Miércoles 3 de abril de 2024
Una ley para garantizar los recursos de las universidades nacionales
Se presentó en el campus de la UNGS el proyecto de ley "Garantía de recursos para las Universidades Nacionales". La actividad contó con las exposiciones del diputado nacional José Pablo Carro, del vicerrector de la UNGS Germán Pinazo y de los investigadores y docentes de la UNGS Leandro González y Carlos Martínez, con la moderación de Julia Smola, decana del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad.
El proyecto, elaborado por la UNGS a partir de la convocatoria realizada por los diputados nacionales Carro, Itaí Hagman y Hugo Yasky, busca hacer más eficientes los beneficios otorgados por el Estado a las empresas dedicadas a la economía del conocimiento, precisando que estos se concentren en las pequeñas y medianas empresas, y propone que se garantice para el año en curso el financiamiento del sistema universitario nacional, "como usina de conocimiento y generación de recursos humanos claves para el sector productivo y de servicios de la Argentina, en un marco de responsabilidad fiscal y equilibrio presupuestario nacional".
El encuentro se inició con las palabras de Julia Smola, quien destacó la relevancia de hacer una presentación de estas características en la Universidad y de la posibilidad de contar con legislación que defina y regule los recursos para que las universidades nacionales puedan garantizar su funcionamiento.
"El proyecto es fundamental por dos razones", planteó como disparador Germán Pinazo, "uno, porque aborda un tema crucial, como es el de los gastos de funcionamiento de las universidades", gastos que comprenden el pago de servicios (luz, gas, teléfono), combustible, becas de estudio, mobiliario, elementos para laboratorios, insumos de limpieza, mantenimiento de edificios y parques, en resumen, todo exceptuando salarios. En ese sentido, el Vicerrector dijo que "la discusión sobre estos recursos suele relegarse, como si fuera una especie de residuo presupuestario. No es algo de ahora, en los últimos años se han hecho reajustes parciales que no cubrían la inflación, pero en la actualidad nos encontramos en una situación límite, ya que estamos funcionando con el mismo presupuesto que en enero de 2023, y hubo más de un 200 por ciento de inflación en el último año. Por esta razón, el proyecto propone establecer una asignación específica para financiar el funcionamiento de las universidades nacionales.
Pinazo agregó que el segundo punto relevante de esta iniciativa es que pone en discusión el argumento del gobierno sobre la ausencia de recursos. "Plata hay, el problema es que el Estado recauda mal, recauda mucho sobre los que menos tienen y poco sobre los que tienen mucho". A pesar de la idea instalada de que en Argentina se cobran muchos impuestos, el Vicerrector planteó que "nuestro país cobra un 70% menos de impuestos a los altos ingresos y a las ganancias de las empresas que los que se cobran, por ejemplo, en Chile”. En ese sentido, enfatizó, “este proyecto tiene como objetivo dar una discusión política que es sumamente importante."
Continuando con ese planteo, el diputado nacional Pablo Carro enfatizó que alcanza con ver las exenciones impositivas de las que gozan grandes empresas en toda la Argentina, cerca de un 6% del PBI, para refutar el mantra neoliberal de Milei de “no hay plata”. Carro afirmó “el actual gobierno decidió que el déficit lo paguen los jubilados, las universidades; decidió echar a miles de empleados públicos, recortar a los docentes (quitando el FONID), a las provincias, aumentar el transporte y los servicios, justamente todo lo que no es la casta, sino gente de a pie”. El legislador afirmó que la decisión es política, que no es cierto que los más acomodados (la supuesta casta) se perjudiquen por la crisis, por el contrario, siguen siendo los más beneficiados. “La crisis la están pagando los que menos tienen, es brutal el esfuerzo que hacen y eso debe cambiar. Tenemos que rediscutir qué sector debe hacer el mayor esfuerzo para sacar adelante al país, y este proyecto va en esa dirección”, sostuvo Carro.
“El proyecto plantea que se siga promoviendo a las pequeñas y medianas empresas, y que los recursos destinados a las grandes empresas, que ya ganaron muchísimo estos últimos años, se dirija a las universidades que son las que forman profesionales y generan conocimientos que después aprovechan estas mismas empresas para enriquecerse”, aseguró el legislador, y concluyó, “mucha de la investigación y el desarrollo tecnológico que utilizan estas empresas lo produce el sistema universitario y científico público”.
En su intervención, Carlos Martínez especialista en políticas fiscales, explicó en profundidad el alcance del proyecto, que procura financiar parcialmente el gasto de funcionamiento de las universidades nacionales a través de una disminución del gasto tributario (exenciones fiscales que comprenden bonos impositivos o baja de aportes jubilatorios para o eliminación del pago de impuesto a las ganancias), en línea con lo que se proponía (desde el massismo), en septiembre pasado, en la separata del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2024 que nunca fue tratado por el Parlamento.
“Proponemos cambiar la segmentación de los beneficios fiscales que se otorgan en el marco de la Ley de Economía del Conocimiento, manteniendo tal como era hasta ahora el estímulo a las micro y pequeñas empresas (las que facturan hasta dos millones de dólares al año), reduciendo un poco el correspondiente a las empresas medianas (que venden por entre 2 y 7 millones de dólares anuales), minimizando el correspondiente a las grandes empresas con facturación de entre 7 y 35 millones de dólares por ejercicio, y eliminando todo subsidio indirecto a las gigantes del sector, que facturan más de 35 millones de dólares anuales”, detalló el investigador del Instituto del Conurbano de la UNGS.
Un ejemplo de estas grandes empresas es Mercado Libre, que en el último año fue exceptuada de pagar impuestos por unos 100 mil millones de pesos, la misma suma que el sistema universitario necesita para afrontar los gastos de funcionamiento de aquí a fin de año.
Martínez se refirió también a la situación del presupuesto universitario, en el que un 90% de los recursos se destinan al pago de salarios del personal docente y no docente. “Si bien el proyecto de Ley menciona la necesidad de su sostenimiento, más allá de que no asigna recursos específicos para ello, vale aclarar que, comparando lo percibido a comienzos de diciembre de 2023 contra lo que se está cobrando a principios de abril de 2024, la pérdida de poder de compra de las y los trabajadores de Universidades Nacionales fue de un tercio del total en solamente cuatro meses”, detalló.
En su intervención, Leandro González, director de la licenciatura en Comunicación de la UNGS, planteó que este proyecto se inscribe en el marco de una doble crisis: la desatada desde el Poder Ejecutivo nacional, con un presidente que pone en emergencia todo lo público, y la crisis de la pandemia que "todavía no hemos terminado de transitar". "En pocos años pasamos de 'no te salva el mercado, te salva el Estado' a elegir a un presidente que sostiene que 'el Estado es una organización criminal' y, paradójicamente, esos dos axiomas antitéticos tienen un núcleo común de sentido subyacente: se apoyan en una falsa dicotomía entre lo público y lo privado. No tenemos que elegir entre lo uno y lo otro, porque cualquier experiencia de desarrollo a nivel internacional nos muestra que el Estado cumple un rol estratégico en la promoción de sectores productivos e iniciativas privadas de inversión. Necesitamos al Estado y a las empresas, y desfinanciar a las universidades es también perjudicial para las empresas, aseguró el investigador del IDH.
González sostuvo además que resulta fundamental prestarle atención a la dimensión discursiva en la que este tipo de proyectos se presentan. “Los aspectos retóricos a veces son relegados a un lugar secundario, y eso es parte del problema, hay que retomar una narrativa de justicia social que recoja demandas sociales fundamentales y proponga soluciones. En ese punto, academia y política tienen una misión común: interpretar y explicar los procesos sociales. La academia, estoy convencido, tiene la necesidad de repensar sus modos de intervención, para que la circulación de su discurso no quede acotada a los campos especializados. Las universidades pueden y deben intervenir en estos debates. En esa tarea se juega también algo muy importante: la posibilidad de construir una alternativa y proyectar un futuro mejor para nuestro pueblo", expresó.
El director aprovechó la oportunidad para reconocer la labor del diputado Carro -graduado y docente de la Lic. en Comunicación Social de la UN de Córdoba- quien durante 2022 lideró la defensa para aprobar la prórroga de las asignaciones específicas que garantizaban fondos para los organismos de comunicación y cultura, como el INCAA, INAMU, INT, ENACOM y la CONABIP, y en ese sentido celebró esta nueva iniciativa política para asegurar el financiamiento de las universidades.
En el siguiente link se puede leer el texto completo del Proyecto de Ley Economia del Conocimiento Grandes Empresas y Financiamiento Educativo
