¿Qué afinidades político-ideológicas hay entre los principales diarios y partidos de “derecha” en Brasil, Chile y Argentina a inicios del siglo XXI?

Introducción

El presente trabajo se propone sugerir una aproximación para el estudio de las relaciones que, dentro del contexto de cambio político experimentado en América del Sur desde principios de siglo con el acceso al gobierno de fuerzas políticas progresistas, se establecen en términos de afinidades político-ideológicas entre los principales partidos políticos de oposición y medios de prensa escrita en Brasil, Argentina y Chile. El artículo estará centrado especialmente en el análisis de estos aspectos durante el primer gobierno de Lula Da Silva (2003-2006) en Brasil, evaluando posibles puntos de comparación respecto de los gobiernos de Michelle Bachelet en Chile (2006-2010) y Cristina Kirchner (2007-2011) en Argentina. Inevitablemente, la pregunta por las oposiciones a estos gobiernos nos remite al análisis del proceso político general, que involucra tanto el desempeño y las características del ejercicio gubernamental, como los conflictos entre las articulaciones mediático-opositoras y los gobiernos progresistas. De este modo, consideramos que para comprender la dinámica de los enfrentamientos es imprescindible abarcar el campo extendido de las relaciones que definen el sentido del discurso y la acción política en un contexto determinado. Esto implica reconocer la significación de los dos polos de la competencia política: los oficialismos y las oposiciones.

El carácter preliminar del artículo supone que no se arribará a conclusiones definitivas, sino que se intentará realizar consideraciones exploratorias que permitan alcanzar una más acabada comprensión del problema a estudiar. El trabajo se encuentra realizado en base a un relevamiento de referencias bibliográficas que abordan distintos aspectos de la problemática en los casos de estudio, y se complementa con avances de investigación y consideraciones analíticas del autor. El trabajo se encuentra dividido en tres partes. En la primera, analizaremos as características que asumen las relaciones políticas que se establecen entre las oposiciones a los gobiernos progresistas y los medios de prensa de mayor gravitación. En la segunda, realizaremos un análisis general de cómo se ha desarrollado esta dinámica conflictiva durante el primer gobierno de Lula y, en la tercera parte, realizaremos una comparación entre los procesos políticos brasileño, chileno y argentino. Finalmente, sostendremos hipótesis de carácter provisorio respecto de cómo clasificar los itinerarios a través de los cuales se han producido las dinámicas del conflicto entre las articulaciones mediático-opositoras y los proyectos progresistas en los tres casos.

Este intento de establecer una comparación de los casos, si bien inicial, podría resultar un aporte para el análisis de un fenómeno poco estudiado a nivel historiográfico (Bohoslavsky 2010) así como actualmente respecto de los gobiernos progresistas sudamericanos, como es el de las características que asumen los espacios opositores y su relación con ciertos medios de influencia en estos países. La problemática resulta de interés en un contexto donde varios gobiernos sudamericanos atraviesan tensiones en su relación con los medios de comunicación, a los que identifican en reiteradas ocasiones como representantes de las posiciones políticas de la oposición.

Una caracterización de las oposiciones de “derecha” sudamericanas

Para este trabajo, hemos elegido no utilizar definiciones del concepto de “derecha/s”, formuladas en abstracto y en forma independiente de los contextos históricos específicos a analizar, tales como las de Bobbio (1996) o Gomez Leyton (2010), entre otros. Por el contrario, hemos considerado de mayor utilidad de acuerdo a los fines del desarrollo que aquí se propone, adscribir a una noción de “derecha” definida en relación con el actual contexto sudamericano y las particularidades de los procesos a analizar. Por lo tanto, utilizaremos una definición operacional respecto de aquellas fuerzas políticas que consideramos se inscriben a la derecha del espectro político-ideológico, considerando el carácter relacional y de definición por oposición propio de las identidades políticas (Laclau; 2007). En esta línea, resulta posible señalar que si los gobiernos del Cono Sur que estudiamos son caracterizados por sus políticas aplicadas como expresiones -de acuerdo a las especificidades históricas y las morfologías sociales de cada país- de peculiares combinaciones entre corrientes del progresismo y/o “nacional-populares” de izquierda, los principales partidos opositores y la prensa de mayor gravitación tienden -con cierta autonomía respecto de sus tradiciones ideológicas- a ocupar la “derecha” del espectro, dada la determinación que ejercen estos gobiernos sobre el sistema político, al definir sus clivajes constitutivos. A pesar de que resulta innegable que los gobiernos progresistas[1] del Cono Sur han experimentado oposiciones que provienen desde sectores de izquierda o centro-izquierda, estas oposiciones han tenido menor relevancia en la escena política por el hecho de que estos gobiernos han disputado, con el control y la disposición de los recursos estatales, ese mismo espacio del campo político. Es necesario marcar también que si bien importantes sectores de izquierda o centro-izquierda se han colocado en una perspectiva opositora, en coyunturas específicas han aprobado ciertas medidas implementadas, así como han buscado situarse en el lugar de una “oposición constructiva”. Es por ello que actualmente, las oposiciones significativas en términos de representar una alternativa real de poder al proyecto que representan estos gobiernos, se han constituido disputando la agenda pública y las demandas desde el centro a la derecha del sistema político. Esto no significa que esencialmente las fuerzas políticas de oposición a los gobiernos progresistas tengan posiciones conservadoras, sino que la dinámica de los enfrentamientos, que sitúa sus expresiones en oposición a los gobiernos progresistas, tiende en forma recurrente a colocar a dichos sectores en la derecha político-ideológica.

Como se ha señalado en un reciente trabajo (Goldstein 2011), el escenario de estos países aparece marcado por acciones de estos gobiernos progresistas en las que los sectores dominantes perciben ciertos intereses cuestionados, lo que les genera la necesidad de implementar estrategias que les permitan preservarlos. A diferencia del período de los gobiernos neoliberales, actualmente estos últimos ejercen la acción política desde un rol de oposición sistémica. Este último concepto aspira a reconocer esta nueva situación en la cual, el fortalecimiento de los regímenes democráticos sudamericanos, implica actualmente restricciones políticas para las formas de intervención corporativas o autoritarias de los sectores dominantes, definiendo sus horizontes de actuación hacia el interior del sistema democrático. El mayor desafío para estos sectores es entonces cómo producir una hegemonía conservadora-popular en sus respectivas sociedades que les permita conformar oposiciones y alternativas políticas exitosas dentro del sistema democrático. De allí que, en este contexto caracterizado por la centralidad de los medios y la crisis del neoliberalismo en la región, los mass media serán dispositivos clave en la disputa hegemónica de los sectores dominantes en las sociedades sudamericanas por configurar alternativas frente a los gobiernos progresistas.

De esta manera, los inéditos escenarios políticos introducen conflictividades de carácter novedoso entre los medios de comunicación, las oposiciones y los procesos políticos progresistas. En la búsqueda de atender a su comprensión, consideramos que un acercamiento particular respecto del las afinidades políticas de los medios de prensa y los partidos de oposición durante el primer gobierno de Lula en Brasil (2003-2006) y luego su comparación con los procesos de Argentina y Chile, habilita una aproximación específica respecto de las dimensiones que afectan estos conflictos, las características que asumen las tensiones que se despliegan y las formas en que se origina su parcial resolución.

Medios y política durante el primer gobierno de Lula (2003-2006)

Existe en Brasil una situación de oligopolización de los medios producida desde la dictadura militar y que involucra una trama densa de relaciones con las elites políticas regionales (Rubim y Colling 2006; Lima 2006). Unos pocos grupos familiares detentan la propiedad cruzada de los principales diarios, revistas y canales de televisión, lo que supone una reducción de la diversidad en la confrontación de opiniones y un estrechamiento del debate público (Azevedo 2008). Según Lima (2006), la histórica ausencia en Brasil de una tradición partidaria consolidada genera el marco para que los medios de comunicación cumplan funciones partidarias por, como son construir agenda pública, generar y transmitir informaciones políticas, fiscalizar las acciones de gobierno, ejercer la crítica de las políticas públicas y canalizar demandas de la población. La gran prensa brasileña, dirigida a las elites y los formadores de opinión, tiene circulación especialmente en el eje Río de Janeiro-São Paulo, a diferencia de la masiva audiencia nacional que posee la televisión en el sistema de medios (Azevedo 2006). Como señala Azevedo (2006: 29)

“orientada para la elite y para los formadores de opinión, estos periódicos compensan la baja penetración en las clases populares con una gran capacidad de producir agendas, formatear cuestiones e influenciar percepciones y comportamientos tanto en el ámbito político-gubernamental como en el público en general, esto último a través de los líderes de opinión o a través de la repercusión de la línea de los periódicos en la televisión abierta”

Realizadas estas consideraciones sobre la incidencia de los medios en la política brasileña, se hace posible remitirse al análisis del caso en cuestión. Para caracterizar las variaciones que asume este escenario de conflictividad, resulta de utilidad trazar una línea divisoria temporal a partir del “escándalo del mensalão” de mayo de 2005, acontecimiento que marca un profundo viraje en el posicionamiento de los medios de comunicación frente al proceso político brasileño. Tomando como eje esta diferenciación, identificamos un primer período que se sitúa desde la asunción de Lula, en enero de 2003 hasta mayo de 2005, y un segundo período hasta la reelección del mandatario en octubre de 2006.

Primer período: una oposición “moderada” y expectante

En los meses previos a las elecciones, Lula dio varios indicios de moderación político-ideológica para reducir las expectativas negativas alentadas ante la posibilidad de un triunfo del PT en la opinión pública. Su “Carta al Pueblo Brasileño”, destinada a confirmar la continuidad de las políticas de estabilidad macroeconómica de su predecesor Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), la elección del empresario José Alencar como vicepresidente de la fórmula electoral, así como su moderación de estilo “Lulinha Paz y Amor” -a diferencia del estilo confrontativo que caracterizó su aparición pública entre 1989 y 1998- supusieron una orientación hacia el centro del espectro político que cambió la percepción del candidato en el electorado y los medios, que dejaron de ver al PT como un actor político anti-sistema. Esta orientación representó un cambio fundamental en su búsqueda del acceso a la presidencia, dado que durante el primer período ideológico partidario del PT (1989-1994), los medios habían construido la imagen de un partido de izquierda radical, sin experiencia gubernamental, hostil a la economía de mercado y a la democracia representativa. En el período 2002-2003, cuando el PT adopta esta moderación ideológica y se integra al sistema político, los medios tienden a admitirlo como un partido “responsable e integrado” y cambian su posición hacia cierta aceptación (Azevedo 2008).

Debido a este viraje del PT, durante la campaña electoral de 2002, los medios sostuvieron cierta equidad en la cobertura respecto de los candidatos en pugna, José Serra y Lula Da Silva. El diario O Globo adoptó una posición de supuesta neutralidad respecto de los acontecimientos electorales. Sin embargo, el miedo y la incerteza fueron los elementos tematizados centralmente durante la contienda por este medio (Bezerra 2008). Al llegar a la presidencia, para disipar los temores de las elites y “con la finalidad de impedir que una reacción del capital, centrada en crear dificultades al cambio, provocase inestabilidad económica y alcanzara a los excluidos de las relaciones económicas formales” (Singer 2009: 97), Lula aplica “una dura política de restricción de gastos que había pospuesto el programa social y el carácter reformista del programa petista” (Etcheberry 2010: 242). Según ha señalado André Singer, “la continuidad del paquete ‘FHC’ fue puesta por la burguesía como condición para que no hubiera ‘guerra’ de clases y el consecuente riesgo del gobierno de ser acusado de destruir el real” (Singer 2009: 97). En este contexto de sostenimiento de la estabilidad macroeconómica, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), principal partido de oposición, señalaba que Lula estaba continuando la política macroeconómica de Cardoso, y usufructuaba de esas ideas perdiendo su propia identidad partidaria. A pesar de cierta moderación en los inicios de la presidencia de Lula, al percibir en forma positiva el sostenimiento del “paquete FHC”, el PSDB, cuyo gobierno acababa de concluir con el mandato de Cardoso, tendía a establecer una frontera ideológica (Aboy Carlés 2001) que se enfocaba desde el eje experiencia (PSDB) / inexperiencia (PT). Esta frontera consistía en señalar que mientras el PSDB tenía experiencia de gestión, el PT se encontraba perdido en el inmovilismo y la inactividad. Según lo indicaba el senador del PSDB, Tasso Jereissati, se había “acabado aquella expectativa enorme de que llegaría un partido capaz de resolver todos los problemas, dar empleo para todo el mundo, bajar los impuestos y hacer crecer la renta” (Revista Época, 8/12/2003). Por su parte, el presidente del partido, José Anibal, señalaba en referencia al ejercicio de gobierno del PT que “esto no es democracia, esto es alboroto” (Agencia Tucana, 4/8/2003). Este tipo de señalamientos no estaban exentos de implicancias, puesto que al invalidar el carácter democrático del gobierno, quedaba abierta la puerta para cuestionamientos más radicales. Si, tal como anunciaba esta caracterización, la democracia era incompatible con la práctica política del PT, las tentativas para salvar la primera podían justificarse sin importar los medios empleados.

A nivel general, por parte de los medios y los partidos opositores, al mismo tiempo que se aprobaba el sostenimiento de la ortodoxia económica, se denunciaba la renuncia del partido respecto de sus históricas tradiciones de izquierda. Sin embargo, a pesar de ciertas críticas, en los inicios de la presidencia de Lula, el holding comunicacional más importante del país, el Grupo Globo, asumió un posicionamiento moderado, dada la situación de crisis económica de sus inversiones y su pretensión de agradar al gobierno (Rubim y Colling 2006).

De todas maneras, más allá del interés inicial de los sectores dominantes de mantener un estado expectante frente a los indicios de moderación macroeconómica del gobierno petista, la asunción de Lula despertó en las elites un estado de histeria política (Ramirez Gallegos 2010) como respuesta a su desplazamiento. Este último concepto, según el sociólogo ecuatoriano Franklin Ramirez Gallegos, designa:

“Una situación en la que determinada comunidad confrontada a una situación compleja que pone en cuestión, sino su existencia, al menos la representación que se da a sí misma, y ante la imposibilidad de encontrar en su propio seno los recursos para resolver tal problema, reacciona por una suerte de conducta de fuga que le hace fabricar para sí misma una imagen deformada y fantasmagórica que termina por sustituir el problema real, que es incapaz de resolver, por un problema casi imaginario. Al así hacerlo, la situación se aborda por medio de recursos discursivos y por la manipulación de los símbolos: como siempre es posible hablar y jugar con los símbolos, la comunidad puede entonces relajarse y hacer como si hubiera superado la dificultad. Quiero sugerir que un segmento importante de la reacción del campo conservador ante el ascenso de los liderazgos transformacionales puede ser leída a la luz de la noción de histeria política” (Ramirez Gallegos 2010: 135)

Este desplazamiento, si bien no fue decisivo a nivel de las transformaciones en la estructura socioeconómica (Filgueiras 2006; Oliveira 2009; Gonçalves 2006), tuvo efectividad a nivel simbólico al implicar para las elites un inédito alejamiento del poder político. Efectivamente, fueron esa experimentación de desplazamiento simbólico y la incapacidad de traducir sus aspiraciones en una alternativa al PT dentro del sistema partidario, las que produjeron en los sectores dominantes ese estado de histeria política. En este contexto, la fuerte incidencia en el escenario político de los grandes medios enlazados con los intereses dominantes -ante la falta de consolidación del sistema político- solo podía incrementarse ante el estado de histeria política de estos sectores provocada por la derrota del PSDB en las elecciones de 2002 y el acceso a la presidencia de un obrero nordestino con vocación de transformar la sociedad brasileña. Durante el gobierno de Lula, los medios fueron cambiando desde la ambigüedad inicial a una postura crítica primer y luego de oposición (Rubim y Colling 2006). La esperada oportunidad para el pase a la ofensiva de los medios y los partidos opositores se produjo con el “escándalo del mensalão” a partir de mayo de 2005, momento clave previo a las elecciones de 2006.

Segundo período: la ofensiva de una articulación mediático-opositora

Como dijimos, la ambigüedad inicial de los medios fue evolucionando hacia una postura crítica conforme se desarrollaba el gobierno de Lula. En este proceso, la dinámica política cercana a las elecciones de 2006, implicó un cambio en la estrategia de los medios de comunicación, que a partir de entonces reforzaron sus entrelazamientos con los discursos de los partidos opositores de cara a producir efectos visibles en la opinión pública, frente a lo que se percibía como un desplazamiento simbólico del poder. En mayo de 2005, se produjo un escándalo por corrupción en el Parlamento brasileño que condujo a una crisis política que se prolongó durante 2005-2006. A partir de esa crisis varios analistas decretaban el fin del -hasta entonces breve- ciclo político del PT, así como la interpretaban como prueba evidente de la “traición” que implicaban las políticas del PT respecto de su trayectoria histórica. Nogueira describe los pasos iniciales sucesivos del conflicto:

“A mediados de 2005, el gobierno se vio acosado por numerosas denuncias que daban cuenta de la estructuración de una amplia y compleja red de corrupción asociada en buena medida a las elecciones. Se hicieron públicos, con la fuerza de un tornado, indicios claros de que regularmente se pagaba a legisladores, se transferían recursos financieros no declarados y se usaban ciertas instancias estatales para recaudar fondos y obtener apoyo en el Congreso. La cúpula dirigente del PT, algunos de sus diputados y diversos operadores oficiales quedaron en el centro de estas denuncias (…) fue un choque para la opinión pública y un golpe al equilibrio político del gobierno, que se sumergió en el marasmo y la confusión” (Nogueira 2005: 34).

A partir de la emergencia de las denuncias de corrupción, el gabinete del PT se derrumbó, provocando una reorganización ministerial e inmovilismo dentro de sus propias filas. Este acontecimiento representaba una difícil encrucijada para el partido, que se había presentado históricamente como impermeable a la corrupción, marcando en este sentido uno de los aspectos que lo diferenciaban de las otras fuerzas políticas (Saint Upery 2008: 42). Entraba en crisis ante la opinión pública uno de sus valores constitutivos, la histórica imagen del partido puro e incorruptible (Azevedo 2008). Este acontecimiento, denominado como “escándalo del mensalão”, implicó el desarrollo de un escenario de conflictividad que se instaló desde mayo de 2005 y redefinió la relación entre el gobierno del PT, los partidos opositores y los medios, estos últimos asumiendo un lugar destacado. Como señala Singer, el “mensalão” “tendió, a partir de mayo de 2005, un cerco político-mediático al presidente, dejándolo en la defensiva por cerca de seis meses. En el período del “mensalão”, el gobierno efectivamente perdió una parcela importante del apoyo que tenía desde la elección de 2002. En las clases medias, ese rechazo se tradujo en una fuerte preferencia por un candidato de oposición a la presidencia en 2006” (Singer 2009: 84).

A partir de allí, los medios se convirtieron en un actor político aliado a la oposición, y buscaron prácticamente anticipar el mandato y el momento electoral para marcar el final de un gobierno que resultó siempre extraño a las élites tradicionales (Rubim y Colling 2006). La cobertura mediática durante la crisis política de 2005-2006 se centró en una búsqueda del escándalo periodístico y en la reducción de la política a una dimensión moralizante (Rubim y Colling 2006). A su vez, Venício Lima (2006) analiza que desde mayo de 2005 hasta las elecciones de 2006, varios medios brasileños practicaron un periodismo de insinuación y se alinearon con la oposición partidaria en una campaña de anticipación del fin del primer mandato del presidente para invisibilizar sus posibilidades de reelección. Para este autor, la gran prensa adoptó un posicionamiento de “presunción de culpa” (Lima 2006).

Por su parte, los dos principales partidos de la oposición, -el Partido del Frente Liberal (PFL) y el PSDB- esgrimían una “retórica de la intransigencia” que tenía entre sus principales acusaciones el supuesto carácter corrupto del “modo petista” de gobernar, su autoritarismo, el carácter colectivizante de ciertas medidas y la ineficacia y el clientelismo que asumían sus políticas sociales. Se denunciaba también el clima de inestabilidad para las inversiones y el potencial ataque a la propiedad privada que suponían los lazos entre el PT y el Movimiento Sem Terra de trabajadores rurales brasileños (Menezes 2008). Las críticas propias de la cobertura periodística de esta crisis política presumían que el gobierno de Lula era el más corrupto de la historia de Brasil y que el PT había tomado el Estado por asalto (Bezerra 2008). Bezerra señala que la oposición se dejó guiar por los medios de comunicación hacia una estrategia basada únicamente en el oposicionismo político, en una cruzada en nombre de la ética, la moral y las buenas costumbres políticas. La oposición del PSDB y del PFL, con un discurso moralizante que presentaba puntos de afinidad con de los grandes medios, sostenían una estrategia que tenía como objetivo de máxima promover un impeachment al presidente Lula, tal como se había producido con Collor de Melo en 1992. El objetivo era destruir el capital político del presidente y su partido de tal forma que se desvirtuaran las posibilidades de renovar su mandato en las elecciones de 2006.

Lima (2006) ha concebido la participación de los medios en la crisis política de 2005-2006 dentro de lo que denomina la voluntad de producir un “escándalo político mediático”. Los argumentos a partir de los cuales los medios más importantes intentaban destruir el capital simbólico del partido gobernante eran: la supuesta conexión del PT con las FARC, el señalamiento de que Lula sabía de la corrupción antes de que se hiciera pública, entre otros (Lima 2006). Lima afirma sobre la campaña electoral de 2006 que “si se suman a las menciones significativas hechas al candidato Lula aquellas hechas a Lula como presidente de la República, el numero llega a ser casi cuatro veces mayor que el numero de menciones negativas al candidato Geraldo Alckmin del PSDB” (Lima 2007: 6). La estrategia utilizada por los medios ha sido analizada como

“la tendencia de una búsqueda desenfrenada por el escándalo en la cobertura periodística de la política (…) una actitud que reduce, en forma significativa, la política a una dimensión puramente moralizante, con el pretexto de obtener una política conjugada con la ética” (Rubim 2007: 39).

Como consecuencia no querida de la actuación abiertaemnte opositora de ciertos medios de comunicación durante el período 2005-2006, se instaló en la agenda pública la discusión sobre el rol y las responsabilidades de los medios en la sociedad brasileña (Lima 2007: 7). Por otra parte, el escenario de intensa conflictividad entre los medios y el gobierno brasileño habilitó el surgimiento de nuevas formas de comunicación alternativas que interactuaron en forma compleja con el lenguaje unidireccional de los medios hegemónicos vinculados a las oligarquías de los estados. Se produjo una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil y aparecieron nuevas formas de mediación que terminaron produciendo una redefinición del sentido que tuvo sobre la ciudadanía el lenguaje de los grandes medios y una diferencia significativa entre la opinión dominante en éstos y las percepciones políticas de la mayoría de la población (Lima 2007). La gravitación de estas nuevas emergencias se evidenció empíricamente en el mayoritario triunfo de Lula con el 61% de los votos en la segunda vuelta electoral de 2006.

La ampliación de los espacios de mediación y construcción de sentido generó las condiciones de posibilidad para que importantes fracciones de los sectores populares pudieran realizar una interpretación política y no solo moral de los logros del gobierno del PT, a diferencia de lo que “pretendían la oposición, los medios y sectores de la clase media” (Rubim 2007: 41). La interpretación dominante que los medios hegemónicos produjeron sobre el “escándalo del mensalão” instaló un clivaje que produjo un realineamiento en las percepciones políticas (Mundim 2010; Singer 2009). Una porción importante de los sectores medios con acceso a la prensa escrita, que hasta 2005 habían apoyado al candidato petista, se inscribió en el discurso de moralización de la política de oposición al gobierno brasileño, orientado por la demanda de una “defensa de la legalidad frente a la corrupción”. Por otra parte, la demanda de una “defensa de la legitimidad de la autoridad presidencial”, fue apropiada por los sectores populares, dentro de los cuales se amplió el apoyo al oficialismo (Soares 2006). El discurso de moralización de la política fue incorporado por los sectores medios de las regiones del sur del país, con una posición económica favorable, y con una mayor atención hacia las noticias de los medios. En cambio, entre los sectores populares del norte y del noreste que han accedido al consumo, reciben el Plan Bolsa Familia y se beneficiaron por las políticas de inclusión del gobierno brasileño, se incrementó el apoyo al oficialismo (Singer 2009; Mundim 2010). A diferencia de los análisis que concibieron el triunfo del PT en las elecciones de 2006 como una confirmación de la “derrota de los medios”, lo ocurrido no supone que se haya anulado la incidencia de estos últimos. Lo que se produjeron fueron nuevos alineamientos como efecto de la producción de sentido de las distintas mediaciones que atraviesan el espacio público. El triunfo de Lula en 2006 no implicó una reducción de la influencia de los medios sobre la población, sino la conjugación de los discursos mediáticos con otras mediaciones que complejizaron los efectos producidos (Mundim 2010). Los realineamientos fueron expresión de formas alternativas de comunicación y de

“factores como la organización de la sociedad civil y sobre todo, la comunicación directa que el presidente Lula mantuvo con una parte significativa de la población por medio de viajes, discursos y un programa semanal de radio “sin edición” -el “Café con el Presidente” de Radiobrás- los cuales efectivamente ejercieron un contrapunto importante al discurso hegemónico de los grandes medios” (Lima 2006: 63).

Brasil, Argentina y Chile: procesos políticos y concentración mediática

Considerando el análisis efectuado respecto del caso brasileño, en este apartado nos proponemos realizar comparaciones iniciales entre este proceso y los propios de los gobiernos de Michelle Bachelet (2006-2010) y Cristina Kirchner (2007-2011). La problemática a abordar atenderá, de un modo introductorio, al reconocimiento de las articulaciones mediático-opositoras, es decir, las afinidades político-ideológicas que se establecen entre los partidos de oposición y los medios de prensa de gravitación, en conflicto con estos gobiernos. Estos modos de articulación mediático-opositora han producido particulares intensidades de conflicto entre estos sectores y los gobiernos progresistas.

Para la selección de los casos, abordaremos tres países donde es posible reconocer la existencia de una fuerte concentración de los medios de comunicación que impide la pluralidad informativa (Mastrini y Becerra 2006; 2009) que le permite a los principales grupos de medios condicionar la conformación de la agenda pública. A su vez, en los tres casos es posible percibir que los discursos de los principales medios de comunicación concentrados, El Mercurio, O Globo y Clarín, presentan afinidades político-ideológicas con los discursos de los principales partidos opositores.

Como señalamos al principio del artículo, inevitablemente la pregunta sobre las oposiciones a los gobiernos progresistas nos remite a una pregunta sobre el proceso político más general, que involucra el desempeño y las características del ejercicio gubernamental. Es por eso que para comprender esta dinámica de los enfrentamientos, es imprescindible atribuir significación a los dos polos de la competencia política: los oficialismos y las oposiciones, de forma tal de abarcar el campo extendido de las relaciones que definen el sentido del discurso y la acción política en un contexto determinado. Dicho de otra manera, para caracterizar la relación político-ideológica que se establece entre los medios de comunicación y los partidos políticos opositores, es imprescindible caracterizar la relación de éstos respecto de los gobiernos progresistas.

Al comenzar el abordaje, resulta necesario señalar las marcadas diferencias que presenta el contexto inicial de surgimiento del proceso político chileno respecto de los casos argentino y brasileño, que deben ser tenidas en cuenta al efectuar esta comparación. Mientras el PT accede al poder en 2003, como resultado de un largo proceso de acumulación política desde su creación en los años ‘80 y el gobierno peronista de Cristina Kirchner accede al poder en 2007 como continuidad del de Néstor Kirchner -cuyo gobierno asumió luego de la implosión sociopolítica que produjo la crisis de 2001 y una sucesión presidencial crítica- la Concertación de Partidos por la Democracia continúa, con el triunfo de Michelle Bachelet en las elecciones de 2005, un proceso que comenzó con la transición democrática y la presidencia de Patricio Aylwin en 1990. Es por eso que se advierte aquello que Alain Rouquié (2011) ha caracterizado como el carácter consensual de la democracia chilena, un sistema donde

“la democracia está bajo tutela, no sólo en virtud del rol institucional del ex dictador o de las funciones que corresponden a los militares, sino porque la parte más poderosa, la más influyente de la burguesía, aquella que posee en particular todos los medios de comunicación, considera que la dictadura fue un éxito para sus miembros, y en consecuencia para Chile” (Rouquié 2011: 142).

Otros autores, como Tomás Moulián (1997), han caracterizado el modelo chileno que emerge de la transición democrática como una “democracia blindada”. El concepto refiere a la presencia, en un orden institucional supuestamente representativo, de determinados candados o enclaves autoritarios que restringen las posibilidades de construcción de un proyecto alternativo (Moulián 1997). Los enclaves autoritarios han permeado en todos los actores políticos del espectro, consensuando un “pacto neoliberal” donde las condiciones que reproducen las desigualdades son consideradas límites naturales e inmutables. En esta misma línea, Juan Carlos Gómez Leyton ha señalado que

“los cuatro gobiernos concertacionistas (Aylwin, 1990-1994; Frei Ruiz-Tagle, 1994-2000; Lagos 2000-2006; y Bachelet 2006-2010) de distintas maneras y con distintos énfasis pero con igual propósito, fueron profundizando, extendiendo y consolidando las transformaciones capitalistas realizadas e impulsadas durante la dictadura militar. Su principal compromiso político no estuvo con el cambio social e histórico, sino con la consolidación de la dominación y hegemonía del capitalismo neoliberal” (Gómez Leyton 2010: 10).

De este modo, las características propias del ejercicio de gobierno desarrollado por la Concertación -incluido el de Michelle Bachelet (2006-2010)- se ajustarían a lo que Gómez Leyton (2010) ha denominado una “izquierda neoliberal”. Es decir, un régimen de dominación donde la “izquierda” en el gobierno ha introyectado las pautas de los dominadores.

Según ha señalado Couso (2011), la situación en Chile respecto de sus medios de comunicación es descripta como

“un mercado excesivamente concentrado en un puñado de actores, particularmente en el ámbito de la prensa diaria escrita, que tiene además un sesgo ideológico muy marcado y que se vincula excesivamente a grupos empresariales muy identificados con el gobierno actual (el autor se refiere al gobierno de Piñera)” (Couso 2011: 3)

Por otra parte, el autor señala respecto de los grupos de El Mercurio y Copesa que “los dos grupos empresariales que controlan el grueso del mercado de la prensa escrita diaria en Chile exhiben una muy similar línea editorial -de cuño derechista- en materias políticas y económicas” (Couso 2011: 9).

En el caso argentino, los gobiernos kirchneristas se inician tras la crisis de 2001 y el interregno presidencial de Eduardo Duhalde, cuando asume en el 2003 el desconocido Néstor Kirchner con una baja votación. Su acceso al poder se produce en un contexto transicional donde se hacía evidente la existencia de “un ambiente sumamente favorable para los discursos refundacionales” (Mocca 2008: 137). Fue en este marco de “fragmentación social reinante” que “Kirchner alcanzó muy rápido altos índices de popularidad, y al estar al frente de lo que cabe caracterizar como gobierno de líder sin partido, pudo concitar las adhesiones de personas y grupos ajenos, u hostiles, al peronismo” (Sidicaro 2011: 86). Al capitalizar este vacío de liderazgo y de proyecto político que dejó como saldo la crisis de 2001, el kichnerismo incursionó desde el Estado en la propagación de un nuevo proyecto peronista de centro-izquierda. Por su parte, el gobierno peronista de Cristina Kirchner (2007-2011), que se plantea en clara continuidad con el de su antecesor, tiene sustantivas diferencias tanto con el gobierno de Bachelet, que conserva su continuidad con el “pacto neoliberal” del período 1990-2005, como con el de Lula en el 2003 que expresa la consolidación de una larga experiencia partidaria de acumulación política sobre un sistema político que no atravesó una implosión parecida a la argentina de 2001.

En el caso argentino, es también significativa la concentración a nivel de la prensa, donde el Grupo Clarín poseía en 2004 el 31% de la circulación de periódicos (Mastrini y Becerra 2009). Tal como han señalado Becerra y Mastrini (2009:74),

“prácticamente en todos los mercados culturales el Grupo Clarín logró una posición dominante que facilita su interlocución privilegiada con los grandes anunciantes publicitarios y su acceso directo a las fuentes de los distintos estamentos de poder (económico, político, sindical, etcétera)”.

Las articulaciones mediático-opositoras y un análisis provisorio sobre la “intensidad” de los conflictos

 

Para efectuar la comparación propuesta y aproximarnos a la dinámica de los conflictos que se despliegan entre las articulaciones mediático-opositoras y los gobiernos progresistas en los tres casos, hemos decidido elaborar a nivel provisorio una definición conceptual y operacional para analizar la intensidad que asumen estos conflictos. Esta definición aspira a reconocer la presencia de tres características para clasificar los casos de acuerdo a una “intensidad” de conflicto (alta, media o baja). Según esta definición, resulta posible reconocer un conflicto de intensidad entre los gobiernos progresistas y la articulación mediático-opositora cuando se reconoce:

(a)   La construcción y expansión de cuestionamientos hacia estos gobiernos por parte de los medios de comunicación concentrados, en un intento de producir escenarios de desestabilización. En estas circunstancias, se produce una retroalimentación entre el discurso de los partidos opositores y los medios de comunicación, que pretenden producir una sucesión anticipada del poder, generando una situación caótica que conduzca a un restablecimiento del statu quo pre-existente al acceso al poder de estos gobiernos.

(b)   Hay un señalamiento en el discurso de los gobiernos, de los medios de comunicación concentrados como parte del campo adversarial, es decir, se traza desde el discurso oficial una frontera ideológica que los excluye de su campo y los referencia como parte del campo opositor.

(c)    Los gobiernos progresistas manifiestan su voluntad de establecer o establecen una nueva legislación en materia de comunicación audiovisual que genera reformas parciales o una nueva regulación de los medios de comunicación.

Es en base a esta definición operacional que el siguiente cuadro comparativo puede servir de ordenador y clasificador para el reconocimiento de los criterios anteriormente señalados, en los tres casos de estudio:

	Articulación mediático-opositora	(a) Desestabilización	(b) Exclusión	(c) Reforma	Conflictividad
Chile	UDI-RN-Mercurio	No	No	Baja	Baja
Brasil	PSDB-PFL-Globo	Si	Si	Media	Media
Argentina	PF-PRO-UCR-Clarín	Si	Si	Alta	Alta

Como resulta visible, una “baja intensidad” del conflicto aparece en Chile, donde “los gobiernos de la Concertación, en la práctica, adhirieron a la tesis de que “la mejor política legislativa relativa a los medios de comunicación es no tenerla” (Anguita citado en Couso 2011: 15). El gobierno de Bachelet no tuvo una política reguladora de los medios de comunicación, evitó la aparición de diarios antagónicos a la línea conservadora de El Mercurio y con ello sostuvo la densa concentración mediática chilena, más allá de apoyar a la legislación de radios comunitarias y el fomento de programas de comunicación regional (De Moraes 2011: 121). Como ya hemos señalado, el carácter “neoliberal” de la izquierda concertacionista supuso la sustancial continuidad del régimen de dominación impuesto por la dictadura militar de Pinochet, generando una relativa ausencia de conflictividad en el espacio público, al precio de garantizar la reproducción del régimen de dominación. Según un trabajo comparativo de Rincón y Magrini (2010), en el caso chileno, la tensión entre el gobierno y los medios fue resuelta en favor de éstos. Evaluando este enorme poder que preservan los medios en la sociedad chilena, Ruiz (2010) se pregunta “¿Cuál fue el partido de derecha más eficaz y persistente en Chile, UDI y Renovación Nacional o el diario El Mercurio?” (Ruiz 2010: 25). En este caso, a pesar de que el gobierno concertacionista no ha explicitado públicamente en su discurso la posición derechista que ocupan los medios concentrados, resulta evidente que los discursos de la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional encuentran poderosos núcleos comunes con el discurso del diario El Mercurio, tal como ha señalado Couso (2011).

El gobierno brasileño de Lula Da Silva (2003-2006) representa un grado de “intensidad media” del conflicto, con la presencia del escenario de desestabilización entre mayo de 2005 y las elecciones de octubre de 2006, analizado más arriba como el “escándalo del mensalão”. Por otra parte, en el discurso oficial la frontera con los medios de comunicación más concentrados ha sido establecida en varias ocasiones por parte de Lula, como cuando señaló que

Durante su mandato, “Lula acusó a los medios de actuar como un partido político que ambiciona manipular la opinión pública en favor de sus intereses. Las críticas fueron contestadas con editoriales y artículos agresivos, atribuyendo al gobierno la intencionalidad de restringir la libertad de prensa en el país” (De Moraes 2011:139). A pesar de que ha existido una tensión conflictiva entre el discurso oficial y los medios de comunicación, ésta tuvo posteriores apaciguamientos y las iniciativas manifestadas por reformar la concentración de los medios de comunicación no fueron aplicadas, siguiendo en este último aspecto una conducta ambivalente. De todos modos, el grado de convergencia que existe entre los discursos del PSDB, el PFL y el diario O Globo ha resultado evidente en determinadas coyunturas clave como el “mensalão”.

Por su parte, el gobierno argentino de Cristina Kirchner (2007-2011) representa un grado de “alta intensidad” en el enfrentamiento, al haber experimentado durante el conflicto agropecuario un escenario de desestabilización por parte de los medios de comunicación concentrados. Entonces se estableció de modo radical una frontera ideológica (Aboy Carlés 2001) con los medios de comunicación, asignándoles una pertenencia al ámbito de las “corporaciones”. Cristina Fernández de Kirchner (2010) lo expresó en forma exacerbada cuando planteó la división entre un “país real” y un “país virtual”, construido en base al relato de los medios de comunicación. Con ello ha planteado una exclusión de los medios más importantes en el discurso presidencial al designar las alianzas del oficialismo. Por otra parte, el gobierno argentino promulgó en el Congreso en el año 2009, la aprobación de una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que plantea una nueva regulación de los medios.

En el caso argentino, es visible que los discursos de los partidos de oposición sostienen una relación de comunicación y reforzamiento mutuo con los discursos de los principales diarios. Durante el período 2008-2010, la construcción mediática respecto de una supuesta “crispación” propia del gobierno argentino para caracterizarlo como violento y confrontativo, divulgada por el diario Clarín y La Nación, fue utilizada por los partidos opositores (PRO, Unión Cívica Radical) y expresiones del “peronismo federal” que se proclamaron los “partidarios del consenso” frente al “conflicto del gobierno”. Sin embargo, la división del campo político en torno a este último clivaje perdió sustentabilidad a partir de la muerte de Néstor Kirchner o, en todo caso, fue redefinido en favor del gobierno nacional en la percepción de sectores mayoritarios de la opinión pública.

Es necesario señalar que en los casos de Brasil y Argentina, la tipología elaborada, (desestabilización, exclusión y reforma) ha obedecido un orden cronológico. En Brasil, el mensalão genera un conflicto de desestabilización (a), lo cual genera la exclusión del campo oficial de los medios de comunicación en el discurso gubernamental (b) y finalmente conlleva intentos, no concretados hasta el momento, de generar una nueva regulación de medios (c). En el caso argentino, con el conflicto agropecuario se establece un conflicto de desestabilización (a), lo cual excluye a los medios de comunicación del campo oficial en el discurso gubernamental (b) y finalmente una nueva iniciativa de regulación de los medios a través de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (c). Resulta evidente que los intentos gubernamentales por generar reformas en el campo de las comunicaciones tras los escenarios de desestabilización, afectan en forma directa los intereses materiales de los medios concentrados. Es por ello que como respuesta estos últimos suelen radicalizar su enfrentamiento con los gobiernos y se inscriben en forma más efectiva dentro del campo opositor.

Luego de estas reflexiones, queda claro que si bien es posible detectar en los tres casos la existencia de afinidades político-ideológicas entre los partidos de oposición y los medios de comunicación respecto de los gobiernos progresistas, importantes diferencias han aparecido respecto de cómo se desarrolla el proceso general, que incluye la intensidad de los conflictos entre el accionar de los gobiernos y las articulaciones mediático-opositoras. Para finalizar, y a pesar de que el problema analizado constituye solamente una dimensión al interior de procesos políticos más amplios, resta señalar que aquellos dos procesos en los que se manifestó la presencia de dos o más de las características de desestabilización, exclusión o reforma, el caso argentino y brasileño, son aquellos que han asegurado su continuidad electoral en el ejercicio del gobierno. Por su parte, el proceso chileno, liderado por la “izquierda neoliberal” concertacionista, quedó preso en la jaula de una democracia blindada. Paradójicamente, la “excepcionalidad” chilena podría representar esta vez un posible aprendizaje respecto de que la consideración apriorística del “consenso” como valor excluyente en la política, no constituye la guía más apropiada para desarrollar un proyecto que se autodenomine progresista para las sociedades sudamericanas.

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