Martes 23 de mayo de 2023

El litio ante la encrucijada nacional

El ecólogo y urbanista Leonardo Fernández, investigador y docente del Instituto del Conurbano de la UNGS, afirma en este artículo que es "imperioso desmontar el modelo extractivista-exportador, reformando el código minero y la ley de Inversiones Mineras de la década del `90" y avanzar "en un modelo de federalismo ambiental para el manejo del litio en un sentido de desarrollo y defensa nacional". Fernández expondrá sobre este tema en la mesa sobre cambio climático y transición ecológica de la jornada “Potenciar el Desarrollo. Argentina, tierra de oportunidades”, organizada por el Jefatura de Gabinete de la Nación en el marco de la "Semana del Futuro".

El litio es un elemento químico metálico que tiene gran capacidad de almacenamiento energético, siendo primordial para el desarrollo tecnológico, como la producción de baterías para los vehículos eléctricos, los teléfonos móviles o los paneles solares, entre otras aplicaciones. Las baterías estacionarias para almacenar energías limpias, como la solar y la eólica, resultan clave en la acción climática a la hora de reemplazar el uso de los combustibles fósiles. El incremento exponencial de su demanda es motorizado por la transición energética que opera en el norte global de la mano del desarrollo urbano e industrial que apuesta a la electromovilidad. De ahí que este mineral sea calificado como el “oro blanco” del siglo XXI, en un escenario que lo posiciona como un recurso natural de interés estratégico.

Al litio no lo encontramos como un elemento puro en la naturaleza, sino que se extrae de minerales estables en rocas duras o en cuerpos de salmueras. Precisamente, la región altoandina sudamericana cuenta con grandes salares, que son ecosistemas de humedales con depósitos de salmuera ricos en litio. Argentina, junto con Bolivia y Chile, adquieren una posición geopolítica crucial porque concentran en el denominado “triángulo del litio” cerca del 53% de las reservas mundiales probadas (USGS, 2023). Sólo el territorio argentino concentra una quinta parte del litio de todo el globo.

A la vista de estos datos resulta absurdo que las baterías de litio utilizadas en el país sean importadas, al extremo que la materia prima para industrializar ese elemento en el territorio nacional se tenga que comprar a empresas de capitales estadounidenses o australianas o chinas. Se torna más gravoso conocer los impactos ambientales (tierra, agua y biota) que genera la explotación minera sobre los humedales altoandinos. En esta cuestión pareciera que agenda global de la modernización ecológica de cara a un futuro descarbonizado, la presión extractivista de corporaciones sobre ecosistemas de nuestra región y los intereses nacionales para la generación de divisas de exportación encuentran hoy al litio ante una preocupante encrucijada. Tratemos esta cuestión.

“Tenemos que saber qué vamos a hacer con el litio”
Cristina Fernández de Kirchner, en su última conferencia realizada en el Teatro Argentino de La Plata, se refirió acerca del rol que el estado nacional va adoptar con respecto a nuestros recursos naturales, el cuidado del medio ambiente y los objetivos de igualdad social. Al cierre de su alocución instó en la necesidad de un plan de gobierno para –entre otros temas– el manejo del litio argentino: “tenemos que saber qué vamos a hacer con el litio: si lo vamos a declarar recurso estratégico y conformar una asociación con privados, con las provincias, que son las que manejan los recursos”.

Es nuestro vecino Bolivia que crea en 2017, en consonancia con la política de nacionalización e industrialización de los recursos hidrocarburíferos, la empresa estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB). Fue en 2008 cuando Evo Morales decide dar lugar a la histórica demanda de las comunidades mineras bolivianas: que los recursos evaporíticos del Salar Uyuni se exploten por el estado. El estatus legal de “derecho humano a la energía y a sus servicios públicos", permitió iniciar un camino –no exento de intereses y representaciones que golpearon al estado boliviano, tal como aconteció en 2019– para la autonomía productiva del litio. Actualmente el estado controla el 100% de los salares (Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes) para la explotación estratégica del litio en todo su encadenamiento productivo y para la exportación del metal en el país andino que posee la reserva más grande de litio del orbe.

Por su parte está Chile que, con una cultura política marcadamente orientada al libre mercado, sancionó recientemente una ley que consagra al litio como “recurso estratégico” en una orientación nacional a la que históricamente tuvo en la administración del cobre y otros minerales. La ley habilita al estado nacional a negociar con empresas que operan en el país trasandino las condiciones de explotación y de apropiación de la renta del mineral. El desarrollo litífero chileno está marcado por la conformación de la Comisión Nacional del Litio para administrar la explotación de las empresas que operan en el Salar de Atacama. Así fue que elevó las regalías de los contratos de explotación existentes de un 6,8% hasta un 40%. En el marco de un “Plan Estratégico de Explotación del Litio” propone que los nuevos proyectos se realicen a través de una alianza entre el sector público y el privado para aumentar el control estatal en todo el ciclo productivo, impulsar el agregado de valor en territorio nacional y fiscalizar el impacto ambiental.

Ahora bien: en la República Argentina les corresponde a las provincias “el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio” (Constitución Nacional, artículo 124). Ciertamente, la expresión "dominio originario" viene del derecho minero bajo el régimen "regalista", es decir, que atribuye la propiedad de los recursos minerales y demás riquezas del subsuelo al Estado (Gago, Gómez Zavaglia y Rivas, 2016). Aunque ese dominio originario parece estar rendido al litio en las tres provincias en las que está concentrado mayormente este mineral (Catamarca, Jujuy y Salta) debido a un marco laxo para la instalación de empresas extractivas (Fornillo, 2022). Actualmente, hay dos grandes proyectos operativos (en el salar del Hombre Muerto en Catamarca y en salar de Olaroz en Jujuy) para la explotación litífera, y más de 50 proyectos en diferentes instancias de desarrollo, controlados por varias empresas multinacionales. Además, estas empresas tienen beneficios fiscales que incluyen deducciones, exenciones y subsidios. Y un tope del 3% a las regalías del valor “boca de mina” extraída fijadas por ley (Ley de Inversiones Mineras 24.196/93), principal fuente de recaudación directa de las provincias (CIN, 2022), muy por debajo del potencial de la renta que por ejemplo Bolivia y Chile capturan del litio.

En septiembre de 2021 YPF, la empresa nacional con participación estatal de Nación y de las provincias hidrocarburíferas, lanzó la unidad de negocio del litio de la mano de Y-TEC, como nave insignia de ciencia, investigación y tecnología de la compañía de energía. Cabe destacar el proyecto de Y-TEC en conjunto con CONICET en la UNLP para la puesta en marcha de una planta productiva que servirá para la investigación y producción. La incursión de YPF Litio, junto con la estatal Catamarca Minera y Energética –aún siendo muy testimonial su participación hasta el momento– son la excepción a la extranjerización de la exploración del litio en el país que marca un rumbo para el despliegue productivo de la cadena de valor del recurso natural. Existe un foro de Especialistas en Litio de la Argentina (https://forolitio.cin.edu.ar/) que reúne a los sectores de Ciencia y Técnica del país en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En ese ámbito se plantean propuestas soberanas para el litio argentino como declarar al litio recurso estratégico, captar la renta litífera, proteger el ambiente, respetar los derechos comunitarios y conformar una comisión nacional del litio.

Federalismo ambiental
El triángulo del litio lo conforman principalmente el Salar de Uyuni (Bolivia), el Salar de Atacama (Chile) y el Salar del Hombre Muerto (Argentina). Estos tres salares son humedales. Se encuentran en la región altoandina caracterizada por la gran aridez; es decir, marcada por la pérdida de mayor agua por evaporación de la que ingresa por las lluvias estacionales y de otras fuentes de agua. Estos ambientes dependen de ciclos fluctuantes del agua, de flujos biogeoquímicos que permiten la acumulación de sales y minerales. Estos ambientes de humedales sostienen una biota adaptada a condiciones inhóspitas y extremas altamente vulnerables (FARN, 2021). La técnica evaporítica utilizadas en la faena extractiva del litio degrada los ecosistemas de humedales, consume cantidades enormes de agua en un contexto de escasez hídrica y genera grandes cantidades de residuos de sales que no concentran los minerales de interés.

En este punto cabe señalar que la Constitución de 1994, incorporó reglas nuevas sobre los recursos naturales con el artículo 124 (el dominio originario). Pero también el artículo 41 consagró “el derecho de toda persona a un ambiente sano y equilibrado” e impuso la obligación de proveer a ese derecho los criterios para el reparto de competencias legislativas ambientales (los presupuestos mínimos de protección en el marco de la Ley General del Ambiente 25.675/22) en nuestra organización federal (Gago, Gómez Zavaglia y Rivas, 2016). En esas dos disposiciones constitucionales concurrentes está el camino para regular el uso racional y sostenible de los recursos naturales, en particular para el litio. De manera que al estado nacional le cabe asumir un rol de protección de los ecosistemas que depositan ese mineral a la altura de nuestro federalismo, y a las provincias con las facultades legislativas de complementación. De ahí se inscribe la necesidad de promulgar una Ley de Humedales (Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Uso Racional y Sostenible de los Humedales) que abarque las diversas regiones del país, entre las que incluyen indudablemente los salares litíferos existentes en el territorio argentino.

A diferencia de lo que sucede con los países vecinos, Chile y Bolivia, es actualmente la Argentina el único país del triángulo que no declaró al litio “recurso estratégico”. Se han elaborado varios proyectos legislativos, como el del Diputado Godoy (2020) y actualmente el proyecto del diputado Alderete (2023) que plantean en sus respectivos proyectos esta declaración, junto a otras estrategias para el manejo racional del recurso. Hay que remarcar, además, que le corresponde al Congreso Nacional (artículo 75, inciso 12) dictar respecto al código de minería sin que altere las jurisdicciones locales. Pareciera que el desafío está en el desarrollo de una coordinación productiva y comercial federal más en sintonía con nuestros vecinos, que permitan la industrialización en origen con los debidos resguardos ambientales y de respeto a los pueblos originarios, pero que supere los topes leoninos del código minero, las malas condiciones para el otorgamiento de concesiones de explotación del litio dentro del territorio argentino.

Sin dudas el litio argentino es un elemento que está en disputa, aunque no parece tener dominios claros, ni caminos unidireccionales para un manejo racional, sostenible. Y en este contexto regional tan inquietante, en este escenario electoral del país, Cristina señala cómo los países vecinos han logrado tener mayor capacidad de anticipación a la demanda global del litio en un sendero estratégico. Pero a la vez está señalando que sus sistemas de administración –con sus diferencias y matices– no son equiparables a nuestra realidad nacional, a nuestro federalismo. De ahí que haya marcado que son las provincias argentinas las que debieran estar en una fórmula asociada a actores privados. Aunque también, alerta que en el litio “no hay soluciones milagrosas” para el país sino un camino de trabajo, tecnología, innovación, cuidado de los recursos, de la distribución del ingreso, para alcanzar una sociedad más justa. Resulta imperioso desmontar el modelo extractivista-exportador, reformando el código minero y la ley de Inversiones Mineras de la década del `90, avanzando en un modelo de federalismo ambiental para el manejo del litio en un sentido de desarrollo y defensa nacional. Es un tiempo de definiciones que dejen atrás la encrucijada en la que hoy estamos detenidos, no sólo con respecto a la administración de este estratégico recurso natural, sino para los destinos del país.

Por Leonardo Fernández

Referencias

• Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). ¿Habrá una oportunidad para una política soberana? 4ta Declaración del Foro de Especialistas en Litio de la Argentina. Septiembre 2022. https://forolitio.cin.edu.ar/declaraciones
• Fornillo, Bruno (2022). El litio latinoamericano en la post-pandemia. Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo, 4(17). https://revistas.usc.gal/index.php/ricd/article/view/8772
• Fundación Ambiente y Recursos Naturales. (2021). Conservación de humedales altoandinos y una minería de litio ajustada a estándares sociales y ambientales. Fundación Yuchán/ Wetlands International. https://bit.ly/3y7QwKC
• Gago, M. E, T. Gómez Zavaglia, F. Rivas (2016) Federalismo Ambiental: los recursos naturales y la distribución de competencias legislativas en la Constitución Nacional, Revista Jurídica, Universidad Aquino, Bolivia. http://www.saij.gob.ar
• USGS (2023). Mineral commodity summaries 2023: United States Geological Service. https://pubs.er.usgs.gov/publication/mcs2023

Crédito imagen Télam