“Los últimos soldados de Perón: Reflexiones en torno a la violencia paraestatal y la derecha peronista a través de una experiencia local”. 1973 – 1976.

Juan Ladeuix

Introducción:

El presente artículo tiene por objeto profundizar la reflexión histórica sobre el ejercicio de la violencia paraestatal en la Argentina durante la década del 70’. Los vacíos historiográficos y la complejidad política de la temática que abordaremos nos han llevado a combinar distintos niveles de análisis.

En una primera parte pretendemos abordar el accionar de las organizaciones paramilitares desde una perspectiva teórica, revisando los principales aportes de las ciencias sociales a la hora de analizar el devenir de estas formaciones políticas. A su vez, teniendo en cuenta esos aportes, reflexionaremos específicamente sobre la importancia de la derecha peronista en la configuración de un complejo paramilitar, en sintonía con un entramado de intereses políticos, económicos y sociales.

Particularmente analizaremos esa relación (derecha peronista/ accionar paramilitar) a partir de dos organizaciones que, aunque lejos estuvieron de conocerse como la Triple A, tuvieron una relevancia destacada en los conflictos políticos y la lucha armada en la Argentina: la Concentración Nacional Universitaria (en adelante CNU) y la Juventud Sindical Peronista (en adelante, JSP).

Por último, en una segunda parte pretendemos mostrar el accionar de estas dos organizaciones a partir de un análisis de caso. Analizaremos específicamente el devenir de estas dos organizaciones en la ciudad de Mar del Plata, teniendo en cuenta principalmente la importancia  que en esta ciudad alcanzarían. Trataremos de demostrar a “ras de suelo” la importancia que tuvieron las tendencias derechistas del peronismo a la hora de conformar un complejo contrainsurgente que finalmente tendría una alta funcionalidad para con la configuración del terrorismo de Estado.

El accionar paramilitar como problema.

La conceptualización de lo  “paramilitar” en la historia política y en el análisis de la violencia ha sido desatendida ampliamente en la historiografía argentina. Ya sea como “parapolicial”, “paramilitar” o “paraestatal”, el accionar de grupos armados que al amparo del Estado, pero de forma  aparentemente independiente ó autónoma, ejercieron funciones represivas contra opositores político no ha despertado un interés sistemático dentro del campo de las ciencias sociales. En tal sentido la temática que se pretende abordar en este artículo demanda inicialmente una definición y una conceptualización en torno al fenómeno de la violencia paraestatal.

Debe reconocerse que los usos y abusos cotidianos, reflejados en los ámbitos periodísticos y políticos, de palabras como “parapolicial” o “paramilitar” no hacen más que reflejar en gran medida la falta de problematización de dichos conceptos. Indistintamente vemos como fueron y son utilizados para definir el accionar de organizaciones como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los Escuadrones de la Muerte de Brasil o la Ulster Defence Association (UDA) de Irlanda del Norte. Sólo recientemente, a partir de la recurrencia de grupos paramilitares o paraestatales en determinados conflictos, se viene evidenciando una tendencia creciente en el número de trabajos que procuran teorizar sobre este fenómeno.
¿A que denominamos violencia parapolicial, paramilitar o paraestatal? Esa pareciera ser todavía la cuestión a dilucidar. En primer lugar debemos resaltar que, como todo concepto, la idea sobre lo que conformaría el accionar “paramilitar”, es en gran medida subjetiva y se encuentra estrechamente vinculada al contexto histórico y sociocultural del cual partimos.

En el ámbito anglosajón existe una tendencia generalizada a calificar como grupo paramilitar a toda aquella organización irregular que, asumiendo una estructuración similar a la de los ejércitos regulares, practica la violencia ya sea en contra o a favor del Estado. Esto se puede observar claramente revisando los distintos análisis sobre el conflicto en Irlanda del Norte, en los cuales se clasifican como organizaciones paramilitares tanto al IRA como a la UDA; distinguiendo en todo caso a ésta última como Pro – State paramilitary unit¹. No obstante cabe mencionar que algunos estudios, principalmente aquellos provenientes de la llamada “sociología militar”,  tienden a restringir el uso del término paramilitary a aquellas organizaciones que surgen como parte del accionar contrainsurgente desplegado por el Estado. Morris Janowitz, uno de los primeros en insistir en esta distinción, apreciaba que el fenómeno paramilitar era recurrente en países subdesarrollados; en los cuales la escasa profesionalidad de los sectores militares y la debilidad del Estado frente a una amenaza insurgente, real o potencial, servían de base para la formación de estos grupos², los cuales operaría con mayor o menor grado de autonomía. También cabe mencionar un concepto, muy trabajado académicamente en Estados Unidos, que ha sido utilizado para el análisis de estos grupos como es el Vigilantism. Formulado por Jon Rosenbaum y Peter Serderberg, a partir del análisis de experiencias como los “South Carolina Regulators and Moderators” y el Ku – Klux- Klan, el “vigilantismo” es considerado como los “actos de amenaza o de coerción que violan los límites formales de un orden sociopolítico estabilizado, actos que, sin embargo, los violadores consideran que son en defensa de este orden contra otras formas de subversión”³. Sin embargo la utilización de este concepto, para describir el accionar paramilitar tanto en los Estados Unidos como en Centroamérica⁴,  ha sido fuertemente cuestionada⁵. 

Ahora bien, los estudios sobre el paramilitarismo han tenido una especial expansión dentro del ámbito latinoamericano, principalmente a partir del impacto y de la permanencia de este fenómeno en la región. Ya sea desde el análisis sobre las Autodefensa Unidas de Colombia o de los “escuadrones de la muerte” en Brasil y Centroamérica, la reflexión actual sobre estas problemática se encuentra en un estadio de avance considerable. En este sentido se podría dimensionar este corpus bibliográfico distinguiendo dos tendencias generales de análisis. Por un lado, los trabajos que se centran en el desarrollo de grupos paraestatales en el contexto de un conflicto armado o como parte de una estrategia contrainsurgente; por otro, aquellos estudios centrados en el desarrollo de los llamados “escuadrones de la muerte” en el contexto de un crecimiento exponencial de la denominada violencia social⁶. Dejando de lado esta última tendencia, ya que difiere sustancialmente con respecto al tema a tratar en este trabajo, podemos observar ciertas líneas generales en cuanto al análisis del paramilitarismo. En primer lugar, y por obvias razones, existe una vasta producción en torno al paramilitarismo en Colombia, la cual ha revisado aspectos tan diversos como la autonomía de  estas organizaciones frente al Estado, sus canales de reclutamiento, su accionar en los distintos espacios locales, el discurso político e ideológico utilizado por estas organizaciones, así como sus formas de financiamiento y su relación con el narcotráfico⁷. El número y la profundidad de trabajos descienden con respecto a los casos centroamericanos y es casi nula en cuanto a las experiencias del Cono Sur. En segundo lugar se evidencia, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito anglosajón, un consenso general en denominar como organizaciones paramilitares o paraestatales a los grupos armados que, con mayor o menor grado de autonomía, surgen en las márgenes del Estado reivindicado la defensa del statu quo. Si bien, existen distintas acepciones del término a partir del grado de autonomía que puedan tener estas organizaciones con respecto al Estado, en ningún caso se ha denominado a las organizaciones contra estatales como paramilitares. Por último, podríamos decir que estos estudios lamentablemente no han generado todavía una profunda reflexión teórica sobre el fenómeno paramilitar. Los sucesivos análisis de casos no han permitido todavía sistematizar una reflexión teórica en torno a estas problemáticas en América Latina. Cabe destacar algunos intentos muy claros en formular algunos aspectos teóricos sobre el paramilitarismo. Ignacio Cano, en un trabajo ya clásico sobre la cuestión, trató de distinguir y tipificar – a partir de sus grados de formalidad – el accionar de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte; entendiéndolos como herramientas de los Estados para mantener el control social interno⁸. Estableció en tal sentido una relación proporcional entre paramilitarismo y estructuración estatal, siendo el fenómeno paramilitar mucho más fuerte en Centroamérica (las PAC de Guatemala y la organización “Orden” en El Salvador) que en el Cono Sur. Por otro lado, a partir del caso colombiano, Stathis Kalyvas y Ana Arjona, construyeron una amplia tipología del accionar paramilitar, basada en la interacción entre territorio, autonomía política y composición social, que puede servir como un primer elemento de teorización⁹. Finalmente, en el intento de construir una perspectiva teórica sobre el paramilitarismo cabe señalar el interesante trabajo de Vilma Franco, quien propone analizar el paramilitarismo a partir de dos concepciones mucho más abarcativas: las nociones de “complejo contrainsurgente” y “mercenarismo corporativo”¹⁰. El complejo contrainsurgente sería la articulación de actores estatales, grupos de interés y elites políticas que se coaligan como respuesta a una amenaza al orden estatal y al poder político. Mientras que el mercenarismo corporativo (entendido como el accionar paramilitar) sería la dimensión militar de dicho complejo, siendo el depositario de la descentralización relativa del monopolio de la violencia estatal. A pesar de estos avances, en la historiografía argentina la reflexión académica sobre el problema del paramilitarismo se encuentra todavía en un nivel incipiente. Los estudios sobre las principales organizaciones paramilitares que operaron en nuestro país durante la década del 70’, no provienen precisamente de los ámbitos académicos. Si revisáramos rápidamente la bibliografía del período, veríamos que los principales títulos que dan cuenta de estas organizaciones provienen del ámbito periodístico o testimonial¹¹. Si bien esto no les resta valor como fuente de información privilegiada, la reflexión conceptual e histórica que se hace del fenómeno paramilitar es prácticamente nula. Igualmente cabe señalar algunos trabajos que, a pesar de no concentrarse en el fenómeno paramilitar, han reflexionado sobre el peso de la Triple A y el accionar paramilitar durante la década del 70’. Juan Carlos Marín, en su clásico trabajo sobre los hechos armados durante la década del 70’, analizaba la función cumplida por el accionar paramilitar en el conflicto armado. Recordando las pretéritas conceptualizaciones de Antonio Gramsci sobre los “arditi” italianos, Marín presenta el accionar paramilitar como parte de las tácticas represivas de los sectores dominantes que, frente al desprestigio de las fuerzas legales y el crecimiento de las organizaciones populares, implementa una política militar clandestina con el fin de aislar política y socialmente a los grupos armados¹². Compartiendo en parte esta observación, Daniel Feierstein ha problematizado el accionar de la Triple A en estrecha relación  con las prácticas genocidas. La Triple A y las organizaciones menores que colaboraron con ella, habrían sido artífices principales del hostigamiento hacia las organizaciones armadas. A su vez, este accionar habría tenido un triple objetivo: primero sobre las organizaciones atacadas, operando especialmente sobre los militantes que servían de nexo entre estas y el movimiento social; sobre la sociedad en su conjunto, al propiciar que entre amplios sectores sociales creciera el llamado discurso del “orden”; y finalmente sobre los propios perpetradores, al servir como mecanismo de selección  de cuadros paramilitares para formar parte del los futuros grupos de tareas¹³. Si bien aunque incipientes, estas reflexiones han  inspirado nuevo trabajos parciales sobre la cuestión¹⁴. Nuestro trabajo pretende aportar, desde una mirada “al ras del suelo”, a la profundización de esta problemática. Por otro lado,  el análisis de las organizaciones seleccionada pretenden profundizar sobre la estrecha relación entre ciertos sectores del peronismo y la construcción del accionar paramilitar.

La Juventud Sindical Peronista y la Concentración Nacional Universitaria en el marco de la derecha peronista.

En su  ya clásico trabajo sobre la Triple A, Ignacio González Jasen sentenciaba:
“Los paramilitares  que surgieron en Semana Trágica están bien muertos pero mal enterrados. Los hombres y los nombres se suceden: Liga Patriótica, Unión Cívica Nacionalista, Guardia Argentina, Alianza Libertadora, Lonardi y los comandos civiles en 1955. Tacuara y Guardia Restauradora,  Guevara y Onganía en 1966. La CNU, la derecha peronista, la Triple – A. El patrón ideológico es como un hilo conductor; de golpe en golpe; de tumba en tumba…”¹⁵ En gran parte este argumento ha sido reiterado en sucesivas ocasiones. Una suerte de “fascismo vernáculo” se encontraría al acecho a lo largo de todo el siglo XX en la Argentina, reapareciendo  con distintos nombres pero con idéntica función: la represión ilegal de los movimientos populares. Si bien esta idea encierra una cautivadora verdad, además de presentarse como un excelente recurso literario, dista de servirnos a la hora de problematizar históricamente al paramilitarismo. Distintas experiencias – que parten de contextos sociales, lenguajes e identidades políticas disímiles- no pueden ser presentadas como un continuo histórico en donde nada cambia. Situación que se torna evidente al comparar el accionar de la derecha peronista de la década del 70’ con las organizaciones derechistas del período de entreguerras. Esto nos lleva nuevamente al problema de las definiciones y los conceptos: ¿Qué fue la derecha peronista? ¿Qué problemas implica su análisis histórico? Cuando nos referimos a la derecha peronista damos cuenta del conglomerado de agrupaciones y tendencias que, ya sea teniendo su origen en el propio movimiento peronista o fuera de él, construyeron una concepción del peronismo rescatando, alimentando y potenciando los rasgos autoritarios de esta concepción política. Edificaron una visión del peronismo – ya sea como continuador del Rosismo, como versión local del Fascismo o como un proyecto de corte falangista – en donde el discurso sobre  la centralidad política del movimiento (“ni yanquis, ni marxistas”) y de Perón como su Caudillo, estructuraba un marco referencial de distinciones que buscaban encontrar un patrón de homologación con otras experiencias autoritarias. Esta visión no entraría en contradicción con el posicionamiento político discursivo adoptado por Perón al momento de su retorno, a diferencia de lo experimentado por otros sectores, lo que les habría permitido postularse como los representantes de la verticalidad¹⁶. En consonancia con esta definición incluimos dentro de la derecha peronista de la década del 70’ a las siguientes organizaciones: la Concentración Nacional Universitaria (CNU), la Juventud Peronista Comando de Organización (CdO), la Juventud Sindical Peronista (JSP), la Guardia de Hierro (GH), la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN), el Movimiento de la Juventud Federal (MJF)  No obstante existen ciertas y recurrentes trabas a la hora de dar cuenta de este espectro político. Escollos académicos – y la mayoría de las veces políticos- impiden la conceptualización de este sector. Veamos, pues, estos obstáculos para poder profundizar nuestra reflexión. En primer lugar, la derecha peronista existió principalmente a partir de las palabras del “otro”. A diferencias de organizaciones como Montoneros ó las Fuerzas Armadas Peronistas que formaban parte de la denominada “Tendencia Revolucionaria”, los grupos de la derecha peronista no se autodefinieron desde una concepción particular. Los intelectuales de la derecha argentina que se identificaron con el peronismo no emprendieron, a diferencia de autores como Rodolfo Puiggrós, Jorge Abelardo Ramos o Juan José Hernández Arregui, una caracterización que les permitiera asumirse como un sector diferenciado políticamente dentro del movimiento. Si bien se podría sostener que tanto izquierda como derecha dentro del peronismo, desde un punto de vista hegeliano, se construyen precisamente a partir de la oposición, lo cierto es que la primera desarrolló históricamente mecanismos de auto identificación que facilitaron la construcción de su identidad política. “Tendencia revolucionaria”, “peronismo de izquierda” ó “peronismo revolucionario” fueron etiquetas sucesivas y simultaneas asumidas por un mismo sector del peronismo¹⁷. Por su parte la derecha peronista, carente y enemiga de las construcciones teóricas, lejos estuvo de adoptar dicha identificación. Su discurso, autoritario y derechista, no buscaba más que auto – referenciarse en la “ortodoxia del movimiento”. La “verticalidad” y el reconocimiento en las estructuras tradicionales del peronismo eran las cartas recurrentes de la baraja discursiva que utilizaban las organizaciones que eran clasificadas como la derecha peronista. En segundo término, las apreciaciones políticas sobre el fenómeno paramilitar nublan la visión de los investigadores a la hora de dar cuenta de dicho conglomerado político. La vinculación de la mayoría de estas organizaciones con la Alianza Anticomunista Argentina (en adelante, Triple A) y la campaña de asesinatos desarrollada por la misma entre 1974 y 1975, ha llevado a omitir el análisis de este sector particular del peronismo. Denunciados más que analizados, los agrupamientos alineados y leales al gobierno de Isabel Perón confluyen en un río de violencia que desembocaría irremediablemente en el golpe militar de 1976. Así, la posibilidades de comprender la motivaciones y el ideario de estos sectores choca con la demandas de posicionamiento, especialmente con respecto a los crímenes de lesa humanidad, que diversos sectores sociales imponen al investigador social. De esta forma, nombradas por “otros” y ocultas en el fenómeno paramilitar, las organizaciones de la derecha peronista siguen siendo una cuenta pendiente en los estudios de la década del setenta. De hecho, la homologación planteada por Jasen  resulta una muestra cabal de dicho ocultamiento: el accionar de la derecha peronista sólo cabría ser mencionado como último capítulo de una recurrente práctica de los sectores dominantes frente a la “amenaza” de los sectores populares. Convencidos que esta operación recae en una apreciación nimia de un fenómeno complejo, creemos que la derecha peronista debe ser estudiada como un factor fundamental para entender el devenir de la violencia política en nuestro país. Se nos impone así la necesidad de escudriñar la formación de estas agrupaciones y su identidad política. Es precisamente la composición social de la denominada derecha peronista de la década del 70’ la que sirve para distinguirla de experiencias derechistas anteriores. Podríamos sostener  que algunas de estas organizaciones se nutrían de sectores provenientes de una tradicional “pequeña burguesía conservadora” (estudiantes y profesionales vinculados al nacionalismo integrista); mientras que otras agrupaciones reclutaban su militancia entre los sectores sindicales o entre sectores tradicionales del peronismo. Entras las primeras habría que destacar  a la Guardia de Hierro¹⁸, el Movimiento de la Juventud Federal¹⁹, la Concentración Nacional Universitaria; formada en la mayoría de los casos a partir del desprendimientos de organizaciones nacionalistas de los años cincuenta y sesenta. Entre las otras a la Juventud Peronista Comando de Organización²⁰, formada a principio de la década del 60’ y ligada a la estructura de la UOM;  y la Juventud Sindical Peronista, articulada a mediados de 1973 como estructura juvenil de las 62’ organizaciones. A pesar de esta distinción, la creciente articulación entre ambos sectores a partir de 1973 daría a estas organizaciones un perfil bien diferenciado a las mucho más aristocráticas organizaciones derechista del período de entreguerras. El punto culmine de dicha articulación, expresada en la práctica en la incorporación de mucho de los militantes de la derecha nacionalista en la estructura de la “burocracia sindical“ peronista y anticipado trágicamente en la masacre de Ezeiza en junio de 1973, estaría representado en la formación de la Juventud Peronista de la República (JPRA) dirigida por Julio Yessi²¹. Formalizada como “rama oficial” de un movimiento justicialista en pleno proceso de “purificación político doctrinaria”, la misma demostraba claramente la importancia de estas tendencias en la configuración del tercer gobierno peronista.
Teniendo en cuenta estas líneas generales sobre la derecha peronista cabe preguntarnos cómo y cuál era el peso de las dos organizaciones que pretendemos revisar en este trabajo, así como diagramar la evolución general de las mismas. La historia de la Concentración Nacional Universitaria se sumerge en las penumbras de las catacumbas del nacionalismo ultramontano de la década del 60’. Inspirada inicialmente por el filólogo Carlos Disandro²² y los miembros del Instituto “Cardenal Cisneros” que editaban la revista La Hostería Volante, la CNU se articularía entre 1967 y 1970 en la ciudad de La Plata. Nutrida de diversas facciones del nacionalismo derechista de la primera mitad de la década del 60’, sin embargo fue la CNU  una de las primeras organizaciones estudiantiles en reconocerse peronista en la década del 60’. Establecer cómo se estructuró la CNU resulta una tarea compleja dada la escasez de fuentes documentales y la renuencia de sus ex – militantes ha ser entrevistados. Curiosamente las primeras referencias documentales de la misma provienen de los archivos de la Dirección de  Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA). En dos amplios informes sobre las actividades de esta organización en La Plata y Mar del Plata en el período comprendido entre 1967 y 1975²³, si bien no se hace referencia a una fecha fundacional de la misma se reconoce que su actividad propagandística se habría iniciado hacia 1967. Aunque nos es imposible establecer certeramente dicho momento fundacional, distintos documentos producidos por la conducción de la CNU reconocían que sus inicios se remontaban hasta 1965²⁴. Sin embargo, la estructuración de una conducción nacional se habría producido recién a mediados de 1971. La dirección de la misma recaería en Patricio Fernández Rivero, estudiante de derecho de la UNLP y yerno de  Carlos Disandro. Ya para 1972, articulando distintos grupos menores, la CNU tenía una presencia relativamente importante en las universidades de La Plata, Buenos Aires y Mar del Plata, además de tener una presencia mucho menor en las universidades de Tucumán, el Litoral, Bahía Blanca y Córdoba. Por otro lado, especialmente a través de la relación establecida entre José Ignacio Rucci y Disandro, una parte importante de sus miembros se integrarían en ciertos espacios sindicales, especialmente aquellos relacionados con la estructura de la UOM y las 62´Organizaciones²⁵. En diciembre de 1971 la CNU ocupó un lugar de preferencia en los diarios nacionales luego de asesinar a la estudiante de arquitectura Silvia Filler, en el marco de una asamblea en  la Universidad Provincial de Mar del Plata.  Se iniciaría así el itinerario de la CNU como grupo de choque del peronismo derechista, la cual participaría en los enfrentamientos de Ezeiza entre los grupos que, coordinados por Jorge Osinde, coparon el palco el 20 de julio de 1973²⁶. No obstante, el ejercicio de la violencia no impidió que el núcleo de la CNU buscase ampliar sus bases de sustentación creando organismos colaterales como la Concentración Nacional de Estudiantes Secundarios (CNES) o la Concentración de Juventudes Peronistas. Por otro lado, la CNU se organizó a través de las llamadas “Mesa Regionales” que cumplirían una función de conducción local en estrecha vinculación con el “comando nacional” dirigido por Fernández Rivero. A finales de 1973, junto con otros grupos ortodoxos del peronismo, esta formación se integró en la mesa de articulación de la Juventud Peronista de la República Argentina. Apoyado por  Perón, el esquema de Yessi y López Rega pretendía nuclear a las diversas fracciones del peronismo que no se englobaban en la llamada “tendencia revolucionaria”. Aún así, ni Patricio Fernández Rivero ni ningún miembro de la CNU ocuparían cargos en la conducción nacional del Movimiento Nacional Justicialista, aunque si lo hicieron en el plano local.²⁷ Ya en 1974, con la organización por parte de López Rega  de la Alianza Anticomunista Argentina, un significativo número de militantes de la CNU se integrarían a la estructura de los “escuadrones de la muerte” del astrológico ministro. Como ha señalado Sergio Bufano, la Triple A si bien contó con la concurrencia masiva de miembros de las fuerzas policiales, también cumplió una función de aglutinamiento de los sectores derechistas del peronismo que actuaban desde 1970²⁸. En tal sentido, militantes de la CNU en distintas ciudades del país se incorporarían a la estructura de esta organización. Ya en 1976, tras el golpe militar, gran parte de los mismos pasarían sin solución de continuidad a formar parte de los “grupos de tareas” de la dictadura, bajo la jurisdicción del Batallón de Inteligencia 601²⁹. A pesar de dicha integración la CNU, como otras organizaciones de la derecha peronista, no sobreviviría como tal al golpe militar de marzo de 1976. Frente a la opción de la integración a los grupos de tareas, algunos miembros de la organización abandonarían su accionar mientras otros de sumarían de lleno a la tarea represiva. Igualmente, la Junta Militar declararía disuelta la CNU en 1978 a través del decreto  Ley N ° 21.325 del 2 de junio, junto con la mayoría de las organizaciones políticas del país. El “poder desaparecedor” como lo ha denominado Pilar Calveiro, ya los había integrado; centralizando y monopolizando el funcionamiento represivo, al cual por supuesto un gran número de militantes de la CNU se había incorporado. Mucho más compleja de analizar es la formación y articulación de la Juventud Sindical Peronista (JSP). A diferencia de la anterior, la JSP fue y es una organización con altos niveles de estructuración que al amparo de las organizaciones gremiales de la CGT, especialmente aquellas enroladas en las llamadas 62’ Organizaciones, ha perdurado hasta la actualidad. Su implantación territorial se produjo a nivel nacional. Donde existía una delegación de la CGT necesariamente se formaría  una “Mesa local” de la Juventud Sindical Peronista, que pretendía representar la juventud de las diversas organizaciones gremiales, las cuales llegarían a un su punto más álgido de actuación en 1975 durante las campañas en contra del agio y el mercado negro. La fundación formal de esta organización siempre ha sido analizada en función del creciente peso que la izquierda peronista habría logrado alcanzar mediante la formación de la Juventud Trabajadora Peronista en 1973. Si bien el establecimiento de una estructura nacional tampoco se evidenció como prioritario, la misma se articuló directamente en relación con las regionales de la Confederación General del Trabajo (CGT). El acto fundacional se produjo el 23 de febrero de 1973, dos semanas antes de las elecciones nacionales que impondrían la fórmula Cámpora – Solano Lima. El máximo responsable de la JSP sería sin embargo un sindicalista proveniente del gremio de Empleados de Comercio, Arnoldo Arana. La misión atribuida a la flamante organización estaba clara para la mayoría de los actores políticos del momento, como lo reflejaría una nota del diario La Nación: “Algunos observadores creen advertir en la formación de los grupos que se aprestan a ingresar en el escenario sindical una especie de antídoto o anticuerpo contra uno de los fenómenos típicos de esta época en el peronismo: la infiltración de formaciones de jóvenes fuertemente radicalizados en las distintas ramas que componen el Movimiento Nacional Justicialista”³⁰. En sí, la formación de la JSP respondería claramente a la sensación, aparente en muchos casos pero real la mayoría de las veces, de “amenaza”  frente a la denominada tendencia. Temeroso sentir que con la creación de la Juventud Trabajadora Peronista y con el asesinato del propio José I. Rucci, entre otros dirigentes sindicales, alcanzó altos grados de verosimilitud para las cúpulas gremiales. Especialmente luego del asesinato del secretario de la CGT, el 25 de septiembre de 1973, los tradicionales grupos de choque del sindicalismo se articularían por medio de “patotas” de militantes de la JSP. Grupos que a su vez, estrecharían lazos con las organizaciones de la ultraderecha peronista y con elementos de las fuerzas de seguridad, sellados por los enfrentamientos de Ezeiza, a la hora de articular su accionar en el entramado paramilitar que terminaría dando origen a la Triple A. 

Abogados, estudiantes y sindicalistas. La derecha peronista en Mar del Plata.

La selección de la ciudad de Mar del Plata como muestra particular para evidenciar la formación y las prácticas de la derecha peronista podría a primera vista parecer azarosa. La opción por un espacio político relativamente reducido³¹ creemos que aporta, al modificar la escala de análisis, ventajas importantes a la hora de verificar los supuestos que tenemos sobre determinado accionar político. Siendo una de las principales urbes del interior de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Mar del Plata se constituiría en un importante escenario de los conflictos que atravesaron el período. Como mencionáramos anteriormente sería la ciudad de Mar del Plata, junto a La Plata, en donde la CNU tendría un mayor grado de articulación y funcionamiento. La presencia de dos Universidades (la provincial y la católica, hasta 1975), combinada con el ascenso del conflicto social y la consolidación de un sector productivo dinámico (construcción e industrias pesqueras), propiciaron que la radicalización política se experimentara con una particular incidencia en la ciudad. En tal sentido, en investigaciones anteriores³² hemos podido establecer que para el período comprendido entre 1971 y 1976 se produjeron más de 350 hechos de violencia política. Desde atentados con bombas panfletarias, acciones de propaganda armada, pasando por secuestros hasta diversos asesinatos, las acciones que conformaron la “panoplia de la violencia política” de los setenta estuvieron presentes en Mar del Plata. Una urbe que, a pesar de la arrasadora victoria del peronismo a nivel nacional en 1973, estaba gobernada por Luís Fabrizio, máximo representante local del Partido Socialista Democrático. Partido que contaba con una larga tradición a cargo del ejecutivo municipal, los socialistas lograron retener esa posición en marzo de 1973 gracias a las fracturas internas del justicialismo local y una fuerte campaña en torno a sus logros en anteriores gestiones³³. Marcada socialmente por la fuerte estacionalidad económica de sus principales industrias (la pesca y el turismo), Mar del Plata igualmente había logrado convertirse en uno de los principales centros urbanos del interior de la provincia de Buenos Aires. Como tal no cabe de extrañar, pues, que en la misma estuvieran presentes las más diversas fuerzas políticas. Más allá de la presencia de los partidos tradicionales, las principales organizaciones guerrilleras del período tuvieron cierto arraigo en la esfera local y en algunos casos protagonizaron hechos que tuvieron alcance nacional³⁴. Su prédica estuvo afincada principalmente en las dos universidades, aunque también en las barriadas populares del puerto y en algunos gremios locales, lo cual se tradujo en un fuerte accionar de estas organizaciones en la ciudad. En definitiva, nos encontramos frente a una Mar del Plata en la que, más allá de sus particularidades sociales y políticas, se experimentaron con toda contundencias las vicisitudes de una de las décadas más violenta y convulsionada de la historia argentina. Como trágicamente lo probaría el saldo de más de 400 detenidos – desaparecidos durante la última dictadura cívico – militar. Ahora bien, siguiendo el esquema propuesto por Vilma Franco, cabe preguntarse: ¿Qué papel jugó en esa ciudad el mercenarismo corporativo? ¿Cómo se articularon los actores políticos que contribuyeron a la formación de un complejo contrainsurgente en la ciudad balnearia? Incursionar por el sendero de estos interrogantes es el objetivo del presente apartado. Como mencionáramos anteriormente, la consolidación de un complejo contrainsurgente necesita de la articulación de actores estatales, grupos de interés y elites políticas, que frente a un “otro” al cual consideran potencialmente como una amenaza. En el caso marplatense la articulación de estos sectores estuvo directamente relacionada con la formación de la derecha peronista marplatense. El peronismo marplatense, caracterizado históricamente por su fragmentación, se encontró frente a la apertura electoral de 1973 ante una nueva situación de quiebre. El proceso de normalización del PJ y la complicada conformación de las listas de candidatos, que recién en diciembre de 1972 pudieron ser oficializadas para las elecciones de marzo de 1973,  contribuyeron a la formación clara de las fracciones que se disputaban el peronismo. En rigor, las tendencias de la derecha peronista de Mar del Plata, se expresarían en las siguientes organizaciones: el Sindicato de Abogados Peronistas (SAP), la Juventud Peronista Comando de Organización (JP CdO), la CNU, la Agrupación Rojo Punzó, la Alianza Libertadora Nacionalista, la Juventud Sindical Peronistas y el Comando de la Resistencia Peronista. La CNU en Mar del Plata sería claramente la que terminaría hegemonizado los sectores derechistas del peronismo, a pesar de su pésima carta de presentación pública: el asesinato de la estudiante de arquitectura, Silvia Filler³⁵. La CNU local se habría formado a finales de 1968 gracias a la articulación existente entre estudiantes de la facultad de derecho de la Universidad Católica y el grupo de estudiantes universitarios que se enucleaban en torno a la figura de Carlos Disandro en la Universidad de La Plata. Su rápida conformación entre agosto de 1970 y diciembre de 1971, gracias al respaldo directo de José I. Rucci, se complementó con una activa – aunque reducida – militancia en la facultad de derecho de la universidad católica y en la facultad de Arquitectura de la Universidad Provincial. Su dos líderes “formales” fueron los abogados Ernesto Piantoni (miembro de una de las familias de comerciantes más importantes de la ciudad) y Raúl Viglizzo; quienes habrían sido los promotores principales de la organización. La CNU sería sin duda alguna la organización más importante de la derecha peronista en la ciudad, y por tanto tendría un papel de suma importancia para la articulación del llamada complejo contrainsurgente. Alcanzaría una relevancia plena finalmente en 1975, a pesar de su violenta aparición en la escena pública con el asesinato de la estudiante Filler. Hemos podido establecer claramente un listado de 43 miembros de la organización a nivel local, aunque cabe suponerse que el poder de convocatoria de la CNU excedía ese número³⁶. Una primera aproximación a este “núcleo duro”, nos permite claramente distinguir sus principales características. Sus principales referentes provenían de sectores sociales medios y altos, y la mayoría de los miembros de la organización se encontraba vinculada a distintas actividades relacionadas con la práctica del derecho. De los 43 miembros de la organización, 7 eran abogados – entre los que se destacaban Gustavo Demarchi, José Luis Granel, Eduardo Cincotta y Roberto Coronel –  y 12 eran estudiantes de derecho (tanto en la Universidad Provincial como en la Católica). Un grupo importante estaba compuesto por estudiantes de la carrera de arquitectura de la Universidad Provincial (un total de ocho militante, donde se destacaban dos hermanas de apellido Arenaza), lo cuales habrían sido los instigadores de los acontecimientos que resultaron en el asesinato de Silvia Filler. Había además en  la CNU local tres miembros de las fuerzas de seguridad (un gendarme, un policía provincial y un suboficial del Ejército); dos obreros, dos empleados sindicales, un fotógrafo y un estudiante secundario. Con todo, igualmente la CNU tendría una clara estructura jerárquica a nivel interno y en gran medida una distribución relativa de funciones. Vale decir, que en la mencionada organización existiría una clara “división del trabajo” a la hora de articular la organización dentro del llamado “complejo contrainsurgente”. La responsabilidad política pública, es decir el ejercicio formal de la autoridad de la organización frente a la sociedad, recayó en los abogados de la CNU. Ernesto Piantoni y Raúl Viglizzo serían los responsables sucesivos de la regional. Sin embargo no serían ellos directamente los individuos con más poder dentro de la organización, ya que entre los abogados había individuos con mayores y más complejas relaciones políticas. Gustavo Demarchi, un joven abogado llegaría a ser uno de los más importantes articuladores de la derecha peronista en la ciudad, al protagonizar una meteórica carrera en el fuero judicial de la ciudad. Miembro del Sindicato de Abogados Peronistas y con fuerte vinculaciones en la estructura tradicional del Partido Justicialista, Demarchi llegaría a ocupar cargos universitarios de importancia entre 1974 y 1976, gracia a su vinculación con los interventores de la Universidad Provincial, Pedro Arrighi y Josué Catuogno. Ya en 1975, con sólo veintiocho años, también sería nombrado Fiscal del Juzgado Federal de Mar del Plata, creado ese mismo año. Los otros abogados también ocuparon cargos docentes en la Universidad a partir de las intervenciones mencionadas, y en el caso de Eduardo Cincotta, el mismo llegaría a detentar el cargo del secretario académico (inicialmente de la Universidad Provincial y tras 1975 de la Universidad Nacional). A su vez, los abogados de la CNU se harían de la representación gremial de los sindicatos vinculados a las 62 organizaciones y particularmente con la conducción de la CGT. Primero respaldaron abiertamente a la figura de Marcelino Mansilla (secretario de la UOCRA y en 1973 Secretario Regional de la CGT), quien fuera asesinado por las FAP el 28 de agosto de 1973. Posteriormente se alinearon claramente con la conducción de Roberto Comaschi (del Sindicato de Petroleros) y, a pesar del distanciamiento del lopezrreguismo con el sindicalismo a mediados de 1975, se mantuvieron vinculados a la organización gremial (claramente por medio de dos miembros de la CNU – Juan Carlos Gómez y Nicolás Caffarello – que revestían como empleados de la UTA y del SOMU).
Por otro lado, hemos podido distinguir al grupo que ejercería efectivamente las acciones de violencia. Usando un poco del lenguaje de la época, podríamos decir que claramente se puede apreciar la composición de las “patotas de la CNU”. En realidad la misma estaba compuesta por una rara amalgama de estudiantes universitarios, personajes vinculados al “hampa” local y miembros de las Fuerzas de Seguridad.  Quienes parecieran haber ejercido la conducción de la “patota” fueron Eduardo Ullúa y Mario Durquet, y en su integración se apreciaba la trama de vinculaciones que la organización mantenía con las fuerzas estatales y con el gobierno. Una apreciable cantidad de estudiantes de derecho (Fernando Delgado, Piero Assaro, Carlos González, Fernando Otero, Horacio Rolón, José Luis Piatti, Humberto Crivelli y Alberto Dalmasso), individuos vinculados al sindicalismo peronista y al delito organizado (Juan Carlos Gómez, Nicolás Cafarello, Daniel Ullúa, Jorge Amén y Santiago Cuba) y miembros en actividad o retirados de las fuerzas de seguridad (Oscar Corres, Eduardo Giordano y Ricardo Oliveros)³⁷. Como veremos más adelante, esta “patota” cumplió acabadamente su objetivo y gran parte de la misma, al momento del golpe militar se integraría en el grupo de tarea coordinado por el GADA 601, bajo el comando del Coronel Pedro Barda. La otra organización que daría sentido al “mercenarismo corporativo” en la ciudad, sería la Juventud Sindical Peronista. Ya hemos dado cuenta de la formación de esta estructura a nivel nacional y  podemos ver a nivel local claramente el nivel de articulación que la misma tuvo (principalmente desde diciembre de 1973 hasta noviembre de 1975) con el resto de la derecha peronista.
En Mar del Plata la configuración de la Juventud Sindical Peronista no recayó en la conducción gremial de las 62’ Organizaciones. Como tal la responsabilidad de su estructuración dependió en gran medida del grado de articulación y homogeneidad de cada una de las entidades gremiales y en la vinculación con la conducción regional de  la CGT. La mesa local de la JSP se formaría oficialmente el 2 de marzo de 1974. El retraso con respecto a la conformación nacional de la misma organización, se debía principalmente a la configuración de la dirigencia cegetistas en la ciudad. El sindicalismo marplatense, al momento de la apertura democrática de 1973, estaba básicamente enfrentando entre tres tendencias: un grupo de sindicatos que articulaban en la llamada mesa “Intersindical”, las 62’ Organizaciones (hegemonizada por un sector de líderes sindicales provenientes del vandorismo, liderados por Nelson Rizzo – FOETRA-) y los sectores alineados con la conducción nacional de José I. Rucci, que alcanzaron la conducción de la seccional de la CGT bajo el liderazgo de Marcelino Mansilla de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA). Tras el asesinato de Marcelino Mansilla a manos de las FAP, en agosto de 1973, las diferencias entre las 62’ Organizaciones y la conducción de la CGT se limarían rápidamente. Las 62’ Organizaciones, tradicionalmente conducida por Héctor Irazoqui (Trabajadores Municipales) y Abdul Saravia (Obreros del Pescado), pasarían a ser conducida por José Durante (secretario de la Asociación de Trabajadores del Estado); y la conducción de la CGT local recaería en la figura de Roberto Comaschi, del sindicato de petroleros estatales. En la nueva composición de la mesa local de la CGT – tras el asesinato de Mansilla – se marcaba claramente el peso de los sectores alineados con la conducción nacional de  la CGT, y como tal el armado de la Juventud Sindical se transformó en una prioridad.
Como decíamos anteriormente, la mesa loca de esta organización se habría formado en marzo de 1974. Su conducción recayó en algunos líderes sindicales jóvenes, pero los cuales en la mayoría de los casos ejercían los más altos puestos de conducción en sus respectivos sindicatos. La cúpula de la JSP en Mar del Plata estuvo integrada por Miguel Landín (UOM), César Manglione (UOCRA), Alberto Muñoz, Oscar Sotelo (Panaderos), Carlos Alberto Villareal, César Díaz, Jorge Silva (Camioneros), Aníbal Flores (UTA) y Alejandro Escobedo (Empleados de Comercio). Ahora bien ¿En qué medida se articularía este complejo contrainsurgente? Sin duda alguna, CNU y JSP (especialmente sus panoplias armadas) configuraban el plano militar de éste complejo. A su vez, el mismo se encontraba claramente sintonizado con las elites gubernamentales y estatales. Además de acompasarse con los intereses de las fuerzas armadas y de ciertos sectores empresariales. Podemos entender un poco más este entrelazamiento de intereses, en el siguiente gráfico:

Gráfico n ° 1: Articulación del complejo de violencia paraestatal en la ciudad de Mar del Plata (1974 – 1976)

Todas las dimensiones de este complejo se encontraban en una comunión de intereses, fuertemente desarrollada a través de la gestión gubernamental del justicialismo y de ciertos referentes partidarios. Estos sectores eran a su vez, disputados por las distintas fracciones que componían la derecha peronista. Ejemplo claro de ello son la participación de la conducción de la Universidad Provincial y los máximos representantes de la Justicia Federal en Mar del Plata. Como ya mencionáramos tanto el Fiscal Federal (Gustavo Demarchi) como el Secretario General de la Universidad (Eduardo Cincotta), fueron miembros de la CNU y también del PJ. En tal sentido, fue la CNU la que mantuvo una clara hegemonía en el complejo contrainsurgente. A diferencia de la JSP, sus vínculos excedían el marco del peronismo y se estrechaban con el poder judicial, la estructura de la Universidad y las fuerzas de seguridad. Sin embargo, las vinculaciones empresariales con la violencia paraestatal en Mar del Plata, se evidenciaron principalmente en las acciones llevadas a cabo por la JSP. Serían estos grupos los que se encargarían de atacar a referentes del sindicalismo combativo. Su implicancia en los enfrentamientos con sectores clasistas en el gremio del pescado, así como su activa participación en los conflictos internos de la seccional de la UTA local, así lo señalan. Más allá del grado de articulación alcanzado por este complejo, como veremos más adelante, el mismo se alteraría fuertemente con el golpe militar de 1976. Sin embargo, creemos que una aproximación a las acciones de violencia desplegadas  tanto por la CNU como por la JSP, nos dará una visión más acabada del fenómeno.

Gráfico n ° 2: Hechos de violencia paraestatal en Mar del Plata (1971 – 1976)

*Nos referimos a los hechos producidos por grupos de policías fuera de horario de servicio, de civil y realizando procedimientos de forma ilegal.

Fuente: Ladeuix

vemos, el primer dato que salta a la vista es el total de acciones, el cual es verdaderamente alto. A su vez, tanto la CNU como la JSP mantienen la mayor responsabilidad en la realización de hechos de violencia. Sin embargo, llamará la atención que sólo un hecho sea atribuido a la Triple A, pero lo cierto es que sólo en un caso hemos podido establecer la autoría de esta organización³⁹ara estatal en Mar del Plata. El grado de violencia de la mismas, claramente marca una diferencia con las acciones llevadas adelantes por las organizaciones guerrilleras en la ciudad, en cuanto a la “eficacia” de las prácticas violentas.

Gráfico n ° 3: Formas de la violencia ejercidas  por las organizaciones paraestatales en Mar del Plata. (1971 – 1976)

Fuente: Elaboración del autor a partir de Diarios (La Capital y El Atlántico) y organismos de seguridad (Archivo DIPBA, Archivo SIPNA)

Como vemos, la mayoría de las acciones se corresponden a la realización de atentados con armas de fuego. La mayoría de las veces no se busca herir a los individuos sino aterrorizarlos. La escena más común consiste en el paso veloz de un vehículo, desde el cual se disparan ráfagas de grueso calibre contra el domicilio de la víctima o algún local partidario. Los blancos predilectos de este accionar fueron los domicilios de militantes de la izquierda peronista y el local central del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). El atentado que finaliza en el secuestro y asesinato de personas es una de las formas clásicas de la violencia paraestatal. En el caso de Mar del Plata, la CNU llevaría la delantera con creces con respecto a este tipo de hecho, seguido por los grupos específicamente parapoliciales y por la JSP. Certeramente hemos podido establecer que fueron víctimas fatales del accionar de los grupos armados paraestatales 21 personas⁴⁰. A excepción de Silvia Filler, el resto de las personas fueron asesinadas entre febrero de 1975 y marzo de 1976. La mayoría de ellos (salvo Filler) sufrieron el mismo periplo: secuestro del domicilio o de la vía pública, torturas y asesinato. Los cuerpos serían abandonados en parajes o barrios alejados del centro de la ciudad, aunque con una clara intención de que los mismos fueran hallados. En la mayoría de los casos presentaban evidentes signos de torturas, laceraciones importantes en las manos – cuando no eran directamente amputadas – y una importante cantidad de impactos de balas. Sólo en dos casos no se tiene noticia de los cuerpos de las víctimas tras el secuestro: Francisco Host Venturi⁴¹ y Roberto Wilson. Ahora Bien, hemos seleccionado tres casos que a nuestro entender ejemplifican claramente las relaciones y vinculaciones que daban sentido al complejo contrainsurgente que tratamos de analizar: Los asesinatos del llamado “5 por 1”; el secuestro y asesinato de María del Carmen Maggi; y el secuestro y desaparición de Roberto Wilson. En los tres casos creemos que se pueden evidenciar las principales características del accionar paraestatal.
El 20 de febrero de 1975 a las 13.30hs., un Citroën C3 fue interceptado por un Peugeot 504 en la calle Formosa, entre las calles Olavarría y Güemes, en la ciudad de Mar del Plata. Desde el interior del segundo auto partió una ráfaga de ametralladora que impactó en el Citroën. Sin embargo, el automóvil prosiguió 20 metros su marcha, aunque el conductor ya estaba herido. Nuevamente desde el Peugeot dispararon contra el primer auto. El conductor, aún así, logra bajar del Citroën y disparar contra los atacantes, que ya se encontraban en fuga; tras lo cual camina hasta la esquina de la calle y se desploma. Llevado a un establecimiento sanitario, el herido muere a las 14,25hs. Era el abogado Ernesto Piantoni, líder regional de la CNU⁴². El atentado fue reivindicado por los Pelotones de Combate “17 de Noviembre” y “Silvia Filler” de la organización Montoneros⁴³. Asestaban de esta forma un golpe fundamental a la estructura contra insurgente en la ciudad, y en tal sentido las reacciones frente al hechos demuestra claramente el articulado del complejo. Tanto la JSP, la CNU, la CGT, las 62’ organizaciones emitieron comunicados reivindicando la vida y obra de Piantoni⁴⁴. El plenario de la CGT declaró un paro desde las 16hs. hasta las 24 hs., al siguiente día del hecho. Los principales medios de comunicación repudiaron enérgicamente el atentado contra Piantoni, y se realizó una sesión especial del Concejo Deliberante en el Palacio Municipal. El día 22 se realizó el sepelio de Piantoni, y en el mismo sólo tuvo uso de la palabra el líder nacional de la organización, Patricio Fernández Rivero. El mismo sostendría: “Ernesto Piantoni fue, una verdad a todo pulmón. Fue un hombre de una disciplina de hierro como hijo, como esposo, como padre, como compañero y como soldado de la Patria y de su pueblo. Tenemos que seguir su ejemplo y recoger su aliento para construir la Patria que queremos para nuestros hijos”⁴⁵. Seguidamente se anunciaría el escarmiento y se prometería, según algunos testigos del entierro, la realización de un nuevo “5 por 1”. La macabra promesa se cumpliría esa misma noche. Un grupo de veinte individuos de la CNU desataría una verdadera “noche de San Bartolomé” en Mar del Plata. Durante las primeras horas de la noche, individuos que se desplazaban en dos autos, secuestraron de su casa –en la calle Falucho 3634 – al Dr. Bernardo Goldenberg, quien sí bien ya no militaba era sospechado de estar vinculado a las FAL en la ciudad de La Plata. Ya en horas de la madrugada, el grueso del grupo de la CNU se dirigió a una vivienda ubicada en la Calle España 856. Allí secuestran al Tte. (r) Jorge Enrique Videla y sus dos hijos – militantes de la UES y la JP –, Guillermo y Jorge. Además asesinan a su sobrino, y dirigente de la JUP, Miguel “Pacho” Elizagaray; hijo del senador provincial alineado con la tendencia, Carlos Elizagaray. El cuerpo de Goldenberg sería encontrado cerca de las 6 de la mañana, con numeroso impactos de balas, en la intersección de las calles Jacinto P. Ramos y la 69’. Los hermanos Videla y su padre, fueron encontrados sin vida en la intersección de la calle Estrada y 169’. El “5 por 1” se cumplía así: la vida de Piantoni vengada por las cinco vidas de cuatro militantes de la izquierda peronista y un ex militante de las FAL. Salvo por la enérgica condena de estos hechos  que realizaron los partidos de izquierda (PC, PCR y PTS) y las organizaciones de la izquierda peronista; el resto de las organizaciones políticas y sociales de la ciudad lejos estuvieron de presentar la misma congoja desplegada para con el atentado en contra de Piantoni⁴⁶. La elite política del complejo contrainsurgente cumplía así su función, legitimando indirectamente el accionar en venganza de la muerte de Ernesto Piantoni. La investigación de la causa, que estaba a cargo de la fiscalía federal fue cerrada dos meses más tarde. Gustavo Demarchi sería el encargado de pedir el fin de las investigaciones.
El siguiente caso demuestra claramente los grupos de interés que se articulaban tras el accionar de los grupos paraestatales. Unos meses más tarde, a pesar de no haber disminuido la violencia, se produciría un hecho que demuestra claramente lo antedicho⁴⁷.  A la medianoche del 9 de mayo, Montoneros colocaría una bomba frente al domicilio del Secretario General de la recientemente creada Universidad Nacional. Eduardo Cincotta, detentaba dicho cargo por sus conexiones con el justicialismo ortodoxo y su pertenencia a la CNU. Esa misma noche, cerca de las 2.30 de la madrugada, un grupo de catorce individuos secuestran de su domicilio, a la  Licenciada María del Carmen Maggi, Decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica.  Al día siguiente las expresiones de repudio no tardarían en ocurrir, pero en las mismas se vería el claro alineamiento político que generaba el accionar de la CNU⁴⁸. Tanto el Obispado, encabezado por el Monseñor Eduardo Pironio, como los partidos políticos de izquierda y las organizaciones de la izquierda peronista, condenarían enérgicamente el hecho. Pironio, quien era acusado desde hacía vario meses por la CNU como un “cura montonero”, si bien lejos estaba de apoyar la lucha armada, mantenía posiciones progresistas en su relación con la izquierda peronista en la Universidad. Por otro lado, María del Carmen Maggi tampoco tenía una filiación política en el marco de la izquierda. La decana de humanidades se caracterizaba por su tolerancia para con las organizaciones estudiantiles, pero se faltaría a la verdad si se la sindicará cercana a las organizaciones político – militares. En realidad, tanto Pironio como Maggi, eran vistos como “enemigos” por la derecha peronista porque representaban uno de los bastiones más resistentes con respecto a la absorción de la Universidad Católica por parte de la Universidad Nacional. Situación que se concretaría hacia finales de 1975, tras el traslado del Monseñor Pironio y su remplazo por Rómulo García⁴⁹. La investigación judicial sobre el secuestro sería cerrada al mes, nuevamente a pedido del fiscal Demarchi. A pesar de las gestiones del Obispado y de diversos referentes políticos, las cuales llegarían a la Presidenta Isabel Martínez de Perón, María del Carmen Maggi permanecería desaparecida hasta unos días antes del golpe militar de 1976. Su  cuerpo sin vida sería encontrado en una fosa improvisada en la zona de la Laguna de Mar Chiquita, el 23 de marzo de 1976⁵⁰. Por último, las relaciones de este complejo contrainsurgente con las elites económicas quedaría claramente reflejado en el caso del asesinato de Roberto “el gordo” Wilson. Militante sindical y miembro del Partido Comunista, Wilson había sido uno de los principales organizadores de una importante protesta laboral en el frigorífico “San Telmo”, durante la última semana de enero de 1976. El dos de febrero, sería detenido junto a  José Calderón, Rubén Oscar Páez, Ramón Eduardo González, Domingo Calderón, Juan Cándido y dos hermanos de apellido Mellado. Se los acusaba de haber mantenido un conflicto gremial no avalados por el sindicato y por interrumpir los trabajos en el frigorífico. En un operativo conjunto los efectivos del GADA y de la Policía los detienen en la planta. El Secretario del Gremio de la Carne, Roberto Mansilla – quien en enero había acusado a los delegados del San Telmo por contribuir con el desabastecimiento y la subversión fabril- desconocería la protesta y diría de los detenidos: “Los trabajadores detenidos comenzaron a trabajar a reglamento por su cuenta y riesgo, sin comunicar la decisión al Sindicato a pesar de encontrarse entre ellos un delegado […] A pesar de la inconsulta actitud de los trabajadores detenidos hemos dado traslado de la situación a los abogados del gremio”⁵¹. Finalmente los delegados y obreros detenidos serían puestos en libertad el 12 de febrero, por orden del Juez Federal Adolfo González Etcheverry. La familia de Wilson había sido una de las más activas a la hora del reclamo de justicia y por los medios gráficos habían acusado a Mansilla de colaborar con la patronal y no hacer nada por la liberación de los detenidos. Tras dos días de libertad, Roberto Wilson (de veintiocho años y padre de familia) sentiría nuevamente el accionar represivo así como las consecuencias de su opción militante. Por la noche, tres individuos de civil lo secuestrarían de su domicilio familiar, en la calle Francia1766. La noticia pasaría prácticamente desapercibida por los medios locales⁵², y si no fuera por la tenacidad de Tomasa Miño de Wilson (madre de la víctima) la causa se habría cerrado a los quinces días. A pesar de los recurrentes pedidos de su madre, el cuerpo de Wilson nunca sería recuperado, convirtiéndose en el primer desaparecido de Mar del Plata. Recién gracias a la declaración testimonial, brindada en 1985, por el ex – detenido desaparecido Raúl Codesal se podría reconstruir el destino de Roberto Wilson. Fue secuestrado por una patota sindical y entregado al GADA. Permaneció secuestrado en el centro clandestino “La Cueva” de la Base Aérea local hasta junio de 1976, fue llevado finalmente al centro clandestino “Proto Banco” de la ciudad de La Matanza. Aún permanece desaparecido. De esta forma hemos evidenciado más claramente la interrelación de interese, poder y organizaciones que operaron en las acciones de violencia paraestatal en la ciudad de Mar del Plata. Las Fuerzas de seguridad claramente coordinaban con las organizaciones paraestatales y existían claros intereses políticos que respaldaban u omitían el peso de las acciones de violencia paraestatal. En todos los casos, quedaría claramente probado el vínculo entre el Estado, el PJ en el gobierno, grupos de profesionales derechistas y las “patotas” de la CNU y la JSP.

Conclusiones

En las páginas precedentes hemos tratado de abordar la poco analizada importancia de las organizaciones de la derecha peronista y el accionar de las denominadas “bandas paramilitares” de la década del 70’. Hemos escudriñado el problema desde sus aspectos más abstractos, especialmente en cuanto a una caracterización teórica sobre este tipo de organizaciones y la violencia por ellas desplegadas; para llegar finalmente a evidenciar nuestras conclusiones analizando casos históricos al nivel del “ras del suelo”, como suelen decir los antropólogos. El caso marplatense demuestra en nuestra opinión claramente las articulaciones y las distintas esferas de poder social, económico y político que se articularon detrás de las organizaciones que sirvieron como “guardia pretoriana” a sus intereses. Sin embargo esas mismas “guardias” deberían ser disciplinadas con el imperativo hobbessiano del leviatán, tras el golpe de marzo de 1976. Gran parte de ellas se integrarían al accionar represivo del GADA 601 – especialmente los militantes provenientes de la CNU -, mientras que los referentes de la JSP (aunque algunos sufriría la cárcel dictatorial) lejos estuvieron de engrosar la lista de desaparecidos. Si bien somos conscientes de que la experiencia marplatense no debe ser transportada, creemos que en gran medida demuestra las principales características del accionar paramilitar durante la década del 70’ en nuestro país. Sólo la consecución de nuevos trabajos empíricos podrá finalmente dimensionar el grado de profundidad, territorial y socialmente, alcanzado por el accionar de la violencia paraestatal en la Argentina.

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