Apuntes y problemas metodológicos para el estudio de los saberes expertos. El caso de los Ministros de Economía argentino y los directores del Banco Central (1983-2007)

Dante Ganem – UNGS -UNSAM

[…el espacio del fin de lo político, para arcaizarlo, arrastrando la
potestas del otro lado, no ya hacia potentia que, según se dijo,
era su porvenir, sino hacia aquello que la precede: la auctoritas del sabio…]
Jacques Rancière (En los bordes de lo político)

1. Las condiciones generales de la burocracia estatal y los expertos en el contexto de la globalidad contemporánea

Suele presentarse como inevitable –y en sentido unívoco- que bajo el amplio paraguas de la “sociedad del conocimiento” (Cyranek 2005) más el progreso de la comunicación, la transferencia de información y su universalización (y por consiguiente, de democratización) conllevarán a una sociedad de desarrollos sustentables. En los méritos en favor del creciente desempeño de las capacidades y saberes se fundan cientos de proyectos para desarrollar las sociedades a pesar (o justamente debido a) la advertencia de la contemporánea experiencia vital de una “sociedad del riesgo” (Beck 1994). Consideramos en ese sentido, que una mirada más amplia sobre la sustentabilidad, debe dar cuenta de la producción y gestión de los ecosistemas políticos y sus características incluyendo en ello, los saberes aplicados a dicha gestión.

Sin embargo, una mirada de carácter progresivo y lineal (o sus variantes más complejas) sobre la relación entre desarrollo, conocimiento y democracia contrasta con los efectos de los sistemas socio-políticos de las democracias liberales capitalistas, que evidencian la creciente concentración de recursos materiales y simbólicos, y que se manifiestan -entre otras formas- en la toma de decisiones de políticas públicas.

En efecto, es evidente que existen dos esferas, al menos para construir la legitimidad de las decisiones públicas: (a) desde el estado o (b) desde el mercado, cuya expresión concreta son los agentes corporativos o individuados que intervienen, y pugnan por hacerlo, en las decisiones públicas.

(a) A pesar de que la figura de Estado-nación decrece y hay quienes lo consideraron obsoleto no es menos cierto que su rol para el desarrollo de una sociedad continúa siendo central, al menos como andamiaje jurídico, para el sostenimiento coercitivo y simbólico de las relaciones sociales en su generalidad. No desconocemos que existan ámbitos no estatales de circulación, ya sean supra-estatales o intra-estatales. Sin embargo, continua siendo relevante que la membresía se encuentra sujeta a la ciudadanía estatal en última instancia. Asimismo, las condiciones y hasta las posibilidades de pertenencia suelen estar sujetas a la aprobación estatal legislada al respecto. En ese sentido, la competencia de grupos o elites por dominar las decisiones de Estado – y por ocupar lugares en las burocracias o en los espacios de decisión continúa siendo uno de los ejes centrales de la política y la cultura.

(b) el mercado, como modo de aprehender el mundo a partir de sus prácticas, también se constituye como el ámbito por excelencia de la disputa o competencia por el acceso a espacios de decisión. En ese sentido, en las sociedades capitalistas suele yuxtaponerse la legitimidad del mercado al ámbito de lo social en general y como actor privilegiado al Estado y a los agentes que ocupan espacios burocráticos dentro de su estructura. En ese sentido, el extremo de esta yuxtaposición sería la utopía neoliberal.

Con ese concepto de utopía queremos señalar que esa sociedad como mercado (el neoliberalismo sostiene además de ese principio, los de la competencia y la desigualdad como motor de ella)nunca existió y que de todos modos, la noción no es inocente o inocua.Antes bien, funciona como doble entrada; (a) como tipo ideal y premisa ideológica a alcanzar y (b) como función para prácticas concretas, donde los actores colectivos y las políticas públicas de una sociedad son evaluados  bajo  la premisa del tipo ideal de sociedad de mercado y competencia perfecta.

Resulta de suma utilidad, entonces, reflexionar sobre el rol que tienen en el Estado los agentes que intervienen en él, y fundamentalmente sobre la intersección entre ambas esferas, la privada y la pública. En otras palabras, tomando como un todo la relación entre Estado y mercado o Estado y sociedad privada, las instituciones y los agentes que intervienen en la decisión de políticas: compiten, realizan alianzas y o se enfrentan,  aun cuando estas posiciones sea contingentes y pasible de modificaciones. Como subrayó Ernesto Bohoslavsky en este taller, ¿qué es lo que hace la derecha? ¿dónde reside y como opera en función de sus intereses?. En ese entramado estructural y conflictivo, los actores de relevancia estatal deben ser considerados especialmente como formadores y/o decisores de políticas.

Es evidente que la intensificación de la internacionalización del saber, de instituciones de gobierno y su reproducción a partir de las nuevas tecnologías, desde hace poco más de medio siglo a esta parte, ha homologado y por ese efecto, aumentado la dependencia recíproca de las políticas públicas y sus mecanismos de evaluación, formulación y aplicación. Si bien ello es un proceso convergente en buena parte de las ciencias sociales es en la economía donde en principio parece manifestarse ese fenómeno.

En resumen, una serie de tensiones se originan en nuestras sociedades: por una parte, una masificación de la información -que no es necesariamente saber- y la intención, al menos, de ampliar las decisiones democráticas. Por otro lado, la diferenciación y especialización social que parece requerir mayores conocimientos para decidir sobre la cuestión pública.

Cuando no de manera velada, las decisiones son vedadas a la inmensa mayoría de la sociedad e incluso a los políticos profesionales a partir de la demarcación mediante “jergas profesionales” y mecanismos de evaluación cuyo proceso es material inherente de los mismos expertos. El caso paradigmático es el requisito de autonomía de los bancos centrales. Con ello, una reducida cantidad de funcionarios expertos (y en relación con expertos de otros países u organismos) deciden con relativa autonomía sobre las políticas monetarias de una sociedad estatal soberana.

En ese sentido, los regímenes políticos contemporáneos continúan sin resolver virtuosamente- o mejor, tienden a complejizar- algunos aspectos de la propiedad, producción, socialización del conocimiento y su aplicación práctica.  La cuestión del rol de asesores, consejeros y expertos puede rastrearse como una invariable a lo largo de la historia, a pesar de las particularidades contemporáneas por el mismo alcance global del fenómeno (Smith 1991).

En efecto, las últimas décadas han mostrado una concentración, adaptación e internacionalización de los saberes que señalan una “acumulación por desposesión” (Harvey 2007) en este caso, del saber. Si bien esta es una utilización heterodoxa del concepto de Harvey, es interesante reflexionar cómo muchas veces en el proceso detallado por este investigador, el rol de técnicos y expertos es inherente a la misma desposesión.

Paradójicamente, este “requisito” experto para decidir en cuestiones públicas se contrapone a diversos mecanismos de “participación ciudadana” (Ganem; 2010). Resulta claro que no se trata solo de la clásica “dominación burocrática” estudiada por Weber o Michels (Michels; 2008) antes bien, supone un tipo -y una posición y posicionamiento- particular del cientista social moderno (Abbott 1988).

Dentro de los actuales debates sobre la política y la toma de decisiones en las sociedades, existe una importante cantidad de trabajos que tienen por objeto de estudio a los cuadros “técnicos” altamente especializados, en virtud de su expertise, que toman “decisiones” públicas o bien,asesoran a aquellos que deben decidir ( Boswell 2009).

La proliferación de estos trabajos constituye un indicio claro que la ciencia y sus actores merecen ser “reflexionados” a la luz de sus prácticas y condicionamientos ideológicos. Sin embargo, suele utilizarse como sinónimo diferentes conceptos para designar prácticas sociales y políticas diversas. Como suele ocurrir con algunos conceptos, que designan muchas cosas a la vez, es posible que sea poco lo que contribuye a resolver. Muchas veces el termino expertos es utilizado de manera despectiva o con un sesgo valorativamente negativo. Asimismo, es notorio que la denominación de “expertos” o tecnócratas” sea utilizada como antónima a “populistas” o “populismo”. En ese sentido, nos preguntamos si no es posible considerar en principio, expertos populistas o populistas expertos.

En las páginas siguientes, presentamos una taxonomía de los diferentes conceptos y las prácticas que intentan describir y conceptualizar. En un segundo plano, para mostrar al menos parte de la cuestión a problematizar, intentaremos mostrar dicha taxonomía en relación a las prácticas y tomas de decisiones de política pública, aproximándonos a un esquema de análisis de las trayectorias de algunos los economistas argentinos que desempeñaron funciones relevantes en la democracia argentina desde 1983.

2. Expertos, tecnócratas y technopols

La cuestión del “experto” resulta siempre conflictiva. No se trata en todo caso de ir “contra el conocimiento” sino de realizar una reflexión crítica sobre las condiciones de producción de  ciencia (Berger,  y Luckman 1968) su productividad social y apropiación (Bourdieu & Wacquant 2005). En ese sentido, las condiciones de producción y el rol institucional de la intervención de especialistas -entre otras cuestiones, por lo señalado en páginas anteriores- merece, al menos, ser revisada. Un modo de acercamiento puede ser la manera de vincularse con el Estado y a éste como ordenador jurídico e implementador de políticas en última instancia (Vilas, 1997). Quizás la actividad de los economistas es la que presenta mejores condiciones para su estudio. El ejemplo típico es la legitimidad de credenciales obtenidas a través de la trayectoria académica, profesional y política de actores específicos. Ello sin desatender claro, que los sociólogos y politólogos, así como los urbanistas y ambientalistas también constituyan un núcleo interesante de actividades a estudiar.

De este modo, si la intervención se realiza desde el Estado (como funcionario, de carrera o político) desde la “sociedad civil” (empresas privadas, ONGs ; think tanks, fundaciones privadas, instituciones educativas y académicas) u organismos supra-estatales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Naciones Unidas; Organización de Estados Americanos etc.) coloca a los agentes frente a un espacio privilegiado de inclusión de los asesores o tomadores de decisión de la res– pública.

Ahora bien, consideramos que resulta claro en el párrafo anterior que existe una relación de autonomía relativa entre el saber experto y su referencia espacial o su poder simbólico en la sociedad. Esta autonomía parece expresarse al menos en dos sentidos: (a) por una parte la transferencia de acreditaciones adquiridas en un espacio son invertidas en otro, de manera sincrónica odiacrónica de los mismos actores. Y por otro lado, (b) las mismas condiciones de posicionamiento dentro del espacio llevan a una relación internacionalizada entre diversos actores e instituciones.

Para el primero de los casos característicos, tal como señaló en este taller Ezequiel Grisendi, un concepto que consideramos interesante para funcionalizar es el de multiposicionalidad de Bolstanski (1973).  En los casos diacrónicos, si bien la multiposicionalidad es interesante debería ser pensada en función del valor relativo en el tiempo que significa la membresía a determinadas instituciones.

Por ejemplo, en cuanto a los economistas, si bien existe una valoración “más resistente” en el tiempo de las acreditaciones académicas, también resulta claro que la misma puede variar dependiendo de la misma posición de la institución formativa o de desempeño de investigación. Colaborar y/o investigar en CEPAL gozó de mucha legitimidad durante buena parte del siglo pasado, pero las últimas dos décadas demostraron una merma en favor de los centros de investigación de cuño “financiero” especialmente en Estados Unidos. Las acreditaciones otorgadas por Harvard o Chicago, o ligadas a centros financieros internacionales fueron “más” valoradas en principio por los sectores dominantes e introducidas socialmente al general de los ciudadanos (Ganem; 2009).

En otro sentido, si bien es posible (sobre todo en la función privada) encontrar actores “expertos” en ámbitos diferentes, la condición diacrónica y espacialmente diferenciada produce un hiato que no resulta fácil obturar en cuanto a la relación del “experto” entre su posición previa y actual. Para ello, el estudio de redes sociales, vínculos personales y membresía a comunidades resulta indispensable. Es común que como asesores o consultores o investigadores, los “expertos” se mantengan relacionados, formal o informalmente a otros ámbitos de producción de saberes o de formulación de políticas. Ello es más notorio en el cruce de la función pública (rango de ministros, secretarios de estado o asesores) y las funciones académicas. Lo mismo en cuanto a la membresía a instituciones, fundaciones privadas o centros de investigación.

Es en esta intersección de pertenencias (pública /privada; global /local/ regional; académica/ empresarial/política) donde la especificación de las diferentes prácticas de actores resulta indispensable para evaluar tanto los cambios paradigmáticos en economía y políticas públicas como la trayectoria intelectual de los actores.

En cuanto a la caracterización de los especialistas, al menos tres son los conceptos que intentan nominar al accionar de los expertos: los expertos; los tecnócratas; y los technopols.

El experto, como venimos señalando, parece ser un modo de presentarse ante la sociedad con el conocimiento adquirido en alguna disciplina (Boswell 2009, Nunn 2008). En otro sentido, además de su condición experta sobre alguna problemática particular, es un modo particular de intervención o práctica, que introduce un sobrevalor pretenciosamente científico ante lo político bajo el amparo de cierta “nulidad valorativa” (técnica) frente a un conflicto o cuestión pública. Desarrolla su actividad en el espacio público pero particularmente puede hacerlo desde la esfera privada. Quizás este sea el rasgo que lo distingue de la tecnocracia y los tecnócratas (Heredia 2004; Smith 1991) que surgen de la conjunción de técnica y burocracia. Por ello, suele mencionarse con esta definición abierta a aquellos agentes (y su posición frente a los problemas de índole social en los que tienen que intervenir) que desarrollan sus actividades en el ámbito de la función pública. Se constituye de la misma manera que el “experto” (de algún modo, “antes” lo fue) dentro de una pretensión de racionalidad instrumental basada en la técnica.

El tercero, y último de los tipos de expertos es el de technopols (Dominguez 1997). Con este concepto se refiere a aquellos agentes que luego de su consolidación en un espacio de saber definido, utilizan el capital adquirido (notoriedad pública, redes sociales etc.) para lanzarse ellos mismos como políticos donde la función de experto supondría una eficacia mayor en el espacio electoral.

En este punto, nos parece que habría que detallar entre las diversas trayectorias dos sub tipos de actores: aquellos que consolidan una posición lo suficientemente ponderada (por él o por algún grupo de pertenencia) como para emprender el armado de una fuerza política propia (podemos asignarle provisoriamente el sub tipo de technopols de alta diferenciación política) de aquellos que con una trayectoria similar deciden mantenerse bajo el paraguas institucional de una fuerza política tradicional (technopols de baja diferenciación política).

Ante este escenario resulta interesante preguntarse por la genealogía de los expertos (ahora diferenciado a aquellas otras categorías: expertos, tecnócratas y technopols). ¿Cómo y cuándo o bajo qué circunstancias un experto accede a la función pública? ¿Cuándo o por qué decide lanzarse a la competencia política?. Como suele ocurrir en estos casos una serie multifactorial de condiciones pueden dar como resultado un número importante de respuestas explicativas.

3. Un (posible) marco funcional de expertise

La primera de las intenciones explicativas a explorar parece ser la de clases dominantes o grupos de interés (como fracciones de esas clases) que compiten por alcanzar posiciones de poder, en cuanto a la función política o de asesoría en cuestiones de orden público. Nuevamente aquí se hace necesario recordar que el más notorio, si no el más importante, es el campo de las decisiones económicas.

En ese registro explicativo, la puja por un lugar en la constitución de un saber experto puesto al servicio de intereses determinados pero con la flexibilidad universalista requerida para que alcance con éxito cierto aserto hegemónico, requiere en principio de (a) recursos (económicos y simbólicos) (b) agentes capaces de emprender el proceso de aprendizaje, especialización y dedicación de la difusión y o implementación de políticas.

Si esto es así, y aunque pueden contribuir o coligarse bajo un mínimo común denominador de intereses generales, la proliferación de think tanks, fundaciones e institutos de investigación desde la mitad del siglo pasado, obedecería a la representación de intereses determinados por las fuerzas productivas en colusión (por ejemplo: capital industrial vs. capital financiero).

Sin embargo, esta mirada no considera la necesaria lógica de reproducción y ampliación del campo de la expertise misma. En otras palabras, no es necesario llegar al subjetivismo para entender que también la representación de intereses diferentes de los sectores dominantes es en sí misma un campo de disputa para aquellos integrantes de la “academia experta”. La competencia por la financiación de proyectos, subsidios y programas requiere de la adecuación o en todo caso (de la falsación) de diversos proyectos en competencia.

La preparación de políticas de gobierno a ser ejecutadas o al menos presentadas ante cualquier candidato político es (y aquí se produce en buena medida el pasaje de los expertos a tecnócratas) el campo para que una vez en la función pública la implementación y éxito de una política determinada sea conmensurada. En ese sentido, nuevamente el Estado (y la disputa por los sentidos sobre él) es el campo de batalla por excelencia. En el borde (en la interjección entre “escuelas” de expertos) el rechazo o la adhesión a un programa de gobierno por parte de un candidato electo, dispara inmediatamente los mecanismos de control, seguimiento y evaluación de las políticas implementadas por las “escuelas” contrarias, mostrándose como alternativa para el recambio cuando sea necesario.
Un tanto menos explorada es la constitución de espacios de sociabilidad institucionales (públicos o privados) que no pueden estar alejados de la eficiencia del experto en tanto tal, y de la construcción de su imagen frente a la “opinión pública”.

4. La periferia del saber. La transmisión de conocimientos y políticas económicas en la democracia argentina (1983 -2007)

El surgimiento de los think tanks o la proliferación de institutos de investigación emerge en el siglo pasado en medio de la expansión de la economía keynesiana por una parte (como economía capitalista planificada) y en el contexto de la Guerra Fría. (Smith 1991).
Según este autor, uno de los más influyentes promotores de este tipo de iniciativas de divulgación y expansión de los saberes expertos como programas, recomendaciones y subsidios fueron los Estados Unidos. La lógica imperante en el espacio de las disciplinas parece haber colaborado para desarrollar experiencias similares en otros países centrales. Sin embargo, la particularidad de este tipo de inserción es de matriz norteamericana y las experiencias europeas contienen diferencias sustanciales.

El problema mencionado es puesto en cuestión en un estudio sobre la difusión de la Rule of Law en el campo jurídico por Dezalay y Garth (2002). Los autores sostienen la hipótesis de que a partir de diferentes mecanismos, las elites locales de la periferia (latinoamericanas, del Africa poscolonial) son formadas para introducir la estructura legal que sostenga la inversión y los modos culturales de producción característicos del modelo estadounidense. Ahora bien, lo importante, según los autores es que con estrategias para formar el “tercer sector” y las causas por derechos humanos también se constituyen como referencia en el marco jurídico para la “contestación” de prácticas del Estado. En otras palabras, forman a partir de diversos mecanismos a dos tradiciones diferenciadas del derecho, abarcando con ello tanto a los marcos de la oferta como de la demanda de justicia. No se trata de una transferencia unilineal que valida también en el plano local a los agentes glocalizados (Beck 1994) sino que en el mismo registro la competencia por saberes que disputan un lugar en el Estado, la validación invoca una similar legitimidad provista por las instituciones extranjeras, las fundaciones, y los organismos multilaterales de crédito bajo una lógica de dominación.

Trabajos realizados sobre Europa, en The Rise of neoliberalism (Campbell 2001) constituyen un buen marco de referencia para abordar una parte del problema que presentamos. En ese trabajo, Campbell desarrolla el análisis de cómo las ideas influyen en las decisiones de los policy makers en la selección de problemas, construyendo y evaluando programas. Las ideas significan, en este autor, un complejo entramado de conceptos que asumen especificas nociones culturales, sistemas de creencias y visiones del mundo que inciden (y se encuentran reflejados) en los diversos niveles de discurso y las prácticas de los diseñadores de políticas. El autor elabora una matriz que permite analizar de modo complementario, pero separado los aspectos formales y teóricos del neoliberalismo. Campbell sostiene que existen dos niveles de ideas en el desarrollo de los debates que los policy makers llevan adelante: la ideas son según él, de carácter cognitivo o normativo. El cognitivo, en el que los paradigmas constriñen el rango de soluciones posibles y permiten elaborar los programas. El nivel normativo, se escinde en los marcos (o frames) o los símbolos con que los policy makers legitiman las soluciones y los sentimientos públicos (Public Sentiment) que son las percepciones de la sociedad en general que también acotan el rango normativo asumido para la solución de políticas.

Para el caso argentino, el primer desglose analítico en el aspecto cognitivo (el señalado como paradigma/s) remite en principio a la formación académica de los actores. Desde estos supuestos básicos de cada “escuela” económica, se formulan los diagnósticos y soluciones posibles para la implementación de políticas o programas.

En la segunda de las distinciones analíticas (el aspecto normativo) algunos de los frames principales desde los cuales desarrollan sus programas son: los caso de la inflación persistente y las crisis de la balanza de pagos (que incluye los desequilibrios entre sectores productivos y financieros) recurrente en el siglo XX. Finalmente, resta señalar los public sentiments, desde los cuales los programas y el tipo de soluciones propuestas son verosímiles para una sociedad como la argentina. En ese sentido, para el caso pueden citarse las metáforas sobre un supuesto pasado de “gloria y esplendor”, situado a principios del siglo XX, o la “falta de orden” y su consiguiente contraparte valorada en términos negativos: el conflicto.

Resulta posible utilizar esta interrelación de abordajes para pensar la cuestión de cómo acceden, y bajo qué criterio, los expertos que toman decisiones en una sociedad concreta. En el caso de las diferentes direcciones de la economía desde 1983 al 2007, se reflejan los tres tipos de categorías.

Si tomamos en cuenta las trayectorias de los Ministros de Economía y los Presidentes del BCRA (ver cuadro I) en el período analizado surgen a priorí ciertas regularidades y discontinuidades (o aparentes disputas y cooperaciones entre actores institucionales y corporativos) a considerar.

En primer lugar, la especialización disciplinaria y la creciente vinculación con centros de formación e investigación internacionales. Esta generalidad, aplicable a todas las ciencias sociales reviste un carácter de relevancia en el caso de los economistas y su vinculación con centros de toma de decisión trasnacionales relevantes.

En efecto, puede observarse que durante el primer gobierno democrático, la formación local era mayor al principio de la gestión, pero fue decreciendo en favor de los profesionales con acreditaciones en el extranjero. Luego se produjo un nuevo avance de economistas de formación heterodoxa con lazos importantes con la economía local. En el mismo registro, nos encontramos frente a las primeras gestiones económicas de las presidencias de Carlos Menem. Comienza con dos directivos de un grupo empresario transnacionalizado (Bunge & Born) para continuar con un miembro del entorno personal y desde entonces optar por economistas locales con doctorados en el exterior y fuertes vínculos con los organismos multilaterales de crédito. Posteriormente, las  presidencias de Fernando de la Rua (1999-2001), con diferencias claro, la de Eduardo Duhalde 2001-2003) y la de Néstor Kirchner (2003-2007) optaron en general por economistas de formación de postgrado en el extranjero. Sin embargo, este dato (la formación en el extranjero) resulta relevante solo para algunos casos, fundamentalmente bien porque esas figuras tenían buenos vínculos con instituciones internacionales o bien porque sus cuadros técnicos habían realizado la formación fuera del país.

Si resulta notoria, la relación laboral previa y posterior con el sector privado. En ese sentido, los Ministros de Economía del período colaboraron profesionalmente con dos tipos de sectores: con el sector financiero (a traves de la Asociación de Bancos y consultoras privadas) y en menor medida con la Unión Industrial Argentina.

Esto se hace más evidente en el caso de los presidentes del BCRA. La formación es de doble entrada: por una parte la práctica ya que han tenido vínculos como directivos y gerentes (de bancos privados en su mayoría) y especialmente desde fines de la década de 1970 desde la formación en postgrados en el exterior (fundamentalmente en Harvard y Chicago).

En cuanto a la triada de categorías que utilizamos para este trabajo, puede observarse la siguiente distribución: El grado de especialización y de significación como “expertos” cobra relevancia y se hace evidente a finales de la década de 1980 cuando comienzan a registrarse posgrados en el exterior, junto con el aumento de su prestigio.

Cuadro I Ministros de Economía y Presidentes de BCRA – 1983-2007- diferenciados por períodos presidenciales. (Fuentes: Biblioteca del Ministerio de Economía de la República Argentina y Biblioteca del Banco Central de la República Argentina)

Presidencia del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín (1983-1989)

Presidencias del Dr. Carlos Saúl Menem (1989- 1999)

Presidencia del Dr. Fernando de la Rúa (1999- 2001)

Presidencia Dr. Ramón Puerta (2001)

Presidencia Dr. Adolfo Rodríguez Saá (2001)

Presidencia Dr. Eduardo Camaño (2001)

Presidencia Dr. Eduardo Duhalde (2001)

Presidencia Dr. Néstor Kirchner (2003-2007)

Antes de ese período, algunos casos como los de Pugliese y Jesús Rodríguez, mantienen una relación con la disciplina que no los convierte en “expertos”, ya que son cuadros políticos del partido radical a quienes se los designa en la cartera de Economía. Los casos de Sourrouille y Grinspun son considerados solo economistas de características similares a los anteriores, cuadros de  la Unión Civica Radical. En la década de 1990, los casos paradigmáticos son los de los integrantes del CEMA, Roque Fernández y Pedro Pou. Quizás en estos dos actores encontramos a quienes podemos caracterizar como tecnócratas.

Los casos de Cavallo y López Murphy quienes formaron sus propios partidos para candidatearse como presidenciables,resultan emblemáticoscomolos technopols de alta diferenciación política. Ejemplos de baja diferenciación política, es decir que se mantienen dentro de un partido tradicional serían Jorge Remes Lenicov (PJ) y Martín Redrado, un “vendedor” de su candidatura sin partido.

5. Hacia un marco de análisis integral de los expertos en la función pública

Si se toman en cuenta las aproximaciones vertidas en la sección anterior, resulta posible realizar una exploración exhaustiva de los elencos económicos para colaborar en el análisis de los procesos de decisión y los actores que se constituyen como tales. Sin embargo, aunque la matriz de trabajo que expondremos a continuación resulte efectiva y convincente persiste una pregunta: ¿son efectivamente estos los tomadores de decisión?. Es decir, ¿son los cuadros técnicos quienes toma las decisiones?; ¿Todos los tomadores de decisión son expertos? ¿Cuál es, para tomar una feliz apreciación vertida por Olga Echeverria en este taller, el aire de familia que une a ciertos tipos de decisiones políticas consideradas usualmente “de derecha”. Por lo expuesto hasta aquí, lo hemos venido sosteniéndo con cierta vehemencia. Sin embargo, los procesos de toma de decisión son considerablemente más complejos y requieren un encuadre que aunque no resolverá la problemática, al menos brinde un principio metodológico que evidencie, al menos, lo que se decide dejar fuera del rango de investigación.

En ese sentido, pueden considerarse dos entradas posibles para la cuestión: en primer lugar, un abordaje institucionalista, que da por sentado que aquellos individuos reconocidos institucionalmente como máximos responsables del área toman las decisiones de política en última instancia. Este enfoque, tiene la virtud de aprehender rápidamente a los actores. Tal es el caso que describimos más arriba: “…el ministro o presidente del BCRA, tomó tal o cual decisión de política…”. Sin embargo, puede caerse rápidamente en abordar el objeto de estudio como un decisor unidireccional, unívoco y coherente con presupuestos no menos simples sobre la gestión pública. Esta mirada tenderá, aunque no siempre ocurra así, a contemplar en segundo plano diferentes características institucionales, de membresía y formación, y sectoriales o corporativas, sea en el plano nacional, regional o global. En resumen, es muy posible una mirada simplificadora e individualista de las decisiones públicas.

Un segundo abordaje, que es el que propondremos a continuación, supone una mirada institucionalista conplejizada y adaptada al escenario sociopolítico contemporáneo y que incorpora el estudio de los “expertos” (en las tres diferenciaciones categoriales formuladas) y la articulación entre su función pública y privada como profesional, en relación al proceso de diagnóstico evaluación y formulación de políticas.

Para tal fin es necesario hacer un trabajo de análisis de periodos diferenciados. Agruparlos por equipos de trabajo dentro de los ministerios, por mandatos presidenciales y finalmente en conjunto la totalidad de los “expertos” del período de estudio. De este modo, se pueden analizar continuidades y discontinuidades entre políticas y actores colectivos y sectoriales que inciden en ellas.

En primer lugar, consideramos que las variables a observar pueden señalarse como “trayectorias profesionales” observables de dos maneras diferentes (no necesariamente excluyentes): a partir de los curriculum vitae de los “expertos” y entrevistas en profundidad.

A partir de estas fuentes se puede producir una matriz de datos que pondere la formación académica (institución educativa, nivel; lugar y fecha) y el desempeño (público y privado funcionario, académico, en empresas, cámaras empresariales, organismos internacionales y consultoras)

El cruce de esos datos nos permitiría observar regularidades o coincidencias en años de estudio e instituciones entre actores que comúnmente se considera en diferentes posturas académicas o políticas.

Un segundo vector de trabajo surge de la producción escrita de los actores estudiados. En ella se podrá observar la presencia o ausencia de citas y referencias (positivas o negativas) al interior del grupo estudiado, que pueden ser contrastadas con los lineamientos de políticas de cada equipo de trabajo (en un Ministerio o institución específica), que cierra la matriz de trabajo de los decisores de políticas al menos desde este esquema de trabajo.

Finalmente, en el contexto global de las sociedades contemporáneas, es de suma utilidad preguntarse por la legitimidad y participación de la ciudadanía y de los actores vinculados con las toma de decisiones. Asimismo, ante la merma de la influencia de la ciudadanía en la formulación de estas decisiones, es imprescindible reconocer la conformación, el desempeño y la continuidad de políticas y de aquellos que las llevan a la práctica. Para el contexto latinoamericano, resultaría de mucha utilidad (y de ahí el esfuerzo de recortar este fin de sigloamplio) poner en cuestión cómo y quiénes forman las políticas, tal como ya señalamos, así como, quizás más significativo aun, desentrañar y cuestionar el “Consenso de Washington” tal cual fue pregonado: como una serie de medidas y políticas recomendadas para un solo por un período. En otras palabras como si no hubiera existido (en tanto condiciones coyunturales y estructurales) un “pre -Consenso” y un “post-Consenso”. Y evaluar si en estos tres supuestos períodos las continuidades no son mayores que las discontinuidades y rupturas.

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