Jueves 16 de mayo de 2024

Una encuesta revela que la mayoría de la población está a favor de un Estado presente

Una encuesta realizada recientemente revela que la mayoría de la población "se expresa a favor de la presencia estatal en ámbitos relevantes de la vida social", en contraste con lo que se propone en la Ley Bases, que en este momento se trata en el Senado.

El 78% está en contra de arancelar la atención en los hospitales públicos, el 86 % entiende que el Estado debe garantizar la educación de nivel primario y secundario, el 83,5% está en contra del arancelamiento de las universidades. Además, el 81 % de la población encuestada de los centros urbanos se pronuncia a favor de la regulación y del subsidio de tarifas y servicios, el 76% considera que el Estado debe intervenir en el mercado inmobiliario poniendo tope a los alquileres y el 72% que debe garantizar el acceso al financiamiento de la vivienda única familiar.

Sobre la desregulación del trabajo y la eliminación de la moratoria jubilatoria propuestas en la Ley Bases y el DNU 70/23, el 83% está a favor de aumentar las penas a las empresas que mantienen trabajadores en negro y el 72% considera que el Estado debe garantizar la jubilación de quienes no hayan realizado aportes suficientes en su vida activa.

Otro de los temas sobre los que indaga el estudio, es el cuidado de niñas, niños y adulto mayores. El 75,3% de los y las encuestadas se pronuncia por garantizar jardines maternales públicos para todos los niños y niñas y el 93% acuerda subsidiar los medicamentos para los adultos mayores. Además, el 82% considera que es obligación del Estado proveer alimentos a los comedores populares.

"¿Cómo lograr estos pisos de protección? ¿Cómo sostener un Estado que los garantice? ¿Qué aporte corresponde a los distintos estratos y actores sociales? Sobre estas y otras cuestiones, el estudio encuentra también que la ciudadanía tiene interpretaciones, posiciones y apuestas diversas y hasta divergentes. Sin desmedro de ello, la encuesta releva sí esta valoración compartida por preservar aquello que nos integra como sociedad y por el lugar relevante que se le sigue demandando al Estado en esa construcción. Esto es, otras bases y otro punto de partida desde dónde debatir consensos", explica la socióloga Verónica Maceira, investigadora y docente del Instituto del Conurbano de la UNGS e integrante del proyecto.

El trabajo se basa en una encuesta probabilística presencial de 1500 casos a nivel nacional, relevada entre abril y mayo. El relevamiento se realizó en el marco del Programa de Investigación Regional Comparada de la Estructura Social Argentina (PIRC-ESA), del que participan investigadoras e investigadores de 15 universidades nacionales, entre ellas la UNGS.

13 de mayo de 2024

La importancia de la intervención estatal en la vida social

Organizado por el Instituto del Conurbano (ICO) de la UNGS, se desarrolló el conversatorio “La importancia de la intervención estatal en la vida social”, con el propósito de discutir junto a distintos actores la situación ante la ola de despidos y el debilitamiento de áreas sensibles del aparato estatal en el escenario argentino actual.

Contó con la participación de Valeria Chulman, de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); Agustín Pinedo, ex director nacional de Producción de Suelo y Regularización Dominial, y de Lucila Deimundo Roura, ex directora de Políticas de Suelo e Instrumentos de Gestión, de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, Ivan Novotny y Darío Vetere, del equipo de Relevamiento y Análisis de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, y de Matías Bergés, de la Agencia Nacional de Noticias TÉLAM. Por la UNGS estuvieron Rodrigo Carmona (coordinador de la mesa), Ricardo Paparás y Matías Calvo Crende  del Área de Estado, Gobierno y Administración Pública ICO.

“La actividad permitió examinar la importancia que tiene la acción del Estado, a nivel social, económico, de derechos humanos y de distintos campos de política en la problemática urbana”, afirmó Rodrigo Carmona, el investigador docente del ICO y organizador del encuentro, “ y en ese sentido - planteó además- fueron interesantes las intervenciones para dar cuenta de lo relevante de tener recursos humanos calificados que trabajan los distintos temas”. 

Carmona expresó también que en un marco de desmantelamiento de áreas sensibles del Estado, se puso de relevancia la importancia del Estado en relación a la garantía de derechos centrales de la ciudadanía y se refirió a la necesidad de pensar estrategias de resistencia y de mejora respecto a lo ya existente. “Hasta el anterior gobierno existían formas de contratación precarias que no se pudieron redefinir, pero las medidas actuales plantean una profundización del ajuste a nivel de estructura del Estado y de reforma, que indudablemente conlleva vulneraciones nuevas en términos de garantías y derechos”, aseguró el investigador

 En su intervención, Soledad Santellan,de ATE, se refirió al rol del Estado y a la situación que atraviesan hoy las y los trabajadores de la administración pública: “venimos luchando para que el Estado siga siendo nuestro principal motor de la igualdad y equidad social, y poder definir acciones concretas para cuidar las fuentes de trabajo y preservar a la Nación”, sostuvo la representante.

Valeria Chulman, de ANSES, contó que desde que asumió Milei en ese organismo se despidieron a 1900 trabajadores, en algunos casos a todos los trabajadores de una misma oficina y que en consecuencia, esa delegación debió cerrar, como en el caso de Cuartel V, Moreno, que atendía a una comunidad muy grande. Chulman enfatizó que “ANSES tiene un rol fundamental garantizando los derechos de la seguridad social”.

Agustín Pinedo, ex director nacional de la (ahora) Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda  explicó que esta dependencia era de nueva creación y tenía la misión de trabajar sobre el ordenamiento territorial en todo el país. “El Ministerio dejó de funcionar como tal, las áreas de trabajo perdieron el sentido para el que se las había formado, áreas integradas con profesionales, la gran mayoría formados en la universidad pública, que no tienen ninguna función. También en esa dependencia se desempeñaba como directora  Lucila Deimundo Roura, quien se lamentó por la falta de continuidad en las iniciativas vigentes hasta diciembre pasado: “Llevábamos el plan nacional de suelo que buscaba generar lotes a lo largo de todo el país y generar la posibilidad de que familias accedan a la casa propia, a partir de la articulación con gobiernos locales”.

Darío Vetere del equipo de Relevamiento y Análisis Documental de las FF.AA. del Ministerio de Defensa trabajó en esa dependencia hasta el 27 de marzo pasado: “En esa área nos ocupábamos de responder requerimientos judiciales aportando a las políticas de memoria, verdad y justicia en los juicios de lesa humanidad”, dijo lamentando la situación. Su compañero de área,  Ivan Novotny continúa trabajando en esa dependencia, pero sin tareas asignadas desde que asumió el Gobierno actual. “Durante 14 años aportamos a  los juicios de lesa humanidad y al acceso de la sociedad civil a la documentación de los archivos de las tres fuerzas, que son una gran contribución histórica para nuestro país”, afirmó durante su intervención.

Matías Bergés, de la Agencia Nacional de Noticias TÉLAM, destacó el  rol estratégico de la Agencia para el sistema de medios del país y para la democracia y se refirió al proyecto de ley elaborado por los trabajadores de la agencia junto a personalidades académicas y diferentes sectores de la sociedad, titulado “Télam federal, información plural y transparencia para la publicidad oficial”. La iniciativa propone establecer distintas formas de financiamiento presupuestario y garantizar pluralismo informativo, federalismo y transparencia en la distribución de la pauta publicitaria pública.

La actividad contó con la presencia de estudiantes de distintas materias, docentes, funcionarios e integrantes de las organizaciones y dependencias invitadas.