del espacio también se vieron condicionadas por su relación con el ministro Andrés "Cuervo" Larroque, a quien sectores cercanos a Máximo Kirchner todavía acusan de traición, tras su ruptura con La Cámpora. Esta tensión política podría haber influido en la falta de respaldo provincial para la integración plena de Meglia.

Martes 22 de julio de 2025

Rechazo al uso del sistema judicial y punitivo estatal en contextos que afectan derechos fundamentales

El Consejo Superior de la UNGS manifestó a través de una resolución su "preocupación institucional por el encuadre penal aplicado en las causas que involucran a Eva Mieri, Alesia Abaigar, Candelaria Montes Cató, Aldana Muzzio e Iván Bianchi, instando a su pronto esclarecimiento en el marco del debido proceso" y expresó su "solidaridad con todas las personas afectadas por estos procesos judiciales".

Los considerandos de la resolución recuerdan que dicho proceso judicial se inició luego de "un incidente frente al domicilio del diputado nacional José Luis Espert, donde un grupo de personas colocó un pasacalle, arrojó estiércol y dejó panfletos" y que este "hecho ocurrió como reacción a las declaraciones públicas violentas contra Cristina Fernández de Kirchner y su hija realizadas por el diputado Espert en una conferencia en la Universidad Católica Argentina, las cuales generaron manifestaciones de repudio".

Además, el Consejo Superior expresó su rechazo "por el uso del sistema judicial y punitivo estatal en contextos que afectan el ejercicio de derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión, el derecho a la protesta y a la participación política" y manifestó su "preocupación por el impacto diferencial que estos procesos judiciales tienen sobre las mujeres militantes".

La resolución completa se puede leer en el siguiente enlace: Resolución de Consejo Superior N° 9629 / 2025 

Martes 22 de julio de 2025

“Está avanzando un esquema privatizador, en vez de pensar al agua como un derecho humano” | Leonardo Fernádez en los medios

“Está avanzando un esquema privatizador, en vez de pensar al agua como un derecho humano”, sostuvo el ecólogo y urbanista Leonardo Fernández, sobre el inicio de la privatización de AYSA, en una entrevista en Radio Gráfica.

Investigador y docente del Instituto del Conurbano de la UNGS, Fernández explicó que “el gobierno nacional quiere desprenderse del 90% de las acciones de una empresa que es pública y 10% de los trabajadores" y "quiere licitar el 51% del control y el resto en manos de trabajadores y en la bolsa”.

Además mencionó la importancia que tiene la empresa Aysa para el AMBA. “Durante los últimos años vimos cómo se expandió y creció con obras estratégicas. Lo que permitió pleno funcionamiento y significa la mejora de la Cuenca Matanza Riachuelo”, el director de la Licenciatura en Ecología de la UNGS.

También para conversar sobre los planes de privatización de AYSA, Fernández fue entrevistado por FM La Patriada y por Barricada TV. "Con mas de 11 millones de personas abastecidas, AYSA pasa ahora a estar en riesgo de quedar bajo control privado. El decreto permite vender las acciones estatales, habilita cortes de agua por falta de pago y autoriza aumentos de tarifas trimestrales", explicó.

“Es una experiencia que ya vivimos. De una manera más brutal en la actualidad, sobre todo si se entiende que es después de muchos años de esfuerzo del Estado nacional y de los trabajadores por poder recuperar esta empresa que había sido abandonada”, destacó, y añadió que el Estado nacional reestatizó la empresa en 2006 ya que hubo un “incumplimiento de las metas de cobertura calidad de servicio y el desinterés de la empresa por cumplir su concesión”.

A continuación se pueden escuchar las entrevistas completas

Sábado 19 de julio de 2025 | Radio Gráfica
Entrevista a Leonardo Fernández en Radio Gráfica

Martes 22 de julio de 2025 | FM La Patriada
El Gobierno avanza en la privatización de AySA: el testimonio de Leonardo Fernández en La Patriada

Martes 22 de julio de 2025 | Barricada TV
¿Sin dólares y ahora sin agua?: El gobierno quiere privatizar AYSA

Reseña | 1852. Guerra, capitalismo y nación

1852 como bisagra: capitalismo, guerra y nación en el largo siglo XIX argentin

1852. Guerra, capitalismo, nación, de Ana Clarisa Agüero, constituye una intervención original y poderosa en el campo de los estudios históricos argentinos. Inscripto en la serie Años cruciales, este libro no solo revisita el significado de un año icónico en la historia nacional, sino que lo reinterpreta desde una clave más amplia, que articula historia política, historia social y cultural y una lectura profundamente atenta a las transformaciones estructurales del orden estatal y capitalista.

La serie Años cruciales, publicada por Ediciones UNGS, propone una mirada renovadora de momentos nodales en la historia argentina, respeta las cronologías escolares y de los mitos historiográficos cristalizados pero buscando resignificarlos y agregarles sentido. No se trata de una cronología monumental ni de un panteón de fechas patrias, sino de la exploración de coyunturas críticas desde las cuales repensar el devenir nacional. En esa lógica, el año 1852 no es aquí simplemente la fecha de la batalla de Caseros o del final del rosismo, sino el punto de condensación de múltiples procesos: la reconfiguración del poder político regional, la emergencia de un nuevo orden de dominación capitalista, el rol de la guerra civil como motor de acumulación y la tensión irresuelta entre nación y Estado.

Ana Clarisa Agüero propone una mirada compleja del período que rodea a Caseros, evitando tanto la simplificación heroica como la narrativa puramente institucionalista. Con sólida base documental y una prosa clara y argumentativa, el libro analiza los conflictos armados no solo como enfrentamientos entre caudillos o facciones, sino como guerras en las que se pusieron en juego formas específicas de organización económica, dispositivos de control social y matrices culturales de legitimación del poder. En este sentido, 1852 aparece como punto de inflexión de un largo ciclo de violencias internas, pero también como el inicio de una lenta sedimentación de prácticas estatales y racionalidades administrativas que marcarán el rumbo de la Argentina liberal.

Un eje central del análisis es el modo en que la guerra y la violencia política se articularon con los intereses económicos emergentes. La autora no se limita a narrar los hechos políticos; interroga las transformaciones materiales, las mutaciones en la propiedad, la circulación y la fiscalidad. De este modo, la nación no es aquí un proyecto ideológico o una categoría abstracta, sino una construcción conflictiva anudada a procesos económicos, disputas territoriales y formas concretas de ejercicio del poder.

El abordaje interdisciplinario que atraviesa el libro —en diálogo con la historia cultural, la sociología histórica y la teoría política— permite además discutir la periodización tradicional de la historia argentina. Agüero muestra cómo muchos de los elementos asociados al “orden liberal” posterior a 1860 tienen antecedentes en los mecanismos puestos en marcha en la transición posrosista. La década de 1850 se revela así como laboratorio de prácticas estatales, de formas de coerción y de articulaciones regionales que escapan a las fórmulas teleológicas del progreso.

En ese marco, la serie Años cruciales cobra particular relevancia como apuesta editorial e historiográfica. Cada volumen de la colección —centrado en un año o un pequeño conjunto de años— funciona como una lente para observar transformaciones de largo aliento. Esta estrategia permite desmontar narrativas fijas, cuestionar la linealidad del relato nacional y reinscribir la historia argentina en un horizonte más abierto, plural y conflictivo. Al abordar 1810, 1945, 2001 o, como en este caso, 1852, los libros de la serie no solo hacen foco en momentos clave, sino que rehacen las preguntas, actualizan los debates y abren nuevas vetas de interpretación.

La elección de 1852 es, en este sentido, ejemplar: se trata de una fecha cargada de simbolismo político, pero también de zonas opacas y transiciones esquivas. Agüero logra iluminar esas zonas con una mirada atenta a las continuidades tanto como a las rupturas, y su lectura interpela al presente, en la medida en que pone en cuestión los cimientos del orden estatal, las formas de acumulación y las violencias que atraviesan la historia nacional.

1852. Guerra, capitalismo, nación no es solo un aporte al conocimiento de un período histórico, sino una herramienta para pensar críticamente las formas en que se ha narrado y se narra la historia argentina. Como en los mejores trabajos historiográficos, el pasado se convierte aquí en campo de disputa y fuente de interrogación para el presente.

Eda

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