Jueves 2 de abril de 2020

Ley Micaela en la UNGS. Formar(nos) para cambiarlo todo

Con una cantidad de opciones formativas a lo largo del año pasado, y con el plan de prolongarlas en 2020, el Programa de Políticas de Género de la UNGS viene desplegando una intensa actividad en cumplimiento del mandato del Consejo Superior de implementar la Ley N° 27.499 para todos los miembros de la comunidad universitaria.

Cuando se asiste al avance de fuerzas que se presumen y sienten fundacionales, siempre es posible rastrear la genealogía de esos cambios. Cada política desplegada para la ampliación de derechos, cada proyecto modelado como arcilla en estado de transformación por manos artesanas y movilizadas, integran linajes. Esos de los que conmueven estructuras, enfrentan conservadurismos, sacuden preguntas que abren y corren el horizonte de lo posible.

A esas conmociones las reconocemos en el cuerpo cuando lo que era habitual se nos vuelve ya insoportable. Una vez que esta certeza se instala en la garganta, cuando se hace fibra colectiva y deseo movilizado, cuando las conciencias se convocan en estado de pelea por lo expropiado y negado, las calles, las casas, los plenarios de partidos, sindicatos y organizaciones, las universidades enteras se ponen en registro de alerta y ebullición. Una voz pública trepa los aires y se hace alarido. Sus ecos se escabullen por los pasillos, empujan las puertas, se meten en los campus universitarios, se vuelven política.

Ni Una Menos dice eso que se lee y mucho más. Repone la palabra donde había silencios; reivindica el gozo y la autonomía donde se prescribía obediencia y abnegación; funda soberanía, valor y comunidad donde reinaba lo inhóspito del confinamiento en la domesticidad. Entonces hay allí politicidad creciente; encuentro, intercambio y discusión, formación en la diversidad y emergencia subjetiva en todas las esferas de la vida.

En mayo de 2019, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de General Sarmiento, a través de su Resolución Nº 7291, aprobó la formación obligatoria con perspectiva de género dirigida a toda la comunidad universitaria. En adhesión al espíritu de la Ley Nacional 27.499, conocida bajo el nombre de “Ley Micaela”, esta resolución dispone que, a lo largo de un período de dos años, autoridades superiores, docentes, no docentes y estudiantes de la UNGS se capaciten en materia de género y violencias contra las mujeres y las disidencias sexogenéricas. Asimismo, resuelve ofrecer instancias formativas para personas graduadas de la UNGS.

Es una decisión institucional simbólicamente poderosa porque coloca en el centro de la escena universitaria la pregunta acerca de qué se enseña, con qué propósito y por qué es necesario aprender. En su primer año de implementación, el plan formativo con perspectiva de géneros integró una diversidad de actividades. Dirigidas a una comunidad con trayectorias formativas muy heterogéneas, con funciones y responsabilidades diferentes, no tendría sentido alguno proponer objetivos académicos homogéneos. El propósito general es el de favorecer la problematización y reflexión acerca la historicidad de las relaciones de poder entre los géneros, su dimensión social y estructural en intersección con otras capas de opresión.

Casi cuarenta fueron las actividades desplegadas en esta dirección al cabo del 2019. Más de setecientas las personas asistentes. Género y mercado de trabajo; lenguaje inclusivo; educación sexual integral; ecofeminismo; género y gestión de equipos de trabajo; varones y masculinidad(es); cuidados colectivos y protocolos y feminismo plurinacional fueron algunos de los tópicos convocantes. Por su parte, desde la Asociación de Docentes e Investigadoras/es de la UNGS, junto al Programa de Políticas de Género, se ideó el curso “Transformando los Programas” para transversalizar la perspectiva de género en los programas universitarios, comenzando por el campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Todo ello junto a la continuidad de la materia transversal “Perspectiva de géneros, aportes y debates” y a la Diplomatura en Géneros, Políticas y Participación, habla de la búsqueda incesante de instaurar un estado de conversación que involucre a toda la comunidad de la UNGS, y que tendrá continuidad, por supuesto, durante el año que se inicia.

Formar y sensibilizar para interferir los guiones sociales del pensamiento binario, para destejer las tramas dañinas de relaciones, para interrumpir las formas heterosexualizadas de concebir la vida propia y ajena. Las políticas de género están llamadas a azuzar el fuego de otra imaginación política, capaz de reconocer y poner en cuestión las fórmulas securitistas y punitivistas que nos vuelven presas fáciles de los discursos de la derecha fundamentalista. La historia de todas nuestras luchas reconoce en la politización creciente la clave para la consolidación de sujetos políticos capaces de imaginar tramas de resistencia y refundación cual fuere el campo en que se desempeñen.

Mariela Bernárdez

* La nota fue publicada en la edición de marzo de 2020 de la revista Noticias UNGS.

Miércoles 1° de abril de 2020

Conocer para mejorar | Gabriela Diker en Noticias UNGS

Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Educación, con énfasis en Historia de la Educación y la Pedagogía, por la Universidad del Valle, Colombia, Gabriela Diker se sumó en 2013 a los equipos del área de Educación del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS, de la que fue secretaria Académica entre 2010 y 2014 y rectora –reelecta cuatro años más tarde– desde entonces. En diciembre del año pasado solicitó al Consejo Superior de la Universidad una licencia en ese cargo para asumir la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación.

–¿Qué creés que hiciste en lo personal y como rectora de la UNGS para ser convocada al cargo que ocupás en el Ministerio?

–Creo que hay una combinación. Es evidente que vengo del campo educativo y tengo experiencia trabajando temas de política educativa desde hace muchos años, pero también que la propia Universidad ha tenido posiciones muy claras, y que hemos discutido con seriedad y públicamente, distintos temas de la política educativa y universitaria. Creo que la UNGS es percibida como una universidad que construye sus posicionamientos sobre la base del conocimiento que produce y que toma posiciones claras sobre los temas que discute. Creo que hay algo del modo en que trabaja esta Universidad y del modo en que se muestra públicamente que ha facilitado que algunos piensen en mí, y que eso constituye un reconocimiento a la Universidad.

–¿Los posicionamientos críticos que la UNGS tomó en los últimos años son compartidos por la orientación de las políticas educativas del actual gobierno?

–Sin duda, porque la UNGS siempre se ha posicionado por una educación pública que aporte a construir sociedades más justas y más igualitarias. Y creo que este es un principio que orienta las políticas educativas de este gobierno. El Presidente lo ha manifestado de distintas maneras con mucha claridad. Si prestamos atención a las prioridades que este gobierno se propuso abordar, como la de atender a los sectores que se encuentran en situaciones más complejas, vemos una continuidad entre los principios políticos que hemos acordado en la UNGS, y que expresamos estatutariamente, que ordenan nuestra actividad, y los que orientan las políticas de este gobierno.

–¿Qué tareas realiza la Secretaria de Evaluación e Información Educativa?

–La Secretaría tiene la responsabilidad de producir la información y el conocimiento sobre el sistema educativo necesaria para sustentar en evidencia las políticas educativas (esto es: construir mejores hipótesis acerca de los problemas educativos para diseñar políticas que se basen en esas hipótesis) y los indicadores que permitan monitorear el cumplimiento de la responsabilidad estatal de asegurar el derecho a la educación de calidad para todos y todas, con independencia de su condición de origen. Tenemos la misión de demostrar qué tanto cumple el Estado con su responsabilidad en relación con la igualdad, la justicia y la calidad de lo que ofrece el sistema educativo.

–¿Qué orientación tendrán esas misiones?

–Por un lado necesitamos recomponer el sistema de información que produce el Ministerio de Educación de la Nación. En los últimos años ha habido un posicionamiento que le dio un lugar prácticamente excluyente a los resultados de evaluaciones estandarizadas de aprendizaje como indicador de calidad educativa. Prácticamente el único indicador que circuló en los medios y en el sistema educativo fue ese. Está claro que hay mucha discusión en el mundo sobre qué tipo de información ofrecen las pruebas estandarizadas de este tipo. Pero en lo que sí hay absoluto acuerdo es en que no constituyen un indicador per se de calidad educativa, no expresan todo lo que ocurre en el sistema educativo, no expresan la complejidad de la práctica educativa. Y por lo tanto nos proponemos que esos indicadores que provee esa fuente de información se complejicen con informaciones que provienen de otras fuentes y de otras herramientas, permitiendo una lectura más integral de la realidad educativa.

–¿En los últimos años, hubo cierta banalización en la presentación de los datos?

–Sí. Hubo una simplificación y se tendió a instalar que los resultados en ese tipo de evaluaciones eran el único indicador que necesitábamos tener sobre el modo en que el sistema educativo estaba cumpliendo su función. Y lo que estamos diciendo es que así (y esto vale para cualquier indicador) se simplifica la complejidad de la práctica educativa, se la reduce, y se invisibiliza mucha otra información muy valiosa, sobre la que también es importante trabajar. Información que producen cotidianamente las escuelas y los docentes. Un maestro o una maestra, en su práctica diaria, produce información mucho más compleja sobre el aprendizaje de sus alumnos y alumnas que el dato de tal o cual porcentaje, como el nivel poco satisfactorio en lengua que tiene determinado grado. El dato que proveen las pruebas estandarizadas es un dato que simplifica el proceso de aprendizaje. Por supuesto que se necesitan datos comparados, nacionales o provinciales, para definir políticas sobre el conjunto del sistema, pero a la vez, para intervenir en cada escuela y en cada práctica de enseñanza, se necesita también otro tipo de información. Información más compleja, procesada de otro modo. Y la principal fuente de información son los y las docentes.

–¿Y cómo se proponen a avanzar en relación con esa información?

–Hay algunas tareas en las que ya empezamos a trabajar. La Argentina tiene una deuda desde el año 2013, que es la de implementar algo que está aprobado por ley y por resolución de Consejo Federal de Educación (CFE), que es un sistema nominal de información digitalizada de alumnos y de docentes. Es un sistema muy complejo de montar, pero que ofrecería información muy valiosa, especialmente para reconstruir trayectorias reales de todos los chicos que están en el sistema educativo en el país. También queremos repensar y resituar el lugar de las evaluaciones de aprendizaje. Creemos que es importante tener un plan nacional de evaluación y de producción de información que le dé previsibilidad a la producción de datos y de indicadores que genera el Estado nacional. El gobierno anterior instaló la idea de que nunca se había evaluado el sistema educativo argentino, de que no había una cultura de la evaluación, de que era necesario trasparentar los datos del sistema educativo, de que nadie conocía lo que pasaba en las escuelas hasta que ellos implementaron los operativos Aprender, y lo cierto es que en la Argentina el sistema educativo se evalúa con distintos procedimientos desde 1993. Por supuesto, existe un problema en la construcción de series históricas y en la comparabilidad de los datos. Pero si uno mira la implementación, en los últimos cuatro años, de esta gran política del Ministerio de Educación (que fue la única para la que en esos años creció el presupuesto educativo del Estado nacional), la política de evaluación, no hay ninguna serie consistente que se pueda construir. No hubo un plan que le diera previsibilidad a la evaluación: cada año se iba decidiendo qué se evaluaba, en qué grado, qué área, si las pruebas iban a ser censales o muestrales. Y eso conspira contra algo que debería ser una política de Estado. De modo que vamos a trabajar en definir con mayor sustento técnico, y con propósitos políticos más claros, la frecuencia de las evaluaciones y los universos y los dominios a evaluar.

–¿Qué participación tendrán los docentes en este proceso?

–Lo acordaremos en la paritaria nacional. Por primera vez se va a discutir la política de evaluación y de producción de información sobre la educación con los sindicatos docentes y a través de una de las comisiones técnicas de la paritaria nacional, que incorporamos ahora sobre este tema. Se va a llamar al Consejo Nacional de la Calidad Educativa, que es un organismo que está establecido en la Ley de Educación Nacional desde 2006, y que solo se reunió tres veces en su historia. Es un espacio de discusión y de construcción de consensos acerca de qué entendemos en este país por calidad educativa, y de qué modos o a través de qué estrategias evaluarla y mejorarla. La ley dice que tiene que estar integrado por expertos, académicos, representantes sindicales docentes, representantes del sector productivo; se trata de un espacio heterogéneo para discutir un asunto fundamental: cómo tener un sistema educativo más justo. Es decir, de mayor calidad para todos.

–Sería retomar el diálogo con un sector muy atacado en los últimos años…

–Los últimos años fueron de una relación muy hostil con los docentes. En cambio, la convocatoria a la paritaria nacional docente pone el intercambio en otro lugar: no solo hay disposición para negociar aspectos salariales del sector docente, sino para dialogar con los y las docentes acerca de las mejores políticas educativas para este país. No se puede mejorar la educación sin los docentes. Los docentes tienen un lugar privilegiado en el sistema educativo, producen un conocimiento imprescindible para pensar intervenciones más eficaces sobre él, y todos esos diálogos se están estructurando en torno a la paritaria nacional, que ya ha aprobado un número muy importante de comisiones técnicas, en cuyo marco (y en un escenario que se comparte entre los ministros de Educación provinciales, los representantes gremiales docentes y el Ministerio de Educación de la Nación) se van a discutir asuntos que van mucho más allá que el salario.

–También parece necesario trabajar en la reivindicación de la labor docente.

–Hay una parte de la valoración social acerca de la docencia que tiene un largo proceso histórico de construcción. Los últimos años fueron muy hostiles, muy explícitos en la confrontación con la docencia, pero hay una convicción en este gobierno de que el trabajo docente es el corazón del sistema educativo. Eso exige no solo una valoración social, sino un conjunto de políticas que generen condiciones de enseñanza adecuadas, desde las salariales hasta las de formación y capacitación, infraestructura, disponibilidad de recursos y de tiempo para producir, pensar, intercambiar. Es todo eso lo que contribuye a la jerarquización y a la valorización de la docencia. En los países donde la docencia es una profesión muy valorada, también es una de las que recibe salarios más altos.

–Volviendo a la investigación para la definición de políticas educativas: ¿cuál será la estrategia para esa producción de conocimiento?

–Nuestra Secretaría, además de aportar al planeamiento de políticas, se propone generar investigación sobre la información que producimos. Por un lado queremos producir estudios y análisis, lecturas más complejas de la información y de los datos: como bien sabemos, los datos en sí mismos no dicen nada. Por otro lado, vamos a crear, en el marco de la Secretaría, un observatorio para el cumplimiento del derecho a la educación en la Argentina, que va a tener la función de hacer una lectura sistemática de un conjunto de indicadores que vamos a ir siguiendo, y que proponemos que se constituyan, por supuesto, en una responsabilidad estatal para ver de qué manera se reducen, o no, las brechas de desigualdad que obstaculizan el ejercicio del derecho a la educación. Ese observatorio va a estar alimentado por investigaciones que proponemos lleven adelante las áreas de educación de las universidades nacionales. La idea no es producir desde el Ministerio, con equipos propios, sino aprovechar los recursos que tenemos en las universidades públicas, dado que cerca del noventa por ciento de la investigación educativa en la Argentina se realiza en las universidades públicas. De modo que vamos a generar unas líneas de trabajo que puedan ser alimentadas con el conocimiento que producen las universidades. Y nos centramos en la responsabilidad de visibilizar y de ir mostrando de qué modo se garantiza el derecho de la educación en la Argentina.

–¿Cómo es la vinculación del Ministerio de Educación con las provincias?

–Argentina tiene un sistema educativo federal. Es responsabilidad del Estado nacional producir políticas educativas nacionales para contribuir a corregir las desigualdades en las asimetrías regionales del país. El Estado nacional tiene que ser un garante de la igualdad en el acceso a la educación en todo el país, pero además tiene la responsabilidad de asegurar el acceso a una educación común. Todas las definiciones políticas del Estado nacional se acuerdan en ese marco federal, con las autoridades educativas provinciales, responsables directas del sistema educativo en cada uno de los territorios. La producción de información también, por supuesto, es objeto de discusión en el marco federal, y en última instancia todas las definiciones de políticas de producción de información y evaluación deben ser acordadas y aprobadas en el marco del CFE.

–Fuiste designada como representante del Ministerio en el directorio de Contenidos Públicos Sociedad del Estado, que tiene bajo su responsabilidad los canales Encuentro, Paka-Paka, y DeporTv, y la producción de contenido público para diferentes pantallas.

-Sí. El día de su asunción, Alberto Fernández anunció que parte de los fondos que se utilizaban para financiar la pauta oficial se destinarían a difundir contenidos culturales y educativos, bajo distintos formatos. En el marco de esa política, formo parte del directorio de contenidos públicos y también, en este caso como suplente, de Educar. Se trata de poner la mirada educativa en la producción de contenidos, que tendrán distintos soportes, tipos de pantallas, circulación y formatos. Es un desafío muy interesante, porque no se trata de pensar la educación en un código escolar o en formato escolar, sino de pensar los medios de comunicación públicos y la producción pública de contenidos como la multiplicación de puertas de entrada a la cultura. Me parece una estrategia muy potente para democratizar, multiplicar y diversificar los accesos posibles al conocimiento y a la cultura, tanto de chicos y chicas como de adultos. Esto de ninguna manera se propone reemplazar al sistema educativo, sino poner a disposición de toda la población conocimientos, contenidos, experiencias estéticas y científicas, formas de pensar lo diverso, que en general en los medios de comunicación hegemónicos tienen ciertos sesgos o directamente no circulan.

–Las universidades también podrían aportar a la producción audiovisual.

–Por supuesto: puede haber una buena sinergia con el sistema universitario, con el enorme desarrollo de las áreas de producción audiovisual de las universidades públicas. Las producciones, tanto de los contenidos (en el marco del uso del fondo de la pauta publicitaria) como de los canales, en general se licitan, y podría haber algún segmento orientado a producciones de instituciones públicas, de universidades públicas. Las universidades nacionales están llamadas a tener mayor participación. Que varias de las autoridades de la administración pública provengamos del sistema universitario facilita los vínculos. Contar con el sistema público de ciencia y universitario es fundamental.

“La UNGS siempre se ha posicionado por una educación pública que aporte a construir sociedades más justas y más igualitarias.”

–En cierta ocasión te preguntaste “frente a qué clase de información estaríamos dispuestos a reconocer alguna clase de movimiento de mejora de los sistemas escolares”…

–Sí. Alguna vez deberíamos acordar socialmente frente a qué datos o hechos diríamos que la educación mejora, para poder contrarrestar una tendencia que se verifica históricamente (que tiene muchas explicaciones en la investigación), y que es que la percepción social acerca de la educación de las nuevas generaciones es que esta siempre es peor que la que recibieron las generaciones anteriores. Hay una idea, desde el origen mismo del sistema educativo, de que la generación actual sabe menos que la anterior, que la educación actual es peor que la de las generaciones anteriores.

–¿Por qué?

–Hay distintas explicaciones. A mí las que más me convencen son dos. Una asocia la percepción del deterioro educativo con la masificación: hay una tendencia a sostener que un nivel educativo que se masifica, al mismo tiempo se deteriora. Esto es un problema para cualquier política inclusiva, porque si tenés éxito en una política igualitaria de acceso o inclusión a un nivel educativo tenés que saber que la percepción social sobre el valor social de la credencial que dio ese nivel educativo baja. ¿Por qué? Porque ya no distingue: la tienen todos, y entonces ya no es una herramienta clasificatoria. La función clasificatoria del sistema fuga hacia adelante: “con este nivel educativo ya no alcanza”, se requiere ir hacia otro nivel educativo. Hay claramente un problema en ese terreno, que hay que convertir en objeto de política educativa, porque si no estamos en una encerrona: el derecho siempre se te escapa. Garantizás el acceso a un cierto nivel y baja el valor social sobre lo que se aprende en ese nivel. A lo que se suma la segunda explicación del problema, que viene por el lado de la relación extra-generacional. El sociólogo francés Christian Baudelot dice que hay algo gerontocrático en la idea intemporal de que las nuevas generaciones siempre son más ignorantes que las anteriores (cuando todo el desarrollo de la cultura y la ciencia lo contradice): en esa visión de que la educación del presente es peor que la del pasado subsiste también la idea que la educación de algunos es buena, mientras que las de otros no. Se introduce una clasificación donde ya no la hay formalmente. Tenemos que poder volver visible esas percepciones. Cuando digo que habría que acordar socialmente frente a qué diríamos que la educación mejora me refiero a que se pueden implementar políticas para ampliar la cobertura, para universalizar los niveles educativos, incluso para mejorar los resultados en pruebas estandarizadas, y lo que entonces va a pasar es que la sociedad va a tender a sospechar de esos indicadores. Y esto sin una discusión pública, sin poner información arriba de la mesa, sin mostrar qué quiere decir que el nivel educativo baje o suba. Me parece que alguna vez tenemos que tener esta discusión.

Por Brenda Liener

* Entrevista publicada en la edición de marzo de 2020 de la Revista Noticias UNGS